POLITICA
Secuestran 425.000 dólares en una financiera por la causa en la que investigan a un exministro de Kicillof
Los ecos de la causa por lavado de dinero por la que son investigados el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y otros funcionarios provinciales presuntamente ligados a un escándalo de corrupción con fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) llegaron a la city porteña. En las últimas horas, efectivos de la Prefectura incautaron cientos de miles de dólares y reales, euros y cientos de millones de pesos en una financiera de la Capital.
Según informaron a fuentes con acceso a la pesquisa, detectives de la fuerza federal realizaron cuatro allanamientos en el marco de una investigación que lleva adelante el juez federal de Campana Adrián González Charvay a partir de una denuncia presentada por Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que provee los equipos para detectar infracciones y el sistema informático para procesarlas.
En La Plata, precisamente, hay otra causa abierta con los mismos nombres, pero por otros delitos: fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es previa a la de González Charvay y está en manos del fiscal platense Álvaro Garganta. Esa causa se inició con la denuncia que señalaba la actividad de “gestores” que ofrecían eliminar fotomultas a cambio de un pago. Cohecho, como lo define el Código Penal. Coimas, como las conoce todo el mundo.
En esa causa que tramita en La Plata estaría encapsulado el “delito precedente” que se requiere para probar el lavado de dinero en el expediente que lleva adelante el juez federal de Campana.
En esa denuncia aparecen señalados D’Onofrio, el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV Facundo Asencio y Roxana Pombo, concejal en Pilar y hermana de Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de ese distrito y madre de Agustina Cuadra, esposa de Asencio.
Uno de los objetivos de los operativos fue, precisamente, una empresa que en la causa de González Charvay aparece como dadora de un préstamo a Asencio, a través de un contrato de mutuo, con el que el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV adquirió un Audi Q8. Según pudo saber , la dirección acreditada a esa empresa es la misma que figuraba como domicilio de los padres del imputado. En el allanamiento, los efectivos de Prefectura no encontraron rastros de los padres ni de la empresa prestamista, sino de otra compañía.
Otro de los domicilios allanados por los efectivos federales fue una oficina de coworking donde eventualmente gestionaba un comercio virtual la hija de uno de los imputados.
De esos lugares se secuestró documentación “física y digital”, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado.
El procedimiento más interesante tuvo lugar en una financiera. Lo interesante, en este caso, es que cuando los efectivos entraron en la “cueva” la encontraron en plena actividad, con transacciones de dinero en efectivo y plata de todos los colores y denominaciones en bolsos.
Los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que acompañaban a los prefectos constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar. Ante la eventualidad de que ese dinero –en todo o en parte– pudiera tener algún tipo de relación con el movimiento de efectivo “en negro” para su reintroducción en el mercado formal a través de operaciones financieras, el juez González Charvay dispuso el secuestro de los fondos: 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales. El monto total, convertido a moneda nacional, supera los 817 millones de pesos.
Según confiaron fuentes judiciales a , esta “cueva” se convirtió en un objetivo de la investigación tras el análisis de la documentación secuestrada el 24 de enero pasado en la financiera Token Capital, que funcionaba en el hotel Sheraton de Pilar.
Token Capital está en el centro de un cruce de curiosas coincidencias. Por un lado, en el mismo hotel funcionaba la peluquería Hairspray, que según la denuncia del titular de la Coalición Cívica en Pilar, Matías Yofe, sería una pantalla para lavar dinero, a tal punto que los empleados, supuestamente, cobraban su sueldo a través de la financiera. Yofe sostuvo que la dueña de esa peluquería sería Claudia Pombo, mano derecha de D’Onofrio en Pilar.
Por otro lado, Token Capital tendría estrechas conexiones con Over Cash SA. la financiera que quedó en el centro de la escena en el escándalo con una millonaria estafa piramidal con criptomonedas que el año pasado conmocionó a la ciudad bonaerense de San Pedro.
Según pudo relevar , entre los socios de Token Capital figuran Bibiana Elizabeth Ojeda, Nicole Solana Genoud y Nicolás Omar Riolfo. Los tres nombres también son socios en Over Cash, la financiera ubicada en la calle Mitre, en San Pedro, donde se hacían operaciones de la plataforma Rainbow Exchange, trama que se destapó como una estafa piramidal. Ambas sociedades fueron rubricadas por la misma escribana.
Bibiana Ojeda es la hermana de Cristian Ojeda, socio también en Token Capital. Cristian Ojeda administraría una filial del Club Atlético Boca Juniors denominada “Chivas”, que funciona en un complejo de canchas de Don Torcuato. Participó, al menos como director suplente, de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, empresa que tiene como titular a Sebastián Desio y que está bajo investigación por sospechas alrededor de su contrato con las prestadoras de la VTV (cobra el 8,5% más IVA de cada verificación por brindar servicios informáticos) y por una presunta cercanía entre Desio y D’Onofrio.
