POLITICA
“Demagogia fiscal”: el Gobierno asegura que la declaración de emergencia en discapacidad costaría USD 150 millones mensuales
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el Gobierno aseguran que las administraciones kirchnerista de Cristina Fernández y Alberto Fernández utilizaron las pensiones por discapacidad como un sistema de “subsidios” y “herramienta de campaña política” ya que se otorgaron sin la documentación médica respaldatoria o de manera irregular. Por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros. También se descubrió un aceitado sistema de coimas para gestionar “certificados truchos” en los que están involucrados funcionarios, médicos, gestores y directores de hospitales públicos.
Asimismo sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.
Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios.
La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.
Desde el oficialismo también critican la base argumental del proyecto, señalando que actualmente se cumple con la normativa vigente en materia de discapacidad y que “todas las prestaciones están garantizadas”. Además, se observó que el texto “no establece claramente las competencias de las jurisdicciones” ni delimita cómo se implementarán las medidas propuestas.
Uno de los puntos más polémicos es la extensión de pensiones sin exigir la acreditación de invalidez laboral total y permanente, un requisito vigente hasta enero de 2023, cuando una serie de resoluciones y decretos del gobierno anterior modificaron los criterios de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC), lo que, según la actual administración, derivó en múltiples casos de irregularidades y fraudes.
Auditorías en marcha
Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el número de pensiones por invalidez creció en casi 300.000 casos, alcanzando un total de 1.250.000. Desde enero, el Gobierno inició una auditoría nacional que se realizan desde la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el titular del PAMI, Esteban Leguízamo que hasta ahora arrojó los siguientes resultados:
•Se enviaron 470.000 cartas documento a titulares de pensiones.
•Solo 248.877 fueron entregadas. Entre las no entregadas, se identificaron 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos a la notificación y 100 renuncias voluntarias al beneficio.
•Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y se programaron otras 128.660. El Ministerio de Salud reportó casos concretos de fraudes detectados en la auditoría. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros intactos.
En el Chaco, se hallaron pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo cáncer de mama sin antecedentes médicos y pie plano en menores de edad. También se descubrió la reutilización de una misma radiografía en 150 trámites distintos.
Además, se identificaron 212 personas privadas de libertad y 331 prófugos de la justicia que percibían irregularmente pensiones por invalidez. Entre los ejemplos más graves, figuran beneficiarios que iniciaron y obtuvieron la pensión en lapsos de 3 a 13 días, incluyendo casos de personas con múltiples causas penales abiertas y sin condiciones médicas habilitantes.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a en cabeza de Mario Iván Lugones, reafirman que las auditorías que se llevan adelante sobre el universo de 1,8 millones de pensiones no contributivas “para corregir las irregularidades que hoy existen y para que, a partir del ahorro que se genera poder otorgar mejores prestaciones”. Para los funcionarios de La Libertad Avanza: “Este proyecto de ley atenta contra eso porque amplia el número de beneficiarios en más de 600 mil personas”
Sobre este punto, los funcionarios son tajantes: “El proceso de auditoria que se lleva adelante es muy importante porque terminar con las irregularidades y dar de baja las pensiones inexistentes o mal dadas va a generar un ahorro, que permitirá mejorar prestaciones”.
El proyecto de ley, que ya fue dictaminado por la comisiones Salud y Discapacidad de la Cámara Baja y el 23 de abril se trataría en la de Presupuesto, se estructura en una serie de artículos que buscan garantizar el “acceso” y la sostenibilidad de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Diputados opositores y cámaras empresariales del sector acusan Javier Milei de “pasar la motosierra” sobre un sector sensible y vulnerable. Desde el Foro Permanente Discapacidad acusan a la Administración de La Libertad Avanza de “destruir el sistema de atención a las personas con discapacidad” y atentar al “acceso igualitario de las personas con discapacidad a las prestaciones”.
En cuanto al “vaciamiento” del sector denunciado por los prestadores, desde el Ministerio de Salud recuerdan:
-En 2023, durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, “al aumento acumulado para los prestadores fue de 93% y la inflación fue del 214%.”
-El año pasado “el aumento al sector fue del 99% contra el 117% de inflación, con lo cual se perdió pero mucho menos a lo que perdieron con el gobierno anterior.”
El proyecto de ley
Entre los puntos destacados del proyecto de ley que impulsa la emergencia en discapacidad hasta 2027 se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que tendría “un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”, apuntan desde la cartera de Salud.
El artículo 4º, en sus distintos incisos, establece:
•”Un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, en el marco de políticas de protección social”.
