POLITICA
Dudas y reclamos en Comodoro Py antes de la implementación del nuevo sistema acusatorio
La llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py en agosto, tal como anunció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hace dos meses, genera alta expectativa en los tribunales de Retiro, especialmente favorable entre fiscales –quienes pasarán a dominar por entero el ritmo de los expedientes–, pero también entre jueces de primera instancia que, pese a ver recortadas sus facultades, distinguen con buenos ojos la llegada de un régimen “más moderno” que pondría a la Argentina a tono con la región.
En la práctica, además, la mayoría de ellos acostumbra a delegar desde el vamos la investigación en los fiscales y a ocupar el rol que el nuevo sistema tiene les tiene reservado.
Sin embargo, es una costumbre que no alcanza a convertirse en norma. Algunos de los jueces asumen en ocasiones puntuales la dirección de la investigación, a veces porque prefieren no sobrecargar con causas menores a los fiscales, que cuentan con menos recursos que los juzgados; a veces porque quieren tener ellos el control en algunos tramos de la pesquisa.
A fines del mes pasado, por ejemplo, la jueza María Eugenia Capuchetti reasumió la investigación que había delegado en el fiscal Carlos Rívolo de la causa que investiga el ataque contra Cristina Kirchner en 2022 por considerar que todavía había más por hacer (hay tres implicados diendo juzgados por el TOF 6).
Con el nuevo sistema, esto quedaría por fuera de las posibilidades de los jueces, que deberán resignarse a actuar como una suerte de umpire que observa el trámite desde arriba, sin poder participar más que para hacer cumplir las garantías del proceso.
Más allá de ver reducida su intervención, y pese a que ya rige en otras provincias, las dudas de los jueces respecto al nuevo régimen pasan casi exclusivamente por su implementación. Y la incertidumbre no es exclusiva de los jueces de primera instancia, sino que se extiende por la Cámara federal y la de Casación.
Entre otras cuestiones, los jueces comparten con los fiscales la preocupación por los recursos. Consideran que hace falta personal, sobre todo en las fiscalías, nuevas salas de audiencias, y un salto de calidad en algunos servicios, como la electricidad, cuya red se encuentra trabajando al límite.
Hay quienes todavía se lamentan por el frustrado desembarco de la firma Café Martínez al edificio por este motivo, y sienten que sus dudas sobre el acusatorio están fundadas. Especialmente porque no hubo ningún paso concreto en esa dirección cuando falta poco para su implementación.
También exhiben reparos respecto a un eventual funcionamiento: un sistema que se prevé más veloz y transparente, entienden, puede generar fricciones de distinto tipo con las causas de alta densidad política, cuya investigación, para ser exitosa, exige tiempos pausados, mucha dedicación y cierta reserva, explican.
Recursos
La implementación del acusatorio a la justicia federal de Py depende casi por entero de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según reitera el propio ministro Cúneo Libarona en las reuniones sobre el tema que desde el año pasado mantiene con distintos jueces.
Pero ahora, aseguran en la cartera, se llegó a un acuerdo con el organismo y se da por descontada una línea de crédito de 200 millones de dólares que servirá para hacer frente a todas las reformas necesarias.
En el BID, sin embargo, son más cautos y prefieren moderar tanto optimismo. Aseguran que los contactos y la predisposición existen, pero que el desembolso aún se encuentra en una “etapa exploratoria”, según aseguran fuentes no oficiales al tanto de las tratativas.
En este contexto, por los tribunales sobrevoló la versión de que en los despachos del Ministerio reflotó un proyecto viejo, del primer kirchnerismo, que apunta a crear un gran fuero de delitos complejos que fusione a la Justicia Nacional –destinada a pasar a la de la Ciudad– con la de Comodoro Py.
La silueta del proyecto contempla la disolución de la Justicia Nacional -cuyos recursos quedarían al servicio del nuevo fuero, sobre el cual regiría el sistema acusatorio- y la fusión de la Cámara Nacional de Casación con la Cámara Federal de Casación Penal, entre otras modificaciones.
Sus impulsores sostienen que el proyecto, que también recorrió los despachos durante la época de Germán Garavano como ministro, es un dinamizador que supone una reorganización de la Justicia sin grandes costos.
Fortalecería con un aluvión de jueces y fiscales a la justicia federal de Comodoro Py que hoy, por caso, cuenta solo con 8 de los 12 jueces de primera instancia. “Hoy somos pocos, pero seríamos muchos”, se atajan en un juzgado.
En el Ministerio, sin embargo, desmienten categóricamente que tengan en carpeta un proyecto de ese tipo y atribuyen el origen del rumor a la resistencia de la Justicia Nacional a cumplir con el traslado a la Ciudad.
De hecho, la semana pasada el ministerio creó una comisión especial para hacer un seguimiento de ese traspaso, apurado por la Corte en diciembre con el fallo Levinas. Integrada por representantes de ambos ministerios de Justicia, Ciudad y Nación, deberá elaborar un informe dentro de los próximos seis meses.
