POLITICA
“Demagogia fiscal”: el Gobierno asegura que la declaración de emergencia en discapacidad costaría USD 150 millones mensuales
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el Gobierno aseguran que las administraciones kirchnerista de Cristina Fernández y Alberto Fernández utilizaron las pensiones por discapacidad como un sistema de “subsidios” y “herramienta de campaña política” ya que se otorgaron sin la documentación médica respaldatoria o de manera irregular. Por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros. También se descubrió un aceitado sistema de coimas para gestionar “certificados truchos” en los que están involucrados funcionarios, médicos, gestores y directores de hospitales públicos.
Asimismo sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.
Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios.
La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.
Desde el oficialismo también critican la base argumental del proyecto, señalando que actualmente se cumple con la normativa vigente en materia de discapacidad y que “todas las prestaciones están garantizadas”. Además, se observó que el texto “no establece claramente las competencias de las jurisdicciones” ni delimita cómo se implementarán las medidas propuestas.
Uno de los puntos más polémicos es la extensión de pensiones sin exigir la acreditación de invalidez laboral total y permanente, un requisito vigente hasta enero de 2023, cuando una serie de resoluciones y decretos del gobierno anterior modificaron los criterios de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC), lo que, según la actual administración, derivó en múltiples casos de irregularidades y fraudes.
Auditorías en marcha
Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el número de pensiones por invalidez creció en casi 300.000 casos, alcanzando un total de 1.250.000. Desde enero, el Gobierno inició una auditoría nacional que se realizan desde la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el titular del PAMI, Esteban Leguízamo que hasta ahora arrojó los siguientes resultados:
•Se enviaron 470.000 cartas documento a titulares de pensiones.
•Solo 248.877 fueron entregadas. Entre las no entregadas, se identificaron 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos a la notificación y 100 renuncias voluntarias al beneficio.
•Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y se programaron otras 128.660. El Ministerio de Salud reportó casos concretos de fraudes detectados en la auditoría. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros intactos.
En el Chaco, se hallaron pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo cáncer de mama sin antecedentes médicos y pie plano en menores de edad. También se descubrió la reutilización de una misma radiografía en 150 trámites distintos.
Además, se identificaron 212 personas privadas de libertad y 331 prófugos de la justicia que percibían irregularmente pensiones por invalidez. Entre los ejemplos más graves, figuran beneficiarios que iniciaron y obtuvieron la pensión en lapsos de 3 a 13 días, incluyendo casos de personas con múltiples causas penales abiertas y sin condiciones médicas habilitantes.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a en cabeza de Mario Iván Lugones, reafirman que las auditorías que se llevan adelante sobre el universo de 1,8 millones de pensiones no contributivas “para corregir las irregularidades que hoy existen y para que, a partir del ahorro que se genera poder otorgar mejores prestaciones”. Para los funcionarios de La Libertad Avanza: “Este proyecto de ley atenta contra eso porque amplia el número de beneficiarios en más de 600 mil personas”
Sobre este punto, los funcionarios son tajantes: “El proceso de auditoria que se lleva adelante es muy importante porque terminar con las irregularidades y dar de baja las pensiones inexistentes o mal dadas va a generar un ahorro, que permitirá mejorar prestaciones”.
El proyecto de ley, que ya fue dictaminado por la comisiones Salud y Discapacidad de la Cámara Baja y el 23 de abril se trataría en la de Presupuesto, se estructura en una serie de artículos que buscan garantizar el “acceso” y la sostenibilidad de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Diputados opositores y cámaras empresariales del sector acusan Javier Milei de “pasar la motosierra” sobre un sector sensible y vulnerable. Desde el Foro Permanente Discapacidad acusan a la Administración de La Libertad Avanza de “destruir el sistema de atención a las personas con discapacidad” y atentar al “acceso igualitario de las personas con discapacidad a las prestaciones”.
En cuanto al “vaciamiento” del sector denunciado por los prestadores, desde el Ministerio de Salud recuerdan:
-En 2023, durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, “al aumento acumulado para los prestadores fue de 93% y la inflación fue del 214%.”
-El año pasado “el aumento al sector fue del 99% contra el 117% de inflación, con lo cual se perdió pero mucho menos a lo que perdieron con el gobierno anterior.”
El proyecto de ley
Entre los puntos destacados del proyecto de ley que impulsa la emergencia en discapacidad hasta 2027 se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que tendría “un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”, apuntan desde la cartera de Salud.
El artículo 4º, en sus distintos incisos, establece:
•”Un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, en el marco de políticas de protección social”.
•”El fortalecimiento de los prestadores del sistema previsto en la Ley 24.901, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales.
•”Garantía de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas”.
•”Asignación de partidas para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas de acción inclusiva”.
