POLITICA
Tras la derrota del oficialismo en el Congreso, Guillermo Francos comenzó a llamar a los gobernadores para recomponer la relación
Poco después de que La Libertad Avanza fracasara en su intento de evitar que la Cámara de Diputados aprobara la conformación de una comisión investigadora del caso $Libra, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tomó su teléfono y llamó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Para ese momento, en la Casa Rosada había un fuerte malestar con el mandatario provincial, así como también con su par de Catamarca, Raúl Jalil, por no haber apoyado al oficialismo en esta votación sensible.
Los integrantes del Gobierno que intervinieron en las negociaciones parlamentarias esperaban un respaldo por parte de ellos dos, a pesar de que no habían dado garantías de eso en la previa del debate, e incluso especularon con la posibilidad de impedir el quórum, lo que finalmente no consiguieron.
Sorprendió, sobre todo, el cambio de postura del catamarqueño, un dirigente que se venía mostrando muy cercano al presidente Javier Milei y que ayudó a los libertarios en otras oportunidades.
En Balcarce 50 no arriesgan un motivo por el cual ambos gobernadores retiraron el apoyo, pero insinúan que podría deberse a la cercanía de las elecciones legislativas, ya que, a pesar de la buena sintonía, por el momento no hay acuerdos entre LLA y los partidos locales.
“Se terminó la época de la buena onda y de mostrarse juntos, ahora nadie te va a regalar una foto con Milei o con Francos, a menos de que haya una alianza electoral. Me parece que lo que pasó en el Congreso también viene por ahí, deben querer separarse del Gobierno”, opinó un asesor de Francos.
Hasta la fecha, la cúpula libertaria solamente cerró un pacto político con la Unión Cívica Radical de Leandro Zdero en Chaco, donde el oficialismo local y el nacional compartirán boletas.
El caso inverso es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde el vocero Manuel Adorni fue convencido por el “triángulo de hierro” para que encabece la lista de candidatos a legisladores, con el objetivo de disputarle poder al PRO.
No obstante, tampoco hubo acuerdos en otros distritos que adelantaron sus comicios, como en Jujuy, Misiones, Santa Fe y San Luis, aunque en algunos casos LLA ni siquiera competirá.
En Córdoba, si bien Llaryora lleva adelante un armado peronista disidente del kirchnerismo, también tiene una postura crítica de la gestión de Milei, que en este territorio tiene como referente a la diputada María Celeste Ponce.
En Catamarca, en tanto, La Libertad Avanza está conversando con la UCR para formar un frente que, si finalmente se conforma, aparecía como uno de los principales opositores al PJ del gobernador Raúl Jalil.
“La negativa a toda propuesta de unidad de la oposición expone a quienes son funcionales y financiados para mantener el estatus de los 20 puntos de Jalil arriba, control de ambas Cámaras, TC (Tribunal de Cuentas), Poder Judicial, etc. Es la diferencia entre un proyecto político y un proyecto personal”, escribió en su cuenta de X Adrián Brizuela, jefe del bloque libertario de diputados provinciales.
El martes pasado, en el Congreso, el proyecto de resolución para crear una comisión investigadora del caso $Libra fue aprobado con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones.
También se sancionó el pedido de interpelación a Francos, a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
Tal como anticipó este medio, el jefe de Gabinete tiene previsto asistir a esa declaración, programada para el 22 de abril a las 14:00, a pesar de que seis días antes tiene que brindar su informe de gestión.
De hecho, el funcionario ya respondió las casi 4 mil preguntas de los senadores y diputados, de las cuales tan solo unas 100 están relacionadas con la criptomoneda que el presidente Milei difundió a través de las redes sociales cuyo precio escaló para luego derrumbarse y lo dejó envuelto en una presunta estafa.
Debido a que este miércoles cumplirá con ese trámite en el Congreso, en el que deberá hablar sobre $Libra, para volver a la semana siguiente, Francos podría retirarse del recinto apenas termine su exposición, sin someterse a repreguntas.
Los pasajeros de los trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba se encontraron este martes con la suspensión de los servicios.
Tal como informó la operadora Nuevo Central Argentina (NCA), responsable del tendido de vías, la medida tiene carácter temporal y se realiza para emprender tareas de supervisión y mantenimiento, por lo cual -de acuerdo a la empresa- no se trata de una decisión de Trenes Argentinos ni de una medida gremial.
Leé también: Avanza en el Congreso el proyecto que busca limitar los DNU de Milei: Diputados lo trataría la próxima semana
La suspensión alcanza específicamente a los servicios de Retiro-Córdoba y Retiro-Tucumán. Según pudo saber TN, la interrupción es temporal, aunque se espera un comunicado oficial con detalles adicionales sobre los trabajos que motivan la decisión.
En cambio, desde el gremio La Fraternidad, que representa a los maquinistas, expresaron su preocupación. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, señaló que sospechan que esta medida podría anticipar un cierre definitivo de los ramales, en una operación similar a la que se registró en los años 90.
“Estamos atentos a cualquier señal que indique que se podría tratar de un cierre definitivo”, dijo Maturano a este medio.
En un comunicado, La Fraternidad recordó que la semana pasada se habían llevado a cabo acciones de protesta en el área metropolitana, con trenes circulando a 30 km/h como medida de precaución ante el estado de las vías y la seguridad de los pasajeros.
El gremio advirtió que la continuidad de la política ferroviaria actual apunta al desmantelamiento del sistema, la venta de propiedades del Estado y la reducción progresiva de servicios, mientras que los trabajadores sostienen que los ferrocarriles podrían recuperarse con una explotación racional de la infraestructura y los bienes actualmente fuera de uso.
Según La Fraternidad, ya se discontinuaron servicios hacia Mendoza, San Luis y La Pampa, así como los trayectos Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pinamar, Bahía Blanca y otros recorridos turísticos.
El gremio alertó que próximamente podrían suspenderse los recorridos Retiro-Tucumán y Neuquén-Chipoletti, entre otros, y denunció que detrás de estas decisiones estaría la influencia de organismos financieros internacionales en detrimento del transporte nacional.
trenes, larga distancia, Córdoba, Tucumán
POLITICA
Caso Odebrecht | Revés para dos altos ejecutivos de la constructora brasileña por una resolución de la Corte argentina
La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.
Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.
Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la “delación premiada” en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.
Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.
La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista.
La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.
Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.
La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada.
En 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.
El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.
Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.
Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral.
Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.
Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.
Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.
Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.
Consultado entonces por , Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.
Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra.
El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la “cadena de custodia” el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Condenaron a Julio de Vido por la compra irregular de gas licuado durante el gobierno de Cristina Kirchner
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Condena,Corrupción,Cristina Kirchner,Julio de Vido
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