POLITICA
La CGT prevé más ajuste, paritarias “planchadas” y otra reforma laboral por el nuevo escenario económico

La CGT es pesimista respecto de cómo impactarán entre los trabajadores las nuevas medidas económicas y el acuerdo con el FMI: más ajuste, aumentos de precios, presiones para “planchar” las paritarias y otra reforma laboral están en el menú que prevén los sindicalistas en los próximos meses. Y por eso se prepara para resistir: esta tarde, el Consejo Directivo cegetista analizará el nuevo escenario luego de los anuncios de Javier Milei del viernes pasado y, además, avanzará con la organización de la marcha de impronta opositora que hará el 1° de mayo por el Día del Trabajador.
Durante el encuentro, que tendrá lugar a las 15 en la sede de Azopardo 802, habrá un claro predominio de miembros del ala dura de la CGT, que, según impulsa un grupo más combativo, podrían elaborar un documento para manifestar sus críticas a la Casa Rosada a partir de la convicción de que, como sentenció un dirigente gremial, “ningún acuerdo con el Fondo Monetario terminó bien para los trabajadores”.
No concurrirán, en cambio, dos de los principales dirigentes del sector dialoguista: Gerardo Martínez (UOCRA) avisó que está en Río Negro por un conflicto laboral en el oleoducto Vaca Muerta Sur, cerca de Sierra Grande, mientras que Armando Cavalieri (Comercio) se sumó en algunas ocasiones a la mesa chica cegetista, pero el representante de su gremio en la central obrera es José González, que estuvo ausente en las últimas reuniones de la CGT y tampoco esperan que se haga participe del encuentro de esta tarde.
Pero en las últimas horas, hasta los más moderados de la CGT cuestionaron en duros términos al Gobierno. Cavalieri, por un lado, le dijo al diario Clarín: “Tengo 50 años de paritarias, sé lo que es acordar. Pero ahora el Gobierno pone el precio del salario. La gente gana poco porque el Gobierno fija el salario. No hay libertad”.
El jefe mercantil, al mismo tiempo, destacó su preocupación por los aumentos de los precios: “Los delegados nuestros en los supermercados nos informan de remarcaciones diarias”, señaló, tras lo cual sostuvo que “los precios están dolarizados y los salarios están en pesos argentinos”.
Por su parte, Gerardo Martínez afirmó a Infobae que “el plan de Milei se derrumbó y ahora tiene que empezar de nuevo con variables negativas, como, por ejemplo, una inflación más alta” y agregó: “Se suma un mayor endeudamiento del pueblo argentino que altera con una gran profundidad la esperanza de salir del sometimiento del FMI”.
“También queda en evidencia que el relato expuesto con énfasis fanáticas del camino trazado y con un ajuste cruel a los sectores vulnerables a los jubilados y a la clase media fue un fracaso de gestión y con resultados vergonzosos”, consideró el líder de UOCRA, que no estuvo de acuerdo en el último paro general de la CGT.
Martínez, además, hizo una advertencia sobre las negociaciones salariales: “Las paritarias deben ser libres. El Gobierno debe respetar el acuerdo entre patronales y sindicatos de cada sector, donde siempre primó la sensatez y la responsabilidad ante la inflación, que es un mal para todos y mucho mas para los humildes”.
En la CGT están convencidos de que los cambios económicos impactarán en los precios y, a su vez, forzarán a los sindicatos que ya cerraron sus paritarias a pedir una revisión salarial para lograr un aumento que compense una inflación que, al contrario de lo sucedido hasta marzo, empezaría a crecer.
El indicio más claro de lo que puede venir en materia de costo de vida lo dio el dato de marzo, que fue más alto de lo que se preveía: se ubicó en el 3,7%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses alcanzó 55,9%. En los primeros tres meses del año, la inflación acumulada fue de 8,6%.
Como los sindicatos fueron firmando paritarias alineadas con la pauta descendente que impone el Ministerio de Economía, con la amenaza de no homologar los acuerdos que superan ese techo, hay muchos convenios que quedaron rezagados ante una inflación que ya muestra registros en alza.
Por eso la dirigencia gremial está segura de que la Secretaría de Trabajo tratará ahora de “planchar” las negociaciones salariales para evitar que aporten otro componente distorsivo a un contexto económico más volátil. La pelea para recomponer salarios se pondrá nuevamente en un primer plano.
El otro tema que inquieta al sindicalismo es la exigencia del FMI de avanzar hacia una reforma laboral y previsional. Hay algunos dirigentes que, sin embargo, le quitan dramatismo a este punto: “Ellos (por el Fondo) no hablan de reforma laboral sino de modernización de las condiciones laborales”, aseguró un gremialista. Aun así, la CGT prendió sus luces de alarma ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a la carga con un proyecto que rescate los cambios laborales del DNU 70.
Hasta ahora, como anticipó Infobae, la dirigencia cegetista quiere bloquear la sanción del proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por el sindicalismo porque estaban incluidas en el DNU 70 frenado por la Justicia.
