POLITICA
“Demagogia fiscal”: el Gobierno asegura que la declaración de emergencia en discapacidad costaría USD 150 millones mensuales
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el Gobierno aseguran que las administraciones kirchnerista de Cristina Fernández y Alberto Fernández utilizaron las pensiones por discapacidad como un sistema de “subsidios” y “herramienta de campaña política” ya que se otorgaron sin la documentación médica respaldatoria o de manera irregular. Por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros. También se descubrió un aceitado sistema de coimas para gestionar “certificados truchos” en los que están involucrados funcionarios, médicos, gestores y directores de hospitales públicos.
Asimismo sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.
Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios.
La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.
Desde el oficialismo también critican la base argumental del proyecto, señalando que actualmente se cumple con la normativa vigente en materia de discapacidad y que “todas las prestaciones están garantizadas”. Además, se observó que el texto “no establece claramente las competencias de las jurisdicciones” ni delimita cómo se implementarán las medidas propuestas.
Uno de los puntos más polémicos es la extensión de pensiones sin exigir la acreditación de invalidez laboral total y permanente, un requisito vigente hasta enero de 2023, cuando una serie de resoluciones y decretos del gobierno anterior modificaron los criterios de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC), lo que, según la actual administración, derivó en múltiples casos de irregularidades y fraudes.
Auditorías en marcha
Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el número de pensiones por invalidez creció en casi 300.000 casos, alcanzando un total de 1.250.000. Desde enero, el Gobierno inició una auditoría nacional que se realizan desde la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el titular del PAMI, Esteban Leguízamo que hasta ahora arrojó los siguientes resultados:
•Se enviaron 470.000 cartas documento a titulares de pensiones.
•Solo 248.877 fueron entregadas. Entre las no entregadas, se identificaron 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos a la notificación y 100 renuncias voluntarias al beneficio.
•Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y se programaron otras 128.660. El Ministerio de Salud reportó casos concretos de fraudes detectados en la auditoría. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros intactos.
En el Chaco, se hallaron pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo cáncer de mama sin antecedentes médicos y pie plano en menores de edad. También se descubrió la reutilización de una misma radiografía en 150 trámites distintos.
Además, se identificaron 212 personas privadas de libertad y 331 prófugos de la justicia que percibían irregularmente pensiones por invalidez. Entre los ejemplos más graves, figuran beneficiarios que iniciaron y obtuvieron la pensión en lapsos de 3 a 13 días, incluyendo casos de personas con múltiples causas penales abiertas y sin condiciones médicas habilitantes.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a en cabeza de Mario Iván Lugones, reafirman que las auditorías que se llevan adelante sobre el universo de 1,8 millones de pensiones no contributivas “para corregir las irregularidades que hoy existen y para que, a partir del ahorro que se genera poder otorgar mejores prestaciones”. Para los funcionarios de La Libertad Avanza: “Este proyecto de ley atenta contra eso porque amplia el número de beneficiarios en más de 600 mil personas”
Sobre este punto, los funcionarios son tajantes: “El proceso de auditoria que se lleva adelante es muy importante porque terminar con las irregularidades y dar de baja las pensiones inexistentes o mal dadas va a generar un ahorro, que permitirá mejorar prestaciones”.
El proyecto de ley, que ya fue dictaminado por la comisiones Salud y Discapacidad de la Cámara Baja y el 23 de abril se trataría en la de Presupuesto, se estructura en una serie de artículos que buscan garantizar el “acceso” y la sostenibilidad de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Diputados opositores y cámaras empresariales del sector acusan Javier Milei de “pasar la motosierra” sobre un sector sensible y vulnerable. Desde el Foro Permanente Discapacidad acusan a la Administración de La Libertad Avanza de “destruir el sistema de atención a las personas con discapacidad” y atentar al “acceso igualitario de las personas con discapacidad a las prestaciones”.
En cuanto al “vaciamiento” del sector denunciado por los prestadores, desde el Ministerio de Salud recuerdan:
-En 2023, durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, “al aumento acumulado para los prestadores fue de 93% y la inflación fue del 214%.”
-El año pasado “el aumento al sector fue del 99% contra el 117% de inflación, con lo cual se perdió pero mucho menos a lo que perdieron con el gobierno anterior.”