•”Actualización de la asignación mensual y medidas de inclusión para los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo Protegido, en cumplimiento de la Ley 26.816 sancionada en 2012 y promulgada en 2013, y que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad en la República Argentina. Su objetivo es garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los Talleres Protegidos de Producción, promoviendo su inclusión laboral y el acceso a condiciones dignas de empleo.
•”Participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de formulación de políticas públicas, según los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•”Faculta al Poder Ejecutivo a acordar otras medidas en materia de financiamiento con el Consejo Federal de Discapacidad.
El artículo 13 contempla una compensación de emergencia a prestadores del sistema, con base en la diferencia entre los aranceles actuales y la inflación. El artículo 14 establece la actualización mensual de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el artículo 17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, aunque con la aclaración de que no se podrá afectar el presupuesto destinado a servicios sociales.
Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias. “Esto es otra muestra del desorden fiscal heredado. Buscan forzar aumentos sin tener en cuenta la sustentabilidad. No hay una sola línea que diga cómo se va a pagar”, indicaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud ante una consulta de este medio.
Además, desde la Casa Rosada afirman que “la emergencia en discapacidad fue autoinducida por el uso político del sistema de pensiones durante los gobiernos anteriores, con la eliminación progresiva de los requisitos de invalidez laboral. Entre las medidas señaladas como parte de esa flexibilización normativa se encuentran:
•Resolución 8/2020 (ANDIS): permite iniciar el trámite en ANSES sin certificado médico oficial.
•Resolución 891/2021: habilita la emisión de certificados en papel por fuera del sistema TAD que es el Trámite a Distancia, una plataforma digital que permite a ciudadanos, empresas y organismos realizar gestiones administrativas de forma remota, electrónica y segura, sin necesidad de concurrir físicamente a una oficina pública.
•Decreto 7/2023: modifica el Decreto 432/97, eliminando el requisito de incapacidad total y permanente y reemplazándolo por criterios de inclusión más amplios y subjetivos.
Desde la oposición, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de declarar la emergencia nacional en discapacidad argumentando que el sistema actual no garantiza plenamente el acceso a derechos básicos, en especial para quienes enfrentan mayores niveles de exclusión y pobreza.
Graves irregularidades
Las auditorías iniciadas por la ANDIS y diversas causas judiciales que tramitan en provincias como Chaco y Formosa revelan graves irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones por Discapacidad Laboral:
– 212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
– 331 prófugos dela justicia también estaban recibiendo estas pensiones.
En la Provincia de Buenos Aires se descubrieron casos alarmantes:
-Un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes asistió acompañado de un abogado a la convocatoria de la ANDIS para validad el beneficio.
-Pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita”, la organización social que lidera el ex funcionario de Alberto Fernández, Emilio Pérsico-
-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado.
-Dos personas estaban cumpliendo cumpliendo condena. Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por la legislación vigente es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.
Una causa en Chaco descubrió:
-Una Beneficiaria con Amputación Falsa: la mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.
-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
-Una misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.
-El gobierno denunció que en Chaco “más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral”.
En la provincia de Formosa:
-El 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional)
-Hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos con Pensiones No Contributivas.
“Discapacidad en emergencia”
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.
En la misma línea, la diputada Natalia Zaracho, también del bloque de Unión por la Patria y referente del sector de la economía popular -dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- explicó que la iniciativa “busca que el Estado responda de manera efectiva a las necesidades urgentes de millones de personas con discapacidad que no acceden a una pensión o no reciben las prestaciones que les corresponden por ley”. Zaracho criticó la política de auditorías implementada por el Ejecutivo y afirmó que “no puede haber ajuste en discapacidad”.
El bloque de diputados opositores también subrayó que el proyecto no pretende otorgar automáticamente pensiones a todos los titulares de CUD, sino que busca establecer un marco de protección legal y financiera para garantizar la cobertura de prestaciones médicas, pensiones, transporte, educación y empleo protegido.
En ese sentido, remarcaron que la situación crítica del sector no se resuelve “con recortes ni con estigmatización de los beneficiarios”, y pidieron al oficialismo “dejar de hacer propaganda con las auditorías y asumir que hay una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad”.
Además, desde el Frente de Todos y otros bloques aliados, defendieron los cambios normativos introducidos durante la gestión anterior en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que fueron necesarios para ampliar el acceso a derechos en un contexto de pandemia y crisis económica, y que los criterios de otorgamiento se adaptaron a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con enfoque de inclusión y no de exclusión.
Por ahora, el tratamiento del proyecto genera un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en un escenario legislativo atravesado por la discusión del ajuste fiscal, el acuerdo con el FMI y la recomposición del sistema de asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con nuevas entrevistas médicas programadas y advertencias de posibles bajas de beneficios que no cumplan con los requisitos vigentes.
