Israel anunció este jueves que está examinando la respuesta de Hamas a una propuesta de tregua de 60 días en la Franja de Gaza, mientras sigue creciendo la presión de organizaciones internacionales por el hambre en el devastado enclave palestino.

Desde el 6 de julio, los negociadores de ambos bandos mantienen conversaciones indirectas en Doha, en un intento por acordar una tregua que permita en un primer momento liberar a diez rehenes israelíes vivos, a cambio de un número indeterminado de palestinos presos en Israel.

Pero las negociaciones, que cuentan con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, se eternizan sin resultados por el momento, y cada parte acusa a la otra de enrocarse en sus demandas.

«Los mediadores han transmitido la respuesta de Hamas al equipo de negociación israelí, y está actualmente en evaluación», indicó un breve comunicado del despacho del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Según una fuente palestina cercana a las negociaciones, la respuesta incluye enmiendas a las modalidades de entrada de ayuda humanitaria, mapas de las zonas de las que el ejército israelí debería retirarse, y garantías sobre el fin definitivo de la guerra en curso desde octubre de 2023.

Los rehenes que todavía quedan en manos de Hamas fueron capturados por los terroristas que atacaron por sorpresa en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Ese día, en una incursión sin precedentes, mataron a más de 1.200 personas, entre ellas decenas de jóvenes que asistían a un festival de música electrónica.

Además, se llevaron 251 rehenes, incluidos chicos y bebés. De ellos, 49 siguen cautivos en Gaza, y al menos 27 estarían muertas, según el ejército israelí.

Israel sigue afirmando que su objetivo es destruir las capacidades militares y de gobierno del movimiento extremista palestino.

La ofensiva israelí lanzada en el enclave tras el salvaje ataque del 7 de octubre de 2023 ya dejó desde entonces más de 59.000 muertos, según las autoridades de Gaza, gobernada por Hamas, y desató un desastre humanitario que denuncian cada día organizaciones internacionales.

Estados Unidos anunció que su enviado especial Steve Witkoff viajaba a Europa esta semana para mantener conversaciones sobre Gaza, y que luego podría ir a Oriente Medio.

El Departamento de Estado indicó que Witkoff emprende el viaje con «la firme esperanza de que logremos un nuevo alto el fuego, así como un corredor humanitario» que permita entregar la ayuda necesaria.

Tras imponer a Gaza un asedio total en octubre de 2023, Israel impuso de nuevo un bloqueo al enclave costero palestino a inicios de marzo, que aligeró en parte a fines de mayo.

Los más de dos millones de gazatíes sufren grandes dificultades para acceder a comida, medicamentos y combustible.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el miércoles que «gran parte» de la población de Gaza sufre hambre.

«No sé de qué otra forma se puede llamar a lo que sucede, si no es diciendo que hay gente muriéndose masivamente de hambre», declaró Tedros.

Para Francia, «el riesgo de hambruna» en Gaza es «resultado del bloqueo» impuesto por Israel.

El martes, un hospital de Gaza afirmó que 21 niños había muerto de hambre y desnutrición en las 72 horas previas.

«Mientras el asedio del gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, personal humanitario se suma ahora a las mismas filas de alimentos, arriesgándose a que les disparen sólo para alimentar a sus familias», indicaron el miércoles 111 organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Save the Children y Oxfam, en un comunicado conjunto.

El gobierno israelí se defendió, diciendo que no es responsable de la penuria de alimentos.

El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, afirmó que «no hay una hambruna causada por Israel. Se trata de una escasez provocada por Hamas», que gobierna en Gaza y que según él impide el reparto de la ayuda y saquea una parte de la misma.

Hamas por su lado ha negado siempre tales acusaciones.

A federal appeals court ruled Thursday that California’s first-of-its-kind law requiring gun owners to undergo background checks to purchase ammunition is unconstitutional, declaring that it violates the Second Amendment right to bear arms.

In a 2-1 decision, the 9th U.S. Circuit Court of Appeals upheld a lower court judge’s permanent injunction blocking the state from enforcing the law.

Circuit Judge Sandra Ikuta said the law «meaningfully constrains» the right to keep and bear arms and that the state failed to prove the law was consistent with the country’s historical tradition of firearm regulation as required under a 2022 U.S. Supreme Court decision, New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen.

«By subjecting Californians to background checks for all ammunition purchases, California’s ammunition background check regime infringes on the fundamental right to keep and bear arms,» Ikuta wrote.

CALIFORNIA JUDGE BLACKS GUN CONTROL LAW REQUIRING BACKGROUND CHECKS FOR AMMO PURCHASES

California Gov. Gavin Newsom, a Democrat, said the ruling was a «slap in the face» to efforts by officials in the Golden State to enact firearm restrictions to curb gun violence.

«Strong gun laws save lives – and today’s decision is a slap in the face to the progress California has made in recent years to keep its communities safer from gun violence,» Newsom said in a statement. «Californians voted to require background checks on ammunition and their voices should matter.»

The office of state Attorney General Rob Bonta, also a Democrat, said «our families, schools, and neighborhoods deserve nothing less than the most basic protection against preventable gun violence, and we are looking into our legal options.»

California voters approved a ballot measure in 2016 requiring gun owners to undergo initial background checks to purchase ammunition, as well as buy four-year ammunition permits.

Lawmakers later amended the measure to require background checks for each ammunition purchase.

California officials said they received 191 reports last year of «armed and prohibited individuals» who were blocked through background checks from purchasing ammunition.

