POLITICA
Caja, territorio y barras: Milei y La Libertad Avanza apelan a recetas de la vieja política para el desafío electoral

Después de una sucesión de derrotas legislativas y en medio de fuertes turbulencias financieras que amenazan con alterar el control de la inflación, el Gobierno apuesta a que el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) funcione como campanazo de largada de la campaña electoral. Una suerte de punto de partida para la reinvención de una gestión a la que parecen haberle entrado algunas balas, según lo reflejan recientes relevamientos de imagen y opinión pública que sirven a veces de termómetro político y social.
El escándalo del caso $LIBRA, la caída de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla y el desencuentro con Donald Trump son el epítome de los traspiés más recientes que obligaron a Javier Milei a recalcular y graduar sus apariciones mediáticas. Con el trato con el FMI encaminado, el Presidente intentará ahora activar el chip electoral. Delegó desde siempre el armado y la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en su hermana Karina, que se recostó en el clan Menem para extender los tentáculos libertarios hasta en territorios que se anticipaban hostiles. De entre Karina y los Menem, surge la figura cada vez más influyente del senador bonaerense Sebastián Miguel Pareja, un exmenemista al que le dieron el manejo de la subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Secretaría de Desarrollo Territorial para captar adhesiones, sobre todo, en el conurbano bonaerense.
A Pareja los Milei le encomendaron un desafío empinado: impulsar la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo. El primer paso será activar un congreso libertario del que saldrán los ejes más importantes de la campaña. Podrían ser inseguridad, salud y empleo, de acuerdo al ranking de preocupaciones de los bonaerenses que surgen de un relevamiento oficial entre 22.500 casos presenciales en distintos puntos de la provincia.
Pareja hace una distinción entre lo que será el congreso libertario de un acto de campaña tradicional. “No es un lanzamiento de candidaturas, es un encuentro más técnico”, dijeron en su entorno. El congreso se hará el 22 del mes actual en el centro de convenciones Vonharv, en Gonnet, en los alrededores de La Plata, y el cierre estará a cargo de Milei. La elección del salón no fue al azar: Juan Esteban Osaba, el armador de la LLA en La Plata que ocupa un cargo jerárquico en la Unidad de Gestión local del PAMI, es amigo de Carlos Cosoli, el empresario gastronómico que administra el lugar de eventos. Osaba y Cosoli se conocen del club de rugby San Luis.
La preparación del desembarco libertario en la capital bonaerense lleva meses. De hecho, en el trazado inicial se habrían abierto gestiones con Iván Tobar, el jefe de la barra brava de Estudiantes que está preso desde el 27 de marzo último por haber amenazado a un juez y un fiscal en su pelea con los hijos y nietos de Juan Pablo “Pata” Medina por el control de las obras y otros negocios en La Plata, Berisso y Ensenada. A Tobar se le conocían hasta ahora solo vínculos estrechos con el peronismo, pero no con los libertarios. En la Casa Rosada rechazaron la versión. “Solo hablamos con el intendente Julio Alak sobre el acto del 22 porque va el Presidente, es mentira lo de Tobar”, dijo un funcionario al tanto de los preparativos. El único antecedente de un acercamiento entre Tobar y el Gobierno fue el año pasado, al inicio de la gestión, cuando el barra, en su rol de sindicalista, pidió un audiencia en el Ministerio de Seguridad para asesorarse sobre un operativo por las elecciones internas del gremio de seguridad privada, Upsra, que reúne a patovicas, espías y policías exonerados. Tobar pretende dominar la seccional de la Uocra platense, pero también en un Upsra, donde participó en asambleas con los jefes de la barra de River.
A través de Pareja se sellaron otros acuerdos con barras y punteros que trabajaron en otras campañas para el peronismo, el massismo o lo que fue Cambiemos. Muchos de esos personajes se reencontraron ahora en “La San Martín”, una agrupación libertaria que se jacta de reivindicar la política tradicional. “Es un brazo político de La Libertad Avanza como lo es La Cámpora del kirchnerismo. Se encarga de los bombos, de las pintadas, de recorrer los barrios”, dijo un dirigente libertario que forma parte de ese armado.
Uno de los impulsores de “La San Martín” es Fabricio Martínez, exjefe de la barra brava de Deportivo Laferrere devenido ahora en el articulador libertario en la populosa tercera sección electoral, que abarca 19 municipios, entre ellos La Matanza y Lomas de Zamora. Martínez tuvo que dejar el control de la barra en 2022 después de haber sido atacado a balazos. Se salvó de milagro. Sus aliados dicen que lo intentaron acribillar por enfrentarse a los narcos en la tribuna. Además de nexos con otras barras, Martínez conserva contactos y apoyos sindicales. El sindicato de la carne, camioneros y la seccional Oeste del de Comercio son algunos de los gremios en los puede encontrar algún respaldo.
Desde la agrupación “San Martín” los libertarios aspiran a arrebatarle punteros al PJ en los distritos más difíciles. Ya hubo un acercamiento, por ejemplo, con Walter “Coquito” Fernández, que fue candidato a concejal en Quilmes por la Coalición Cívica a pesar de haber sido uno de los laderos de confianza de Marcelo Mallo, el dirigente kirchnerista que ideó el proyecto Hinchadas Unidas Argentinas que reclutaba barrabravas de diferentes clubes para llevarlos al mundial de fútbol de Sudáfrica 2010 a cambio de apoyo político y territorial.