La fiesta de casamiento de Ojeda fue en el Sheraton de Pilar. Ojeda tiene participación en, al menos, otras cuatro sociedades. Cuando Token Capital fue allanada por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, “la estaban desmontando”, recordó a una fuente judicial que aclaró que la investigación está en una “etapa muy embrionaria”.
POLITICA
Karina Milei gana poder interno e impulsa a Sebastián Pareja para presidir una comisión clave en el Congreso
El oficialismo quiere impulsar al diputado Sebastián Pareja como candidato para integrar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Si bien en el Gobierno evitan confirmar al armador bonaerense de La Libertad Avanza de manera definitiva, este medio pudo saber que su nombre pica en punta dentro del esquema que se discute por estas horas para la conformación de ese organismo parlamentario.
La definición formal todavía no está cerrada. Los presidentes de cada cámara del Congreso —Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado— deben resolver primero la lista de integrantes de la bicameral mediante una resolución. Una vez que se oficialicen esos nombres, la comisión deberá reunirse y elegir a sus autoridades, instancia que aún no tiene fecha.
En ese marco, el nombre de Pareja aparece como el candidato que impulsa el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el oficialismo señalan que su eventual llegada forma parte de la disputa por el control de espacios estratégicos dentro del Congreso, en un momento en que el Gobierno busca consolidar posiciones en distintas comisiones.
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La Bicameral de Inteligencia es un organismo clave dentro del esquema institucional. Desde el Parlamento, es el órgano encargado de fiscalizar las actividades de los servicios de inteligencia, auditar su presupuesto y requerir informes. Además, por esa comisión deberá pasar la reforma del sistema de inteligencia que el presidente Javier Milei tiene previsto enviar al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional establece que el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional debe ejercerse a través de esta comisión bicameral permanente. En ese marco, los organismos de inteligencia están obligados a entregar la información o documentación que la comisión requiera, respetando los recaudos previstos en la normativa vigente sobre la clasificación de seguridad de actividades, personal, documentación y bases de datos.
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La comisión está integrada por 14 miembros, con siete representantes de cada cámara legislativa. En la nueva configuración parlamentaria, el oficialismo aspira a ampliar su presencia. La Libertad Avanza sumará representantes desde el Senado, donde antes no tenía, y también podría incrementar su número en Diputados tras los resultados electorales de octubre pasado, que lo posicionaron como primera minoría.
Dentro de la Cámara baja, la presidencia de la Bicameral de Inteligencia es un cargo que, en esta reconfiguración legislativa, le corresponde a Diputados. Pese a tratarse de una comisión bicameral, desde el Senado postularán a sus integrantes, pero dejarán que las autoridades de la Cámara baja definan quién la encabezará.
En ese escenario también se cruzan intereses de distintos bloques. El jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, tiene aspiraciones en torno a la comisión, aunque en el Congreso dan por hecho que contará con una de las siete bancas que corresponden a Diputados, pero no con la presidencia del organismo. Dentro del oficialismo señalan que las definiciones finales se están coordinando entre Martín Menem y Karina Milei.
Entre los libertarios que integraron la bicameral hasta diciembre pasado estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos al titular de la Cámara de Diputados. Uno de ellos podría ocupar un lugar relevante dentro de la comisión, aunque el esquema todavía no fue oficializado.
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Mientras tanto, en el Congreso también se sigue de cerca la dinámica interna del oficialismo, marcada por tensiones entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, en el entorno de Caputo relativizan el impacto que podría tener la eventual designación de Pareja. Según indican cerca del asesor, no hay objeciones a que sea el armador bonaerense quien encabece la comisión si finalmente resulta elegido.
En ese sector recuerdan que anteriormente la presidencia de la bicameral estuvo en manos del radical Martín Lousteau y sostienen que ese antecedente no modificó su posición dentro del esquema político. Por ese motivo, aseguran que no planean intervenir en la discusión actual sobre el futuro titular del organismo.
Sebastián Pareja, Karina Milei, Santiago Caputo, La Libertad Avanza, inteligencia, Congreso de la Nación
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión de que el Estado Nacional indemnice a un grupo de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas –una de ellas embarazada– y por la que fueron presos y condenados ex funcionarios y empresarios a cargo del servicio.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisibles los recursos extraordinarios que había hecho el Estado y la aseguradora en las causas que impulsaron Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, ambos heridos, y José Luis Torres Amarilla, su esposa y su nieta menor de edad, a raíz de la muerte de su hija que iba en el tren Sarmiento aquel día.
La Corte desestimó el recurso sin dar mayores explicaciones, invocando el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que le permite hacerlo. Es un criterio que la Corte Suprema viene siguiendo en el caso de la tragedia de Once, con otros planteos similares.
