A solo unos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, los pesos vuelven a arder en las manos. El dólar blue superó los $1.545, el MEP saltó a $1.591, el contado con liquidación (CCL) avanzó a $1.607, y el oficial mayorista ya roza los $1.490,50. Las brechas superan el 7% y reflejan un mercado que se cubre a toda velocidad.

Ni las intervenciones del Banco Central (BCRA) ni las recientes operaciones del Tesoro de Estados Unidos, que lleva semanas comprando pesos para sostener la banda cambiaria, logran estabilizar las expectativas.

En la City, el debate vuelve a ser el mismo de siempre: ¿conviene dolarizarse ahora o esperar?

En este contexto, un informe de Morgan Stanley, titulado «Argentina: Post-Election Scenarios – Thinking Through Options», analiza los distintos caminos posibles para la economía local y, sobre todo, para el tipo de cambio.

El banco estadounidense plantea tres escenarios según el resultado electoral, y concluye que independientemente de quién gane, el país deberá ajustar su política cambiaria para reconstruir reservas, equilibrar la cuenta corriente y recuperar acceso a los mercados internacionales.

Morgan Stanley: «Después de las elecciones, habrá un tipo de cambio más alto»

Según el equipo encabezado por Fernando Sedano, economista jefe para Latinoamérica —ex Brasil—, la estabilidad actual es insostenible sin una corrección del tipo de cambio. Las intervenciones coordinadas entre el Gobierno argentino (Tesoro + BCRA) y el Tesoro estadounidense —que confirmó un swap line de u$s20.000 millones y compras de bonos en el mercado— apenas logran contener las tensiones antes de los comicios.

En su análisis, Morgan Stanley detalla tres escenarios posibles según el desempeño electoral de La Libertad Avanza (LLA) frente a Fuerza Patria (FP), con proyecciones concretas de crecimiento, inflación, cuenta corriente y tipo de cambio.

La variable clave, remarcan, será la capacidad política del Gobierno para mantener la continuidad del programa económico y conseguir respaldo legislativo para avanzar con reformas estructurales.

Escenario 1 – «Market Access»: Milei gana o empata

En el escenario más favorable, LLA obtiene entre 35% y 40% de los votos, consolidando un bloque legislativo de hasta 90 diputados y alrededor de 14 senadores. En este caso, el Gobierno podría avanzar hacia una flotación administrada del peso una vez que se formalice la asistencia de Estados Unidos.

El tipo de cambio oficial se ubicaría cerca de $1.700 a fin de año y subiría a unos $1.900 en 2026, lo que permitiría equilibrar la cuenta corriente y comenzar un proceso sostenido de acumulación de reservas. Morgan Stanley prevé que el PBI crezca 4% en 2025 y 2,5% en 2026, mientras que la inflación bajaría al 18% anual en el segundo año.

La entidad considera que este escenario permitiría una reapertura gradual del mercado voluntario de deuda hacia mediados de 2026, con un retorno al financiamiento externo y una mejora del riesgo país hasta los 635 puntos.

En este contexto, el Gobierno podría avanzar con reformas laborales y tributarias, apoyado en una coalición con partidos de centroderecha, y consolidar una narrativa de normalización económica.

El informe sostiene que «una victoria de Milei no eliminaría los riesgos, pero ordenaría la corrección cambiaria y facilitaría el proceso de estabilización». Según sus proyecciones, el dólar debería ajustarse para reducir el déficit externo y permitir que el BCRA vuelva a comprar dólares.

Escenario 2 – «Muddle Through»: derrota ajustada

El segundo escenario, considerado por Morgan Stanley como el más probable según los precios de los activos, plantea una derrota ajustada del oficialismo con 30–35% de los votos. En ese caso, la continuidad del programa económico sería parcial y las reformas avanzarían con dificultad, generando un panorama de alta volatilidad y bajo crecimiento.

El dólar se movería entre $1.800 y $2.000, suficiente para equilibrar la balanza comercial, pero sin margen para recomponer reservas en el corto plazo. La inflación se mantendría cerca del 23% anual y el crecimiento caería a 3,5% en 2025 y 2% en 2026.