El proyecto de ley
Entre los puntos destacados del proyecto de ley que impulsa la emergencia en discapacidad hasta 2027 se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que tendría “un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”, apuntan desde la cartera de Salud.
El artículo 4º, en sus distintos incisos, establece:
•”Un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, en el marco de políticas de protección social”.
•”El fortalecimiento de los prestadores del sistema previsto en la Ley 24.901, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales.
•”Garantía de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas”.
•”Asignación de partidas para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas de acción inclusiva”.
•”Actualización de la asignación mensual y medidas de inclusión para los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo Protegido, en cumplimiento de la Ley 26.816 sancionada en 2012 y promulgada en 2013, y que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad en la República Argentina. Su objetivo es garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los Talleres Protegidos de Producción, promoviendo su inclusión laboral y el acceso a condiciones dignas de empleo.
•”Participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de formulación de políticas públicas, según los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•”Faculta al Poder Ejecutivo a acordar otras medidas en materia de financiamiento con el Consejo Federal de Discapacidad.
El artículo 13 contempla una compensación de emergencia a prestadores del sistema, con base en la diferencia entre los aranceles actuales y la inflación. El artículo 14 establece la actualización mensual de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el artículo 17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, aunque con la aclaración de que no se podrá afectar el presupuesto destinado a servicios sociales.
Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias. “Esto es otra muestra del desorden fiscal heredado. Buscan forzar aumentos sin tener en cuenta la sustentabilidad. No hay una sola línea que diga cómo se va a pagar”, indicaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud ante una consulta de este medio.
Además, desde la Casa Rosada afirman que “la emergencia en discapacidad fue autoinducida por el uso político del sistema de pensiones durante los gobiernos anteriores, con la eliminación progresiva de los requisitos de invalidez laboral. Entre las medidas señaladas como parte de esa flexibilización normativa se encuentran:
•Resolución 8/2020 (ANDIS): permite iniciar el trámite en ANSES sin certificado médico oficial.
•Resolución 891/2021: habilita la emisión de certificados en papel por fuera del sistema TAD que es el Trámite a Distancia, una plataforma digital que permite a ciudadanos, empresas y organismos realizar gestiones administrativas de forma remota, electrónica y segura, sin necesidad de concurrir físicamente a una oficina pública.
•Decreto 7/2023: modifica el Decreto 432/97, eliminando el requisito de incapacidad total y permanente y reemplazándolo por criterios de inclusión más amplios y subjetivos.
Desde la oposición, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de declarar la emergencia nacional en discapacidad argumentando que el sistema actual no garantiza plenamente el acceso a derechos básicos, en especial para quienes enfrentan mayores niveles de exclusión y pobreza.
Graves irregularidades
Las auditorías iniciadas por la ANDIS y diversas causas judiciales que tramitan en provincias como Chaco y Formosa revelan graves irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones por Discapacidad Laboral:
– 212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
– 331 prófugos dela justicia también estaban recibiendo estas pensiones.
En la Provincia de Buenos Aires se descubrieron casos alarmantes:
-Un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes asistió acompañado de un abogado a la convocatoria de la ANDIS para validad el beneficio.
-Pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita”, la organización social que lidera el ex funcionario de Alberto Fernández, Emilio Pérsico-
-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado.
-Dos personas estaban cumpliendo cumpliendo condena. Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por la legislación vigente es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.
Una causa en Chaco descubrió:
-Una Beneficiaria con Amputación Falsa: la mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.
-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
-Una misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.
-El gobierno denunció que en Chaco “más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral”.
En la provincia de Formosa:
-El 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional)
-Hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos con Pensiones No Contributivas.
“Discapacidad en emergencia”
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.
En la misma línea, la diputada Natalia Zaracho, también del bloque de Unión por la Patria y referente del sector de la economía popular -dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- explicó que la iniciativa “busca que el Estado responda de manera efectiva a las necesidades urgentes de millones de personas con discapacidad que no acceden a una pensión o no reciben las prestaciones que les corresponden por ley”. Zaracho criticó la política de auditorías implementada por el Ejecutivo y afirmó que “no puede haber ajuste en discapacidad”.
El bloque de diputados opositores también subrayó que el proyecto no pretende otorgar automáticamente pensiones a todos los titulares de CUD, sino que busca establecer un marco de protección legal y financiera para garantizar la cobertura de prestaciones médicas, pensiones, transporte, educación y empleo protegido.
