POLITICA
La CGT está dividida por el paro general y se acelera el debate por el recambio de autoridades
Como un coletazo adicional de la crisis en la que quedó sumido el PJ tras la derrota electoral de 2023, la CGT experimenta la falta de consensos en su llamado al tercer paro general contra la gestión de Javier Milei. Si bien el triunvirato de mando dijo que se resolvió de manera unánime, el armado de la huelga encontró inesperados detractores dentro de la misma central obrera. Las divisiones se dan cuando comenzó a correr el reloj para activar el recambio de autoridades, previsto para octubre o noviembre de este año.
“No estoy de acuerdo porque no hubo una reunión formal. Solo lo comunicó el vocero [Héctor] Daer”, dijo Luis Barrionuevo a para diferenciarse del llamado a la huelga que hizo Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando cegetista junto con el camionero Octavio Argüello y Carlos Acuña, que supo ser el peón del gastronómico en la central obrera. El desplante del jefe gastronómico, que mantiene sus nexos con la gestión libertaria, no tuvo eco ni siquiera en su propio gremio, ya que Argentino Geneiro, su representante en el consejo directivo cegetista, adhirió a la protesta.
Pasó algo similar con otro sindicalista histórico. Armando Cavalieri, que pisa los 90 años, dejó en claro que tampoco está dispuesto a confrontar con el Gobierno. El referente del gremio de Comercio se ausentó directamente de todas las reuniones en las que se articuló el paro, que será por 24 horas, aunque contempla una escala previa, el miércoles, con una movilización al Congreso para impulsar el reclamo de un aumento de emergencia para los jubilados.
Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN), referentes del sector que se autodenomina “independientes” y de buen vínculo con el Gobierno, visitaron ayer a Roberto Fernández en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Fueron a intentar convencerlo de que los colectiveros adhieran al paro de la CGT. “Voy a respetar la conciliación obligatoria”, les dijo Fernández a sus interlocutores. El encuentro duró menos de una hora. Ninguno de los dos dirigentes cegetistas vieron vocación en Fernández de querer tensar su vínculo con la Casa Rosada, que aporta mensualmente millones de pesos en subsidios para contener el aumento del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Secretaría de Trabajo dictó hace casi dos semanas la conciliación obligatoria por el conflicto sectorial que tiene la UTA con los empresarios del sector y de esa manera busca que no pueda plegarse a la huelga. El conflicto abarca a la zona del AMBA, por lo que si Fernández desea, podría llamar a adherir en el interior. Pero no lo hará, según contaron fuentes confiables a . La decisión de Fernández, además de sus argumentos legales, encontró otro motivo: la caja y los negocios. La semana pasada la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) realizó una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA, que no está ajena a la crisis financiera que afecta a todas las prestadoras médicas sindicales. La obra social de los Conductores de Transporte de Colectivos de Pasajeros es administrada por Silvia Antonia Bevk, la esposa del jefe de la UTA. Además, hay contratados a sueldo otros familiares. Una preocupación similar atraviesa Hugo Moyano, que hace equilibrio con la obra social de los camioneros, también en crisis y administrada por su esposa, Liliana Zulet. Tal vez haya sido una de las razones por las que el jefe camioneros aceptó una paritaria con subas de 1% mensual a pesar de que una de las consignas del paro sea el rechazo a los límites en las negociaciones salariales. A diferencia de otras huelgas, Camioneros ejerce esta vez un rol más pasivo y no está en la cocina de la organización.
Los cortocircuitos internos en la CGT se dan cuando restan seis meses, aproximandamente, para el recambio de autoridades. El interrogante más grande hoy es saber si surge un único líder capaz de reunir a todas las tribus bajo un mismo techo o si se repite la fórmula del triunvirato de mando por tercera vez consecutiva. Daer, referente de “los Gordos” (grandes gremios de servicios), tendría aspiraciones para continuar al frente de la CGT, solo preferentemente. Diferente es la situación de Acuña, que atraviesa dificultades de salud, y de Argüello, un hombre que responde a Moyano. Hay otros anotados entre los aspirantes: Jorge Sola, dirigente del Seguro, que cosecha consensos entre “independientes” y exmoyanistas, o Daniel Vila, referente de la Unión Carga y Descarga, el gremio que talla en Mercado Libre y que logró torcerle el brazo a los Moyano en la Justicia por el encuadramiento de los trabajadores del gigante del comercio on-line.
Más allá de este proceso de recambio, en la CGT ya se trabaja para el día después del paro. Hay un grupo de dirigentes que ya tendió puentes con empresarios del Grupo de los Seis (la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural) y con el Gobierno con el objetivo de impulsar una agenda “de producción y trabajo”. La preocupación de los sectores se acentuó por el temor a una recesión que golpee al empleo tras la medida arancelaria que impuso Estados Unidos.
POLITICA
La tensión por la causa Vialidad podría retrasar el debate del proyecto para usar los dólares del colchón

El Gobierno cree que deberá postergar el tratamiento del proyecto que promueve el uso de dólares del colchón en el Congreso por tensiones con la oposición por el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner. El Ejecutivo tenía previsto convocar a un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Penal en el corto plazo, pero descartó oficializar el llamado en los próximos días.