•”El fortalecimiento de los prestadores del sistema previsto en la Ley 24.901, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales.
•”Garantía de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas”.
•”Asignación de partidas para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas de acción inclusiva”.
•”Actualización de la asignación mensual y medidas de inclusión para los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo Protegido, en cumplimiento de la Ley 26.816 sancionada en 2012 y promulgada en 2013, y que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad en la República Argentina. Su objetivo es garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los Talleres Protegidos de Producción, promoviendo su inclusión laboral y el acceso a condiciones dignas de empleo.
•”Participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de formulación de políticas públicas, según los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•”Faculta al Poder Ejecutivo a acordar otras medidas en materia de financiamiento con el Consejo Federal de Discapacidad.
El artículo 13 contempla una compensación de emergencia a prestadores del sistema, con base en la diferencia entre los aranceles actuales y la inflación. El artículo 14 establece la actualización mensual de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el artículo 17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, aunque con la aclaración de que no se podrá afectar el presupuesto destinado a servicios sociales.
Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias. “Esto es otra muestra del desorden fiscal heredado. Buscan forzar aumentos sin tener en cuenta la sustentabilidad. No hay una sola línea que diga cómo se va a pagar”, indicaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud ante una consulta de este medio.
Además, desde la Casa Rosada afirman que “la emergencia en discapacidad fue autoinducida por el uso político del sistema de pensiones durante los gobiernos anteriores, con la eliminación progresiva de los requisitos de invalidez laboral. Entre las medidas señaladas como parte de esa flexibilización normativa se encuentran:
•Resolución 8/2020 (ANDIS): permite iniciar el trámite en ANSES sin certificado médico oficial.
•Resolución 891/2021: habilita la emisión de certificados en papel por fuera del sistema TAD que es el Trámite a Distancia, una plataforma digital que permite a ciudadanos, empresas y organismos realizar gestiones administrativas de forma remota, electrónica y segura, sin necesidad de concurrir físicamente a una oficina pública.
•Decreto 7/2023: modifica el Decreto 432/97, eliminando el requisito de incapacidad total y permanente y reemplazándolo por criterios de inclusión más amplios y subjetivos.
Desde la oposición, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de declarar la emergencia nacional en discapacidad argumentando que el sistema actual no garantiza plenamente el acceso a derechos básicos, en especial para quienes enfrentan mayores niveles de exclusión y pobreza.
Graves irregularidades
Las auditorías iniciadas por la ANDIS y diversas causas judiciales que tramitan en provincias como Chaco y Formosa revelan graves irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones por Discapacidad Laboral:
– 212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
– 331 prófugos dela justicia también estaban recibiendo estas pensiones.
En la Provincia de Buenos Aires se descubrieron casos alarmantes:
-Un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes asistió acompañado de un abogado a la convocatoria de la ANDIS para validad el beneficio.
-Pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita”, la organización social que lidera el ex funcionario de Alberto Fernández, Emilio Pérsico-
-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado.
-Dos personas estaban cumpliendo cumpliendo condena. Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por la legislación vigente es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.
Una causa en Chaco descubrió:
-Una Beneficiaria con Amputación Falsa: la mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.
-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
-Una misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.
-El gobierno denunció que en Chaco “más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral”.
En la provincia de Formosa:
-El 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional)
-Hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos con Pensiones No Contributivas.
“Discapacidad en emergencia”
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.
En la misma línea, la diputada Natalia Zaracho, también del bloque de Unión por la Patria y referente del sector de la economía popular -dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- explicó que la iniciativa “busca que el Estado responda de manera efectiva a las necesidades urgentes de millones de personas con discapacidad que no acceden a una pensión o no reciben las prestaciones que les corresponden por ley”. Zaracho criticó la política de auditorías implementada por el Ejecutivo y afirmó que “no puede haber ajuste en discapacidad”.
El bloque de diputados opositores también subrayó que el proyecto no pretende otorgar automáticamente pensiones a todos los titulares de CUD, sino que busca establecer un marco de protección legal y financiera para garantizar la cobertura de prestaciones médicas, pensiones, transporte, educación y empleo protegido.
En ese sentido, remarcaron que la situación crítica del sector no se resuelve “con recortes ni con estigmatización de los beneficiarios”, y pidieron al oficialismo “dejar de hacer propaganda con las auditorías y asumir que hay una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad”.
Además, desde el Frente de Todos y otros bloques aliados, defendieron los cambios normativos introducidos durante la gestión anterior en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que fueron necesarios para ampliar el acceso a derechos en un contexto de pandemia y crisis económica, y que los criterios de otorgamiento se adaptaron a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con enfoque de inclusión y no de exclusión.