En ese sentido, remarcaron que la situación crítica del sector no se resuelve “con recortes ni con estigmatización de los beneficiarios”, y pidieron al oficialismo “dejar de hacer propaganda con las auditorías y asumir que hay una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad”.
Además, desde el Frente de Todos y otros bloques aliados, defendieron los cambios normativos introducidos durante la gestión anterior en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que fueron necesarios para ampliar el acceso a derechos en un contexto de pandemia y crisis económica, y que los criterios de otorgamiento se adaptaron a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con enfoque de inclusión y no de exclusión.
Por ahora, el tratamiento del proyecto genera un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en un escenario legislativo atravesado por la discusión del ajuste fiscal, el acuerdo con el FMI y la recomposición del sistema de asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con nuevas entrevistas médicas programadas y advertencias de posibles bajas de beneficios que no cumplan con los requisitos vigentes.
El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.
Sobre este tema, desde los despachos de la ANDIS y la cartera de Salud recordaron una frase del presidente Javier Milei: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.
POLITICA
El Gobierno retoma el debate sobre la seguridad y cita a discutir la baja de edad de imputabilidad
El tratamiento legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad en menores, que había quedado interrumpido la semana pasada, retomará su curso el próximo 24 de abril a las 17. El debate se llevará a cabo en un plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, entre otras. Este encuentro buscará avanzar hacia un dictamen unificado que permita establecer un marco legal consensuado sobre este tema sensible.
El plenario tiene en agenda la discusión de 13 proyectos de ley que abordan la reducción de la edad mínima a partir de la cual los menores pueden ser imputados penalmente como adultos. Aunque las propuestas varían en sus detalles, el oficialismo había planteado inicialmente bajar de 16 años a 13 años, mientras que los bloques opositores coincidieron en fijar la edad mínima en 14 años. Este punto de acuerdo permitió un avance hacia la posibilidad de un dictamen conjunto, que será clave para definir el futuro de la legislación en esta materia.
Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas. Estas propuestas buscan equilibrar la necesidad de justicia con un enfoque que priorice la reintegración social de los menores.
Otro aspecto relevante es la diferencia en las penas máximas propuestas para los menores en comparación con los adultos. Según el Gobierno, la pena máxima debería ser de 20 años, mientras que aproximadamente la mitad de los proyectos presentados sugieren un límite de 15 años. Este punto será uno de los temas clave a debatir en el plenario, ya que refleja distintas posturas sobre cómo abordar los delitos graves cometidos por menores.
El tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad había sido suspendido previamente debido a la sesión en la que se votó la conformación de una comisión para investigar el caso $Libra y la interpelación a varios funcionarios. Este retraso generó incertidumbre sobre el avance del tema, pero el nuevo llamado al plenario busca retomar la discusión y concentrar nuevamente la atención en esta iniciativa legislativa.
El Gobierno busca con esta medida recuperar protagonismo en la agenda política y avanzar en un tema que genera amplio debate en la sociedad. La discusión sobre la edad de imputabilidad no solo involucra aspectos legales, sino también consideraciones éticas y sociales sobre cómo tratar a los menores en conflicto con la ley.
El consenso alcanzado en torno a los 14 años como edad mínima de imputabilidad representa un avance significativo en un tema que históricamente ha generado divisiones. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, como la definición de las penas máximas y las condiciones específicas de las sanciones alternativas. Estos puntos serán cruciales para lograr un dictamen que cuente con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.
El plenario del 24 de abril será una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas presenten sus posturas y busquen acuerdos que permitan avanzar en la redacción de un marco legal que contemple tanto la necesidad de justicia como la protección de los derechos de los menores. La posibilidad de un dictamen unificado dependerá de la capacidad de los legisladores para encontrar puntos en común y superar las diferencias que aún persisten.
Implicaciones sociales y legales del debate
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad tiene implicaciones que van más allá del ámbito legislativo. Este debate refleja preocupaciones sociales sobre el aumento de la criminalidad juvenil y la necesidad de encontrar soluciones que combinen justicia y rehabilitación. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el papel del Estado en la protección de los menores y la prevención de conductas delictivas.
Las propuestas legislativas buscan equilibrar estas demandas mediante un enfoque que priorice las sanciones alternativas y establezca límites claros a las penas aplicables a los menores. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del sistema judicial para garantizar su cumplimiento.
