POLITICA
Un testigo clave se despegó del ex diputado provincial misionero acusado de pedofilia

El actual diputado provincial por el Partido Activar, Pedro Puerta, declaró en el juicio contra Germán Kiczka, acusado tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, y negó ser su amigo o tener algún tipo de relación personal.
El hijo del exgobernador hizo uso de su derecho a declarar por escrito. La Fiscalía le envió un pliego de preguntas y sus respuestas fueron leídas en la audiencia de este viernes y generaron muchas suspicacias.
“El vínculo que me unía era puntualmente político”, dijo Puerta. Y agregó: “Formábamos parte del mismo partido”. De hecho, señaló que compartían banca en la legislatura provincial.
Esto generó cierto ruido en quienes conocen la realidad de Misiones y de Apóstoles, la pequeña localidad donde viven. Allí coinciden en que ambos tenían una amistad. Y que fue gracias a esa relación que Kiczka logró vincularse con las empresas de la familia Puerta. Más tarde saltaría a la política. Unión Popular, fuerza creada en 2011 por Eduardo Duhalde (de estrecha relación con el padre de Pedro, Ramón Puerta) fue la primera experiencia. Luego, vendría Activar.
Pedro Puerta y Germán Kiczka llegaron a realizar juntos un programa de streaming. Se llamaba “Social Club”. Existen fotos y videos de esa producción que tenía referencias constantes a temas sexuales de manera chabacana. Puerta llegó a decir allí que conocía un producto, un “estimulante erótico” que, colocado en el mate, facilitaba las relaciones sexuales. “Hermano – dice en el video mirando a Kiczka – No sabés lo que es. Me quedé sin yerba”.
Los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka pusieron la lupa sobre estos puntos de la declaración del actual diputado provincial. Pero guardarán sus cartas hasta el momento de los alegatos finales.
Por otro lado, Puerta especificó que durante el primer allanamiento a la vivienda de los Kiczka no estaba en Apóstoles. El procedimiento fue el 28 de febrero de 2024. “Me encontraba en la ciudad de Mar del Plata, participando de un evento organizado por la Fundación Hacemos, encabezado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal”, declaró.
Por ese entonces, Activar aún era parte de Juntos por el Cambio. Tiempo después, se realinearía en el espacio libertario.
La Fiscalía preguntó también si Kiczka le había pasado material de abuso sexual infantil. “No. Nunca me envió ese tipo de contenido”, aseveró. “Jamás insinuó hacerlo”, agregó. “Ni tengo conocimiento de que haya enviado algo similar a alguien conocido por mí”, completó Pedro Puerta.
Antes le habían consultado si Kiczka había compartido pornografía vía WhatsApp. “No recibí fotos ni videos de carácter pornográfico o sexual, ni de forma directa ni a través de dispositivos electrónicos o impresos”, expresó. “En algunos grupos de mensajería donde él participaba, como suele ocurrir en ámbitos informales, se pudieron haber compartido ocasionalmente stickers o memes con connotaciones de doble sentido”, acotó. “Pero nunca material explícito, ni que pudiera interpretarse como contenido sexual inapropiado o dirigido de manera personal”, completó.
Una palabra clave y misteriosa
La pregunta 8 del cuestionario de la acusación está relacionada a una palabra clave para la investigación: “fotija”. A Puerta le pidieron que diga “si sabe a qué se refiere el término y en qué contexto y con qué significado (la) utiliza el imputado”.
“No tengo certeza sobre el significado exacto del término fotija”, contestó. “Según mi interpretación que surge de lo que veo en redes sociales y en entornos informales, entiendo que es parte de una jerga digital o lenguaje de redes, uno de tantos ‘slangs’ y que en algunos casos puede tener connotaciones vulgares o sugestivas”, consignó Puerta.
“No obstante -agregó- su uso suele estar atravesado por un claro animus jocandi, es decir, con una intención humorística o de broma, y no con un sentido literal”, opinó a renglón seguido.
Se trata de “expresiones exageradas que se utilizan en tono irónico o en clave de humor, como ocurre con muchas frases en redes sociales. Al menos es la interpretación que puedo tener yo”, explicó.
“También me han comentado que la palabra podría tener otros significados en distintos contextos culturales, como ser la religión o el arte. En lo personal no recuerdo que esta sea una palabra habitual de mensajería”, indicó. ”No sé en qué contexto o con qué significado podría llegar a haberlo utilizado el imputado”, concluyó.
Las audiencias del juicio continuarán el lunes 14 a partir de las 8.30 de la mañana. Será la antepenúltima antes del cierre del debate. Está previsto que el miércoles 16 el Tribunal Penal 1 de Posadas, integrado por Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante), dé a conocer la sentencia.
Germán y su hermano mayor Sebastián enfrentan los cargos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. La pena en expectativa va de 3 a 6 años. En el caso, se agrava en un tercio por ser las víctimas menores de 13 años. A Sebastián se le imputa también el abuso de una chica de 15 años en el baño de un gimnasio.
En los distintos allanamientos se encontraron dispositivos con gran cantidad de material de abuso sexual infantil. La investigación formó parte de una pesquisa internacional, llamada “Guardianes de la niñez”, que tuvo sus ramificaciones en la Argentina.
POLITICA
El Gobierno acató un fallo judicial y reactivó las pensiones por invalidez suspendidas en todo el país

