ECONOMIA
Un paro general funcional a Milei: adhesión floja, reconciliación con la base electoral y buenas noticias del exterior
En otra paradoja típica de la política argentina, el paro general convocado por la CGT le vino a Javier Milei como un alivio y no como una señal de preocupación. Primero, por la floja adhesión de la medida, algo que ya se daba por descontado debido a la actividad normal del transporte colectivo. Pero, además, porque este es el tipo de jornadas que le permiten a los «libertarios» polarizar con el kirchnerismo y revivir la mística de su base de apoyo electoral.
Entre la volatilidad de la economía y una sucesión de errores políticos, la imagen de Milei había sufrido una erosión. Una expresión elocuente de ello fue la sucesión de derrotas en el Congreso -entre las que destacaron el rechazo del Senado a los jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto y la conformación en Diputados de una comisión investigadora por la estafa de la criptomoneda Libra-. En ese marco, el oficialismo no solamente recibió el ataque del kirchnerismo, sino también el de aliados del espacio de centro.
Por eso, un paro general convocado por una desprestigiada CGT le resultó funcional a Milei para reforzar la fidelidad de su base electoral. Le permitió, por ejemplo, al jefe de gabinete, Guillermo Francos, que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que se niegan a perder privilegios y por eso se oponen a la agenda reformista de Milei.
Es un efecto que ya se había vivido en la jornada violenta de la protesta por las jubilaciones, cuando la exhibición de fuerza de la ministra Patricia Bullrich despertó el elogio de los sectores partidarios de la «mano dura».
Y en la jornada del paro de la CGT, estaban dadas todas las condiciones como para que el gobierno saliera beneficiado: el funcionamiento normal de los colectivos y del comercio le permitían mostrar las imágenes de un día de trabajo normal.
Paro de la CGT: crisis de representatividad en el sindicalismo
Y tanto fue así que resultó indisimulable la fisura que se vive en el sindicalismo, tanto por la clásica disputa interna del poder como por la cada vez más evidente crisis de representatividad.
De hecho, el tema más comentado en los medios afines a la oposición fue la dificultad de convocar a un paro a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio.
La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad, lo que lleva a que el tradicional trabajo asalariado -con aportes jubilatorios y cobertura social- sea de apenas 46% del total.
Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas de los movileros de TV con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».
Es decir, se acusa a la CGT de no haber encontrado la forma de llegar a los trabajadores de las nuevas ocupaciones de servicios derivados del cambio tecnológico, y de continuar aferrada a una agenda de derechos que representa a una porción cada vez menor del universo laboral.
Para colmo, hasta se constataron problemas en un sector altamente sindicalizado como el de los trabajadores estatales: hasta en provincias peronistas, donde el empleo público tiene peso determinante, se avisó que habría descuento para quienes adhiriesen.
Un paro de los gremios, pero con desgano
El resultado, entonces, fue el que todos preveían: paralización en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.
El propio Héctor Daer terminó admitiendo tácitamente esa situación al destacar que una victoria política de la jornada sindical había sido la paralización de Vaca Muerta, el nuevo motor de la economía nacional.
Las expresiones de los directivos de la CGT en la conferencia de prensa de evaluación eran elocuentes sobre la falta de motivos de euforia. Pero, sobre todo, el desgano que exhibieron los sindicalistas no estuvo tan provocado por la dispar adhesión, sino por la falta de convicción política que desde un inicio había marcado esta medida.
Es algo que queda claro si se compara este paro general con los dos previos. El primero se hizo en enero -una fecha inusual- y a pocos días de la asunción de Milei. El segundo en mayo, y ambos contaban con una agenda cargada de temas de peso: la reimplantación del impuesto a las Ganancias y las reformas contenidas en la primera versión de la ley Bases, que erosionaban ingresos financieros sindicales por las vías de los aportes salariales y por las obras sociales.
Es decir, había una determinación a dar una demostración de fuerza ante un gobierno recién asumido, que parecía dispuesto a tocar privilegios que datan de varias décadas. La situación deja en claro la realidad de la CGT: ya no representan a la base de la pirámide de ingresos, sino que su preocupación central estaba basada en los 800.000 asalariados del tope mejor pago, que quedaba afectado por el nuevo impuesto a las Ganancias.
En aquel momento, se hizo una dura advertencia a los legisladores y gobernadores peronistas para que no acompañaran el regreso de Ganancias. Y las medidas de fuerza se tomaron en contra de la opinión de Cristina Kirchner y Sergio Massa, que aconsejaban ir tomando medidas más gradualistas, para recién ir al paro general cuando se sintiera a pleno el malhumor social por la suba de tarifas.
