POLITICA
Javier Milei celebró el anuncio del FMI sobre el acuerdo: “TMAP”

Decidida a confrontar con el Gobierno, la CGT activará desde este miércoles su plan de lucha de 36 horas, que contempla una movilización al Congreso en apoyo a los jubilados y un paro general de 24 horas a partir de la medianoche del jueves que afectará el normal funcionamiento del transporte público y diferentes actividades.
La hoja de ruta de las protestas comenzará con una movilización, a partir de las 15, a la plaza del Congreso para impulsar el reclamo semanal de la mesa coordinadora de jubilados, que exige un aumento de emergencia para los haberes, cuyo monto mínimo es hoy de $285.820, más un bono de $70.000. Como todos los miércoles, se improvisará un escenario en la plazoleta, aunque no está previsto que se suban allí los referentes sindicales. La intención es simbolizar el respaldo de la central obrera peronista a la demanda de los jubilados.
Este 13 de abril hay elecciones en Santa Fe y por eso muchos se preguntan qué se vota en la provincia este fin de semana.
A diferencia de lo que ocurre este año en otras jurisdicciones o a nivel nacional, la primera instancia de las elecciones en Santa Fe serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), paso previo a los comicios generales del 29 de junio.
La Cámara de Apelaciones porteña rechazó un amparo presentado por representantes de la CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones sociales, que buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en manifestaciones dentro de la Ciudad. Esta decisión de la justicia porteña surge un día antes de la marcha de jubilados que tendrá lugar este miércoles con el apoyo de las tres centrales obreras.
Esto ocurre luego de una apelación del gobierno de Jorge Macri a un fallo del juez Roberto Gallardo, quien en primera instancia había hecho lugar parcialmente a una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo porteño a asumir de forma exclusiva la coordinación del operativo de seguridad para la marcha de jubilados de este 9 de abril. El Congreso ya está vallado y Bullrich buscará aplicar el protocolo antipiquetes.
Si hay una fibra sensible para Javier Milei, y para todo el Gobierno en general, se llama Karina Milei. En la Casa Rosada comenzaron a advertir que en la ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) medirá sus fuerzas con Pro, habrá una “campaña sucia” donde los amarillos buscarán demonizar a la hermana del Presidente.
“La campaña de Pro va a ser pegarle a Karina, sabemos que es así; van a hacer una campaña sucia contra ella y es porque quieren defender sus negocios”, dijo un importantísimo colaborador en la sede de gobierno. Lo curioso es que Pro, del otro lado, lanzó días atrás una convocatoria pública reclamando una “campaña limpia” en la Capital Federal. María Eugenia Vidal, jefa de campaña de Pro, pidió durante un acto oficial que las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo sean un “ejemplo” y advirtió que el espacio de fundó Mauricio Macri va a rechazar cualquier información falsa y maliciosa sobre los candidatos. El foco de atención en Uspallata está puesto en las milicias digitales de los libertarios, capaces de instalar conversación.
Sin la mayoría absoluta que exige la Constitución para aprobar una reforma electoral, la Casa Rosada decidió dar marcha atrás y pidió la suspensión sin fecha de la sesión convocada para mañana en el Senado para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, que impide ser candidatos a cargos electivos y funcionarios de la administración pública nacional a quienes tengan una condena por delitos vinculados a casos de corrupción confirmada en segunda instancia.
La suspensión fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), que había sido quien había rubricado la convocatoria a la sesión finalmente frustrada. La vicepresidenta Victoria Villarruel siguió las negociaciones desde su despacho y abandonó el palacio legislativo una hora antes de que se cristalizara la postergación.
Por Laura Di Marco
Los hermanos contra los primos en la ciudad y el hijo contra la “madre” política en la provincia de Buenos Aires. La política se ha vuelto una novela turca en la Argentina encarnada en dos elecciones que parecían triviales, pero que hoy devinieron batallas cruciales que podrían definir, incluso, el futuro del gobierno de Javier Milei.
Hay que convenir que Kicillof resultó más audaz que el apichonado Alberto Fernández, pero que su jugada de supervivencia roza, al mismo tiempo, lo temerario.
En su segundo golpe consecutivo al Gobierno luego de que el Senado le rechazara los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema la semana pasada, la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar la creación de una comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que tuvo al presidente Javier Milei como su primer promotor y ahora es investigado en los tribunales de la Argentina, Estados Unidos y España.
El resultado de la votación fue contundente: el proyecto cosechó 128 votos positivos frente a 93 negativos (principalmente del oficialismo, Pro y la UCR) y 7 abstenciones. Por tratarse de una comisión a desempeñarse exclusivamente en la Cámara de Diputados, no es necesaria la aprobación del Senado. Según el proyecto, la comisión debería reunirse por primera vez, para su constitución, el 23 de abril próximo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que llegó a un acuerdo con las autoridades argentinas por US$20.000 millones en un período de 48 meses. Según el comunicado, el Staff Level Agreement está sujeto a la aprobación del directorio, que se reunirá el viernes para tratar este tema.
Tal como anticipó , el board del FMI tenía previsto reunirse este viernes para tratar u informe de Estabilidad Financiera Global, su Monitor Fiscal y su informe de perspectivas económicas (World Economic Outlook), con lo cual solo restaría incorporar el tema en el sumario del encuentro.
Tras el diálogo con senadores de diferentes bloques, el oficialismo comunicó la postergación de la sesión de mañana, que buscaba tratar el proyecto de ficha limpia, que ya obtuvo media sanción en Diputados. La sesión estaba convocada para las 11 del miércoles.
Asimismo, los senadores enviaron una nota a la titular del Senado, Victoria Villarruel, donde solicitaron el aplazamiento de la sesión por dos motivos. Primero, por “los posibles inconvenientes que pueden generar las acciones que lleven adelante las asociaciones gremiales”. Segundo, porque para este tipo de proyectos “se requiere de una mayoría calificada para su aprobación”.
También solicitaron que se considere una nueva fecha para “lograr una verdadera y segura discusión de la ley en consideración”.
En vísperas del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, le quitó peso a la falta de adhesión del poderoso gremio de colectiveros Unión Tranviarios Automor (UTA). “No va a tener impacto. Los colectivos van a estar vacíos porque los trabajadores no van a ir a trabajar”, declaró en LN+.
La medida de fuerza paralizará los servicios ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y transporte de cargas por 24 horas. Es por ello que la UTA sufrió grandes críticas por no acoplarse al paro. La decisión surgió por diferencias con la conducción de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), comandada por el portuario Juan Carlos Schmid.
