La exfuncionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, procesada junto a su padre Miguel Ángel Calvete en la causa que investiga presuntos direccionamientos en las compras de la agencia ANDIS, sostuvo en la apelación a su procesamiento que los casi 700.000 dólares encontrados en su domicilio durante un allanamiento no eran suyos, sino en gran parte de su padre y que ya estaban allí cuando se mudó al departamento.

Dijo también que desconocía el monto exacto y el origen del dinero, y que jamás dispuso de ese efectivo. Durante el allanamiento descubrieron fajos de dinero en un mueble que totalizaron 695.457 dólares, 19.996.200 de pesos y 1960 euros.

Calvete puntualizó que la mayor parte de esa suma (600.000 dólares) fue reclamada por una accionista de INDECOMM SRL (una empresa que constituyó su padre); que otra parte pertenecía a su pareja, Javier Cardini, desplazado como ella de su cargo en el Palacio de Hacienda tras el escándalo; y que una tercera porción sí le pertenecía, como consecuencia de una donación realizada por su padre mediante escritura pública.

La causa nació con la difusión de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que se hacía mención a un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. Si esas grabaciones, cuyo origen se desconoce, constituyen o no una prueba válida en la causa es todavía objeto de tensiones judiciales, pero tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi consideran que el caso tiene vida propia y a principios de mes avanzaron con una tanda de 19 procesamientos. Entre los alcanzados figuran Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, quien, según la acusación, habría tenido participación en el presunto entramado delictivo.

La hipótesis del caso es que dentro de la ANDIS se produjo una distorsión en el mecanismo de compras de prestaciones de alto costo (Pacbi), con selección direccionada de oferentes y sobreprecios, en una maniobra en la que habrían actuado de manera coordinada funcionarios y empresarios.

En su escrito, Ornella Calvete negó haber tenido injerencia en ese sistema y se defendió del resto de las acusaciones que pesan sobre ella. El juez Casanello la procesó por los delitos de asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Ornella Calvete no tiene ni ha tenido relación comercial alguna con ninguno de los involucrados en este caso. Nada tiene que ver con ninguna contratación que la Andis haya efectuado en el período investigado, ni antes ni después”, afirmó en el escrito su abogado defensor, Fernando Manzanares.

La ruta del dinero

La explicación de Ornella Calvete en torno al efectivo encontrado en su departamento merece cada detalle. En el escrito, la joven indicó que “viviendo en Escobar le era ciertamente incomodo viajar todos los días de la semana a trabajar al centro”, donde se encuentra el ministerio que comanda Luis Caputo. Era marzo de 2025 y entonces le “consultó a su padre si no tenía algún departamento de su propiedad disponible” y que su padre le ofreció “un monoambiente en México 55, piso 34 depto. 346 ‘Ala Rio’ al cual se mudó sola”.

“Un par de meses después decide con su novio buscar un departamento para irse a vivir juntos. Le comenta esto a su padre, quien le ofrece otro departamento en el mismo edificio pero que contaba con tres ambientes”, continúa el escrito, que introduce otro elemento clave: la condena que ya tenía su padre por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, por la que está detenido.

“Debido a la complicada situación procesal que su padre atravesaba en otra causa éste le comentó, antes que se mudase al citado inmueble que había dejado dinero en efectivo (en una cajonera bajo llave) y algunos objetos de su propiedad en ese departamento”, indicaron los abogados de Ornella, para concluir: “A lo que su hija le manifestó ‘que no se preocupase que no íbamos a tocar nada’”.

Para apuntalar su defensa, usó a su favor el intercambio de mensajes que tuvo con su padre en noviembre cuando, en plena efervescencia del caso Andis, le advertía sobre la presencia de policías abajo del edificio y le preguntaba si su empresa Indecomm disponía de “cash blanco”, esto es, legal. “Por si entran acá y me ven con mosssca”, lo alertó.

Dijo entonces que una prueba de que no gestionaba ese dinero es que tras aquella primera “falsa alarma” ella no movió los fajos de dólares, pesos y euros, que fueron encontrados luego por la Policía en un allanamiento realizado un mes después, en octubre de 2025.

Ornella también se desvinculó de Profarma, una de las droguerías favorecidas en la maniobra investigada, que pertenece en los papeles a Ruth Noemí Lozano. Dijo en su apelación que no era empleada ni accionista de la empresa y que tampoco tenía vínculos informales.

La Justicia cree que Ornella pujaba por expandir los negocios de la droguería. En uno de los mensajes que constan en el expediente, Ornella afirma respecto a la empresa: “Quedate tranquilo que de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo (y sé dónde vive)”.