Los macristas Diego Santilli y Cristian Ritondo, que estarían a un paso de sellar una alianza bonaerense con la LLA en suelo bonaerense, también conocen de estos vínculos. El primero supo recurrir a barras de River conchabados en el sindicato de comercio para otras campañas. Mientras que Ritondo conserva a través de un abogado penalista de confianza sus puentes con barras de Boca y Nueva Chicago.
“¿Es cuestionable? Tal vez sí. Pero ni Pareja, ni el Nene Vera son casta porque no tomaron decisiones en gobiernos anteriores”, intentó argumentar un dirigente oficialista el acercamiento de los libertarios a los barrabravas. ¿Quién es el Nene Vera? Un dirigente de raíces peronistas con influencia en Moreno que alcanzó una banca de diputado provincial por LLA. Militó para el kirchnerismo, para Sergio Massa y también para Cambiemos. Un puntero de lealtades frágiles. Fue su hija Andrea, de 30 años, quien lo convenció de sumarse al equipo de Milei. Entre la tropa de Pareja, Ramón “Nene” Vera ganó ascendencia porque fue uno de los punteros que más gente movilizó en octubre del año pasado para un acto que cerró Milei en el Parque Lezama.
Recursos
La estrategia electoral libertaria necesita de militantes convencidos y punteros, pero también de recursos. A veces el financiamiento surge del Estado, el mismo que es tan denostado por el Presidente, pero otras veces de organizaciones gremiales, empresarias y estudiantiles que están en la mira del comité que se activó en la Casa Rosada para expandir a la LLA. “Vamos a discutir poder en los lugares en los que hay poder: nos vamos a meter en los gremios, en cámaras empresarias y en centros de estudiantes”, blanqueó la hoja ruta expansionista un funcionario al tanto de los planes de Karina Milei, los Menem y Pareja.
Una parte de esta maniobra se ejecuta desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de auditar las obras sociales y que es liderado por Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud. Oriolo ya intervino ocho obras sociales sindicales, pero hay una de particular interés para el Gobierno: la de los trabajadores rurales, Osprera, que contaría con unos 750.000 beneficiarios y que moverías unos $11.000 millones mensuales. De acuerdo a cifras de la SSS, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años, pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto de 2024 ascendieron a $43.949 millones. Por este motivo, en el Gobierno hablaron de “serias dudas” sobre el manejo del dinero. Por disposición del Poder Ejecutivo, la SSS ubicó allí en noviembre al abogado penalista Marcelo Carlos Petroni, un hombre que respondería a Eduardo “Lule” Menem y que cobra un salario como coordinador general de más de ocho millones de pesos, según fuentes de la prestadora médica.
Petroni, que deberá revalidar su cargo el mes próximo, adquirió rápidamente el léxico libertario: habla de “curros”, “contratos leoninos” y “motosierra” para explicar la supuesta administración fraudulenta de José Voytenco, el sindicalista peronista que manejaba Osprera y que está por ahora al frente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), al que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, pidió intervenir judicialmente por supuestas irregularidades en el proceso de renovación de autoridades.
Petroni hizo circular un informe con los resultados de una auditoría interna en la que se advierte sobre una deuda total en Osprera de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024. Voytenco dijo que esas cifras son “falsas” y contraatacó diciendo que la intervención había nombrado “a 60 empleados con sueldos millonarios”, además de contratar consultoras cercanas al Gobierno por más de $90 millones y de cerrar acuerdos comerciales con droguerías que estarían vinculadas a los Menem. La Suizo Argentina sería una de ellas, según averiguó .
La pelea por el control del gremio y su obra social se dirime en la Justicia, pero también en los despachos oficiales. Voytenco identifica a Pablo Ansaloni, exaliado en la Uatre y actual diputado nacional libertario, detrás de las maniobras para desplazarlo. Aseguró que un hermano de Ansaloni se habría incorporado a la intervención de Petroni.
A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Pablo Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Mauricio Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Sobre Ansaloni también pesa una denuncia judicial por presunta malversación de fondos cuando estuvo a cargo de Osprera. Hace casi dos años a Ansaloni lo intentaron matar mediante un sicario narco. “Al Gobierno les interesa manejar la Uatre porque tiene 560 seccionales en todo el país, 400.000 afiliados [aporta cada uno el 2% de su salario por mes] y es un capital político importante. Quieren territorialidad para la campaña”, denunció Voytenco. Batallas políticas de la “casta” de la que Milei dice estar en las antípodas.
POLITICA
Quiénes son los 15 prófugos buscados por los disturbios durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. Son buscados por actos de “violencia extrema”, según definió la propia ministra Alejandra Monteoliva cuando se refirió a los hechos. De esa lista, por ahora hay sólo dos detenidos.
La identificación de los manifestantes fue resultado de un trabajo entre las fuerzas federales y la Justicia. Se utilizó imágenes de seguridad, registros de los medios y material de redes sociales.
Según supo Infobae, la mayoría de los implicados son vecinos de la provincia de Buenos Aires, mientras que unos pocos son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del norte del país.