El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.
Sobre este tema, desde los despachos de la ANDIS y la cartera de Salud recordaron una frase del presidente Javier Milei: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.
POLITICA
La provincia de Buenos Aires cuenta con uno de los salarios docentes más bajos de la región centro
Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron el aumento salarial del 3% propuesto por el gobernador Axel Kicillof y convocaron a un paro de 24 horas para el 2 de marzo, fecha en la que estaba prevista en inicio de clases en el distrito. Según registros de septiembre de 2025, la provincia contaba con uno de los salarios brutos más bajos de la región centro del país, aunque, a nivel nacional, es la región noroeste la que presenta los peores montos.
El dato surge de comparar el salario bruto de un maestro de grado sin antigüedad para cada provincia para el tercer trimestre del año pasado, la última información publicada por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. El monto no incluye descuentos, es decir, no representa lo que cobra en mano un docente.
En septiembre pasado, el haber de un maestro bonaerense sin antigüedad fue de $883.734, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, esa cifra ascendía a $904.326. Otras provincias de la región centro contaban con salarios incluso más elevados: en Córdoba, el monto equivalía a $1.090.466, mientras que en Santa Fe era de $952.765.
En la zona centro del país, el salario bonaerense solo superaba al de Entre Ríos, donde el haber bruto era de $798.285.
En el distrito gobernador por Frigerio habrá una audiencia paritaria el próximo 23 de febrero.
El haber bonaerense era más elevado, sin embargo, que el salario de la mayor parte de la región de Cuyo y el noroeste argentino. Esta última es la región que presentaba, a septiembre de 2025, los peores ingresos docentes sin descuentos.
En Mendoza y San Juan, el salario bruto de un docente sin antigüedad se ubicaba a fines del tercer trimestre del año pasado en $806.322 y $822.887, respectivamente. Esos montos guardaban una brecha significativa con San Luis, donde la remuneración llegaba a $922.972.
Jujuy, por su lado, contaba con un salario de $837.898, mientras que en La Rioja y Tucumán, los valores trepaban a $869.950 y $844.539, respectivamente. Santiago del Estero lideraba la región con un haber sin descuentos de $888.351 -el único mayor al de la provincia de Buenos Aires- y, en el extremo contrario, se encontraban Catamarca ($741.186) y Salta ($673.758).
En Misiones, por su lado, la remuneración alcanzó en septiembre del año pasado $773.735. Tanto Formosa ($893.585) como Chaco y Corrientes -donde los salarios brutos superaban el millón de pesos ($1.028.737 y $1.085.931) contaban, según la última medición oficial, con haberes superiores a la provincia de Kicillof.
“Las provincias del sur tienen salarios un poco más altos”, señaló Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), a . El ranking lo lideraban Neuquén y Santa Cruz con montos brutos que, de acuerdo a los registros de septiembre, llegaban a $1.762.190 y $1.449.138. Le seguía de cerca Tierra del Fuego, con montos de $1.414.994, pese a que la provincia enfrentó varias protestas docentes en reclamo por actualizaciones salariales en 2025.
La comparativa provincial se completa con Río Negro ($1.217.131), La Pampa ($1.059.944) y Chubut ($874.641).
rechazaron el aumento salarial,enfrentó varias protestas,docentes,Provincia de Buenos Aires,Conforme a,Docentes,,Reajuste. En marzo habrá un aumento de 5,28% para un grupo de jubilados de la Anses,,Tenía 64 años. Qué se sabe de la muerte de la actriz Gaby Ferrero,,“Todo puede ser posible”. El sueño que quiere concretar la maestra argentina que fue elegida como finalista del premio al mejor docente del mundo
POLITICA
Reforma laboral: el frente sindical combativo hará un paro con movilización cuando el proyecto se trate en Diputados
La reforma laboral aprobada en el Senado todavía no se debatió en la Cámara de Diputados, pero ya originó una nueva protesta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
Así lo decidió esta tarde aquel polo sindical ultraopositor, que integran la UOM, Aceiteros y las CTA, entre otros, durante una reunión en el gremio metalúrgico, tras la cual el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores”.
“No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento -sostuvo-. El Gobierno tomó nota durante las últimas horas de que en la sociedad crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma y los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral. Ahora tenemos que ser capaces de frenar la corrupción y los sobornos en Diputados».
Aguiar, uno de los opositores más duros del Gobierno dentro del sindicalismo, señaló que “el miércoles (pasado) había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones” y anticipó: “Desde ATE vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas para ratificar esta medida de fuerza”.
Este mismo dirigente hizo otras declaraciones polémicas esta semana: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte“, indicó ante el debate de la reforma laboral en el Senado. Y otro de los líderes del Fresu, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, también abrió una polémica cuando dijo: “Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado” (luego intentó relativizar la amenaza).