POLITICA
La advertencia de EEUU a la Argentina, la pelea del Gobierno con el campo y el plan de relanzamiento de Milei
Eran las 12:30 del lunes en el coqueto salón comedor del Palacio Bosch, la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, cuando Scott Bessent se sentó a la mesa rectangular. Había langostinos ya servidos como entrada. El poderosísimo secretario del Tesoro norteamericano -ministro de Economía, en la categorización argentina- se quedaría diez horas en el país en el primer día sin cepo y para empezar su estadía, le estaba por dedicar 60 minutos plenos a un grupo muy influyente de empresarios locales.
Leé también: El Gobierno cree que sin el cepo se termina la volatilidad y prepara más anuncios para recuperar la iniciativa
Estaban Francisco de Narváez, Marcelo Mindlin (el presidente de Citi Argentina), Federico Elewaut, Pierpaolo Barbieri (el fundador de UALA), la vicepresidenta de Amcham, Mariana Schoua, además de CEOS de empresas agrícolas y de energía. No llegaban a diez personas. Bessent fue muy contundente en la simpatía que le genera el país -al que vino en plan turismo varias veces y también por inversiones financieras- y las reformas que está haciendo el Gobierno. Desplegó un menú de apoyo y oportunidades como las líneas de crédito del BID para inversiones y dijo ser muy optimista. Pero en la hora exacta que duró ese encuentro, mostró con intensidad la fase más misteriosa del apoyo político y financiero que el gobierno de Donald Trump está ejerciendo a favor de Javier Milei.
“¿Cuánto importás? ¿Cuánto de tu importación viene de China?”, le preguntó a uno de los empresarios. El hombre le contestó que la mitad de sus insumos importados era de origen chino. ¿Cuánto estás dispuesto a reducir ese porcentaje? Un asesor, como suele ocurrir en este tipo de reuniones, tomaba nota de cada pregunta y cada respuesta. Es apenas un ejemplo de varias consultas concretas que hizo Bessent. En la hora que duró el almuerzo, entre la carne con mil hojas y el helado de postre, varios de los comensales salieron convencidos de que el apoyo es completo pero la política transaccional que hizo famoso a Donald Trump, se aplicará también a la Argentina. ¿Cuál es entonces la moneda de cambio para tanto salvataje? Es una respuesta que nadie se llevó con precisión y que muchos suponen que se habló más en detalle en la reunión que Bessent tuvo después con el ministro de Economía, “Toto” Caputo.
Son intrigas que se irán resolviendo con el tiempo. No se trata de las condiciones que impuso el FMI para otorgar dinero -que son explícitas y claras- sino la naturaleza de la política del intercambio en la que Trump no muestra excepciones sin importar la afinidad.
En el Gobierno, esa es, por ahora, una inquietud inexistente. Su obsesión, ahora, es la inflación. Como escribimos acá la semana pasada, ninguna bifurcación económica alteraría la principal estrategia de campaña. Si quedaban dudas, estos primeros tres días sin cepo lo mostraron. En un sendero de euforia después de mucho tiempo, el equipo económico y el Presidente retomaron la centralidad. Mientras leés esta columna, todavía están discutiendo por redes Toto Caputo y el economista Hernán Lacunza -dos personas que tienen una relación personal desde hace años-, en un intercambio digital del que también participó activamente el propio Presidente. El origen fue que Lacunza, que había apoyado la osadía de la sorpresiva salida del cepo junto al acuerdo con el Fondo, anticipó que en corto plazo implicaría movimientos en la inflación.
No hubo ni habrá en los próximos días un seguimiento más detallado que el movimiento de los precios. Los supermercadistas recibieron ya hace diez días una remarcación generalizada. Fuentes del sector aseguran que varió entre el 5 y el 10 por ciento. Es un montón. “Nosotros si aumentan algo más, no recibimos la mercadería. No hay quien la compre”, dice el dueño de una cadena de supermercados.
La baja del consumo fue feroz en el último año y había empezado a recuperarse en enero y febrero después de meses de baja de inflación, pero en marzo ya se detuvo esa tendencia. Los huevos de pascua que se comerán este domingo, llegaron con aumentos muy por encima de la inflación (la acumulada de marzo a marzo fue del 55,7%). Es una pugna desquiciante que atraviesa a todos los Gobierno. Si esta semana había flashbacks de kirchnerismo cuando el Gobierno empezó a apoyar boicots a las alimenticias que concentran la producción y distribución de todo el país.
