El tratamiento legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad en menores, que había quedado interrumpido la semana pasada, retomará su curso el próximo 24 de abril a las 17. El debate se llevará a cabo en un plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, entre otras. Este encuentro buscará avanzar hacia un dictamen unificado que permita establecer un marco legal consensuado sobre este tema sensible.

El plenario tiene en agenda la discusión de 13 proyectos de ley que abordan la reducción de la edad mínima a partir de la cual los menores pueden ser imputados penalmente como adultos. Aunque las propuestas varían en sus detalles, el oficialismo había planteado inicialmente bajar de 16 años a 13 años, mientras que los bloques opositores coincidieron en fijar la edad mínima en 14 años. Este punto de acuerdo permitió un avance hacia la posibilidad de un dictamen conjunto, que será clave para definir el futuro de la legislación en esta materia.

Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas. Estas propuestas buscan equilibrar la necesidad de justicia con un enfoque que priorice la reintegración social de los menores.

Otro aspecto relevante es la diferencia en las penas máximas propuestas para los menores en comparación con los adultos. Según el Gobierno, la pena máxima debería ser de 20 años, mientras que aproximadamente la mitad de los proyectos presentados sugieren un límite de 15 años. Este punto será uno de los temas clave a debatir en el plenario, ya que refleja distintas posturas sobre cómo abordar los delitos graves cometidos por menores.

El tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad había sido suspendido previamente debido a la sesión en la que se votó la conformación de una comisión para investigar el caso $Libra y la interpelación a varios funcionarios. Este retraso generó incertidumbre sobre el avance del tema, pero el nuevo llamado al plenario busca retomar la discusión y concentrar nuevamente la atención en esta iniciativa legislativa.

El Gobierno busca con esta medida recuperar protagonismo en la agenda política y avanzar en un tema que genera amplio debate en la sociedad. La discusión sobre la edad de imputabilidad no solo involucra aspectos legales, sino también consideraciones éticas y sociales sobre cómo tratar a los menores en conflicto con la ley.

El consenso alcanzado en torno a los 14 años como edad mínima de imputabilidad representa un avance significativo en un tema que históricamente ha generado divisiones. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, como la definición de las penas máximas y las condiciones específicas de las sanciones alternativas. Estos puntos serán cruciales para lograr un dictamen que cuente con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.

El plenario del 24 de abril será una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas presenten sus posturas y busquen acuerdos que permitan avanzar en la redacción de un marco legal que contemple tanto la necesidad de justicia como la protección de los derechos de los menores. La posibilidad de un dictamen unificado dependerá de la capacidad de los legisladores para encontrar puntos en común y superar las diferencias que aún persisten.

Implicaciones sociales y legales del debate

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad tiene implicaciones que van más allá del ámbito legislativo. Este debate refleja preocupaciones sociales sobre el aumento de la criminalidad juvenil y la necesidad de encontrar soluciones que combinen justicia y rehabilitación. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el papel del Estado en la protección de los menores y la prevención de conductas delictivas.

Las propuestas legislativas buscan equilibrar estas demandas mediante un enfoque que priorice las sanciones alternativas y establezca límites claros a las penas aplicables a los menores. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del sistema judicial para garantizar su cumplimiento.

Eran las 12:30 del lunes en el coqueto salón comedor del Palacio Bosch, la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, cuando Scott Bessent se sentó a la mesa rectangular. Había langostinos ya servidos como entrada. El poderosísimo secretario del Tesoro norteamericano -ministro de Economía, en la categorización argentina- se quedaría diez horas en el país en el primer día sin cepo y para empezar su estadía, le estaba por dedicar 60 minutos plenos a un grupo muy influyente de empresarios locales.

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Estaban Francisco de Narváez, Marcelo Mindlin (el presidente de Citi Argentina), Federico Elewaut, Pierpaolo Barbieri (el fundador de UALA), la vicepresidenta de Amcham, Mariana Schoua, además de CEOS de empresas agrícolas y de energía. No llegaban a diez personas. Bessent fue muy contundente en la simpatía que le genera el país -al que vino en plan turismo varias veces y también por inversiones financieras- y las reformas que está haciendo el Gobierno. Desplegó un menú de apoyo y oportunidades como las líneas de crédito del BID para inversiones y dijo ser muy optimista. Pero en la hora exacta que duró ese encuentro, mostró con intensidad la fase más misteriosa del apoyo político y financiero que el gobierno de Donald Trump está ejerciendo a favor de Javier Milei.