El riesgo país, según el banco, se ubicaría entre 1.200 y 1.300 puntos, con los bonos argentinos operando en torno a u$s60, es decir, niveles que descuentan una situación intermedia –ni crisis ni acceso al crédito-.

La entidad advierte que la reacción inicial del mercado podría ser contenida, pero que «los inversores seguirán pidiendo señales concretas de gobernabilidad y apoyo político».

Si el Congreso se fragmenta y el oficialismo no logra acuerdos, el peso podría volver a depreciarse rápidamente.

Escenario 3 – «Reform Reversal»: derrota amplia

El tercer escenario contempla una derrota contundente de Milei, con apenas 25–30% de los votos, lo que implicaría un Congreso más adverso y un programa económico paralizado. Bajo ese contexto, el tipo de cambio oficial podría saltar hasta los $2.200 o $2.500, acompañado de una inflación que volvería a superar el 40% anual y un retroceso de la actividad económica.

Para Morgan Stanley, este escenario supondría un ajuste desordenado, una corrección «de shock» con riesgo de recesión, suba de tasas y escasez de dólares. Los bonos caerían a valores de u$s35–40, el riesgo país escalaría por encima de los 3.500 puntos y el país quedaría sin acceso al financiamiento externo hasta 2027.

En términos políticos, la falta de gobernabilidad impediría avanzar con reformas y forzaría al Gobierno a administrar la crisis más que resolverla, mientras los capitales buscarían refugio en el dólar.

¿Es posible una dolarización?

Más allá de los escenarios, el informe dedica un apartado completo al tema de la dolarización, una de las promesas insignia del presidente Milei durante su campaña de 2023. Sin embargo, Morgan Stanley aclara que, con las reservas actuales, el país no tiene capacidad para convertir todos los pesos en circulación ni garantizar los depósitos bancarios.

Argentina necesitaría entre u$s21.000 y u$s86.000 millones, según el tipo de cambio de conversión y el nivel de encaje bancario elegido. Con reservas netas cercanas a u$s10.000 millones, la dolarización plena resulta imposible sin un fuerte apoyo externo.

Además, el banco remarca que se trata de un proceso que requiere legislación específica, reformas institucionales y consenso político. «No hay ejemplos de países de ingreso medio que hayan dolarizado exitosamente. La estabilidad monetaria no puede imponerse sin reservas ni credibilidad», advierte el documento.

El rol del Tesoro de Estados Unidos

Uno de los capítulos más relevantes del informe es el que analiza el paquete de asistencia estadounidense. Morgan Stanley detalla que el Tesoro de EE. UU. y la Reserva Federal (Fed) tienen la potestad de utilizar el Exchange Stabilization Fund (ESF), el mismo instrumento que se aplicó en 1995 para rescatar a México durante la crisis del «tequila».

En el caso argentino, el apoyo se estructuraría en cuatro frentes:

1. Swap de u$s20.000 millones, utilizable tras las elecciones.
2. Línea de crédito de mediano plazo, condicionada a metas fiscales y cambiarias.
3. Compra de bonos soberanos en el mercado secundario o primario.
4. Compra directa de pesos argentinos, como la que ya realizó el 9 de octubre, cuando el Tesoro estadounidense intervino para contener al dólar.

Según el informe, el swap sería el componente más inmediato y relevante, aunque su activación estaría supeditada a una devaluación del peso y un plan de acumulación de reservas. El paralelismo con México es evidente dado que allí, el apoyo se liberó una vez implementado un programa de ajuste acordado con el FMI.

En ese sentido, Morgan Stanley considera probable que el nuevo paquete financiero incluya una condicionalidad similar a la del Fondo, orientada a garantizar disciplina fiscal, control del gasto y flotación cambiaria.

Qué hacer con los pesos

Para el inversor —ahorrista— argentino, el dilema vuelve a ser el mismo: ¿dolarizar o esperar?

Morgan Stanley recomienda prudencia y diversificación, priorizando la liquidez hasta que se conozca el resultado electoral.