Ahora, en cambio, la situación luce completamente invertida: son los políticos los que quieren exacerbar la protesta y polarizar con Milei, mientras los sindicatos están negociando paritarias que, en la mayoría de los casos, les permiten una recuperación del salario.
El paro al Gobierno a contramano de las estadísticas
El problema de la CGT -y la oportunidad en bandeja para el gobierno- es que este paro ocurre «a destiempo» de las estadísticas. Hace pocos días se conoció el nuevo censo de pobreza e indigencia, que marca una caída de 15 puntos, por el efecto de la baja de la inflación.
El 38,1% de pobreza para el segundo semestre de 2024 no sólo implicó una mejora respecto del récord de 52,9% que se había registrado en el primer semestre del año pasado -tras el pico inflacionario ocurrido en el arranque de la gestión de Milei- sino que, además, supone también una mejora respecto de la marca que dejó el gobierno de Alberto Fernández, que había sido de 41,7 por ciento. Como le gusta recordar al gobierno y sus partidarios, la CGT no convocó nunca a una protesta en los cuatro años de la gestión de Alberto.
También se registró una caída de casi 10 puntos en el índice de indigencia -el que marca la cantidad de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria diaria para reponer nutrientes-, que ahora se ubica en 8,2%. También en este caso se mejoró el nivel heredado por la gestión peronista, que había dejado una indigencia del 11,2%.
Y a esto se agregan los datos de mejora de la actividad. En la jornada previa al paro se había difundido la estadística de febrero para la industria manufacturera -una mejora de 5,6% interanual y de 0,5% respecto del mes anterior. Y también la construcción, uno de los sectores que habían sido más golpeados por la recesión, mostró una recuperación de 3,7% interanual.
Favores de Estados Unidos y China para Javier Milei
Pero todo gobierno sabe que la verdadera forma de derrotar a un paro sindical es generar un hecho político que se transforme en la noticia del día y que termine opacando a la protesta.
Y lo tuvo, gracias a los dos contendores de la nueva Guerra Fría mundial: Estados Unidos y China.
Primero, el secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, confirmó su visita a Argentina para la semana próxima, algo que reavivó las versiones sobre una posible ayuda financiera bilateral -es decir, una línea crediticia separada de la que apruebe el FMI-, así como la concesión de beneficios en la nueva política arancelaria.
Y mientras el gobierno se ocupaba de que esa noticia subiera al primer puesto del ranking informativo en los medios y en las redes, apareció la otra novedad importante: el Banco Popular de China -equivalente al Banco Central- confirmaba la renovación por un año del swap de monedas -un tramo ya activado por u$s5.000 millones- que le permitió a Milei sostener las reservas.
En definitiva, una jornada a pedir de Milei: la CGT le ayudó a polarizar el escenario político justo cuando más lo necesitaba, y las buenas noticias del exterior lo ayudaron a disimular la volatilidad financiera de las últimas semanas.
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Luego de haber transcurrido un mes de la prórroga informada para la implementación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), el Gobierno finalmente oficializó su lanzamiento a través de la disposición 832/2025. De esta manera, se centralizarán los pagos y trámites vinculados a la radicación, transferencia y registro de automotores en todo el país.
La medida avanzó luego de que se aprobaran los requerimientos técnicos y procedimientos para que las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograran la integración plena de sus sistemas con el VUPRA.
La iniciativa se enmarcó en el proceso de modernización que promueve servicios más ágiles y simplificados para los usuarios, a partir de una plataforma digital única para concentrar trámites como el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación o transferencia de dominio, impuestos de sellos y multas por infracciones de tránsito.
El sistema fue creado bajo la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia con el objetivo de evitar que ciudadanos y empresas deban realizar pagos de varios conceptos en lugares y plataformas diferentes, favoreciendo la “ventanilla única” como solución integral.
La norma establece “la utilización obligatoria del sistema” para los conceptos mencionados, y detalló los requisitos y obligaciones en cada uno de los anexos que acompañan a los artículos que la componen.
“Apruébase el cuadro tarifario para la operación del sistema Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA)”, fijaron mediante la medida respecto al Anexo II en donde los valores dependen de la modalidad de pago, el tiempo de acreditación y los porcentajes de comisión por cada uno de estos.
En tanto, en el Anexo III detallaron cómo debe redactarse un Formulario de Solicitud de Adhesión, el cual “deberá ser remitido a esta Dirección Nacional por conducto de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD)”, de acuerdo con lo indicado por la cartera de Justicia. A su vez, en el primer Anexo describieron los requisitos técnicos de interoperabilidad de la ventanilla.