“Indudablemente es una decisión soberana del gremio de UTA por su realidad interna. Y nosotros eso lo respetamos. De cualquier manera, lo importante es que la gente no vaya a trabajar y los colectivos vayan vacíos como en el paro del 9 de mayo”, detalló Rodríguez.
Por Javier Fuego Simondet
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, deberá sortear un Senado provincial adverso si desea que avance su proyecto de suspensión de las elecciones PASO (que presentó el lunes junto al anuncio de desdoblamiento electoral). En minoría en ese cuerpo legislativo y también dentro del bloque de Unión por la Patria, necesitaría votos de las bancadas opositoras compuestas por macristas, radicales y libertarios que, según señalan en esos campamentos, aún no recibieron contactos para sumar sus manos a la intención del gobernador.
La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado, está a cargo del operativo. A Kicillof le responde una pequeña porción del bloque de 21 senadores de Unión por la Patria, que conduce Teresa García, alineada con Cristina Kirchner. Son tres senadores (que algunas fuentes estiran hasta cinco); el resto es mayoritariamente cristinista y, en menor medida, massista. El bloque de Pro tiene nueve integrantes; el de UCR + Cambio Federal, ocho; la bancada libertaria oficial cuenta con cuatro, y la disidente, con tres. En un monobloque, está Joaquín de la Torre.
El oficialismo postergó la sesión del proyecto ya aprobado en Diputados, que busca que aquellos condenados en segunda instancia por corrupción no puedan postularse a cargos públicos. El motivo detrás de la decisión sería la falta de garantía de tener los 37 votos necesarios para su aprobación -debido a que este tipo de leyes requieren de mayoría absoluta-, confirmaron fuentes de Pro y el radicalismo a .
Estos bloques opositores adhirieron a la movida del oficialismo, el cual corría el riesgo de no conseguir quórum y, por ende, que la iniciativa no pueda tratarse hasta el año que viene.
Un nuevo fallo de la Cámara de Casación determinó que los condenados por delitos de narcotráfico no podrán tener salidas anticipadas de prisión. El fallo plenario respaldó la constitucionalidad de la Ley Petri, cuya autoría corresponde al ministro de Defensa.
La decisión del tribunal surgió luego de que dos jueces declararan inconstitucional la ley en el caso de Carlos Hernán Beati, condenado a seis años de prisión por tráfico ilegal de estupefacientes. La decisión generó la indignación del Gobierno y la encargada de expresarlo en ese entonces fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se refirió al fallo como “un grave retroceso”. Hoy la titular de la cartera celebró el nuevo fallo.
El nuevo golpe legislativo pegó de lleno al Presidente: con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados avanzó en la creación de una comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, difundida por Javier Milei desde su cuenta de X.
La oposición logró quorum con lo justo, luego de un arduo trabajo del oficialismo por hacer caer la sesión. Incluso diputados que responden a gobernadores dialoguistas habilitaron el debate y respaldaron la iniciativa. Los votos positivos los aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempe, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la mayoría de los legisladores de Encuentro Federal. Pro rechazó en bloque el proyecto, al igual que La Libertad Avanza, y en la UCR solo Julio Cobos apoyó la norma.
Por Ignacio Grimaldi
La actualidad atravesó por completo a la última reunión de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA). En el plano local, la principal central fabril del país expresó “preocupación” por el paro de la CGT que comenzará mañana y se prolongará durante todo el jueves. Pero el contexto internacional también encendió las luces de alarma entre los empresarios con el nuevo escenario global alimentado por los cambios arancelarios aplicados por EE.UU.
Una de las consecuencias directas de los cambios globales, indicaron, es que el sector textil “podría tener un impacto negativo mucho mayor del esperado” al imaginado cuando el Gobierno redujo los impuestos a la importación.
“La UIA se manifestó preocupada por la realización de nuevo un paro general de actividades y su impacto en los sectores de la economía”, señaló el comunicado de la central fabril. A propósito de sus consecuencias, aún no se conoce las pérdidas que generará la medida sindical, pero, en mayo del año pasado, cuando la CGT realizó el último paro, el Gobierno las estimó en US$520 millones.
Con 131 votos afirmativos, 96 negativos y cero abstenciones, se aprobó el proyecto que cita para la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Economía, Luis Caputo, al de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, por el caso $LIBRA.
La comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda comenzará a funcionar un día después de que los cuatro funcionarios sean interpelados en la Cámara de Diputados.
También se aprobó el pedido de informes al Poder Ejecutivo, cuyo dictamen de mayoría tenía las firmas de diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y la izquierda. Esta iniciativa obtuvo 135 afirmativos, 84 negativos y siete abstenciones. La solicitud es escrita y contiene más de 70 preguntas.
Pese a los esfuerzos del Gobierno por desarticular la sesión, la iniciativa tuvo 128 votos afirmativos, 93 negativos y siete abstenciones.
La oposición había logrado el quórum con 130 diputados presentes en sus bancas, con asistencia casi perfecta de Unión por la Patria, a los que se sumaron Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda. También se hicieron presentes los diputados que responden a los gobernadores Martín Llaryora, Raúl Jalil y Gerardo Zamora.
Los bloques tienen hasta el viernes 11 para proponer los integrantes de la comisión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, tiene hasta el 15 del mes para firmar la resolución con la integración de la comisión investigadora, y que se cite para el 23 de abril a la primera reunión constitutiva.
La aprobación de la iniciativa representa un duro golpe para el Gobierno luego de que el Senado rechazara la semana pasada los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, candidatos para la Corte Suprema presentados por Javier Milei.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, afirmó que la comisión busca “avasallar otro poder” y decirle a los jueces “qué tienen que hacer”. “Le sigue molestando al kirchnerismo que a la Argentina le vaya bien”, reclamó.
“No sabemos qué vamos a investigar, pero es probable que algunos lo voten. Pero como les gusta la honorabilidad, espero que mañana en el Senado voten Ficha Limpia”, añadió.
“Para tapar la estafa cripto, recurrieron a meter jueces en la Corte por decreto; para tapar ese escándalo pidieron que renuncie el gobernador [Axel Kicillof] o se intervenga la provincia de Buenos Aires; y para tapar eso, el Presidente dijo que iban a mandar una ley para aprobar el acuerdo técnico con el FMI”, aseguró, y agregó: “¿Cuánto vamos a tardar en conformar una mayoría? Nadie en un año y medio ni siquiera se animó a venir acá como el ministro de Economía, Luis Caputo».
El diputado también mencionó al canciller Gerardo Werthein y aludió a otros funcionarios que, argumentó, deberían presentarse a las comisiones que el oficialismo tiene “cerradas bajo siete llaves”.