• Para los más conservadores, sugiere mantener pesos en cuentas remuneradas o money markets, que siguen pagando tasas cercanas al 40% TNA, combinando una posición dolarizada vía bonos o CEDEARs.
• Los perfiles moderados pueden apostar a instrumentos en dólares de corto plazo, como los Bonos Globales 2029 y 2030 (GD29 y GD30), o los Bonos duales (TTM26, TTJ26, TTS26, TTD26) que pagan el máximo entre TAMAR (Tasa Mayorista) y tasa fija.
• Para quienes asumen más riesgo, el banco considera atractiva la exposición a acciones de bancos y energía, que se beneficiarían de un escenario de flotación o apertura del cepo.

En cualquier caso, el consejo central es esperar al lunes post electoral antes de tomar decisiones grandes. 

«La historia demuestra que posicionarse antes del evento suele ser menos rentable que hacerlo después, cuando el panorama político y cambiario se clarifica», afirma el reporte.

Dólar más caro

El consenso del informe no deja margen para dudas, después de las elecciones, el dólar será más caro. Lo que se define el 26 de octubre no es si habrá o no devaluación, sino la velocidad y el grado de orden con que ocurrirá.

Si Milei logra retener apoyo político y consolidar el respaldo de Washington, el salto cambiario podría ser controlado y funcional a un nuevo equilibrio macroeconómico.

Si no, el país podría volver a un ciclo de incertidumbre, inflación y recesión.

La discusión sobre el modelo laboral argentino sumó un nuevo capítulo con la presentación de modificaciones orientadas a los convenios colectivos y el esquema de salarios de convenio. En el contexto del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,Julio Cordero, brindó precisiones sobre el giro que promueve el Gobierno en materia de relaciones laborales y negociación salarial.

El concepto remite a la posibilidad de habilitar “salarios dinámicos”, una idea que implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. En la visión oficial, la estructura tradicional mantiene los salarios de convenio como mínimos garantizados, pero con esto busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios.

Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia. De esta manera, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados y, en cambio, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.

Actualmente, los salarios básicos que resultan de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el Gobierno pretende que las partes involucradas flexibilicen los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación concreta de cada sector o firma.

La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo y para que el esquema de ajustes sea más flexible y realista.

El anuncio se produce mientras distintas entidades empresarias y cámaras patronales reclaman la revisión de las condiciones laborales y de los criterios de determinación salarial. Las reformas propuestas buscarían modificar el “uso rígido” de los salarios de convenio y adecuarlos a los ciclos económicos, permitiendo “actualizaciones dinámicas”, según los vaivenes de la actividad.

Los detalles conocidos hasta el momento muestran que la Secretaría de Trabajo impulsa un modelo donde los convenios colectivos definen rangos y pautas para cada sector, pero establecen montos máximos que las empresas no deben superar. Esto invierte un principio histórico del derecho laboral argentino, donde el convenio actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

La figura de los “salarios dinámicos” implica que el valor convencional sirve como punto de referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno. El Gobierno plantea que este mecanismo permitiría adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva, promoviendo la sustentabilidad del empleo formal.

El foco oficial en la productividad marca otro de los cambios que introduce el proyecto. La Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector, para evitar que los aumentos funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad.

La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios. Los gremios, por su parte, podrían insistir en condiciones superadoras, pero sin la obligación de que ese acuerdo se traslade automáticamente a todo el universo de trabajadores representados.

Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos. El Gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.

El debate sobre esta reforma se da en un momento de tensión paritaria y con reclamos de actualización inflacionaria en múltiples sectores. Dirigentes sindicales consideraron que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” constituye una pérdida de garantías para los empleados, al tiempo que consultoras y analistas evalúan el impacto que podría tener la medida sobre la masa salarial registrada.

El secretario de Trabajo detalló que el proyecto no implica eliminar la negociación colectiva, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno económico. Según Yasín, el objetivo central radica en evitar que la referencia salarial actúe como un elemento distorsivo para las empresas pequeñas o que arrastran dificultades financieras.

La propuesta de “salarios dinámicos” contiene además un apartado destinado a promover la competitividad, incentivando la mejora permanente de las condiciones productivas. De aprobarse la reforma, el paradigma del salario mínimo negociado cambiaría de manera sustancial para los sindicatos, que históricamente lograron que el valor de convenio funcionara como punto de partida de cualquier negociación posterior.