Los dos detenidos fueron encontrados por la Policía de la Ciudad en CABA: el primer arresto tuvo lugar en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo. El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en el interior de un cajero automático. Al identificarlo, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, que procedieron a su detención.
El individuo no portaba documentación, por lo que la fiscalía actuante autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación por medios biométricos. Mediante el sistema Face Expert, las imágenes capturadas del rostro del detenido fueron comparadas con la base de datos oficial. El resultado arrojó una coincidencia positiva con un hombre identificado como Néstor Gabriel Barrera, argentino de 31 años, quien registra antecedentes por robo.

Luego, durante la tarde, la fuerza de seguridad porteña detuvo a otro de los manifestantes que participaron en los incidentes y ataques con bombas Molotov frente al Congreso el pasado miércoles.
Fuentes policiales le indicaron a Infobae que se trata de Matías Enzo Roldán, alias “Tucumano”, uno de los identificados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad.
La detención fue realizada por personal de la comisaría vecinal 1B en Montevideo al 300, al reconocerlo por ser asiduo en la zona. Fue clave, según se observa en las imágenes, un tatuaje que el delincuente presenta en su brazo izquierdo. Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, avaló la detención de Roldán.

Según datos oficiales, los identificados que continúan prófugos son: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Parte de los identificados, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

En diálogo con la prensa este viernes, Monteoliva sostuvo que la intención de quienes participaron de los incidentes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, aludiendo al uso de bombas molotov, martillos y bulones.

“Gente que llevaba en su mochila bidones de nafta, bombas molotov, bulones para tirar con gomeras, palos convertidos en lanzapalos”, enumeró la ministra.
La ministra también señaló la existencia de grupos organizados, entre ellos barrabravas y sectores de izquierda combativa, que participaron en los incidentes.
Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre los detenidos y hechos delictivos anteriores.

En cuanto a la judicialización, la Unidad de Flagrancia Este de CABA, a cargo de la fiscal Mergulliani, interviene en la causa y ya recibió los primeros informes de identificación.

