INTERNACIONAL
Ángel Valencia Vásquez, fiscal nacional de Chile: “Que cooperen las fiscalías de todo el mundo es una prioridad”

Esta semana, la Ciudad de Buenos Aires es sede de la 59ª reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), la organización que reúne a procuradores, Ministerios Públicos y magistrados de todo el mundo para fortalecer la cooperación global en materia de persecución de delitos complejos.
En el evento -que empezó el lunes y culminará este miércoles- se definirá si el fiscal general de la Ciudad Autónoma, Juan Bautista Mahiques, es reelecto como presidente de la asociación por otros tres años.
Ángel Valencia Vásquez, fiscal nacional de Chile e integrante del Comité Ejecutivo de la IAP, dialogó con Infobae en el segundo día de la reunión de fiscales y valoró la gestión de Mahiques como un antes y un después para el posicionamiento de América Latina en el ámbito judicial internacional.
Además, destacó que tener un espacio de intercambio entre las fiscalías de todo el mundo “es la única forma posible” para enfrentar el crimen organizado: “No hay otro camino que la cooperación, ningún país puede hacerlo solo”, afirmó.

– Chile es un país relativamente nuevo en el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales. ¿Qué significó para la Fiscalía Nacional y para su país la incorporación?
– Bueno, primero un honor. No puede ser de otro modo, si es la institucionalidad que reúne a todas las fiscalías y los fiscales del mundo. Más allá de eso, definimos como una de las prioridades de nuestro trabajo la cooperación internacional. Y eso requiere que los esfuerzos se traduzcan en acciones concretas. Participar en estos foros es una forma de concretar esa prioridad que hemos declarado. Porque hoy en día los desafíos que enfrentamos son comunes, básicamente el crimen organizado transnacional, el narcotráfico. La única forma posible de abordar esos desafíos es con la cooperación. No hay otro camino, ningún país puede hacerlo solo. Y también siempre es importante poder reconocer buenas prácticas, acceder a capacitaciones, que también son aspectos muy valiosos.
– ¿Cómo funciona la cooperación con las fiscalías argentinas?
– Nosotros tenemos una relación de cooperación muy valiosa, muy fructífera con la Procuración General de la Nación, con el fiscal Eduardo Casal, y también con las distintas fiscalías provinciales cuando nos toca interactuar con ellas e incluso con la Fiscalía de la Ciudad Autónoma. Con el fiscal Mahiques hemos hecho un esfuerzo muy interesante con el intercambio en tecnología, por ejemplo, para persecución de los casos. Yo quisiera destacar especialmente el trabajo que hemos realizado. Son esfuerzos que se traducen no solo en simples declaraciones, sino que se han traducido en esfuerzos concretos, en los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), contra el contrabando en la Patagonia, para tráfico de armas en la zona central del país. Son lazos que van a seguir profundizándose.