El diputado de Democracia para Siempre apuntó contra la legisladora de Pro, quien aseguró que quienes impulsaban la comisión investigadora buscaban un exceso de atribuciones. Por ello, Fernando Carbajal pidió la interrupción a su exposición. “Es para hacerle una aclaración a la diputada que se ve está muy ocupada y no tuvo tiempo de leer los dictámenes y viene a improvisar. La propuesta de la comisión investigadora no es de Unión por la Patria, es de Democracia para Siempre, y si usted tiene algún cuestionamiento a nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, atrévase a darnos el contraargumento y discutirnos a nosotros, no nos quiera borrar del medio”, apuntó.
Y agregó: “Porque a esta altura ya me resulta sospechosa esta defensa que quizá no sea política, sino que en realidad están defendiendo las acreencias obtenidas. Quizás están defendiendo negocios propios. Tenga el respeto de reconocer quiénes son las autoridades de los proyectos y respóndanos, y sino cállese la boca y deje de mentir en este recinto”.
La diputada de Pro, Silvana Giudici, sostuvo que el dictamen de mayoría busca “el exceso de facultades”. “No hay una legislación que regule estas comisiones, no se establecen límites claros y la actuación de estas comisiones en la historia incurrió a un exceso de sus atribuciones”, agregó.
Para la legisladora, el dictamen busca adjudicarse una “atribución del Poder Judicial” al buscar “determinar el grado de participación y responsabilidad política del Presidente y demás funcionarios en un supuesto hecho delictivo”. Además, afirmó que “no hay un reglamento establecido” y que la oposición impulsora de la comisión busca “generar un poco de ruido y show”.
“El Gobierno, que bajó la inflación y la pobreza, hoy tiene que enfrentar bajo un discurso de supuesta defensa de la institucionalidad, una estrategia de mellar sistemáticamente cada uno de los logros a partir de escándalos, gritos, denuncias y nunca por el camino constructivo de ponerse la Argentina al hombro”, sumó.
El jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que no hay que adelantarse a decir que el escándalo de la memecoin no generará un “perjuicio”. También aseguró que desde el bloque votarán por la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, un día antes de la sesión programada para que presente su informe en la Cámara baja.
“Los buffets de abogados que están aglutinando perjudicados seguramente cuando los tengan y promuevan las acciones de responsabilidad civil van a venir por el Estado argentino, a tratar de resarcirse de esa operación fraudulenta del Estado argentino. Van a venir por nosotros, por el Presidente y las responsabilidades económicas que pueden terminar en un perjuicio económico para el Estado argentino”, sostuvo.
Pichetto reclamó que la gestión libertaria “no dio ninguna explicación coherente”. También se refirió a los pedidos de informe que realizó el bloque y pidió respuestas de parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central y principalmente de Guillermo Francos. “Necesitamos que venga el jefe de Gabinete, pero no con el engaño. Tiene que venir a ser interpelado. La Cámara tiene una larga historia de interpelaciones”, señaló.
“Vamos a votar la interpelación del jefe de Gabinete, no para que venga a hacer el informe, sino para responder las preguntas del tema $LIBRA un día antes”, agregó.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, defendió la creación de una comisión investigadora durante su exposición en la sesión y sostuvo que el caso $LIBRA significó que Milei “utilizó su investidura para legitimar públicamente un esquema que perjudicó a miles de personas y la credibilidad de la Argentina”. “Por más que quieran vaciar, degradar o hacer irrelevante esta sesión y la decisión que vamos a tocar acá, es nuestra responsabilidad ejercer ese poder de contralor que tiene el Congreso, corriéndonos de las triquiñuelas y las vueltas carneros en el aire de muchos republicanos institucionalistas temporales que están hoy en el Parlamento”, detalló.
El diputado mencionó el “patrón de conducta, oscuridad, opacidad y patrimonialismo que atraviesa muchas decisiones de este Gobierno”. “Lo sucedido revela una concepción patrimonialista del poder, que es una forma de ejercicio de la autoridad presidencial donde se confunde lo público y lo privado permanentemente de manera deliberada”, analizó.
En su segundo golpe consecutivo al Gobierno luego de que el Senado le rechazara los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema, la oposición en la Cámara de Diputados logró este mediodía alcanzar con lo justo el quorum para debatir la creación de una comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que tuvo al presidente Javier Milei como su primer promotor y ahora es investigado en los tribunales de la Argentina, Estados Unidos y España.
El quorum se alcanzó con 130 diputados presentes en sus bancas. Pese a su estado de convulsión interna, el bloque de Unión por la Patria tuvo asistencia casi perfecta -se ausentaron por enfermedad 3 de sus 98 integrantes-, a los que se sumaron los restantes bloques convocantes: Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda.
Por Ignacio Grimaldi
A contramano de lo que pregona el libreto del Gobierno, esta noche funcionarios de Vialidad firmarán el fin de la concesión en manos privadas de la “ruta del Mercosur” y su primer efecto será una especie de estatización. Se termina el contrato con el consorcio Caminos Río Uruguay (Crusa) y a partir de mañana el Estado se hará cargo de las obras de mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y facilitan el comercio con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Esta situación pone de manifiesto la demora del Ejecutivo en el lanzamiento de la licitación que había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni. Incluso, Vialidad había brindado detalles sobre ese trabajo. “La convocatoria para esta etapa se lanzará en diciembre de 2024, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025″, explicó un comunicado oficial. Sin embargo, eso no ocurrió.
Fuentes oficiales explicaron a que proyectan para septiembre el ingreso de la nueva concesión privada. Hasta tanto eso no se produzca, Vialidad se hará cargo de la operación y mantenimiento de “la ruta del Mercosur”, tal como había adelantado este medio. Es decir, realizará bacheo general, corte de pasto, servicio de acarreo, centro de atención al usuario, entre otras tareas.
El referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, habló acerca del anuncio de Kicillof sobre el desdoblamiento de las elecciones legislativas provinciales. En esta línea, Galmarini declaró: “Massa nos pide que sigamos trabajando para mantener la unidad, lo que tenemos que pensar es construir una alternativa para ganarle a Milei y terminar con un gobierno que sigue ajustando y profundizando problemas”.
Tras ello agregó: “Nuestra mirada requiere de un peronismo, una oposición, lo más unida posible para enfrentar esta estructura alocada a la que nos ha acostumbrado este gobierno”.
En este sentido, el actual director del Banco Provincia afirmó: “No me parece que haya una ruptura, Axel ha tomado una decisión que ha generado mucha ida y vuelta, con muchas diferencias, pero ya está resuelto”.