El Gobierno nacional reactivó las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en distintas provincias, luego de un fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer el beneficio a todos los titulares afectados.
La decisión fue formalizada este miércoles a través de la Resolución 13.653, publicada en el Boletín Oficial, en la que el organismo confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ANDIS s/Acción de Amparo Ley 16.986 c/Cautelar”.
El texto oficial dispone: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (…) y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”.
La resolución instruye, además, a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para que se reactiven los pagos y se regularicen los haberes retenidos durante los meses que duró la suspensión.
El fallo del tribunal federal catamarqueño reconoce el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones afectaron a miles de beneficiarios en todo el país. Por ese motivo, ordenó restituir las pensiones y frenar cualquier tipo de auditoría o revisión hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
Según la decisión judicial, el objetivo es garantizar la protección de los derechos sociales de las personas con discapacidad y evitar que se interrumpa el cobro de un ingreso que resulta vital para su subsistencia.
El trasfondo del conflicto
En los últimos meses, diferentes organizaciones de personas con discapacidad y defensores del pueblo habían denunciado suspensiones masivas de pensiones sin previo aviso ni evaluación técnica adecuada.
La resolución también busca evitar que se repitan prácticas administrativas que vulneren los derechos reconocidos por la Ley 22.431 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.
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POLITICA
La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.
El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.
Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
marcha universitaria congreso
POLITICA
Estos son los documentos son para votar en las elecciones 2025

Las elecciones 2025 son este domingo 26 de octubre. Durante la jornada, los argentinos se deben acercar a las mesas electorales a emitir su voto. Para hacerlo, hay que entregar documentación válida que las autoridades presentes puedan utilizar para confirmar los datos personales y la identidad.
Tal como informa el Gobierno a través de su sitio oficial, los siguientes tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas del 26 de octubre:
Desde la cartera confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” sí son válidos para sufragar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.
Asimismo, desde la cartera oficial advirtieron que no se puede votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.
Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar, los electores pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:
El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la CNE.
El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.
Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer click en el botón “Consultar”.
Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.
La Boleta Única de Papel (BUP) es un modelo de votación que reúne a todos los candidatos en una sola boleta. De esa forma, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación y se elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.
En la cabina de votación, se debe marcar el casillero correspondiente al candidato o lista elegida. Es importante recordar que se debe realizar una sola marca por categoría.
Luego de marcar la preferencia, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Al finalizar, el elector debe firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI.
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