Hablen ustedes con el campo
El Gobierno llegó a este punto de giro en su política cambiaria después de un mes de una tensión insostenible. En estos días, ese estado parece una película vieja. Ya el sábado, cuando con la excitación fresca después del anuncio y la intriga sobre cómo abrirían los mercados, recibieron a un grupo de economistas -entre los que estaban Ricardo Arriazu y Martín Redrado-, había en el equipo económico una sensación de triunfo sobre lo que vendría.
Frente a Toto Caputo y a sus principales funcionarios, Redrado preguntó si ya habían hablado con la cámara de las cerealeras y aceiteras. Se miraron entre ellos y respondieron que no. Ahí se definió convocarlos para el lunes, en una reunión de la que participaron los gerentes financieros de las exportadoras de granos y aceite. Toda gente que llegó preparada para recibir la presión de liquidar dólares y que se encontró con la primera plana del Ministerio, exceptuando a Caputo. Estaban Federico Furiase, Alejandro Werning y Juan Pazo que en rigor es titular del ARCA, pero es el único integrante de la economía real al provenir de la industria textil y también del negocio ganadero.
Es Pazo el interlocutor básico de todos ellos. La reunión empezó cuando Milei ya había dicho que liquidaran rápido porque además el 30 de junio se vence la baja de las retenciones. Lo que escucharon los gerentes de las cerealeras sólo complicó la situación: la estrategia es bajar el dólar al piso. Menos todavía de lo que les daba el dólar blend que se terminó el viernes pasado con los anuncios del Gobierno. Fue todo tenso e incómodo. Y los representantes de las exportadoras pidieron que el Gobierno se sentara con la mesa de enlace y las asociaciones de productores para explicarles que no sólo volvían las retenciones pronto sino que el dólar iba a estar todavía más bajo.
Aceptaron la propuesta y el lunes próximo empieza una ronda de conversaciones con las organizaciones del campo que nadie sabe cómo terminará. Las cerealeras comprometieron esta semana la liquidación de 450 millones de dólares por registros de exportaciones en los próximos 60 días. Suponían que en este primer tramo, el dólar flotaría alto y el trámite se inscribe por adelantado. “Se viene un apagón”, dice ahora uno de los participantes de la reunión sobre el futuro de las liquidaciones si el pronóstico de dólar flotando bajo del Gobierno se concreta.
Milei en campaña
Mientras la economía monopoliza la conversación, la variable electoral es el otro elemento central de este año configura muchas tensiones en la Libertad Avanza. La fuerza, que ahora es un partido inscripto y con personería en todo el país, está presidida por Karina Milei, con Martín Menem como vice y Lule Menem como apoderado.
Este último fue el mayor decisor de los cargos en la ANSES y en el PAMI que se repartieron, como suele hacerse, con la lógica de la casta de la vieja política en todas las seccionales del país. Están apareciendo chats preocupantes en distintas provincias, como fue el caso de Misiones, donde los jefes libertarios piden un diezmo a los encargados de PAMI para la recaudación política. El mapa de chats de ese estilo parece multiplicarse. Algo similar está sucediendo en Santa Cruz y hay más provincias con denuncias similares. El viejo problema de la recaudación política amenaza a los Menem. Una contradicción feroz para el discurso oficial.
En la provincia de Buenos Aires, este martes sucederá el congreso partidario de los libertarios. Un evento para 1200 personas que será la primera demostración de fuerza en ese territorio estando en el poder, organizada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense. Hablarán Patricia Bullrich, Mario Lugones, Cuneo Libarona, Demian Reidel, José Luis Espert, Pareja y el propio presidente Javier Milei.
Su presencia empieza a ser una pieza clave de las campañas en un año donde ganar las elecciones es tan esencial como acumular dólares o controlar la inflación. Hay dos oradores que tuvieron que ser retirados del line up del Congreso: Guillermo Francos y Toto Caputo por la interpelación en el Congreso de la Nación por el caso Libra.
¿Va Adorni al debate?