Para finalizar, reafirmó la postura del Frente Renovador de cara a las elecciones legislativas: “Vamos a trabajar hasta el último día para intentar construir un acuerdo e ir lo más sólidos y juntos posibles para enfrentar a Milei”.
Por Hernán Cappiello
La Unidad Fiscal AMIA pidió juzgar “en ausencia” a diez prófugos por el atentado contra la AMIA, incluidos los exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional.
La Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Sebastián Basso, requirió la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal que permite que se lleve a cabo el juicio aunque los imputados no estén, se los haya declarado rebeldes y tengan pedidos de captura internacional.
Aquellos a quienes se pretende enjuiciar están acusados de haber sido autores y partícipes en la planificación, ejecución y apoyo del atentado terrorista cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Basso hizo el pedido al juez federal Daniel Rafecas sobre la base de la nueva Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia de los acusados declarados rebeldes.
Luego de que los mercados financieros internacionales atravesaran una caída histórica, hoy el verde vuelve a aparecer en las pantallas. Aunque China decidió subir la apuesta y prometió “luchar hasta el final” contra los aranceles de Estados Unidos, con nuevas represalias si es que mañana entra en vigencia una alícuota adicional, por el momento las principales Bolsas del mundo se toman una pausa y rebotan. Ese envión también llega a la Argentina, donde las acciones trepan hasta 8% en el exterior.
En las primeras negociaciones del día, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan al alza: la rueda es liderada por Mercado Libre (+8,2%), Banco Supervielle (+7,9%), Banco Macro (+7,9%), Grupo Financiero Galicia (+5,4%), Pampa Energía (+5,4%) y Central Puerto (+5,2%).
“El mercado internacional muestra una elevadísima volatilidad estos días, producto del ida y vuelta en materia de aranceles a importaciones de Estados Unidos sobre otros países. Las ruedas del jueves y viernes pasado mostraron pérdidas que no se veían hace años, mientras que la jornada del lunes fue altamente volátil. En la mañana de este martes, si bien suben los futuros de los principales índices de acciones, la volatilidad no se ha ido, evidenciado esto en los niveles del índice VIX [también conocido como el “índice del miedo”]. Hacia adelante, será clave ver cómo se resuelve finalmente la tensión y el paradigma de comercio que quede tras ellos”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.
La industria argentina del vino sigue minuto a minuto la situación derivada de la imposición de aranceles realizada por Donald Trump. Con el 26% de los envíos de vinos fraccionados, Estados Unidos es el principal destino de esa exportación. Que los competidores directos de la Unión Europea (Francia e Italia) afronten un arancel del 20% es un consuelo a medias, porque los actores del sector advierten que se intensificará la competencia en otros mercados. “Que se encarezca un producto nunca es motivo para celebrar”, insisten.
Distintas fuentes consultadas por coincidieron en que Estados Unidos, principal productor y consumidor de vinos del mundo, es el mercado en el que se concentran las expectativas de crecimiento. Antes del anuncio de Trump, los espumantes ya pagaban 19 centavos de dólar por litro; seis centavos los vinos fraccionados y 14 centavos el vino a granel.
Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, repasa que la imposición de aranceles “implica menos volumen de comercio internacional. No hay lado positivo en ese contexto. Es cierto que la UE, que representa el 60% de las importaciones de vinos de Estados Unidos paga más, pero no hay que perder de vista que habrá un golpe en la economía doméstica y eso tendrá su implicancia en la demanda de importaciones”.
Esta noche, el expresidente Mauricio Macri estará presente en la cena anual de la Fundación Pensar, el think tank de Pro, que lidera la diputada nacional María Eugenia Vidal, jefa de campaña en la Ciudad.
El evento se hará en La Rural y entre los invitados se encontrará también el exmandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, quien mantendrá una charla en vivo con Macri.
Además irán el jefe de Gobierno, Jorge Macri; la primera candidata oficialista, Silvia Lospennato, y empresarios. La apertura del encuentro estará a cargo de Vidal.
Convencido de que la división entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires hará “competitivo” al kirchnerismo, el expresidente Mauricio Macri, ahora titular de la fuerza amarilla, salió a defender la gestión de su primo Jorge Macri y hasta intentó explicar qué pasa con la higiene urbana, en medio de las críticas que recibe la actual administración porteña por ese tema.
En tanto, afirmó no ver en la Argentina “un nivel de inversión importante” debido a que el Gobierno no terminó de despejar la posibilidad de que la fuerza que comanda Cristina Kirchner retorne al poder y se volvió a quejar de que el presidente Javier Milei no haya cumplido “nada” de lo que charló con él cuando se juntaban a comer milanesas en Olivos. “El entorno lo manipuló”, aventuró Macri.
En varias oportunidades, el exmandatario aclaró que no se siente “opositor” a la Casa Rosada porque son las mismas ideas que tenía cuando estaba en el Ejecutivo nacional. Además de destacar el apoyo que Pro le dio al oficialismo en el Congreso, Macri adelantó que no piensa cortar con ese acompañamiento pese a las críticas que recibe de parte del mundillo libertario.
El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que había ordenado que, en lugar de las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad se hiciera cargo del operativo de seguridad en la manifestación de jubilados de este miércoles. Ya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó ayer no acatará la decisión del magistrado porque ese es su “deber”.
A través de la Procuración General, la Ciudad solicitó además que su pedido se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su tratamiento antes de la marcha y movilización anunciada para mañana. En tanto, confirmó que la Policía porteña trabajará con Nación en el operativo.
Jorge Macri, jefe de Gobierno.Nicolas Suarez
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo que se va a garantizar la seguridad en el centro porteño. “Una manifestación es un fenómeno dinámico; imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, sostuvo.
Por Alfredo Sainz
El terremoto que viven los mercados financieros todavía no se siente con fuerza en las góndolas, aunque si los dólares paralelos siguen subiendo, en el sector nadie se atreve a asegurar que no se producirá un traslado a los precios de los alimentos.
De acuerdo con relevamientos privados, en los primeros días de abril se habría acelerado el ritmo de los aumentos en los productos de la canasta básica. La consultora LCG informó que en la primera semana de este mes los alimentos tuvieron un incremento promedio del 0,8%, mientras que para Equilibra la suba semanal se ubicó en el 1 por ciento. Por su parte, Analytica informó una variación del 0,4% en los precios de los alimentos y bebidas en el AMBA.
En todos los casos, igualmente, los datos no se pueden extrapolar al resto del mes, ya que la dinámica del sector todavía está regida por una primera semana en la que se concentran las nuevas listas de precios que los proveedores les envían a los supermercados.
Por Juan Gallarino
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se negó el domingo por la madrugada a una prueba de alcoholemia durante un control en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Fuentes consultadas por afirmaron que el hecho se produjo a la 1 de la mañana en el peaje de Dock Sud.
