Cuando faltan tres meses para que comience el juicio oral contra Cristina Kirchner por el caso de “los cuadernos de las coimas”, la Cámara de Casación apuró al tribunal oral a cargo del proceso para agilizar las audiencias y que revise su criterio de hacerlas solo una por semana.

Esto es porque se trata de un megajuicio con 74 imputados y 626 testigos y los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli dispusieron que las audiencias se hagan por zoom y semanalmente, los jueves.

Con un debate de esta magnitud y a este ritmo era fácil prever que el juicio contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita duraría más de cinco años.

El reto a los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 corrió por cuenta de la Cámara de Casación Penal, que los levantó en peso.

Les dijo, en sendos votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que deben rever el criterio de hacer una audiencia semanal y que el sistema del juicio virtual desnaturaliza el proceso oral.

Todo comenzó porque uno de los acusados, el empresario Gabriel Romero, dueño del grupo Emepa, pidió revisar el criterio del tribunal acerca de que las audiencias se hicieran de manera virtual y una vez a la semana.

Los jueces del tribunal oral rechazaron su solicitud y Romero insistió con un recurso de casación, que fue rechazado por los mismos magistrados, con lo que Romero planteó un recurso de queja directamente.

Así, los camaristas Barroetaveña, Petrone y Gustavo Hornos, de la Sala I de la Casación, resolvieron en contra de lo que pretendía Romero, porque su recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o similar, pero le dieron la razón en cuanto a que el juicio iba a ser eterno.

El juez Barroetaveña escribió: “La rigurosidad de los requisitos impuestos a las partes para que las audiencias puedan llevarse a cabo de manera presencial y semipresencial, limita a nuestro entender el dinamismo inherente al debate oral y público”.

Rechazó la queja con costas para Romero pero dijo. “No obstante ello, habida cuenta de que el tribunal limitó la celebración de las respectivas audiencias a todos los jueves hábiles subsiguientes al 6 de noviembre del año en curso hasta su finalización, no sería ocioso que revise el criterio adoptado tomando en cuenta una más pronta finalización del juicio”.

Su colega Petrone también se sumó al correctivo y escribió que coincidía en rechazar el recurso pero con las siguientes consideraciones: “No puede dejar de recordarse que la utilización de plataformas virtuales para llevar adelante tales actos procesales debe ser siempre sopesada de modo tal que no cause una afectación a las garantías esenciales de la defensa en juicio del justiciable, entre las que se encuentra su derecho a comparecer ante el Tribunal”.

“De la misma manera, habré de coincidir con la observación efectuada por el magistrado preopinante en el último párrafo de su sufragio”, dijo en referencia a Barroetaveña cuando instó a los jueces del tribunal oral a que revean su criterio de sesionar una vez a la semana, los jueves.

El juez Hornos se limitó a rechazar el recurso.

Además de Cristina Kirchner, está acusado en este juicio Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación, que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Algunos funcionarios admitieron haber cobrado esas coimas y algunos empresarios confesaron haberlas pagado.

El caso fue revelado por una investigación periodística de . Será el segundo juicio oral que enfrente Cristina Kirchner después de su condena a seis años por fraude en la causa Vialidad.

El resto de los principales imputados son, entre los exfuncionarios, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Juan Manuel Abal Medina, José Francisco López, Oscar Alfredo Thomas, Claudio Uberti, Hugo Martín Larraburu, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón, Walter Rodolfo Fagyas. Hernán Del Río, Sergio Hernán Passacantando, Nelson Guillermo Periotti y Sandro Férgola.

Entre los empresarios se encuentran Carlos Wagner, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Juan Carlos De Goycoechea, Gerardo Luis Ferreyra, Osvaldo Antenor Acosta, Jorge Guillermo Neira, Carlos José Mundín.

También eran juzgados en este tramo Angelo Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Aldo Benito Roggio, Claudio Javier Glazman, Rudy Fernando Ulloa Igor, Néstor Emilio Otero, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Alberto Tasselli, Raúl Víctor Vertúa, Hugo Alberto Dragonetti, Jorge Juan Mauricio Balan, Juan Carlos Lascurain, Miguel Ángel Marconi, Rubén David Aranda.