– ¿En qué aspectos cree que se podría mejorar esa cooperación?
– No quiero moderar los adjetivos que ocupe. Tenemos un excelente vínculo de cooperación. Y es un vínculo que, insisto, trasciende las simples relaciones de camaradería personales. Tenemos hoy día cuatro Equipos Conjuntos de Investigación trabajando con resultados concretos en la persecución del contrabando, en la persecución de tráfico de armas, solo tenemos en carpeta seguir profundizando y avanzando con esos Equipos Conjuntos de Investigación y extendernos hacia otras áreas delictivas. Tenemos una frontera enorme que tenemos que proteger y tenemos un deber mutuo de protegerla. Y también tratamos de avanzar en el vínculo con las fiscalías provinciales. La Fiscalía chilena es única, nosotros no somos un Estado federal, por lo tanto es más sencillo para ustedes relacionarse con nosotros, pero también hemos tratado de construir esos vínculos, tal como lo hacemos con la Fiscalía de la CABA, con otras provincias con la que tenemos intereses comunes. La relación de trabajo entre el Ministerio Público de Chile y las fiscalías argentinas goza de muy buena salud.
– ¿Qué evaluación hace de estos primeros tres años de la presidencia del fiscal Mahiques en la Asociación? ¿Y cuál es su perspectiva de cara a los próximos tres que podría tener?
– Han sido años muy positivos para el fortalecimiento institucional, para el aumento de las actividades de capacitación, para el fortalecimiento y la incorporación de nuevos asociados. Pero además, creo que el fiscal Mahiques ha puesto especial énfasis a que se puedan incorporar nuevas fiscalías o nuevas asociaciones de fiscales del ámbito latinoamericano, y tratar de incorporar también otros idiomas, particularmente el español, como un idioma oficial de la asociación, porque eso permite que todas las actividades de capacitación, por ejemplo, que hoy día se realizan en el contexto de la IAP, puedan también oficialmente impartirse no solo en inglés. Y no cabe duda de que eso es un desafío de esta gestión. Esto permite el acceso de miles de fiscales en esta región a la información y a la capacitación que imparte IAP. Por supuesto, también la apertura de la oficina de la asociación en Buenos Aires, que esperamos que se apruebe en la sesión de Comité Ejecutivo, va a constituir un paso muy significativo para lograr ese propósito.
INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL
EPA urged to axe funds for ‘radical’ climate project accused of training judges, state AGs rally

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First on Fox: Nearly two dozen Republican state attorneys general sent a letter to Environmental Protection Agency chief Lee Zeldin Tuesday, calling on him to cancel funding to a left-wing environmental group accused of training and lobbying judges on climate policy, Fox News Digital exclusively learned.
«As attorney general, I refuse to stand by while Americans’ tax dollars fund radical environmental training for judges across the country,» Montana Attorney General Austin Knudsen told Fox News Digital of his push to encourage the EPA to end its funding of the Climate Judiciary Project.
«The Environmental Law Institute’s Climate Judiciary Project is using woke climate propaganda, under the guise of what they call ‘neutral’ education, to persuade judges and push their wildly unpopular agenda through the court system,» he said. «I commend President Trump’s efforts to cut waste and abuse during the first eight months of his presidency, and I am optimistic that his Administration will do the right thing and halt all funding to ELI.»
Knudsen spearheaded the letter sent to Zeldin Tuesday, which included the signatures of 22 other Republican state attorneys general, calling for the EPA to axe its funding to the left-wing environmental nonprofit, called the Environmental Law Institute, which oversees the Climate Judiciary Project (CJP).
TOP ENERGY GROUP CALLS FOR PROBE INTO SECRETIVE ‘NATIONAL LAWFARE CAMPAIGN’ TO INFLUENCE JUDGES ON CLIMATE
Montana Attorney General Knudsen spearheaded a letter sent to EPA chief Lee Zeldin Aug. 26, 2025, calling for the EPA to end its funding to the Environmental Law Institute. (Getty Images)
The Environmental Law Institute founded the Climate Judiciary Project in 2018, which pitches itself as a «first-of-its-kind effort» that «provides judges with authoritative, objective, and trusted education on climate science, the impacts of climate change, and the ways climate science is arising in the law.»
The group, however, has been accused of trying to manipulate judges to make them more amenable to left-wing climate litigation.
The letter sent Tuesday called on the EPA specifically to end any grants and awards endowed to the group.
«We write to bring to your attention grants made by EPA to the Environmental Law Institute (‘ELI’),» the letter reads. «According to its 2024 financial statements, ELI received approximately 13% of its revenue in 2023, and 8.4% in 2024, from EPA awards. ELI also apparently still expected to receive funds from the federal government; its financial statement warned that the collectability of federal grant funds ‘is subject to significant uncertainty related to collectability and continual funding due to (the federal grant) funding freeze or other federal actions.’»
CLIMATE GROUP SCRUBS JUDGES’ NAMES FROM WEBSITE AFTER UNEARTHED CHATS UNMASKED COZY TIES
The Environmental Law Institute received $637,591 from the EPA in 2024 and $866,402 in 2023 from the EPA, according to nonprofit tax documents published by ProPublica detailing the group’s federal expenditures that year.
«The Climate Judiciary Project’s mission is clear: lobby judges in order to make climate change policy through the courts,» 23 state attorneys general wrote in the letter. «An alumni magazine profile said the quiet part out loud, writing that the Climate Judiciary Project co-founder was ‘explaining the science of climate change to a group of people with real power to act on it: judges.’ The Climate Judiciary Project’s tampering raises serious legal and ethical questions.»