The 9th U.S. Circuit Court of Appeals upheld a lower court judge’s permanent injunction blocking the state from enforcing the law. (REUTERS/Bing Guan)

The state can ask an 11-judge appeals court panel or the U.S. Supreme Court to review the decision.

The plaintiffs included Kim Rhode, who has won three Olympic gold medals in shooting events, and the California Rifle & Pistol Association.

The gun group’s president and general counsel said in a joint statement that the decision was a victory against «overreaching government gun control,» while Rhode described it as «a big win for all gun owners in California.»

The injunction was issued by U.S. District Judge Roger Benitez in San Diego. An appeals court panel placed the injunction on hold while California’s appeal played out.

California argued that several old firearms restrictions supported background checks, including colonial-era rules requiring licenses to produce gunpowder, the disarmament around 1776 of people who refused to take «loyalty oaths» and late-19th century rules requiring government approval to carry concealed weapons.

‘EXCESSIVE’ STATE TAXES ON GUNS, AMMUNITION SALES ARE TARGET OF NEW GOP CRACKDOWN EFFORT

California Gov. Gavin Newsom said the ruling was a «slap in the face» to efforts by officials in the Golden State to curb gun violence. (AP Photo/Jeff Chiu, File)

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Circuit Judge Jay Bybee, who dissented from Thursday’s decision, accused the majority of ignoring Supreme Court guidance by effectively declaring any limits on ammunition sales unlawful, given the unlikelihood a state could point to identical historical analogues.

The law «is not the kind of heavy-handed regulation that meaningfully constrains the right to keep and bear arms,» Bybee wrote.

All three judges on Thursday’s panel were appointed by Republican presidents, although appointees of Democratic presidents hold a majority in the 9th Circuit.

Ikuta and Bybee were appointed by former President George W. Bush, while Circuit Judge Bridget Bade, who joined Thursday’s majority, was appointed by President Donald Trump.

Reuters contributed to this report.

Tailandia advirtió este viernes que los enfrentamientos armados con Camboya podrían escalar a una guerra a gran escala, en el segundo día consecutivo de hostilidades que ha dejado al menos 16 muertos y obligado a evacuar a más de 138.000 personas en ambos lados de la frontera.

“Si la situación se agrava podría derivar en una guerra, aunque por ahora sigue limitada a enfrentamientos”, declaró el primer ministro interino tailandés, Phumtham Wechayachai, ante la prensa en Bangkok.

La tensión se disparó el jueves debido a una disputa territorial de décadas entre los dos países del sudeste asiático, con combates que incluyeron el uso de tanques, aviones de combate, artillería y cohetes BM-21.

Se trata de la escalada militar más grave desde 2011 en una zona de 800 kilómetros de frontera, donde persisten áreas no delimitadas oficialmente, salpicadas de templos antiguos.

Según el Ministerio del Interior tailandés, las autoridades evacuaron a 138.000 civiles, incluidos 428 pacientes hospitalarios, desde cuatro provincias limítrofes con Camboya.

El balance oficial en Tailandia ascendió a 15 muertos —un soldado y 14 civiles— y 46 heridos. Por su parte, Camboya reportó un muerto y cinco heridos, en su primer informe oficial desde el inicio del conflicto.

Los enfrentamientos se reanudaron en la madrugada del viernes en tres puntos distintos, de acuerdo con el ejército tailandés. Según su versión, las fuerzas camboyanas lanzaron fuego con armas pesadas, artillería y cohetes múltiples, a lo que las tropas tailandesas respondieron con “fuego de apoyo apropiado”. El ejército agregó que los choques incluyeron seis zonas de combate el jueves, entre ellas dos antiguos templos.

En el municipio camboyano de Samraong, a 20 kilómetros de la frontera, periodistas de la agencia AFP registraron disparos lejanos de artillería durante la mañana. “Vivo muy cerca de la frontera. Tenemos miedo porque empezaron a disparar de nuevo sobre las 6 de la madrugada”, relató Pro Bak, un residente de 41 años que huía con su familia hacia un templo budista. “No sé cuándo podremos volver a casa”, añadió.

La crisis diplomática también se agravó. Tailandia expulsó al embajador camboyano y llamó a consultas a su representante en Phnom Penh, luego de que una mina terrestre hiriera a cinco soldados tailandeses. Camboya respondió retirando a todos sus diplomáticos en Bangkok, excepto uno, y degradando las relaciones al nivel más bajo.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia y a puerta cerrada este viernes, tras una solicitud del primer ministro camboyano, Hun Manet.

En paralelo, Estados Unidos y Francia instaron al cese inmediato de las hostilidades, mientras que la Unión Europea y China expresaron una profunda preocupación y pidieron diálogo entre las partes.

Desde 2008 hasta 2011, los dos países ya libraron enfrentamientos en la zona, que dejaron 28 muertos y decenas de miles de desplazados. Una decisión de la Corte Internacional de Justicia en favor de Camboya calmó las tensiones durante una década. Sin embargo, la situación volvió a deteriorarse en mayo de este año, tras la muerte de un soldado camboyano en un nuevo choque fronterizo.

Los combates actuales reflejan la fragilidad de la paz en la región y han despertado la preocupación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien ocupa la presidencia rotativa del bloque, declaró haber hablado con sus homólogos de Camboya y Tailandia, a quienes pidió diálogo inmediato. Según dijo, ambos mostraron “señales positivas y predisposición” a buscar una salida pacífica.

(Con información de AFP)