El funcionario manejaba un auto oficial -un Volkswagen Vento gris cuando fue parado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Al no contar con un conductor alternativo, un funcionario de Autopistas de Buenos Aires lo trasladó hasta su domicilio en la ciudad de Quilmes. La Justicia será la que determine el plazo de inhabilitación que se le dispondrá al ministro para conducir vehículos. Deberá pagar una multa de 1,7 millones de pesos.
Acta de infracción a Carlos Bianco
Desde el entorno de Bianco habían dado otra versión. Dijeron que el funcionario bonaerense no se negó al control, pero evitaron la consulta específica sobre si se sometió o no al test de alcoholemia: “Ante el control, Bianco pidió no ser filmado en el proceso, que directamente se le haga el acta y pagar la contravención. Eso es legal. Asumió lo que estaba pasando y eligió pasar directamente al acta. Prefirió pagar antes que haya un video dando vueltas”.
Más tarde, logró contactarse con Bianco, quien explicó los hechos: “Me pararon en un control el sábado. Yo no había tomado. Incluso venía de varias reuniones políticas durante la misma jornada, que fueron una locura. Uno tiene derecho en esos casos a hacer el control y aceptar la boleta. Y fue lo que hice. ¿La razón? Había gente filmándome en ese momento. Me gritaban “ministro, ministro”. Le dije al agente que me hiciera el acta directamente. No me quería exponer”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Patricia Bullrich, denunció hoy al juez Roberto Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y anunció que, pese a lo ordenado por el magistrado, va a actuar en la movilización anunciada para el miércoles próximo porque ese es su “deber”.
El ministerio de Bullrich acusó a Gallardo de mal desempeño, por haber ordenado que las fuerzas federales se abstengan de intervenir en operativos sobre esa manifestación, citada frente al Congreso.
Ayer, Gallardo ordenó que la Policía porteña custodie la marcha de jubilados y corrió a las fuerzas de Bullrich. El magistrado aceptó un pedido de gremios para limitar el área de acción de los efectivos federales y justificó el fallo en que existe un “riesgo cierto” de lesiones si ellos intervienen.
La orden obedece a que las fuerzas federales que conduce la ministra actuaron -según los gremios que promovieron la acción judicial- “de forma ilegal, frente al ejercicio del derecho constitucional de protesta”. Puntualizaron que en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo y fueron detenidas 114 personas, se produjeron hechos de represión en exceso de las previsiones legales.
El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la creación de una comisión que tendrá a su cargo el análisis del traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 179/2025, se basa en los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de diciembre pasado referido a los alcances de la autonomía jurisdiccional porteña.
La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio de Justicia porteño, y tendrá seis meses desde su conformación para elaborar una propuesta sobre la transferencia. Estará presidida por Marcelo Javier Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales designados son Alberto Andrés Nanzer, Pablo Alejandro González y Mariano Luis Loprete. La Ciudad de Buenos Aires deberá nombrar a cuatro representantes para completar la composición del cuerpo.
El texto de la normativa indica que la medida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía política, legislativa, jurisdiccional y administrativa porteña, y en diversos convenios de transferencia progresiva de competencias judiciales firmados en los años 2000, 2004 y 2017. La resolución también cita como fundamento las decisiones de la Corte Suprema en casos anteriores en los que el máximo tribunal sostuvo que la presencia de la justicia nacional ordinaria en CABA debe interpretarse como de carácter transitorio.
Luego de un lunes de alta volatilidad como consecuencia de la guerra comercial encabezada por Estados Unidos y el arancelamiento a más de 100 países anunciado por el presidente Donald Trump, los mercados financieros globales parecen ingresar a la jornada del martes 8 de abril con fuertes expectativas de recuperación en Asia, y así lo demostró el alza con la que inició la jornada Japón.
La decisión de Trump de imponer un arancel base del 10% sobre todas las importaciones -con tasas aún más altas para países con superávits comerciales frente a EE.UU.- provocaron un desplome generalizado en los mercados internacionales durante el lunes, y en especial después de que China respondiera con medidas similares.
Casi tres meses después de su nombramiento, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la designación de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). El funcionario había sido designado a mediados de enero en reemplazo de Ignacio Yacobucci, a quien echaron por realizar “gastos abultados” que él negó.
La medida fue plasmada en el Decreto 256/2025, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “El cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible la designación de su nuevo presidente en forma inmediata”, explicaron.
Por Mariano Spezzapria
Axel Kicillof ya no podía dar marcha atrás. Había comprometido a demasiados intendentes como para dejarlos a la interperie. O lo que es lo mismo, expuestos a la furia kirchnerista. Pero lo cierto es que el gobernador confirmó que tiene pretensiones de liderazgo en el peronismo, al plantarse frente a quien lo amadrinó desde su surgimiento en la vidriera política grande.
“Terminar con esta dilación es un paso adelante”, aseguró un axelista de la primera línea mientras su jefe fijaba el 7 de septiembre para las elecciones provinciales y ratificaba lo que, desde hace meses, se especulaba en su entorno: que avanzaría con el desdoblamiento pese a que Cristina Kirchner pedía que los comicios fueran concurrentes con los nacionales, el 26 de octubre.
Por María José Lucesole
La convocatoria a elecciones anticipadas el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires generó un tembladeral político. En primer lugar, entre los exsocios de Unión por la Patria que leyeron en el decreto del gobernador Axel Kicillof un gesto de escisión de cara a 2027. Cristina Kirchner interpretó que “rompió todo”. Desafiará públicamente al gobernador al insistir con una ley que llame a elecciones concurrentes el 26 de octubre bajo el lema “ley mata a decreto”.
Kicillof firmó el decreto sin acuerdo interno. De este modo llevó a fondo la tensión con Cristina y La Cámpora, que se opusieron a desdoblar. “Se había acordado continuar el diálogo y luego nos enteramos del desdoblamiento. Hoy hay tres elecciones. Nuestra mirada es que se tiene que votar una sola vez”, dijo Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados de UP. “Aún creemos que lo mejor es votar un sólo día. Y puede salir por una ley iniciada en el Senado, porque la ley modifica el decreto”, dijo a el dirigente cercano a Máximo Kirchner.
Por Luciana Vázquez
El gobierno de Javier Milei atraviesa una tormenta crítica de nivel inédito en los casi catorce meses que lleva la presidencia libertaria. A las incertidumbres made in Argentina de siempre, que giran en torno al precio del dólar y la inflación, el acuerdo con el FMI y los manoseos a la letra chica de la institucionalidad política, se agrega un frente fuera del control de cualquier gobierno argentino, pero determinante: la nueva política de tarifas que anunció Donald Trump. Un cambio del orden comercial global, que además impacta en la organización política multilateral del mundo.
