El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.

La orden sienta las bases oficiales para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.

Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones para perseguir a estos grupos, según informaron personas familiarizadas con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas.

Sin embargo, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría «asesinato» si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.

No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.

Este año, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.

Cuando regresó al cargo en enero, Trump firmó una orden que instruía al Departamento de Estado a comenzar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

Trump ha atacado especialmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían «una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional».

Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su administración.

El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno estadounidense duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro, acusado de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como cabecilla de un cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que «no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes».

Al ser preguntada sobre la autorización de Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que «la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras».

El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la nueva directiva.

Los ataques militares unilaterales contra los cárteles constituirían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas.

Una campaña sostenida probablemente también plantearía más cuestiones relacionadas con el intento de Trump de utilizar a las fuerzas armadas de manera más agresiva para respaldar una variedad de sus políticas, a menudo frente a restricciones legales y constitucionales.

La participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en Latinoamérica ha sobrepasado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se enmarcaron como un apoyo a las autoridades policiales.

En 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a su líder, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Antes de la operación, William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Legal y fue fiscal general durante el primer mandato de Trump, redactó un memorando controvertido en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad para ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros estados.

La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción de Panamá como una «flagrante violación del derecho internacional».

En la década de 1990, el ejército estadounidense colaboró con las actividades antidrogas de Colombia y Perú compartiendo información sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas, como datos de radar e intercepciones de comunicaciones. Pero después de que esos gobiernos comenzaron a derribar esos aviones, la administración Clinton detuvo la asistencia durante meses en 1994.

La Oficina de Asesoría Legal emitió un dictamen que indicaba que los oficiales militares que proporcionaron dicha información, a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente dichas aeronaves, podrían estar exponiéndose a un posterior procesamiento judicial. El Congreso finalmente modificó la legislación estadounidense para permitir dicha asistencia.

La Armada ha participado durante mucho tiempo en la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878 llamada Ley Posse Comitatus, generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas armadas para desempeñar funciones policiales.

Las fuerzas armadas estadounidenses también han realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluyendo tropas colombianas y mexicanas. Asimismo, proporcionaron equipo y aeronaves a antiguos escuadrones de la DEA que asesoraron y desplegaron, e incluso en ocasiones participaron en combates con, agentes antidrogas locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017.

Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o asesinen directamente a personas involucradas en el narcotráfico.

Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos «utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, o lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo», declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN.

«Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico».

Los especialistas legales afirmaron que, según la legislación estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad «terrorista» puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros realicen negocios o viajes, pero no otorga autoridad legal para realizar operaciones similares a las de tiempos de guerra contra él con la fuerza armada.

Durante su primer mandato, Trump quedó fascinado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, calificó posteriormente de absurda en sus memorias y que provocó la indignación de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, la idea de usar la fuerza militar arraigó entre los republicanos y se convirtió en un tema de conversación en el ciclo electoral de 2024. Trump prometió durante la campaña desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, en sus propias palabras, declarar la guerra a los cárteles.

El contralmirante retirado James E. McPherson, quien se desempeñó como principal abogado uniformado de la Armada a principios de la década de 2000, afirmó que sería «una grave violación del derecho internacional» usar la fuerza militar en el territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que dichas limitaciones no se aplican a buques sin bandera en aguas internacionales.

También existen restricciones legales internas. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas.

Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en una alegación sobre la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, tal vez contra las sobredosis de fentanilo. McPherson señaló que el gobierno ha impulsado agresivamente una interpretación amplia del poder unilateral de Trump.

No está claro qué reglas de enfrentamiento regirían la acción militar contra los cárteles.

Sin embargo, cualquier operación que pretendiera asesinar a personas basándose en su presunta condición de miembros de un cártel autorizado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía problemas legales relacionados con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, afirmó Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en el derecho internacional humanitario.

“Con la práctica tradicional del poder ejecutivo, sería difícil que un narcotraficante cualquiera cumpliera con los requisitos para la excepción de legítima defensa a la prohibición del asesinato”, afirmó.

Como alternativa, el ejército podría llevar a cabo operaciones de captura, reservando la fuerza letal para la legítima defensa si las tropas encontraran resistencia.

Sin embargo, las capturas podrían plantear otros problemas legales complejos, añadió Finucane, incluyendo el alcance de la facultad del ejército para retener a prisioneros como detenidos de guerra sin autorización del Congreso. O bien, el ejército podría transferir a cualquier prisionero al Departamento de Justicia para su procesamiento en un tribunal civil.

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