Por ahora, el tratamiento del proyecto genera un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en un escenario legislativo atravesado por la discusión del ajuste fiscal, el acuerdo con el FMI y la recomposición del sistema de asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con nuevas entrevistas médicas programadas y advertencias de posibles bajas de beneficios que no cumplan con los requisitos vigentes.
El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.
Sobre este tema, desde los despachos de la ANDIS y la cartera de Salud recordaron una frase del presidente Javier Milei: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.
El ángel caído. La lapicera de hierro de Karina Milei expulsó a las Fuerzas del Cielo de las listas libertarias para la elección bonaerense y Santiago Caputo desató tempestades dentro del Gobierno. La irreverencia desbocada en las redes sociales obligó a la hermana del Presidente a poner un freno desde X. Ahora interviene Javier Milei.
El Triángulo de Hierro hizo crack. Hay dos sin tres. “Que el armador choripanero quede como senador provincial y listo. Que cumpla su función en el marco legislativo y no rompa las bolas”, escribió @Mileiemperor, la nueva cuenta atribuida al asesor presidencial después del límite que buscó poner la secretaria general de la Presidencia.
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Caputo cambia de arroba, pero no de villano. El “cuervo” expiatorio es Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la sinuosa provincia de Buenos Aires, trotamundos de la política bonaerense y con intereses en el club del que es un hincha fervoroso. Como en la película El Secreto de sus ojos, no puede cambiar de pasión. Para Caputo, la creme de “la casta”.
La disputa entre celestiales y territoriales era un clásico. Pero el sábado la tribuna de Las Fuerzas del Cielo se vino abajo con el espectáculo “pide Dan, no le dan”. Daniel Parisini -El Gordo Dan– y Agustín Romo habían llevado a Olivos un listado con 20 candidatos a concejales, el sub 30 libertario que milita desde las redes sociales, para que Javier Milei intercediera ante Karina y los Menem, Lule y Martín. Es el precio de bloquearse en WhatsApp. Lule y Caputo cortaron todo diálogo.
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Apenas un celestial accedió a las listas, como diputado por la Tercera Sección electoral. Nahuel Sotelo fue el sábado a La Plata a firmar el acta con mala cara. Al final, el secretario de Culto puso la otra mejilla: de sonar como primer candidato quedó en un deslucido quinto puesto, debajo de la bullrichista Florencia Retamoso. Tanto abogó Santiago Caputo por un acuerdo con el PRO, que priorice la gobernabilidad desde el Congreso, que el segundo lugar fue para María Sotolano, que responde a Jorge Macri. Hay que consignarlo: que no cobren los propios es raro. Salvo que crean que las Fuerzas del Cielo estén pipón de pago. Algo de eso hay. “Se cerraron las listas, definió todo Karina, listo el pollo”, cortan en seco cerca de Pareja.
Parecía un renunciamiento, una ofrenda, del caputismo, pero, no. Desde el cierre de listas, la interna es despiadada. Descontrolado consumo problemático de las redes sociales. Guillermo Francos y Patricia Bullrich ensayaron gestos para un control de daños. El jefe de Gabinete suena como un facilitador, el palo en la boca del cocodrilo. Con un Presidente ensimismado en la economía, ya puede bautizarse Guillermo Flancos: los ataja a todos.
Cerca de Pareja juran que Caputo jamás pidió lugares en las listas. Ni a él ni a Karina Milei. Por momentos, la pelea parece una desmesura. Todo por 20 concejales. Tres empanadas. Pero hay más. Es por quién incide en el Presidente y Karina tiene las de ganar. La secretaria general representa el súmmum. No es la cabeza, es más: el cuello que mueve la cabeza del poder.
Milei odia a Adam Smith, pero aplicó una división del trabajo. Para Caputo, el Gobierno. Para Karina, el partido. Pero, el monotributista choca, como un flipper, en el triángulo del poder. Aspira a digitar candidatos, con el argumento de una gobernabilidad perdida de un Congreso a la deriva después del 10 de diciembre.
No es casual que Milei haya dejado trascender que José Luis Espert-Diego Valenzuela es la fórmula libertaria para la Provincia en 2027. El candidato de Caputo para la Gobernación es Agustín Romo, el presidente del bloque diputados bonaerense, el siempre excluido de las fotos que arma Pareja.