“¿Cuánto importás? ¿Cuánto de tu importación viene de China?”, le preguntó a uno de los empresarios. El hombre le contestó que la mitad de sus insumos importados era de origen chino. ¿Cuánto estás dispuesto a reducir ese porcentaje? Un asesor, como suele ocurrir en este tipo de reuniones, tomaba nota de cada pregunta y cada respuesta. Es apenas un ejemplo de varias consultas concretas que hizo Bessent. En la hora que duró el almuerzo, entre la carne con mil hojas y el helado de postre, varios de los comensales salieron convencidos de que el apoyo es completo pero la política transaccional que hizo famoso a Donald Trump, se aplicará también a la Argentina. ¿Cuál es entonces la moneda de cambio para tanto salvataje? Es una respuesta que nadie se llevó con precisión y que muchos suponen que se habló más en detalle en la reunión que Bessent tuvo después con el ministro de Economía, “Toto” Caputo.

Son intrigas que se irán resolviendo con el tiempo. No se trata de las condiciones que impuso el FMI para otorgar dinero -que son explícitas y claras- sino la naturaleza de la política del intercambio en la que Trump no muestra excepciones sin importar la afinidad.

En el Gobierno, esa es, por ahora, una inquietud inexistente. Su obsesión, ahora, es la inflación. Como escribimos acá la semana pasada, ninguna bifurcación económica alteraría la principal estrategia de campaña. Si quedaban dudas, estos primeros tres días sin cepo lo mostraron. En un sendero de euforia después de mucho tiempo, el equipo económico y el Presidente retomaron la centralidad. Mientras leés esta columna, todavía están discutiendo por redes Toto Caputo y el economista Hernán Lacunza -dos personas que tienen una relación personal desde hace años-, en un intercambio digital del que también participó activamente el propio Presidente. El origen fue que Lacunza, que había apoyado la osadía de la sorpresiva salida del cepo junto al acuerdo con el Fondo, anticipó que en corto plazo implicaría movimientos en la inflación.

No hubo ni habrá en los próximos días un seguimiento más detallado que el movimiento de los precios. Los supermercadistas recibieron ya hace diez días una remarcación generalizada. Fuentes del sector aseguran que varió entre el 5 y el 10 por ciento. Es un montón. “Nosotros si aumentan algo más, no recibimos la mercadería. No hay quien la compre”, dice el dueño de una cadena de supermercados.

La baja del consumo fue feroz en el último año y había empezado a recuperarse en enero y febrero después de meses de baja de inflación, pero en marzo ya se detuvo esa tendencia. Los huevos de pascua que se comerán este domingo, llegaron con aumentos muy por encima de la inflación (la acumulada de marzo a marzo fue del 55,7%). Es una pugna desquiciante que atraviesa a todos los Gobierno. Si esta semana había flashbacks de kirchnerismo cuando el Gobierno empezó a apoyar boicots a las alimenticias que concentran la producción y distribución de todo el país.

Hablen ustedes con el campo

El Gobierno llegó a este punto de giro en su política cambiaria después de un mes de una tensión insostenible. En estos días, ese estado parece una película vieja. Ya el sábado, cuando con la excitación fresca después del anuncio y la intriga sobre cómo abrirían los mercados, recibieron a un grupo de economistas -entre los que estaban Ricardo Arriazu y Martín Redrado-, había en el equipo económico una sensación de triunfo sobre lo que vendría.

Frente a Toto Caputo y a sus principales funcionarios, Redrado preguntó si ya habían hablado con la cámara de las cerealeras y aceiteras. Se miraron entre ellos y respondieron que no. Ahí se definió convocarlos para el lunes, en una reunión de la que participaron los gerentes financieros de las exportadoras de granos y aceite. Toda gente que llegó preparada para recibir la presión de liquidar dólares y que se encontró con la primera plana del Ministerio, exceptuando a Caputo. Estaban Federico Furiase, Alejandro Werning y Juan Pazo que en rigor es titular del ARCA, pero es el único integrante de la economía real al provenir de la industria textil y también del negocio ganadero.