En la lista de imputados aparecen además los empresarios Mario José Maxit, César Arturo De Goycoechea, Alberto Ángel Padoan, Julio Daniel Álvarez, Ernesto Clarens, Germán Ariel Nivello, Roberto Armando Loson, Miguel Marcelino Aznar, Gerardo Cartellone, Patricio Gerbi, Ricardo Santiago Scuncia, Santiago Ramón Altieri, Marcela Edith Sztenberg, Silvio Mion, Daniel Claudio Pitón, Roberto Juan Orazi, Julio José Paolini, Juan José Luciano, Pablo José Gutiérrez, Jorge Sergio Benolol, Adrián Eduardo Pascucci, Osca Abel Sansiñena, Luis Armani, Guillermo Escolar, Juan Bautista Pacella, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Mario Ludovico Rovella, Tito Biagini, Hugo Alfredo Kot, Osvaldo Manuel De Sousa, Cristóbal López, Rodolfo Perales, Eduardo Luis Kennel, Juan Manuel Collazo, Ricardo Antonio Repetti, Carlos Fabián De Sousa, Mauricio Pedro Pascucci, María Rosa Cartellone, Gabriel Pedro Losi, Obdulio Ángel Barbeito, Juan Marcos Carlos Perona y Marcelo Marcuzzi.

Todos las partes fueron citadas a una audiencia el 24 de septiembre, para organizar el debate y analizar si se puede depurar la lista de testigos, para reducirla a los indispensables y acortar la duración del juicio oral.

Para poder sesionar, el tribunal con todos estos acusados y sus abogados, más los fiscales liderados por Fabiana León, requerirá de una sala de juicio que no existe en esas dimensiones. Por eso, los jueces deberán procurarse otro lugar donde realizar este megaproceso, que cuente con las necesarias medidas de seguridad.

Los testigos citados a juicio son 626 e incluyen a los periodistas de que encabezaron la investigación, Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra. Además, son testigos Hilda Horovitz, la exesposa de Centeno, que contará sobre los cuadernos; Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner, que habló de bolsos con dinero, y Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno que entregó los cuadernos a Cabot.

Además fueron admitidos como testigos los empresarios Héctor Alberto Zabaleta, Luis María Cayetano Betnaza y Paolo Rocca, Sergio Szpolski, Sergio Tasselli, Manuel Santos Ulibelarrea y Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, entre otros.

Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. Involucran 26 calificaciones jurídicas y abarcan en total 540 hechos de corrupción, que en su mayoría son pagos y recepciones de sobornos.

Lo que va a juicio oral es solo una parte de los 10 expedientes y abarca a 76 imputados. Los otros deberán esperar nuevas fechas de audiencia.

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández respondió en la red social X a la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, por las nuevas sanciones para quienes revuelvan la basura. La medida, que establece multas económicas, fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y originó un cruce público entre ambas.

La exlegisladora porteña respondió de forma directa a una publicación de la vocera del Gobierno porteño. “Vos sos basura, Laura”, escribió Fernández en su cuenta de la red social X. El mensaje apuntó directamente contra la funcionaria tras sus declaraciones sobre las nuevas multas.

Fernández también utilizó la ironía para cuestionar la perspectiva de Alonso sobre los recicladores urbanos. “Si, si les ENCANTA hurgar basura es por puro placer, no son para nada laburantes que de milagro pueden ganar la plata de esa multa por mes”, expresó. “Andá a limpiar los contenedores que lo vas a sentir idéntico a lavarte la cara cada mañana”, agregó sobre el final de su publicación.

El conflicto se originó por el anuncio del jefe de Gobierno, Jorge Macri. El mandatario comunicó una nueva disposición para sancionar a las personas que revuelvan basura en los contenedores de residuos. Para hacerlo, difundió un video en sus redes sociales donde se observa a agentes de la Policía de la Ciudad que revisan a personas junto a un contenedor.

La orden del jefe de Gobierno es exigir a quienes ensucien que limpien el lugar de inmediato. En caso contrario, recibirán una sanción. Laura Alonso, vocera del Gobierno de la Ciudad, amplificó el mensaje con una publicación propia. “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien”, escribió la funcionaria. Luego, añadió: “Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’. El que ensucia, limpia o paga”. Esta publicación fue la que provocó la reacción de Fernández.

Las penalidades por ensuciar bienes públicos o privados están contempladas en el artículo 94 del Código Contravencional porteño. Las sanciones económicas van desde los $59.261 hasta los $890.381.

Los montos se calculan en función del valor actual de la unidad fija de multa, que es de $731,62. La Justicia puede determinar el reemplazo de las multas por trabajos de utilidad pública. Estos trabajos pueden tener una duración de uno a quince días.

Desde el Ejecutivo local aclararon a los detalles de las sanciones. El monto de la multa se duplicará en casos específicos. Esto ocurrirá si la acción se realiza sobre “estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes”.

La medida sobre las multas se suma a otras iniciativas del Gobierno porteño para mejorar la higiene y el orden en el espacio público. A principios de este año, la Ciudad avanzó en la incorporación de contenedores antivandálicos. Estos recipientes tienen un sistema de buzón que impide retirar residuos una vez depositados.

Otra acción implementada es el Programa Intensivo de Desodorización de Contenedores. Mediante este plan, se aplica un líquido inhibidor de olores con fragancia a limón. El producto se utiliza en los más de 33.000 contenedores distribuidos en las quince comunas porteñas.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.