POLITICA
Arturo Frondizi, un hombre de Estado que quiso modernizar la Argentina

Arturo Frondizi
POLITICA
Eufórico por la salida del cepo, Milei entra en modo campaña y quiere a Caputo en los actos de CABA y PBA

Con el primer desembolso del FMI engrosando las reservas del Banco Central y un debut exitoso del nuevo esquema cambiario, el presidente Javier Milei se permite una licencia en la gestión y se calza el mameluco de campaña. El martes tocará suelo bonaerense para cerrar el congreso libertario en el Salón Vonhard de La Plata y al día siguiente se zambullirá, un poco más, en la campaña porteña. Las elecciones de octubre son para el Gobierno la llave para las reformas de “la tercera fase” que, ahora, también le exige el Fondo Monetario.
Si bien terminarán de definirlo en una reunión de comando de campaña el lunes, a esta hora todo indica que el Presidente estará con Manuel Adorni en Parque Rivadavia el miércoles a las seis de la tarde. Aunque está la opción de hacerlo en Palermo, en la Libertad Avanza (LLA) se inclinan por Caballito. En ese parque, Milei tuvo un encuentro exitoso con los vecinos en junio de 2021, tiempo de barbijos, cuando era candidato a Diputado nacional por la Ciudad.
Esta vez, la idea es diferente. Por cuestión de tiempos y seguridad del Presidente, argumentan, el plan es que Milei llegue al parque a las seis de la tarde y haga una caminata muy corta hasta el lugar en el que se montaría el escenario. Él y Adorni serían los únicos oradores, pero “queremos que también vayan ministros. Sería ideal que pudieran estar “Toto” (por Luis Caputo, Ministro de Economía) y Bullrich (Patricia, ministra de Seguridad)”, contó uno de los organizadores. Caputo, sin embargo, estaría de viaje en Estados Unidos.
Se sabe, la elección local de la Ciudad se convirtió para LLA en la gran batalla del proceso electoral de este año. Para el Gobierno, el 18 de mayo lo importante no son las bancas que consiga en la Legislatura, sino su triunfo o fracaso frente al PRO de Mauricio Macri. De eso depende, entienden en la Rosada, quién será el que defina los términos (armado de listas) de un acuerdo nacional que le permita al oficialismo aumentar su volumen en el Congreso.
Decíamos acá, hace unas semanas, que el Gobierno nacional busca duplicar el número de bancas que tiene en Diputados –se entusiasman con llegar a 80, hoy tienen 37– y llegar al menos a 12 senadores. En las elecciones del 26 de octubre se renuevan 24 senadores, ninguno de LLA, de siete provincias (Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y CABA). Y en Diputados, hay recambio de 127 bancas, de las cuales solo 8 son de LLA, mientras que el peronismo pone en juego 46 y el PRO 22.

Si bien la decisión de avanzar mediante DNU y la alianza legislativa con el PRO y algunos gobernadores peronistas, le permitieron al Gobierno avanzar en algunas modificaciones clave para la gestión en este primer año y medio, en la Rosada saben que sin más bancas propias en el Congreso les será imposible llevar adelante las reformas pendientes.
“Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. De todos, reforma previsional, reforma de la ley del trabajo de las leyes del trabajo en general no solamente la ley de contrato de trabajo y asociaciones profesionales y la reforma del sistema tributario argentino”, aseguró, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos esta semana en TN.
Esas reformas son, justamente, las que el gobierno argentino se compromete con el FMI a llevar adelante. La necesidad de concretar estos cambios es advertido en distintos fragmentos del texto del acuerdo con el fondo. En el punto 49 de las evaluaciones del Staff, por ejemplo, se advierte: “El consiguiente apoyo más amplio al programa económico será especialmente importante en futuras revisiones, ya que muchas de las medidas estructurales del programa (reformas tributaria, de coparticipación de ingresos, de pensiones y laboral, esenciales para mejorar la calidad y la durabilidad de la consolidación fiscal y fomentar la competencia) requerirán el apoyo del Congreso”.
Leé también: El Gobierno se comprometió con el FMI a profundizar el ajuste y avanzar en la reforma impositiva y previsional
A diferencia del gobierno de Macri, por ejemplo, el de Milei tiene allanado el camino para plantear la reforma laboral. Los sondeos indican que la sociedad no rechaza de plano el término y encuentra que podría ser una manera de conseguir el empleo registrado que hace tiempo buscan y no encuentran. Asimismo, la oposición y hasta los sindicatos admiten que es necesaria una actualización de la legislación laboral. Cuáles son esos cambios y en qué sentido debe ir la “actualización”, es otro cantar y será objeto de fuertes debates.
Distinta es la historia con la reforma previsional, ahí el Gobierno no está pensando tanto en una vuelta a las AFJP de los ’90 como se dijo en un momento, sino en un aumento de la edad jubilatoria. Temas urticantes si los hay. Para llevar adelante estas reformas estructurales, Milei deberá no solo tener un gran desempeño electoral en las Legislativas del 26 de octubre, sino también aceitar el diálogo con sus aliados en el Congreso y no perder ni medio punto de apoyo popular. El desafío está planteado.
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