El ministerio anticipó que presentará una denuncia por terrorismo, considerando el uso de artefactos explosivos y la intención de generar caos.
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POLITICA
Senado: Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo

Así como no todo lo que reluce es oro, el voto de los senadores peronistas contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no implica una señal de unidad en el PJ sino que, por el contrario, encubre un hervidero de internas que amenazan con hacer volar por los aires la más que endeble unidad del conglomerado que conduce José Mayans (Formosa).
Que el peronismo pasa por su peor momento en la Cámara alta es una verdad que ya no se puede ocultar. Qué un oficialismo que apenas tiene 21 senadores haya logrado aprobar una reforma que flexibiliza de las leyes laborales en el Senado hubiese sido inimaginable hace menos de un lustro atrás y es toda una señal del retroceso que vienen registrando los seguidores de Cristina Kirchner.
Pero las señales siguen acumulándose. Desde diciembre, el conglomerado peronista en el Senado se ha dividido en tres bloques, tras la última elección el kirchnerismo tocó la cota más baja de bancas desde que devino en el sector hegemónico del partido fundado por Juan Domingo Perón y, como si fuera poco, su intención de seguir imponiendo su agenda y estrategias ha convertido en una olla a presión al interbloque rebautizado “Popular”. Si hasta el nombre, elegido por la conducción kirchnerista, molestó a varios legisladores por considerar que no expresa nada.
La tensión interna alcanzó su pico más alto en la previa a la sesión por la reforma laboral cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció en público al kirchnerismo por llevar a cabo “aprietes” y “presiones” para imponer por la fuerza su postura de rechazo cerrado al proyecto.
“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, afirmó Sáenz, que lleva años enfrentado con la conducción de Cristina Kirchner.
En un despacho de la Cámara alta avalaron los dichos de Sáenz, pero fueron un poco más allá y equipararon la situación con las purgas de la desaparecida Unión Soviética. “Como ven que está perdiendo poder el kirchnerismo está haciendo estalinismo puro y duro, expulsando a todo aquel que disiente con ellos”, se quejó un legislador que hace rato viene amenazando con abandonar el sector kirchnerista de la bancada, pero que siempre encuentra una razón para no hacerlo.
Las palabras del mandatario salteño también encontraron eco durante el debate de la reforma laboral, cuando la jujeña Carolina Moisés se quejó en pleno recinto por las presiones y la persecución que viene sufriendo como consecuencia de su enfrentamiento interno en Jujuy con Leila Chaher, referente de La Cámpora con llegada directa a la expresidenta que cumple condena por corrupción.
“Llevo más de un mes aguantando una campaña tremenda, con aprietes espantosos, de parte de algunos que se dicen compañeros, atacándome y tratando de doblar mi voluntad, poniendo en duda por qué voto lo que voto”, denunció Moisés.
La senadora acusó al kirchnerismo de haberla expulsado del PJ de Jujuy “por las decisiones” que tomó en el ejercicio de su cargo. “La verdad es que no les tengo miedo; mi voluntad está conducida no por una persona ni un partido, sino por la voluntad de los jujeños que me pusieron en esta banca”, desafió.
Moisés votó en contra de la reforma, dando por tierra con versiones periodísticas que la ubicaban apoyando el proyecto. “Eso querían ellos para tener una razón para expulsarnos. Nos vamos a ir, pero cuando lo dispongamos nosotros, y cuando lo hagamos nos vamos a llevar a varios de los que hoy están con los kirchneristas”, advirtió a un allegado al bloque Convicción Federal, molesto por la estrategia adoptada por el kirchnerismo de negarse a participar del debate y obligar a sus senadores a tomar posturas extremas, sin grises.
Convicción Federal es uno de los tres bloques en que se divide el interbloque “Popular” y está integrado por Moisés, Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), todos críticos de la praxis política y del modelo de conducción del kirchnerismo.
El grupo acaba de dar otra señal fuerte de disidencia interna, aceptando integrar las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores a contramano de la estrategia de la conducción del interbloque, que se niega a designar representantes en los cuerpos de trabajo legislativo en protesta porque no se le respeta el número que, aseguran, les correspondería en un reparto proporcional.
El mapa peronista del Senado se completa con la mayoría kirchnerista, aglutinada en el Bloque Justicialista y que conducen la troika conformada por Mayans, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), todos con llegada directa a San José 1111; y los dos miembros del boque del Frente Cívico de Santiago del Estero, que lidera el exgobernador Gerardo Zamora.
Por el momento no hay fecha de ruptura porque nadie quiere dar el primer. Pero la tensión viene en aumento, con gestos de desafíos internos y un tema en la agenda futura del Senado que podría convertirse en el detonante de la ruptura: la elección de los jueces de la Corte Suprema.
El Gobierno ya ha tomado nota de que el kirchnerismo cayó a 21 legisladores puros y, por lo tanto, perdió la llave del tercio del cuerpo (24 legisladores) que lo convertía en factor clave a la hora de negociar los nombres de los candidatos a ocupar las dos vacantes en el máximo tribunal.
En otras palabras, en la Casa Rosada saben que todavía necesitarán de votos peronistas para conseguir los dos tercios que exige la Constitución para darles acuerdo a los magistrados, pero también tienen claro que Cristina Kirchner ya no tendrá que estar necesariamente sentada en esa mesa. Todo un golpe para la expresidenta.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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Financiamiento universitario: el Gobierno confía en reunir mayoría en Diputados y apunta a aprobar la ley en marzo