Faltan treinta días para la elección porteña. A diferencia de Santa Fe, esta sí será la primera batalla del año que definirá mucho del tablero político nacional. Hay un hito en este sendero hasta el 18 de mayo: el debate entre los candidatos.
Leé también: La jugada de Milei para poner a Adorni de candidato, la preocupación por el dólar y la crisis del PRO
El que se rige por ley y es obligatorio para los candidatos en el canal de la Ciudad; y el más popular, el que se hace en A Dos Voces por TN. Son 17 competidores porque no hubo PASO y es una locura cualquier puesta televisiva con esa dinámica.
Todavía no hay fecha ni confirmación. Es parte de unas discusiones atroces con estrategias disímiles. Crecen muchas dudas sobre la decisión que tomará Adorni. Leandro Santoro, envalentonado por las encuestas, es el más exigente con las condiciones. Y Larreta se juega todo en esa exposición. La ley dispone que los candidatos deben participar y tienen que pagar una multa si no van. La consecuencia de no ir no asusta a nadie: apenas $1.230.000. Un chiste.
Javier Milei, FMI, cepo, Elecciones 2025
El trigo y la cebada cuya siembra los productores definen por estos días sumarían 25,6 millones de toneladas, según estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Con un clima que se presenta favorable para la siembra, y con una ecuación económica que permite mantener los planteos tecnológicos promedios, se espera que el área sembrada de trigo alcance los 6,7 millones de hectáreas, con una producción estimada en 20,5 millones de toneladas. Mientras que la superficie destinada a la cebada se ubica en 1,3 millones de hectáreas, con una producción proyectada de 5,1 millones de toneladas.
Ramiro Costa, gerente de Estudios Económicos de la entidad indicó que este año hay condiciones económicas más favorables para el productor. En cuanto a precios, el trigo cotiza levemente por encima del año pasado (+3%), aunque aún se ubica un 5% por debajo del promedio de las últimas cinco campañas. Sin embargo, la baja en los costos mejora la relación insumo-producto y permite proyectar una leve mejora en la rentabilidad proyectada. Este escenario sería aún más favorable si se mantuviera la reducción en los derechos de exportación del 12% al 9,5%. Además, se proyecta un uso de tecnología al menos igual, e incluso algo superior, al de la campaña pasada, lo que refuerza las perspectivas productivas positivas.
En ese sentido, estos cultivos de color amarillo se podrían convertir en más verdes (color del dólar) con una sostenida baja de retenciones, que alentaría a una mayor siembra y con alto paquete tecnológico, que rendundaría en una cosecha más voluminosa a fin de año, y más temprano que tarde en más divisas que esta semana el presidente Javier Milei pidió al campo que liquide (ver Hora de desparasitar).
Costa destacó que, en los últimos diez años, Argentina ha mantenido un nivel de exportaciones de trigo relativamente estable, con un promedio de 10 millones de toneladas anuales, mientras que otros países exportadores continúan ampliando su participación. Esta dinámica ha llevado a una pérdida gradual de participación argentina en el comercio mundial. De cara al futuro, se espera un crecimiento moderado en las exportaciones argentinas, aunque fuertemente condicionado por la competencia de otros orígenes.
Este escenario expone la necesidad de profundizar cambios que mejoren la competitividad del país. En los últimos meses se han observado avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica y desregulaciones que permitieron ganar eficiencia y reducir costos. Ese camino, favorable, debe continuar para consolidar el salto que el agro argentino está en condiciones de dar.
Sobre el aporte económico de ambas cadenas, Costa, destacó que el valor agregado de las cadenas de trigo y cebada sería de US$ 4.723 millones, 31% más que en la campaña anterior. A la expansión de superficie y del volumen, se suma el efecto positivo de la relación entre los precios del trigo y sus costos de producción. Adicionalmente, se proyecta que las exportaciones de estos cereales experimenten una mejora del 15%, alcanzando un valor de US$ 4.225 millones.
José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, valoró positivamente algunas medidas recientes del gobierno argentino como la salida del cepo, la unificación cambiaria y la desburocratización, considerándolas pasos hacia adelante para la normalización del país y su capacidad para competir con otros países de la región. Pero señaló que aún quedan cosas por hacer, especialmente en todo lo relacionado a la carga tributaria y la necesidad de incentivar la inversión y la producción para lograr mayor cosecha y un desarrollo sostenible.
Trigo,Dólar,Javier Milei
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