Es Pazo el interlocutor básico de todos ellos. La reunión empezó cuando Milei ya había dicho que liquidaran rápido porque además el 30 de junio se vence la baja de las retenciones. Lo que escucharon los gerentes de las cerealeras sólo complicó la situación: la estrategia es bajar el dólar al piso. Menos todavía de lo que les daba el dólar blend que se terminó el viernes pasado con los anuncios del Gobierno. Fue todo tenso e incómodo. Y los representantes de las exportadoras pidieron que el Gobierno se sentara con la mesa de enlace y las asociaciones de productores para explicarles que no sólo volvían las retenciones pronto sino que el dólar iba a estar todavía más bajo.

Aceptaron la propuesta y el lunes próximo empieza una ronda de conversaciones con las organizaciones del campo que nadie sabe cómo terminará. Las cerealeras comprometieron esta semana la liquidación de 450 millones de dólares por registros de exportaciones en los próximos 60 días. Suponían que en este primer tramo, el dólar flotaría alto y el trámite se inscribe por adelantado. “Se viene un apagón”, dice ahora uno de los participantes de la reunión sobre el futuro de las liquidaciones si el pronóstico de dólar flotando bajo del Gobierno se concreta.

Milei en campaña

Mientras la economía monopoliza la conversación, la variable electoral es el otro elemento central de este año configura muchas tensiones en la Libertad Avanza. La fuerza, que ahora es un partido inscripto y con personería en todo el país, está presidida por Karina Milei, con Martín Menem como vice y Lule Menem como apoderado.

Este último fue el mayor decisor de los cargos en la ANSES y en el PAMI que se repartieron, como suele hacerse, con la lógica de la casta de la vieja política en todas las seccionales del país. Están apareciendo chats preocupantes en distintas provincias, como fue el caso de Misiones, donde los jefes libertarios piden un diezmo a los encargados de PAMI para la recaudación política. El mapa de chats de ese estilo parece multiplicarse. Algo similar está sucediendo en Santa Cruz y hay más provincias con denuncias similares. El viejo problema de la recaudación política amenaza a los Menem. Una contradicción feroz para el discurso oficial.

En la provincia de Buenos Aires, este martes sucederá el congreso partidario de los libertarios. Un evento para 1200 personas que será la primera demostración de fuerza en ese territorio estando en el poder, organizada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense. Hablarán Patricia Bullrich, Mario Lugones, Cuneo Libarona, Demian Reidel, José Luis Espert, Pareja y el propio presidente Javier Milei.

Su presencia empieza a ser una pieza clave de las campañas en un año donde ganar las elecciones es tan esencial como acumular dólares o controlar la inflación. Hay dos oradores que tuvieron que ser retirados del line up del Congreso: Guillermo Francos y Toto Caputo por la interpelación en el Congreso de la Nación por el caso Libra.

¿Va Adorni al debate?

Faltan treinta días para la elección porteña. A diferencia de Santa Fe, esta sí será la primera batalla del año que definirá mucho del tablero político nacional. Hay un hito en este sendero hasta el 18 de mayo: el debate entre los candidatos.

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El que se rige por ley y es obligatorio para los candidatos en el canal de la Ciudad; y el más popular, el que se hace en A Dos Voces por TN. Son 17 competidores porque no hubo PASO y es una locura cualquier puesta televisiva con esa dinámica.

Todavía no hay fecha ni confirmación. Es parte de unas discusiones atroces con estrategias disímiles. Crecen muchas dudas sobre la decisión que tomará Adorni. Leandro Santoro, envalentonado por las encuestas, es el más exigente con las condiciones. Y Larreta se juega todo en esa exposición. La ley dispone que los candidatos deben participar y tienen que pagar una multa si no van. La consecuencia de no ir no asusta a nadie: apenas $1.230.000. Un chiste.

Javier Milei, FMI, cepo, Elecciones 2025

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