Cualquier cálculo argentino de la incertidumbre macroeconómica y política queda chico en ese salto internacional de escala de la incertidumbre. Desde el miércoles 2 de abril, el “Liberation Day” de Trump, Milei se encontró de frente y sin airbag con la pandemia global que puede condicionar su gobierno de forma crítica: el virus de pandemia proteccionista diseñado en el laboratorio económico de Trump. Otra vez, el desorden mundial pone en lados opuestos al aliado clave de Milei y a China, un socio comercial central y acreedor ineludible de la Argentina.
En plena carrera hacia las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de Propuesta Republicana (Pro), Mauricio Macri, reconoció que, a pesar de sus idas y vueltas con Javier Milei, aun tiene puntos con algunos aspectos de la política económica del gobierno nacional, aunque también marcó claras diferencias. Por un lado consideró que el rumbo económico “es el correcto”, pero cuestionó que al Presidente “no lo cuidan” y le recomendó “conquistar la confianza”.
«El rumbo económico es el correcto, por eso me cuesta considerarme opositor al Gobierno. Mis ideas están reflejadas pero creo que hay ideas de mejora enormes en el método y en el fortalecimiento institucional. Tenemos que volver a conquistar la confianza como valor, que no se logra sólo equilibrando la macro“, sostuvo el expresidente de la nación entre 2015 y 2019.
El vocero presidencial Manuel Adorni habló este lunes por la noche de cara a las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. En una entrevista que le concedió a LN+, y en calidad de candidato por La Libertad Avanza (LLA), explicó los motivos por los que el oficialismo fue separado del Pro en territorio porteño y dijo que el espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri está en “proceso de desintegración”. “Son procesos políticos y no mucho más”, resaltó.
En diálogo con Luis Majul, Adorni sostuvo que el principal diferencial entre el Pro y LLA en Ciudad es “la agenda”. “Con ellos [el Pro], hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda. Hay temas como la Ley Bases en las que no coincidimos. Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”, sentenció.
POLITICA
Claudio “Chiqui” Tapia pidió anular su citación a declarar como sospechoso de evasión

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reclamó anular su citación a prestar declaración indagatoria como sospechoso de evasión fiscal ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, que estaba prevista para el 5 de marzo.
Amarante había citado a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, en una causa por evasión pues la ARCA les reclama 19.000 millones de pesos en aportes patronales e impuestos.
Tapia presentó hoy un escrito en el juzgado con el patrocinio de su abogado Lucio Simonetti. En su presentación, el titular de la AFA sostuvo que la citación a declarar “vulnera gravemente las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.
El abogado dijo que declarar sin que se resuelva una apelación pendiente podría anular todo el proceso, pues aún resta que la Cámara en lo Penal Económico (Sala A) resuelva si corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito.
Tapia planteó una “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta”, argumentando que el hecho investigado no constituye un delito, lo que el juez rechazó y fue apelado en Cámara.
“Avanzar con la indagatoria en este contexto es un error procedimental grave”, dijo la defensa, y agregó que “la convocatoria cuestionada importa la consolidación formal del ejercicio de la acción penal contra mis defendidos mientras se encuentra sub judice la propia habilitación jurídica de dicha acción”.
Insistió en que la citación no es un mero trámite ni una recolección de pruebas y dijo que está en duda si la acción penal es lícita. “Forzar este paso procesal anticipado afecta el orden del expediente procesal”, argumentó Tapia, a través de su defensor.
El abogado del dirigente advirtió que “si el tribunal de alzada revocara la resolución impugnada y admitiera la excepción articulada, la indagatoria y las decisiones que de ella pudieran derivarse quedarían privadas de sustento jurídico”.
Tapia se quejó de que la indagatoria fue solicitada solo por ARCA y no el fiscal. Para la defensa, permitirle a la querella impulsar un acto que formaliza la imputación, en un escenario donde el fiscal no lo promovió y la acción penal en sí misma está bajo revisión de la Cámara, “implicaría desnaturalizar el diseño legal” del Código Procesal Penal y rompería el equilibrio entre las partes. Por eso pidió declarar la nulidad de la citación a indagatoria.
Amarante ya resolvió en esta causa aplazar la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo porque designó a Marcelo Rocchetti como su nuevo abogado. La AFA decidió llamar a un paro del fútbol la fecha que correspondía con la citación original a indagatoria del 5 y 6 de marzo.
Asimismo Tapia, y los demás dirigentes citados apelaron la prohibición de salida del país que les impuso Amarante, y el tema será resuelto por la Cámara de Apelaciones. Ya el juez permitió a Tapia viajar a Brasil y a Colombia a cambio de pagar una caución de 5 millones de pesos.
El juez además rechazó un planteo de Pablo Toviggino para realizar la declaración indagatoria mediante una videoconferencia, sin asistir en persona al juzgado de Retiro.
En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Toviggino, en tanto, pidió postergar su indagatoria para el 11 de marzo en lugar del 5 del mismo mes.
el juez en lo penal económico Diego Amarante,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,AFA,,Público visitante. Lanús festeja con invitados: el campeón de la Recopa venderá entradas para hinchas de Boca,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares
POLITICA
Miguel Ángel Pichetto se reunió con Cristina Kirchner e hizo un llamado a la unidad: “El peronismo tiene que perdonarse”

Después de múltiples fracturas y las derrotas históricas en las últimas elecciones que fortalecieron al gobierno de Javier Milei, el kirchnerismo quiere atraer los dirigentes peronistas que rompieron en el pasado reciente. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, un duro adversario de Cristina Kirchner desde que se reconvirtió como aliado de Mauricio Macri en 2015-2019, se reunió esta semana con la expresidenta en la residencia de San José 1111, donde cumple su condena.
Así lo confirmó este jueves la diputada Marita Velázquez, diputada nacional por “Principios y Valores”, en un acto donde estaba presente Pichetto junto al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Pichetto se reunió con Cristina. Necesitamos la unidad nacional de todos nuestros dirigentes. En la base los militantes peronistas quieren estos gestos”, reveló la legisladora morenista, ante la mirada del excandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio.