Uno de los impulsores de este frente sindical es Abel Furlán, secretario general de la UOM, que critica la estrategia moderada de la CGT ante la reforma laboral (aunque uno de sus dirigentes, Osvaldo Lobato, es secretario Gremial cegetista). Y por eso se unió a dirigentes de impronta combativa para dar pelea contra la reforma laboral: lanzaron un plan de lucha que incluyó movilizaciones en Córdoba, la semana pasada, y en Rosario, el martes pasado, y se sumaron a la concentración de la CGT ante el Congreso.
Las jornadas de protesta del Fresu buscaron exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma laboral y responsabilizarlos por el avance del proyecto. Sus miembros rechazan cualquier intento de negociación parcial, como impulsa la CGT, y desconfía de eventuales declaraciones de inconstitucionalidad del proyecto oficia por parte de la Corte Suprema.
Además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, integran el Fresu la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AMOA), Molineros, CONADU y Viales, entre otros, y se sumó Pablo Moyano a título individual.
Todas son organizaciones del ala dura del sindicalismo y no se descarta que terminen unidas en la acción con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que también tiene una postura más intransigente y, aunque sigue alineada a la CGT, podría endurecerse si los líderes cegetistas mantienen una actitud pasiva ante la reforma laboral.
Cuando la CGT se movilizó este miércoles ante el Congreso, sin auspiciar ningún cese de actividades, ATE dispuso un paro de 24 horas de los estatales y la UOM, una medida similar con abandono de tareas a las 10.30. Y en el caso de la CATT, los sindicatos aeronáuticos hicieron un paro de 15 a 18, que provocó demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretaron una huelga en los subtes de 21 a 23.30.
POLITICA
La Justicia rechazó un recurso de la comunidad mapuche y es inminente el desalojo de tierras usurpadas en Neuquén
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A través de una reciente resolución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó una presentación de la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, y el desalojo sería inminente.
Si bien las diversas causas vinculadas a la comunidad están en la Corte Suprema, lo cierto es que la queja presentada por su abogado ante el máximo tribunal no suspende la ejecución de la sentencia del año pasado, que ordenaba el desalojo. Una de las acciones había sido iniciada por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por una propiedad que compró en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.
En septiembre de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino consideró acreditado el título de propiedad de Ginóbili y dio un plazo de 30 días para el desalojo de la comunidad mapuche. Cuando se quiso ejecutar esa sentencia, el juez de Junín de los Andes se declaró incompetente y el abogado del lof Paicil Antriao, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó esa competencia. “El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos discutiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal rechazó mi recurso de casación y le da la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para llevar adelante el desalojo”, explicó Sánchez.
Sumó que, en paralelo, mantenían una instancia de diálogo con el municipio de esa localidad neuquina, que “a esta altura parece que está quebrada”. De todas formas, está pendiente que el abogado de la comunidad mapuche presente un recurso extraordinario contra el reciente fallo del TSJ.
El conflicto con Ginóbili comenzó por un terreno de alrededor de 20 hectáreas. Según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Ginóbili “fue estafado” al comprar los lotes. De acuerdo con el lof Paicil Antriao (que administra un camping en el lago Correntoso), esas tierras fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.
El juez Bonorino sostuvo en su sentencia que “no hay informe oficial alguno que determine que esas tierras gozan de la protección de la propiedad comunitaria indígena”, y que los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resultan “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar ocupación tradicional.
“La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino hace mención a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando tenemos Personería Jurídica otorgada por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista por donde se lo mire”, señalaron desde la comunidad tras conocerse el fallo.
Las comunidades mapuches también consideraron que el municipio de Villa La Angostura “coordina maniobras para volver a la carga” con diversos desalojos, como los que enfrentan los lof Quintriqueo y Melo. “Todavía quedan recursos para presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, dijo que ellos estaban interesados en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificar. Estoy haciendo los oficios para frenar el desalojo. Porque, por otro lado, el particular en el expediente madre trata de llevar adelante la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.
En el caso de la comunidad Quintriqueo, el conflicto se originó a finales de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que las personas de esa comunidad ingresaron en su lote, ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, y recurrió a la justicia para recuperar la posesión. En 2016, un juez ordenó el desalojo, pero la ejecución se encuentra frenada tras la intervención el año pasado del Ministerio de Gobierno neuquino.
Finalmente, Sánchez advirtió que la comunidad Paicil Antriao enfrenta millonarias multas por parte del municipio: “Como no tienen licencia comercial (que no la tienen porque la municipalidad no se las quiere dar), les aplican multas de 1 millón de pesos por vender tortas fritas. Ya hemos apelado varias multas. Les han clausurado el camping para que no puedan llevar adelante actividades y también apelé esa clausura”.
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