El 22 de febrero de 2012, a las 8.33, la formación N° 3772, identificada como “chapa 16”, con unas 1200 personas a bordo, impactó contra los paragolpes de contención de la plataforma dos de la estación terminal de Once.
Los primeros tres coches se aplastaron entre sí. Murieron 51 personas, aunque hay familiares que consideraron que fueron 52 ya que una de las víctimas fatales estaba embarazada.
Hubo casi 800 heridos, muchos de los cuales fueron trasladados a 13 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento del hecho, el Estado Nacional mantenía un contrato de concesión de la línea Sarmiento con la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
Los hechos dieron lugar a dos juicios, conocidos como Once I y Once II. En Once I, en 2014, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados (18 empresarios, dos funcionarios y el conductor) y ordenó profundizar la investigación hacia más funcionarios.
En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a uno de los condenados y redujo todas las penas restantes. El fallo quedó firme en la Corte Suprema.
En 2018, el juicio por Once II absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido por el estrago ferroviario y lo condenó por administración fraudulenta. La pena fue debatida en Casación y la Corte Suprema, que el año pasado dejó firme la condena a 4 años de cárcel. De Vido entonces quedó detenido.
A raíz de lo sucedido, víctimas y familiares de personas fallecidas demandaron a TBA, al Estado Nacional, al maquinista Marcos Córdoba y a Liderar Compañía General de Seguros para ser indemnizados por daños y perjuicios.
Entre ellos estaban Fabio Flamenco, quien abordó un tren en estación Merlo. Contó que fue “lanzado hacia adelante y aplastado por una masa humana incontenible”, lo que le ocasionó “politraumatismos y otras dolencias”.
En otro expediente también iniciaron una demanda Torres Amarilla, su esposa y su yerno -en representación de su hija, por entonces era menor de edad- por la muerte de su hija, Sonia Torres Rolón quien falleció como consecuencia de la colisión.
Según la demanda, la mujer de 28 años abordó el tren en la estación Moreno y la formación que conducía Marcos Córdoba ingresó a la estación terminal “excediendo la velocidad permitida y no frenó a tiempo por negligencia en su conducción y/o deterioro o mal funcionamiento del sistema de frenos, produciéndose el impacto a una velocidad estimada de 20 km/h”.
Además, el paragolpes “no tenía el sistema hidráulico en funcionamiento”. El segundo vagón se “acaballó” y quedó incrustado casi 6 metros dentro del primer vagón donde viajaba Sonia Torres Rolón, quien murió instantáneamente a causa de politraumatismos y hemorragias internas.
En primera instancia se condenó al Estado Nacional, a TBA, al motorman Marcos Córdoba y a la compañía de seguros a abonar las indemnizaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión y en algunos casos elevó los montos.
Entre esos argumentos se ponderó que el maquinista había violado las reglas de buena conducción ferroviaria, que la empresa TBA no había controlado la operación del servicio y que contaba con una clase de freno que implicaba un riesgo mayor para la seguridad de formación, que la seguridad de la prestación del servicio era una responsabilidad compartida entre el concesionario y el concedente. Además, el Estado Nacional debía responder por haber omitido ejercer un control efectivo sobre el servicio prestado.
Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recursos extraordinarios en donde insistió en cuestionar que se lo responsabilizara por los daños y subrayó que el siniestro se produjo por culpa del maquinista y de TBA, que era quien debía velar por la seguridad de los pasajeros. La Corte Suprema rechazó los planteos por inadmisibles.
tragedia ferroviaria de Once,Hernán Cappiello,Tragedia de Once,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,,$LIBRA. Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que involucró a Milei,,Por orden de Milei. El Gobierno cierra filas en apoyo a Adorni, pero siguen los cuestionamientos internos,,ONU. El Gobierno justificó su voto en contra de la resolucón que declaró la esclavitud africana como “el crimen más grave”,Tragedia de Once,,Accidente de tren. Se cumple un nuevo aniversario de la tragedia de Once,,Tragedia de Once. Qué paso con Julio de Vido y por qué quedó detenido,,Tragedia de Once. De Vido se entregó a la Justicia, quedó detenido y ya fue trasladado al penal de Ezeiza
POLITICA
La CIA reconoció a la SIDE y se abre una agenda de cooperación, con foco en capacitación en la lucha contra el terrorismo
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) inició una nueva etapa de vinculación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que combina un reconocimiento institucional a la agencia argentina con la apertura de una agenda de cooperación centrada en capacitación técnica. El punto de partida fue una reunión privada en Washington entre el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, y el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede del organismo, en Langley.