EPA administrator Lee Zeldin’s office was sent a letter Aug. 26, 2025, by 23 state attorneys general calling on the EPA to end funding to the Environmental Law Institute and its Climate Judiciary Project. (Al Drago)
The Environmental Law Institute, however, in recent comment to Fox News Digital, has maintained that its educational programs through Climate Judiciary Project are in accordance with the standards established by national judicial education institutions.
Climate Judiciary Project educational events are done «in partnership with leading national judicial education institutions and state judicial authorities, in accordance with their accepted standards,» a spokesperson for the group said in an emailed statement in July. «Its curriculum is fact-based and science-first, grounded in consensus reports and developed with a robust peer review process that meets the highest scholarly standards.»
«CJP’s work is no different than the work of other continuing judicial education organizations that address important complex topics, including medicine, tech and neuroscience,» an Environmental Law Institute spokesperson previously told Fox News Digital when asked about its educational programs.
The call for EPA to slash any funds to the Environmental Law Institute was celebrated by leading groups such as the American Energy Institute and the Alliance for Consumers, who lamented in comment to Fox Digital that taxpayer funds should not be used to fund the group and that «courtroom maneuvering» threatens day-to-day life.
«The State Attorneys General are right to call for the elimination of taxpayer funding for the Environmental Law Institute and its Climate Judiciary Project,» Jason Isaac, CEO of the American Energy Institute, told Fox Digital. «This is a coordinated campaign to advance the Green New Deal through the judiciary using so-called climate litigation in the courts. Its curriculum is developed by climate alarmist allies of the plaintiffs and delivered to judges behind closed doors. Public funds should never be used to finance political advocacy disguised as judicial education.»
O.H. Skinner, the executive director of Alliance for Consumers, which is a nonprofit focused on advocating on behalf of American consumers, remarked that «as we have long warned, the left has a plan to reshape American society by using lawsuits in courts all across the country, especially in places like Hawaii and other coastal enclaves.»
«The new wave of revelations about ELI is further concerning evidence of how committed the left is to imposing mandatory Progressive Lifestyle Choices through this courtroom maneuvering and how big a threat it really is to all our ways of life,» Skinner added.

A climate protester scales the Wilson Building as part of an Earth Day rally against fossil fuels April 22, 2022. (Getty Images)
CLIMATE LAWFARE CAMPAIGN DEALT BLOW IN SOUTH CAROLINA
The Tuesday letter specifically argued: «State consumer protection laws prohibit deceptive and misleading statements to market a product. ELI is representing its training as objective when reality shows that it is not. State Attorneys General are responsible for protecting consumers, and we are concerned by ELI’s statements.»
The EPA has taken a hatchet to millions of dollars doled out under the Biden administration to left-wing groups and other programs deemed a waste of taxpayer funds upon Zeldin’s Senate confirmation as EPA chief in January.
The EPA under the Trump administration has canceled $20 billion in grants under the Inflation Reduction Act — which has led to an ongoing court battle. Zeldin said in March that the $20 billion in U.S. tax dollars were «parked at an outside financial institution in a deliberate effort to limit government oversight, doling out your money through just eight pass-through, politically connected, unqualified, and in some cases brand-new NGOs.»
The state attorneys general reflected on the previous cuts in their call to Zeldin to do the same to ELI funding.
«Under President Trump’s bold leadership, federal agencies and the Department of Government Efficiency have saved an estimated $190 billion, including terminating more than 15,000 grants that saved approximately $44 billion,» the letter states. «You have heeded President Trump’s directive and achieved monumental savings for taxpayers. You canceled $20 billion in climate grants under the Inflation Reduction Act. You cancelled another $1.7 billion in diversity, equity, and inclusion grants.3 And you canceled 800 environmental justice grants.»
CHINA’S CLIMATE LAWFARE SHOULD COME UNDER BONDI’S MICROSCOPE, KANSAS AG SAYS
Climate Judiciary Project and the Environmental Law Institute previously have come under fire from lawmakers such as Republican Texas Sen. Ted Cruz, who accused the groups of working to «train judges» and «make them agreeable to creative climate litigation tactics.»
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The Texas Republican recently has argued there is a «systematic campaign» launched by the Chinese Communist Party and American left-wing activists to weaponize the court systems to «undermine American energy dominance.»
Climate Judiciary Project is a pivotal player in the «lawfare» as it works to secure «judicial capture,» according to Cruz, Fox Digital has previously reported.
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INTERNACIONAL
La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