Esta vez, no hubo foto en el departamento de Constitución. La escenificación de la reconciliación se montó ayer en un encuentro militante de bajo perfil, titulado “Doctrina, Industria y Trabajo”, en el Abasto Hotel. Pichetto estuvo con otros dirigentes que también atravesaron sus discordias con CFK. Entre ellos, Guillermo Moreno, que resolvió sumarse a Fuerza Patria en las elecciones legislativas el año pasado. Dio ese paso, luego que Cristina fuera sentenciada a prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
El que tomó la voz cantante del mensaje de reconciliación fue Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El dirigente social, que tuvo como líder político y religioso al Papa Francisco, es uno de los exponentes de lo que denostó Pichetto en los últimos años, y contra lo que él denominaba como “ideas viejas del pobrismo” de la Iglesia. En otro contexto político adverso, el diputado nacional puso en segundo plano esas viejas rencillas y convocar a la unidad del peronismo.
“Hay que dar algunos pasos vinculados a nuestra doctrina peronista. Propongo tener misericordia con los compañeros que estuvimos distanciados, que nos peleamos, que tenemos diferencias. Un curita de 93 años me dijo que la misericordia es una acción política que atenta directamente contra aquel que quiere acumular todo”, esbozó “Gringo” Castro, dirigente del Frente Patriótico por la Justicia Social. Y ejemplificó: “Imagínense que a los movimientos populares nos pegaron de todos lados, porque quisimos armar un sindicato con trabajadores que no tenían derechos”. “Estamos en ese camino como nos decía Jesús, que no es fácil, hasta amar a tu enemigo”, completó.
Antes de subir al escenario, Pichetto se fotografió junto a una imagen de la Virgen de Luján, la patrona católica de la Argentina y coronada en el año ’53 en Plaza de Mayo por Perón, que tenía a su lado la imagen de San Brochero. “A este santo cordobés lo conozco bien, estuve en su pueblo y conozco su enorme obra”, largó el jefe del bloque en diputados Encuentro Federal.
Al momento de su intervención, Pichetto secundó al ex titular de la UTEP. “Quiero empezar con una reflexión que hizo el Gringo Castro. Habló de misericordia, una visión muy vinculada fuertemente a la religión. Yo prefiero agregarle la palabra perdonarnos. El peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar. Cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos, y nos está mandando a la miseria”, dijo el diputado, en un comentario que generó aplausos.
Pichetto instó a “dejar de hablar del pasado” y “de los errores que hemos cometido”, para empezar “a mirar el presente y el futuro, y la necesidad de construir una propuesta desde el peronismo junto al centro nacional para ganar las elecciones”, al ilustrar el ejemplo del presidente Lula da Silva en Brasil, con la última elección que le permitió ganar a Jair Bolsonaro. “Por eso el planteo es con todos, sin exclusiones. Cuando empezamos a discriminar o a mirar desde la visión del desencuentro, nos equivocamos”, planteó.
El auditorio contó con la presencia del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y otros dirigentes intermedios del peronismo que responden a la conducción de Guillermo Moreno. Entre ellos, los referentes de varios sindicatos como Horacio Valdés (Vidrio), Leonardo Fabre (ANSES), Diego Corvalán (Portuarios), y empresarios como Pablo Challú.
En lo programático, Pichetto volvió a cuestionar la reforma laboral que impulsó Milei y pidió «poner el foco en el trabajo y el salario, porque estos muchachos (por los libertarios) siempre van contra los trabajadores, jubilados, los que menos tienen, los discapacitados. En dos años de Milei perdimos 200 mil puestos de trabajo”. Es uno de los puntos con los que viene conversando, desde hace un año, con Guillermo Moreno. Sobre todo, comparten la preocupación respecto a China y las importaciones: “Debemos mantener relación inteligente, que no nos invadan con sus productos porque destruyen nuestra industria”.
“Todos nos hemos equivocado -continuó Pichetto-. El que no se haya equivocado, me parece que no pertenece a este mundo. Me parece importante construir un camino que tiene que ver con la unidad del peronismo y de la búsqueda también de un centro nacional productivista y capitalista. Esta es la consigna. Capitalismo productivo es la consigna. La búsqueda del trabajo como eje central para la vida, recrear las capacidades del pueblo argentino y la educación como valor».

“Viejo es el viento”
Las nuevas incorporaciones al peronismo opositor provienen de los antiguos lugartenientes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Mientras se producen fracturas en el Senado y en la Cámara de Diputados, Pichetto se reunió con CFK esta semana, como parte de un giro en la estrategia de ambos dirigentes luego de años de distanciamiento.
Antes, otro de los que había regresado a una alianza con el kirchnerismo fue Guillermo Moreno. Desde hace años, el ex secretario cuestionó el rumbo que adoptó el kirchnerismo y confrontó públicamente con el gobierno de Alberto Fernández.
Moreno habló antes que Pichetto durante el acto de este jueves, y destacó la visita del diputado a San José 1111. “Al tener razón debemos ser los últimos, tener misericordia y humildad como decía el Papa Francisco, por eso la actitud del compañero de ir a ver a una dama, viuda, y presa”. En todo su discurso, hizo foco en la inserción internacional del país y el “nuevo orden mundial”.
“El modelo de la década ganada se completó en 2012. No es que se agotó, se completó. Ahí había que hacer una decisión que fue de hierro, y la decisión tomada no fue la más feliz, porque entre el nacionalismo que estábamos expresando y la globalización, se optó por la globalización. Esta es la verdad histórica, y sobre eso tenemos que reconstruir la posibilidad de un modelo exitoso”, sostuvo.
Dos de los referentes de la vieja guardia del kirchnerismo reaparecieron juntos. Se muestran confiados para incidir en el rumbo del peronismo. Varios oradores enfatizaron en la fortaleza de “la doctrina”. El auditorio aplaudió con fuerza cuando se escuchó la definición de que “el peronismo no es viejo, ¡es lo más moderno que hay!“.
Pichetto, que fue 17 años espada legislativa de CFK, recalcula y desafía: “Tenemos experiencia para construir esta propuesta inteligente, que acumule una base electoral poderosa para derrotar este verdadera catástrofe. Por eso, les digo: viejo es el viento y todavía sopla”.
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POLITICA
¿Para qué quiere la República Argentina a las Fuerzas Armadas?

El 29 de septiembre de 1976, en la calle Corro, de la Ciudad de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas Argentinas ejecutaron un operativo militar abierto contra una célula orgánica de Montoneros. No fue un secuestro clandestino ni una “desaparición”: hubo tropas uniformadas, cerco del área, intercambio de disparos y resistencia intensa. Fue una operación militar visible; los combatientes montoneros no se rindieron: eligieron combatir hasta el final.
Sin embargo, casi cincuenta años después, quienes participaron de aquel operativo enfrentan hoy un juicio penal bajo la acusación de delitos de lesa humanidad. Esta sola circunstancia obliga a formular una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿para qué quiere la República Argentina a las Fuerzas Armadas si, cuando las emplea, décadas después juzga a sus integrantes como criminales?