Según se informó oficialmente, Estados Unidos otorgará una distinción al personal de la SIDE en abril próximo. El reconocimiento respondió a los resultados obtenidos en “operaciones conjuntas” recientes, al proceso de profesionalización en curso y a la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). La entrega será en la sede de la CIA, en el marco de una agenda que prevé programas de capacitación específicos y la evaluación de nuevas instancias de cooperación.
De acuerdo con información recabada por Infobae de fuentes con acceso a los detalles del encuentro, la reunión entre Auguadra y Ratcliffe tuvo carácter bilateral y se desarrolló fuera de las instancias plenarias del foro regional de inteligencia realizado en Washington. En ese contexto, el funcionario argentino fue el único participante que mantuvo un intercambio privado con el titular de la CIA.
La cita coincidió con la denominada Reunión por las Américas, que reunió delegaciones de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá. Durante las sesiones, se abordaron políticas de cooperación en los principales ejes de coordinación entre agencias de inteligencia en la región: terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.
La agenda bilateral entre la SIDE y la CIA quedó centrada en dos líneas de trabajo concretas: el fortalecimiento de capacidades técnicas y la profundización de mecanismos de cooperación operativa. El primer eje se materializará a corto plazo a través de un programa de formación orientado al seguimiento del financiamiento del terrorismo, cuya implementación está prevista para el mes próximo.
Ese curso inicial estará enfocado en metodologías de rastreo de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas. Se emplearán herramientas para identificar circuitos de financiamiento, detectar patrones de movimientos sospechosos y reconstruir redes económicas asociadas a organizaciones criminales o terroristas.
Según las fuentes consultadas, el esquema de capacitación no se limitará a una instancia puntual, sino que forma parte de una agenda más amplia que podría incorporar otras áreas del trabajo de inteligencia, como análisis de información, interoperabilidad entre agencias y contrainteligencia. La continuidad de estos programas dependerá de la evaluación de las primeras instancias de formación y de las necesidades que surjan en el proceso.
El componente de formación aparece como uno de los ejes centrales en la relación entre ambas agencias. En el Gobierno señalan que la SIDE enfrenta el desafío de actualizar sus capacidades técnicas en un contexto donde las amenazas, especialmente las relacionadas con el financiamiento ilícito, requieren herramientas especializadas y estándares operativos precisos.
Reconocimiento institucional y antecedentes de cooperación
El intercambio con la CIA también incluye la posibilidad de profundizar la cooperación en materia de operaciones conjuntas. Si bien el comunicado oficial no detalló casos específicos, el reconocimiento anunciado por Estados Unidos alude directamente a resultados obtenidos en ese plano, lo que sugiere antecedentes de trabajo coordinado entre las agencias.
Durante la reunión regional en Washington se compartieron experiencias relacionadas con organizaciones internacionales. Entre los casos mencionados, se incluyó una investigación reciente en Ecuador sobre un miembro de Hezbollah, que formó parte de las discusiones sobre dinámicas del terrorismo en la región y mecanismos de cooperación para su prevención.
El desarrollo del Centro Nacional Antiterrorismo fue otro de los puntos abordados en la reunión bilateral. Esta estructura, impulsada por el Gobierno argentino, busca centralizar información y coordinar acciones en prevención, análisis y respuesta ante amenazas. Según pudo saber Infobae, el proyecto generó interés en los organismos estadounidenses, especialmente por su potencial como herramienta de articulación en el sistema local.
La cooperación podría extenderse a aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del CNA, incluyendo protocolos de intercambio de información, sistemas de análisis y mecanismos de coordinación interagencial. La intención oficial es que el centro funcione como un nodo que integre a distintas áreas del Estado que manejan información sensible.
La agenda de trabajo también contempla la necesidad de mejorar la circulación de información dentro del sistema estatal. En términos operativos, esto implica avanzar hacia esquemas más coordinados entre organismos, con estándares de seguridad que permitan compartir datos de forma regular sin comprometer la confidencialidad.
El reconocimiento institucional anunciado por la CIA se enmarca en este proceso. Para la SIDE, representa un punto de partida formal en la relación con el organismo estadounidense, mientras que la capacitación y el intercambio técnico constituyen los primeros componentes concretos de la agenda común.
El viaje previsto para abril, cuando se realice la entrega de la distinción en Langley, será la próxima instancia relevante del vínculo bilateral. Allí se prevé avanzar en la definición de nuevas líneas de cooperación y en la planificación de futuras actividades conjuntas, en función de los resultados de las primeras experiencias de capacitación.
Según pudo confirmar Infobae, la relación entre la SIDE y la CIA se estructura sobre dos ejes definidos: un reconocimiento institucional que formaliza el vínculo y un esquema de cooperación técnica orientado a la formación de personal y al desarrollo de capacidades en inteligencia financiera y antiterrorismo. La evolución de esta agenda dependerá de la continuidad de los programas de capacitación y de la posibilidad de ampliar el alcance de la cooperación operativa.
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