La fiscalía sostiene además que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en el Ministerio de Economía, utilizó su influencia para favorecer los intereses privados de su padre. Por un lado, se la acusa de haberle suministrado información privilegiada para emprender nuevos negocios en el sector de los agroquímicos y, por el otro, de haber contratado a dos personas cercanas a Calvete −Ruth Lozano y su asistente personal, Patricia Canavesio− con fondos públicos.

Ornella se defendió de una y otra acusación. Dijo que las contrataciones se realizaron a través de un ente sobre el cual no tenía incidencia, el FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina), y que los contactos con la persona interesada en comercializar urea en el país fueron parte de un proyecto privado para importar el producto desde Kazajistán, porque como parte de sus planes a futuro tenía previsto abandonar su cargo en el Estado.

“Sobre el negocio en sí, yo me estaba por ir del sector público y me interesaba la posibilidad de que el mismo avanzase. Le pedí a mi padre, que tenía muchos más conocimientos que yo sobre el mundo comercial, que me diese una mano para conformar el negocio”, afirmó.

La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto desde el organismo de control para la presentación de una ampliación documental.

Según confirmaron a fuentes del organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, el pedido de veedores es para acceder a información contable que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia no presentó a tiempo.

La presentación de la IGJ, que llevó la firma de Daniel Vítolo, titular del organismo, es para establecer una veeduría que apunte a los estados contables cerrados a mediados del año pasado, la creación de la universidad dependiente de la AFA y el análisis de relaciones comerciales de la institución futbolística con diversas personas.

Vítolo pidió la designación de los veedores con el objetivo de que “procedan a obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la entidad a ese Organismo, así como verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad a cuyo fin”.

Vítolo aclaró, en declaraciones a los medios, que: “La intervención solicitada en grado de veeduría no implica sanción ni prejuzgamiento alguno, sino el ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por la ley, y no es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó en un comunicado que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.

De acuerdo a la documentación a la que accedió , entre las funciones que se solicita se asignen a los veedores están la presentación de un informe detallado respecto del contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025.

“La AFA ha resistido, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas, incluyendo su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio auditar todos aquellos documentos relacionados con la creación, puesta en marcha, y equipamiento de la Universidad de la AFA “UNAFA”, y de todas aquellas operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero», dice la presentación de la IGJ.

También pide auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre “la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o los Sres. Javier Faroni y/o Erica Gillette, y entre la AFA y Sur Finanzas S.A., sus sociedades controladas, controlantes, y vinculadas, así como con el resto de las sociedades integrantes del denominado Grupo Sur Finanzas, y/o con el Sr. Ariel Vallejo”.

De acuerdo a la verificación, a la que accedió , el informe deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter “en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe, indicando las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país; y revisar y se expedirse respecto de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a la IGJ”.

Para eso, los veedores deberán tener facultades para revisar los libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con lo que se les pida.

Tras conocerse la decisión, Vítolo recordó que la IGJ “rechazó recientemente la pretensión de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires por considerar irregular la mudanza invocada”, ya que el intento de traslado “no respetó las formalidades legales exigidas”. Además, dijo que se declaró “una sede social falsa, en un espacio físico y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que allí la AFA no está, no se encuentra, no tiene instalación alguna ni funciona en ese predio la administración y gobierno de la entidad”. Y agregó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo que la AFA sigue actualmente bajo la jurisdicción de la IGJ”.

La IGJ intimó por primera vez a la cabeza del fútbol local, en diciembre pasado. Ese plazo venció el 20 de enero pasado y la institución, como la Superliga, presentaron lo que le era requerido.

Luego de eso, la IGJ pidió más precisiones sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga, desde 2017 a 2024. Les dio para eso un plazo de 10 días hábiles a la AFA para que envíe la información.

El organismo les pidió esas ampliatorias sobre lo que consideraban insuficiente. “Tenemos que seguir preguntando porque la función nuestra como organismo es seguir fiscalizando y les fuimos preguntando por todo lo que fue apareciendo”, había dicho Vítolo a en la antesala de la decisión conocida hoy.

La IGJ tiene dudas respecto al destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de dólares de la Superliga. Por eso pidió información sobre la composición de deudas, inversiones realizadas en el predio de la AFA, el recupero de varias actividades, entre otros conceptos.

El plazo para esa presentación venció ayer, pero solo la Superliga hizo su presentación. Por lo que, pasadas las primeras horas de este miércoles, el organismo dirigido por Vítolo empezó a elaborar la decisión a tomar a partir del incumplimiento de le AFA.