La vida cotidiana en Cuba se ha visto atravesada por la precariedad y el silencio, según describe Leonardo Padura en su más reciente novela, Morir en la arena. El autor, galardonado con el premio Princesa de Asturias, aborda en esta obra la historia de una familia marcada por la tragedia y el desencanto, mientras ofrece un retrato de medio siglo de transformaciones en la isla. En una conversación telefónica desde La Habana con el periodista Jorge Morla del diario español El País, Padura revela que, ante los frecuentes apagones, ha debido instalar una batería con paneles solares en su hogar, una inversión de 4.000 dólares que considera inaccesible para la mayoría de los cubanos. “No todos pueden permitirse esto”, comenta, aludiendo a las estrategias individuales de supervivencia que se han vuelto habituales en el país.
La trama de Morir en la arena se centra en Rodolfo, un hombre que, tras haber combatido en la guerra de Angola y sufrir el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, enfrenta la inminente excarcelación de este último, gravemente enfermo. El reencuentro con su cuñada Nora, antiguo amor de juventud, y la llegada de su hija, desencadenan una semana de tensiones, resentimientos y recuerdos dolorosos. La novela recorre cincuenta años de historia cubana, explorando el desencanto de una generación que, tras décadas de sacrificio y lealtad a la revolución, se descubre más empobrecida que nunca y dependiente de las remesas enviadas desde el extranjero. Padura sostiene que este fenómeno refleja una tendencia global: el retroceso de las políticas de seguridad social, que en Cuba se manifiesta con especial dureza.
Aunque la novela se presenta como inspirada en hechos reales, el escritor aclara que se trata de una ficción con raíces en la vida. El punto de partida fue un parricidio ocurrido en una familia cercana a la suya. “Pasó en una familia cercana a la mía. Conocí a los implicados en la historia”, confiesa Padura. Sin embargo, subraya que los personajes de la obra poseen características distintas a los reales. El autor explica que la adaptación de la realidad a la ficción responde a necesidades dramáticas: “La mejor historia que te puedan contar, cuando la escribes, a veces no funciona. Los procesos de la realidad y los procesos dramáticos tienen distinto orden. Yo reescribo la realidad para lograr un fin dramático, porque al final es la ficción la que decide cómo organizas una trama”.