En paralelo, mediante la disposición 831/2025, introdujeron una modificación clave en los requisitos para la inscripción virtual de vehículos cero kilómetro a través del Registro Único Virtual (RUV). La medida ajusta el inciso g) del artículo 1° de la Disposición 93/2025 y habilita ahora la operatoria de inscripción electrónica cuando el modelo-año del vehículo consignado en los certificados de fabricación o importación corresponda al año de inscripción o al siguiente.
El fin de estos cambios es agilizar el registro digital de automóviles tanto nacionales como importados, facilitando la adecuación a los ciclos industriales, comerciales y logísticos del sector automotor.
Esta reforma profundiza la utilización del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), un sistema creado para canalizar trámites digitales y validar controles registrales de manera automática por interconexión con bases de datos oficiales.
“En esta instancia, el uso de esas herramientas digitales permite ampliar el universo de trámites alcanzados por esta modalidad”, argumentaron desde el Gobierno.
Por su parte, a través de la disposición 829/2025, aprobaron los Términos y Condiciones de Uso de este último sistema para todos los usuarios ciudadanos y comerciantes habitualistas -dedicados a la compra y venta de auto, como parte de su negocio-. El organismo definió que la aceptación digital de esos términos será un requisito imprescindible para operar en el sistema y acceder a los servicios en línea, alineándose con la estrategia de administración digital de la cartera de Justicia.
Estas medidas se suman al proceso de transformación digital, que incluyó la creación del legajo digital único y el certificado digital automotor, y buscan eliminar trámites presenciales, duplicidad de pasos y costos.
Desde hoy regirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas de colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del último dato de inflación conocido que alcanzó el 2,3%, más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios. En la Provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8%.
De esta manera, en CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. Así, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dado que las nacionales ya habían aumentado hace dos semanas, estableciendo un boleto mínimo de 494,83 pesos. A su vez, el subte pasará a costar $1.206 por viaje.
Por su parte, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. Los argumentos se basan en un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.
Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.
En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.
La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades, incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.
Por otro lado, la Ciudad apunta a una “migración” hacia energías limpias, brindando incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. El propio Gobierno porteño ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además se distinguen por su andar completamente silencioso.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que eleva el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.
Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la Gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.
El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.
El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.
Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.
Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23.
En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).
El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.
Comienza diciembre, un mes que será de alta volatilidad: los inversores estarán atentos a los movimientos del ministro de Economía, Luis Caputo, en vista de los USD 4.200 millones necesarios para pagar los vencimientos de los bonos soberanos en enero.
La única manera es un préstamo. Los trascendidos indican que se avanza en ese sentido. Caputo está cerrando un Repo con bancos de inversión. Morgan Stanley ya está adentro, falta la confirmación del resto. Analizan los detalles del convenio y se cree que la agonía de diciembre será corta.
Las consultoras centraron su análisis en este evento y el cambio de humor de los inversores locales. que comenzaron a desarmar sus coberturas en dólares.
El menú de opciones es bastante amplio. Todas las cartas están sobre la mesa y el Gobierno las está explorando. Probablemente la solución termine siendo un mix
Para EconViews la consultora que dirige Miguel Kiguel, planteó de inicio: “despejemos la incógnita más importante: no tenemos ninguna duda de que se va a pagar. La voluntad política está y el costo de un traspié sería impensable para el programa actual. La pregunta del millón no es si se paga, sino qué alquimia financiera utilizará el equipo económico para que los dólares aparezcan. El menú de opciones es bastante amplio. Todas las cartas están sobre la mesa y el Gobierno las está explorando. Probablemente la solución termine siendo un mix. Siempre está la posibilidad de levantar el teléfono y gestionar alguna ampliación del swap con el Tesoro de Estados Unidos. Eso mismo fue lo que sucedió con el último pago de intereses al FMI y no descartamos que la carta del tío Scott (Bessent) Secretario del Tesoro de Estados Unidos) se vuelva a jugar”.
El informe agrega que el equipo económico “está explorando otras opciones para no molestar a Scott. Se viene hablando de un nuevo Repo con bancos internacionales. De esto último ya tuvimos una dosis este año. Si bien suele ser deuda de muy corto plazo, puede funcionar como puente financiero para calzar los flujos de caja del verano sin sobresaltos. La contra es que hay que poner títulos como colateral y expone al Tesoro al riesgo de tener que poner más garantías si el precio de los bonos cae. En cualquier caso, tanto el Repo como la ayuda externa implican aumentar los pasivos de corto plazo”.
Para FMyA, consultora de Fernando Marull, “el contexto global siguió positivo para Argentina, con Brasil en modo rebote y la soja sostenida arriba de USD 400 la tonelada. Hay viento de cola para Argentina y lo tiene que aprovechar el Gobierno”.