La interna libertaria amenaza con estallar en la Primera sección. Es un problema para LLA porque el norte del conurbano es clave para vencer al peronismo, que es fuerte en la sureña Tercera. “Es un escándalo, que puede desembocar en una denuncia penal”, alertan los heridos que quedaron tirados en el cierre de listas. No son anécdotas. Ramón “El Nene” Vera fue corrido del armado, primero, y después rebotó con los suyos en la lista de senadores. Vera es diputado provincial y desprecia a Romo. Es mutuo.
Ya hay un plan para la Provincia. Además de la fórmula Espert-Valenzuela para 2027, el excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista por la Tercera sección, es un virtual ministro de Seguridad. Hace tiempo trabaja con Patricia Bullrich y Lalo Creus en una reforma para la Policía bonaerense.
La campaña arrancó con una rara sanción de Axel Kicillof, siempre inapetente de purgas. Esta vez desplazó a 24 polícias, acusados de gestar un complot para copar la Policía bonaerense, la fuerza que tendrá el control de las urnas en las elecciones del 7 de septiembre. Kicillof debe confiar a ciegas de Javier Alonso, el ministro de Seguridad, afín a La Cámpora.
Apagón y después
“Cuando el sistema era analógico, lo que hacíamos era mandar a uno de los nuestros sin nada a la Junta Electoral porque a la medianoche te cerraban la puerta y fuiste. Después se completaba. Ahora con la carga virtual pasan estas cosas, un corte de luz te puede ayudar”. Un experimento peronista resumía, en la tortuosa madrugada del cierre de listas, la inventiva del PJ para presentar candidatos cuando el dedo de Cristina Kirchner perdió poder, la espada de Axel Kicillof está desafilada y el ingenio de Sergio Massa no tiene límite.
Una semana después, el peronismo logró una foto de campaña conjunta: Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes. El reparto dejó al Gobernador con la marquesina y a La Cámpora, con los morlacos. Máximo Kirchner copó las listas con 15 candidatos. El Gobernador metió las cabezas de la Primera y la Tercera, con Gabriel Katopodis y Verónica Magario. El quiebre estuvo cerca.
TN fue testigo frente a la Gobernación de los sucesivos pasos desesperados del peronismo para esquivar una ruptura porque no había acuerdo en ninguna de las listas. A las 19 del sábado la negociación entre Kicillof y Máximo Kirchner estaba herida de muerte. Entonces, la orden de Carlos Bianco fue que el Movimiento Derecho al Futuro arme listas propias, como anticipó este medio.
“El operativo apagón” comenzó cuando faltaba una hora del cierre. Un corte de luz en la Legislatura, casualidad o no, disparó el montaje para estirar la negociación por fuera del plazo legal que vencía a la medianoche.
La Junta Electoral ya había dejado trascender que no avalaría una prórroga porque sí. El corte de luz sirvió como argumento a los apoderados del PJ. “Se cayó el sistema y perdimos toda la carga. Un desastre”, se lamentaba un apoderado. Y reconocía: “Muy complejo el cierre. Quizás el cierre más difícil de la historia de la provincia de Buenos Aires”.
A las 22:40 se cortó la luz, media hora después salió en una camioneta a las apuradas Bianco y cinco minutos más tarde ingresaron los intendentes Julio Alak y Alberto Descalzo. Nadie decía nada. Entre uno y otro, llegó una camioneta que traía refuerzo logístico: una antena de wifi para empezar a cargar las listas del MDF que usó el partido de Alberto Fernández, PARTE, por si la ruptura era un hecho.
En la puerta de la Gobernación empezaron a llegar dirigentes de Berazategui y La Matanza para firmar las actas. La angustia era por la prórroga que la Junta no había consentido. Entonces, en una camioneta, ingresó la secretaria General de la Gobernación Agustina Vila. Empezó a gestarse el plan B. Ante el silencio de la Junta, el PJ presentó un amparo. Había crisis de nervios y gritos por celular. “Si el juez acepta el amparo, va a haber conflicto de poderes y esto puede terminar en la Corte. Hay que impedirlo”, decía un peronista con más cierres que canas. El plan B fue descartado cuando un corte de luz certero afectó a la Junta Electoral a las 23.30 y les alargó la vida.
Tampoco funcionaba el grupo electrógeno de la Legislatura. “Estaban en revisión y mantenimiento. Esas reparaciones se hacen en los recesos que coincide con la feria judicial”, decían en el palacio legislativo. “Nadie puede cortar la luz en media ciudad. No existe eso”, decían en el Frente Renovador. Es verdad. Solo se cortó en la Legislatura y en la Junta electoral.
Elecciones 2025, cristina kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner
CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
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POLITICA
Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.
“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.
El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.
Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.
El antecedente de 2002
El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.
Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.
El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.
El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.
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