“Hombres y mujeres que estudiaron, trabajaron, se sacrificaron, repitieron consignas, incluso pelearon en la guerra de Angola y, sin embargo, con el correr del tiempo, lo primero que sienten es que vuelven a pisar mierda”, dice y agrega: “Tras años de esfuerzo, se descubren más pobres que nunca, viviendo de las remesas enviadas desde el extranjero”. Para Padura, lo que sucede en Cuba es reflejo de una tendencia más amplia: el retroceso de las políticas de seguridad social, que golpea en todas partes, aunque en la isla se sienta con particular crudeza.
Padura no busca ofrecer respuestas definitivas en sus novelas, sino plantear enigmas que desafían al lector. “Hay cuestiones que no se resuelven en la trama, que funcionan como ganchos”, señala. Esta estrategia narrativa ya estaba presente en obras anteriores como Adiós Hemingway y Como polvo en el viento, donde los misterios centrales permanecen sin resolver. El escritor cita a Cortázar para describir el tipo de lector que espera: “busco un lector macho, copartícipe, no hembra [que no quiere problemas, sino soluciones, decía Cortázar]… ¡Aunque estas cosas ya no se pueden decir!“, comenta entre risas.
En el corazón de la novela se encuentra Raymundo Fumero, intelectual y narrador que intenta reconstruir los hechos a través de la escritura. Padura considera a este personaje una reivindicación de la figura del intelectual en Cuba, especialmente de aquellos que sufrieron la represión durante el Decenio negro de los años setenta. “Muchos fueron apartados y murieron en la marginación, como José Lezama Lima o Virgilio Piñera”, recuerda el autor. Por ello, palabras como miedo, pavor y temor se repiten en la obra, mientras Fumero se empeña en documentar “la crónica de la derrota de esta generación”.
El escritor reconoce que los mecanismos de censura persisten en la actualidad, aunque de forma menos drástica. “Hoy no son tan drásticos, pero existen. Hay una manera muy fácil de censura: decir que no hay papel, y que tu libro no se puede imprimir. Que, además, es cierto”, ironiza. Padura atribuye su libertad creativa a la relación con la editorial Tusquets desde los años noventa, lo que le ha permitido publicar en 32 lenguas y enviar sus manuscritos a Barcelona de manera inmediata: “Termino el libro, aprieto una tecla y en dos segundos está en Barcelona. Soy muy afortunado”.

La novela utiliza símbolos potentes para retratar la fractura social y familiar en Cuba. Aitana y Violeta, hijas de los dos hermanos protagonistas, representan a la diáspora y la distancia generacional. El muro que separa las casas de los personajes funciona como metáfora de la división íntima y colectiva. Padura explica que la obra está “llena de símbolos, también de guiños con los que el lector se identifica”, y que su objetivo es construir un universo que refleje la vida contemporánea del país.
En el ámbito cultural, Padura observa con preocupación la evolución del reguetón en Cuba. “Es terrible. Ahora el reguetón tiene modalidad cubana, que se llama reparto. Ha avanzado en el gusto popular en la misma proporción que ha avanzado en lo escatológico, sexista, soez y agresivo”, afirma. Considera que este fenómeno es síntoma de una degradación social, económica y política que se remonta al Período Especial de los años noventa, cuando el colapso económico provocó profundas desigualdades. “Lo que antes era la libreta de abastecimiento, hoy solo te da un poco de arroz, azúcar y poco más”, señala. A esto se suman los apagones, que en algunas zonas pueden durar hasta 20 horas al día. “Un día así, y otro, y otro… No nos queda más remedio que incorporar toda esta miseria a la vida, y en muchos casos callar”, lamenta. El escritor recuerda las protestas de julio de 2021, cuando centenares de personas recibieron condenas de hasta diez años de cárcel por actos como romper un cristal. “La gente sufre y calla, porque lo otro…”. Padura repite con ironía una frase popular: “Si en la calle la comida está tan difícil, imagina en la cárcel…”.
Al concluir la entrevista, Padura expresa incertidumbre sobre el futuro de Cuba y del mundo. “No lo sé. El presente está tan deprimido que necesariamente tiene que haber algo que ocurra, un gran cambio, no sé si para mejor o para peor”, admite. Observa que la duda sobre el porvenir afecta tanto a la isla como al contexto global, marcado por “el auge de las derechas más xenófobas y nacionalistas”. Antes de regresar al calor de La Habana, el escritor resume su escepticismo: “Me temo que estamos abocados a un gran signo de interrogación”.
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