La Casa Rosada le dio la orden a sus diputados de que la iniciativa se trate de forma urgente, pero reconoce que la definición del máximo tribunal sobre la causa Vialidad cambió “las reglas de juego”. Es por eso que en Balcarce 50 ponen en duda que intenten activar el debate parlamentario durante la semana que viene. “El peronismo va a estar en completo boicot y no queremos exponer el proyecto”, expresan en Nación.
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Los legisladores de Unión por la Patria sostienen que seguirán los lineamientos de sus dirigentes nacionales y aseguran que no participarán del tratamiento en comisión de los proyectos de La Libertad Avanza. El peronismo cuenta con 45 firmas de las tres comisiones que busca reunir el oficialismo. Ya se frustró además este miércoles el debate por la Auditoría General de la Nación (AGN).
La mesa política de Balcarce 50 busca profundizar las negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista, como el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, MID y la Coalición Cívica, entre otros. Apunta además a conseguir los apoyos de los diputados que responden a los catorce gobernadores que firmaron el convenio de adhesión al nuevo régimen de información fiscal.
Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Saenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Las negociaciones parlamentarias están a cargo del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que son cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, y el asesor Santiago Caputo no están involucrados en lo legislativo.
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La Casa Rosada envió la semana pasada al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, que busca blindar los datos fiscales de los ahorristas que ingresen dólares informales al sistema. La iniciativa propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, que abarca penas de dos a seis años.
El documento contempla una reducción de cinco a tres años del plazo de prescripción penal para delitos tributarios. Apunta aplicar la modificación para los casos en que el contribuyente inscripto haya cumplido en término con la presentación de la declaración jurada y en que la diferencia entre el monto no declarado y lo presentado no supere los umbrales establecidos.
Gobierno, Dólar, Congreso.
POLITICA
Qué día son las elecciones legislativas en Buenos Aires 2025
El calendario electoral argentino presenta distintas fechas según el tipo de elección. Ante esta variedad, muchos bonaerenses se preguntan específicamente cuándo les corresponde votar para las elecciones legislativas en su provincia.
Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires deberán concurrir a las urnas en dos ocasiones distintas: una para elegir a sus representantes en el Poder Legislativo bonaerense y otra para las elecciones legislativas nacionales.
Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, decretó el desdoblamiento de las elecciones locales y estableció el 7 de septiembre como la fecha para elegir a los legisladores provinciales. En esta instancia, se elegirán:
La Cámara Nacional Electoral (CNE) fijó el 26 de octubre como la fecha para las elecciones legislativas nacionales. En esta jornada, los bonaerenses elegirán a los diputados que ocuparán las bancas correspondientes a la provincia en el Congreso de la Nación. Este proceso es fundamental para renovar parcialmente las dos cámaras del Congreso: el Senado y la Cámara de Diputados.
En el Senado se renovarán 24 bancas, correspondientes a la Capital Federal y a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En la Cámara de Diputados, se elegirán 127 representantes nacionales en todo el país.
El desdoblamiento de las elecciones permite a la provincia centrarse en los asuntos locales y asegurar una representación más precisa de los intereses bonaerenses en el Poder Legislativo provincial.
Es importante recordar que la legislatura bonaerense eliminó las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Para estar al tanto de los plazos y preparativos electorales, es fundamental conocer las fechas más relevantes del cronograma electoral 2025:
La BUP reúne a todos los candidatos en una sola boleta, con un diseño que organiza los partidos en columnas y los cargos en filas para facilitar la visualización.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
elecciones corrientes, política
POLITICA
Santa Cruz: Eloy Echazú criticó a Fabián Leguizamón

El cruce político por el rol de la Justicia en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo esta semana, tras las declaraciones del vicegobernador Fabián Leguizamón, quien insinuó la posibilidad de una intervención judicial en la provincia.
El presidente del Bloque Unión por la Patria–Partido Justicialista en la Legislatura, Eloy Echazú, salió a responder con dureza, advirtiendo que las palabras del vicegobernador “ponen en riesgo la institucionalidad democrática” y muestran un desconocimiento del principio republicano de división de poderes.
Leguizamón, afirmó que la Justicia provincial es una “unidad básica” dominada por afinidades políticas y que para “sanearla” hay que explorar “todos los mecanismos legales”, incluyendo la posibilidad de una intervención judicial. Incluso aseguró contar con “pruebas más que suficientes” para justificar esa medida.
Ante esto, Echazú fue contundente: “¿Tiene o no tiene pruebas?”, cuestionó. “Si no las tiene, está sembrando sospechas sin fundamentos; y si las tiene, debe presentar esas pruebas por los canales institucionales correspondientes”.
El legislador remarcó que “declaraciones irresponsables como estas minan la credibilidad del sistema judicial y afectan la estabilidad institucional de la provincia”.
Además, Echazú señaló la contradicción que representa que Leguizamón, con causas judiciales abiertas y que no ha afrontado, reclame una intervención en la Justicia. “Para algunas cosas exige justicia, pero para otras él incumple con la ley”, denunció.
Por último, Echazú recordó que los “caprichos” del vicegobernador derivaron en multas millonarias que “no salen de su bolsillo, sino del Estado”, reforzando así una crítica política de fondo sobre la falta de responsabilidad y la doble vara en el manejo institucional.
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