El Gobierno nacional intensificó las gestiones políticas para avanzar con un nuevo esquema de financiamiento universitario y asegura contar con respaldo suficiente en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa. Sin embargo, pese al optimismo oficial, la discusión legislativa no se concretaría durante las sesiones extraordinarias y quedaría postergada para el inicio del período ordinario.
En Balcarce 50 sostienen que el número de votos está prácticamente garantizado gracias al acompañamiento de bloques dialoguistas y legisladores provinciales. De acuerdo a estimaciones oficiales, el proyecto podría alcanzar un piso cercano a la mayoría simple necesaria para la media sanción.
La intención inicial era tratar el texto esta misma semana: primero obtener dictamen en comisión y luego llevarlo al recinto. Pero los tiempos parlamentarios y la necesidad de seguir negociando cambios técnicos obligaron a aplazar la votación. La estrategia ahora apunta a marzo.
Qué propone la reforma
La iniciativa no elimina la normativa vigente aprobada por el Congreso el año pasado, sino que busca modificar su mecanismo central: la actualización automática de partidas presupuestarias. El Ejecutivo pretende reemplazar ese sistema por incrementos escalonados y revisiones periódicas.
Según explican fuentes oficiales, el objetivo es evitar que el gasto universitario quede atado de forma permanente a la inflación y genere compromisos fiscales difíciles de sostener. En su lugar, la propuesta prevé ajustes programados y una evaluación a mitad de año para revisar el impacto de la evolución de precios.
El esquema incluiría una recomposición inicial para gastos operativos de las universidades respecto de los fondos asignados en 2025, junto con una instancia de revisión en junio para comparar la actualización otorgada con el Índice de Precios al Consumidor.
Negociaciones con las universidades
Paralelamente al armado político en el Congreso, funcionarios del área educativa mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas. Las reuniones abordaron salarios docentes, funcionamiento institucional y previsibilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno aseguran que buscan un acuerdo técnico que reduzca la conflictividad y evite nuevas crisis de financiamiento. Las casas de estudio, en tanto, reclaman garantías de estabilidad para sostener el calendario académico y el pago de sueldos.
El debate universitario se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la agenda política durante el último año, con marchas masivas y cruces entre el oficialismo y la oposición. En este contexto, la Casa Rosada considera clave mostrar capacidad de negociación y avanzar con una ley propia.
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El escenario parlamentario
El oficialismo apuesta a construir una mayoría con aliados circunstanciales, especialmente legisladores de provincias que condicionan su apoyo a la incorporación de cláusulas específicas. Por eso, el texto aún permanece abierto a modificaciones.
Aunque el Gobierno asegura tener los votos, en el Congreso reconocen que el resultado final dependerá del nivel de consenso que logre el Ejecutivo con rectores y gobernadores. La discusión, por lo tanto, continuará en las próximas semanas y se proyecta como uno de los primeros grandes debates legislativos del año político.
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