El juicio, con inicio previsto para febrero de 2026, por los hechos de la calle Corro, se tramita bajo la carátula “Orihuela, Carlos Alberto y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado (delitos de lesa humanidad)” contra seis oficiales retirados del Ejército Argentino.
A los acusados, que al momento de los hechos revistaban como oficiales subalternos, se les imputa de modo idéntico cinco homicidios agravados y cuatro privaciones ilegítimas de la libertad agravadas vinculadas a personas detenidas y luego liberadas.
El episodio es calificado como delito de lesa humanidad por considerarlo parte de un “plan sistemático de represión ilegal”. La imputación incluye también la muerte de María Victoria Walsh, pese a que se produjo por suicidio, con el argumento de que el contexto del operativo habría anulado la posibilidad de autodeterminación.
Así, una operación de combate abierta, realizada por fuerzas legales contra una organización armada ilegal que resistió, se reinterpreta como un conjunto de crímenes imprescriptibles. Esta escena no obliga a discutir el pasado en clave sentimental, sino a pensar la República en clave racional.
Si la Argentina necesita Fuerzas Armadas, debe aceptar una verdad elemental: existen para ser empleadas en situaciones límite, cuando el Estado debe protegerse frente a amenazas graves. Para eso el Estado invierte recursos, las organiza, las forma, las equipa y las adiestra, con procedimientos orientados a cumplir la misión. Y si, después de emplearlas, las juzga retroactivamente como delincuentes, la pregunta reaparece: ¿para qué las quiere? Quienes reducen la calle Corro a un eslogan omiten lo esencial: Montoneros no era un partido político ni un movimiento pacífico, sino una organización armada, militarizada y entrenada en tácticas de combate, armas y explosivos, responsable de atentados y acciones violentas contra el Estado y la sociedad argentina. La carta de Rodolfo Walsh tras la muerte de su hija Victoria lo reconoce: ella era un “cuadro” con responsabilidades e instrucción militar.
Frente a ese escenario, el Estado decidió defenderse utilizando su instrumento militar: las Fuerzas Armadas. En toda república, el monopolio de la fuerza no es un privilegio arbitrario, sino una herramienta extrema para preservar el orden y la integridad del Estado cuando es atacado por medios violentos. Si la sociedad decide que el Estado no puede usarla, debe aceptar otra consecuencia: queda inerme frente a quienes sí están dispuestos a hacerlo. Podrá discutirse, con rigor, si existieron excesos o desproporciones, y eso debe analizarse a la luz de tácticas, procedimientos y principios propios de la conducción militar. Lo que no es razonable es convertir el acto mismo de defender al Estado en culpa penal, como si el uso de la fuerza estatal fuera, por definición, ilícito.
Conviene recordar, además, que la acción estatal contra Montoneros no se origina con el gobierno de facto: la organización ya había sido formalmente proscripta por un gobierno constitucional, lo que excluía toda presunción de legitimidad de su accionar armado y habilitaba al Estado a emplear la fuerza para neutralizar la amenaza. Esa ilegalidad es previa e independiente del régimen bajo el cual se ejecutó la operación.
El operativo se realizó en el marco de los decretos de aniquilamiento, del Código de Justicia Militar y de órdenes operativas que constituían el soporte normativo vigente. La legalidad es siempre temporal: el derecho penal republicano exige previsibilidad; nadie puede ser perseguido con reglas creadas décadas después ni con categorías inexistentes al momento de los hechos. Que la operación se haya desarrollado durante un gobierno de facto no vuelve automáticamente ilegítimos los actos del Estado.
La jurisprudencia de la Corte Suprema, especialmente tras 1983, sostuvo reiteradamente que la ilegitimidad de origen de un gobierno no implica la nulidad general de los actos estatales necesarios para preservar la continuidad jurídica y la seguridad, doctrina que reconoce antecedentes históricos como la Acordada de 1930. Si se acepta reescribir la ley hacia atrás, la República pierde su columna vertebral: el principio de legalidad. Cuando la legalidad se sustituye por un criterio moral o político retrospectivo, el juicio deja de ser justicia y se vuelve instrumento. Aquí está el núcleo del problema: se reinterpreta una operación de combate abierta como “lesa humanidad” por provenir del Estado, se diluye la condición armada del adversario y se la etiqueta como “masacre” desde el título. Así se borra la distinción entre fuerza legítima y violencia ilícita. El resultado es una paradoja: se le exige al Estado defenderse, pero después castiga al ejecutor que él mismo formó y ordenó actuar.
El debate sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interior expone la misma irresponsabilidad estructural: se reclama su participación frente a amenazas complejas —terrorismo, narcotráfico, control de fronteras—, pero se evita dotarlas de un marco jurídico claro. El fallido tratamiento del proyecto de ley sobre reglas de empeñamiento en la Comisión de Defensa lo dejó en evidencia: hubo consenso en la necesidad de emplearlas, pero no voluntad política para fijar reglas, límites y protección jurídica.
Sin reglas de empeñamiento, sin responsabilidades delimitadas y sin previsibilidad penal, el Estado traslada el riesgo al ejecutor. La calle Corro muestra a dónde conduce esa omisión: ayer fue la subversión; hoy puede ser en operaciones como la denominada Operación Roca; mañana, en cualquier otro escenario. La defensa nacional no se sostiene solo con armas, sino con decisión política, legitimidad jurídica, responsabilidad de mando y disciplina institucional. Ningún sistema de defensa funciona si el Estado hoy ordena actuar por la República y mañana redefine ese mismo acto como crimen: se erosiona la confianza, se paraliza la iniciativa y el servicio se vuelve un riesgo personal permanente. La República no puede reclamar Fuerzas Armadas eficaces y, al mismo tiempo, presumir criminal, por definición, el uso de la fuerza estatal.
La calle Corro obliga a una reflexión incómoda: una Nación que no sabe para qué quiere a sus Fuerzas Armadas termina quedándose sin ellas. No solo por falta de uniformes o armamento, sino porque ha vaciado de sentido, de respaldo jurídico y de autoridad al instrumento que dice necesitar. Si la Argentina pretende seguir siendo una República, debe recuperar una idea simple: el derecho existe para limitar el poder, no para reescribir la historia con criterios cambiantes. Cuando la legalidad se suspende porque el acusado es un militar, el problema ya no es el pasado, es el presente. Y una República que convierte en delito lo que ayer ordenó hacer corre el riesgo de no tener mañana a quién ordenar nada.
Santiago Sinópoli es Coronel (R) y abogado
Gabriel D’Amico es General de Brigada (R)
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