Según FMyA “el frente dólar debiera seguir tranquilo en diciembre, por mayor oferta de trigo y flujo financiero, y compensar la mayor demanda de turismo y dolarización. El Tesoro compró solo USD 200 millones de los USD 4.200 millones de deuda que emitieron empresas y provincias en noviembre (les queda plazo para liquidar los dólares) ¿Lo bueno? El BCRA y el Tesoro siguen bajando la cobertura cambiaria pre-electoral (redujeron en USD 6.000 millones dollar linked y futuros) pero aún no compran reservas. Para la calma financiera será clave el anuncio del préstamo con bancos para el pago de enero por USD 4.200 millones. El nuevo financiamiento, más las novedades del régimen cambiario (de ocurrir) deberían bajar un escalón el riesgo país”.
REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Por su parte, 1816 se pregunta: “¿Puede el Gobierno hacer compras significativas de reservas con este esquema cambiario?“. Esa, dice, ”sigue siendo la principal duda del mercado luego del rotundo triunfo electoral de Milei, dado que el spot sigue incómodamente cerca del techo de la banda y el CCL incluso lo supera”.
Sobre las tasas de interés la consultora señala que “post comicios, suponíamos que las tasas iban a bajar (algo que ocurrió), pero también que se modificaría al menos marginalmente el esquema monetario (algo que no ocurrió). Bajo el esquema actual la tasa a un día tiene piso (lo que paga BCRA en simultáneas), pero no tiene techo. Ese es un riesgo para alargar duration en pesos: si por cualquier razón el tipo de cambio vuelve al techo de la banda (estamos a menos de 5 %), el Gobierno podría dejar que las tasas vuelvan a subir. Esto es especialmente cierto luego de los datos de EMAE del tercer trimestre: es que, pese a que tuvimos tasas activas altísimas, el PBI creció los tres meses (difícil tener una mejor muestra de la baja sensibilidad de la actividad a la tasa)”.
La consultora F2 de Andrés Reschini indicó que las reservas “siguen siendo un tema de debate y la sensación que queda es que el mercado no se siente cómodo con el nivel actual de cara al cumplimiento de la meta con FMI y sobre todo de los compromisos de deuda en moneda extranjera que se avecinan apenas entrado 2026. La señal que emite el Gobierno es de cautela a la hora de liberar pesos, dado que el BCRA ha logrado bajar tasas y encajes, pero el Tesoro no dejó escapar una gran cantidad de pesos en la licitación de deuda del miércoles y tampoco ha realizado compras de divisas relevantes. En diciembre debe enfrentar vencimientos en pesos por $ 40 billones a lo que puede ayudar la mayor demanda estacional de moneda, pero no deja de ser un vencimiento de gran magnitud que exige prudencia por lo que hay chances de que la acumulación de reservas vía compras de divisas deba esperar un tiempo”.
En diciembre, con el inicio de las sesiones parlamentarias del nuevo Congreso, señala, “la política volverá a ejercer su influencia en los mercados que esperan novedades sobre presupuesto, reforma laboral y tributaria mientras sigue pendiente dar certezas sobre cómo se conseguirán los fondos para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera de todo 2026”.
La lenta recuperación del Bitcoin, que ayer estaba por encima de USD 91.000 fue el centro del informe de Buenbit. “El retroceso desde USD 125.000 hasta las zonas de soporte en torno a USD 80.000/USD 86.000 obligó a reexaminar supuestos: el rol de los flujos institucionales, la dependencia del sentimiento minorista, la sensibilidad a la macro y el reacomodamiento entre cohortes on chain. Pero lo que parecía una fase de capitulación se convirtió, casi imperceptiblemente, en una fase de reequilibrio. Ese cambio, respaldado por datos duros, empieza a definir la narrativa que llevará al mercado hacia diciembre”.
En este mes, dice Buenbit, esperan “un BTC estabilizado entre USD 88.000 y 95.000, con una recuperación incipiente pero no confirmada, flujos institucionales que dejaron de ser un factor netamente negativo, y una macro global que se mueve hacia un aterrizaje monetario suave. En este marco, diciembre se perfila como un mes de transición más que como un mes de ruptura”.
El mercado, más allá de esta incomodidad por la acumulación de reservas y el otorgamiento del préstamo para cancelar vencimientos de enero, se muestra optimista y la tendencia positiva de la semana puede repetirse. Son pocos los que piensan salir de bonos y acciones y perderse el repunte que significará el anuncio de la REPO u otra forma de conseguir dólares para cancelar los USD 4.200 millones que vencen en enero.
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