En la actual coyuntura se reconoce un escenario de fuerte dispersión salarial y falta de coordinación entre las distintas ramas y territorios. Esto llevó a que ciertos sectores mantuvieran negociaciones paralelas independientemente de lo que establecen los convenios marco.

Analistas advierten que uno de los desafíos centrales estará en la coordinación para evitar una mayor brecha entre actividades o regiones. El factor regional cobra relevancia porque la dinámica productiva y las condiciones de empleo evolucionan de forma dispar a lo largo del país. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo considera viable la descentralización como método para lograr una mayor adaptación.

Las cámaras empresariales manifestaron respaldo a la idea, afirmando que la negociación salarial sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis o recesión, donde no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. El sector empresarial sostiene que la dispersión y flexibilidad de los salarios logra una alineación más directa con la productividad y las necesidades de generación de empleo.

Organizaciones sindicales expresaron reparos por el riesgo de debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de ciertas condiciones laborales. Desde los gremios sostienen que los convenios han actuado históricamente como resguardo efectivo frente a la inestabilidad y que limitar el “piso” abre la puerta a mayores desigualdades.

El debate sobre los salarios dinámicos continúa abierto y forma parte central de la agenda de reforma laboral que promueve el Gobierno. La iniciativa busca modificar los elementos tradicionales del régimen negociador argentino, con una argumentación centrada en la adaptación, flexibilidad, productividad y competitividad empresarial.

El fondo Burford, principal beneficiario del litigio por YPF, sugirió a la Argentina iniciar negociaciones para resolver la demanda millonaria

22/10/2025 – 18:01hs

A pocos días de una audiencia judicial clave en Nueva York, el fondo Burford recomendó a la Argentina sentarse a negociar en el juicio por la expropiación de YPF. El principal beneficiario de la causa se pronunció para revisar el estado del proceso, que podría extenderse hasta 2027.

La condena asciende a u$s16.000 millones. El reclamo llega antes de la instancia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Burford señaló que el caso YPF sigue rodeado de marcada incertidumbre y «riesgos sustanciales». Estos incluyen futuras actuaciones en tribunales de Estados Unidos y el exterior, apelaciones y procedimientos de ejecución. Advirtió que el proceso «conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total».

El fondo británico envió una señal para abrir el diálogo con el Gobierno. Afirmó que «las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias». Aclaró que, si existen conversaciones para un acuerdo, «no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión».

Juicio por YPF: detalles de la audiencia crucial en Nueva York

La audiencia prevista para el 29 de octubre será un momento determinante en la apelación principal. La Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a abonar u$s16.000 millones a los fondos que compraron el juicio a los accionistas minoritarios de YPF, expropiada en 2012. Ese día, Argentina tendrá media hora para exponer sus argumentos contra el fallo de primera instancia de septiembre de 2023.

Esta apelación es fundamental para el gobierno argentino, ya que solicita la anulación de la condena y cuestiona el monto fijado por la jueza Loretta Preska. Los demandantes disponen de diez minutos para su apelación, y otros diez para la apelación cruzada condicional de YPF. Burford apeló la decisión de la jueza Preska de excluir a YPF del juicio hace dos años.

El jueves se anunciará el panel de tres jueces que integrará el tribunal. El bufete británico estimó que la resolución podría demorar entre varios meses y hasta un año. Destacó que «no hay plazos fijos para la publicación de los fallos», lo que prolonga la expectativa sobre el desenlace del caso.

Ejecuciones y el llamado a negociar

Mientras la apelación avanza, la Argentina enfrenta múltiples procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo. Estos trámites se desarrollan tanto en Estados Unidos como en otros países.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ya declaró que el fallo es ejecutable desde enero de 2024, añadiendo presión. Además, ordenó a la Argentina entregar documentos vinculados a YPF, el Banco Central de la República Argentina, Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales.

El fondo Burford instó a la Argentina a considerar la negociación para evitar un pago sustancial y la prolongación de un litigio con importantes riesgos y costos.

La propuesta llega en un momento crucial, a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que definirá el futuro de la causa.