POLITICA
Quién es Marcelo García, el nuevo soldado del “Nene” Vera y Sebastián Pareja

La política de Moreno vuelve a estar envuelta en un nuevo escándalo. El protagonista esta vez es Marcelo Javier García, exconcejal y exfuncionario de Alberto Fernández, con un prontuario que incluye abuso sexual, episodios de violencia institucional, y una trayectoria plagada de acomodos políticos. Hoy, García reaparece en el escenario como uno de los brazos ejecutores del polémico Ramón “Nene” Vera, operador clave de La Libertad Avanza en la primera sección electoral. Todo indica que su función sería clara: controlar disidentes y garantizar obediencia interna, sin importar los medios.
De Festa a Vera: una carrera entre favores y aprietes
García es un viejo conocido del entramado peronista local. Durante el mandato de Walter Festa como intendente de Moreno, fue protegido político y, cuando enfrentó denuncias graves de abuso y violencia, fue blindado judicialmente gracias a una fuerte inversión: Festa contrató al mediático abogado Miguel Ángel Pierri para su defensa, buscando evitar su caída en desgracia.
Marcelo García y Miguel Ángel Pierri.
Sin embargo, la presión social y mediática fue tal que García debió renunciar a la presidencia del Concejo Deliberante de Moreno tras un episodio de violencia dentro del recinto y la denuncia de una empleada municipal por abuso sexual. La causa contiene detalles escalofriantes: según consta en la denuncia judicial, García bajó sus pantalones y expuso su miembro erecto, obligando a la víctima a tocarlo mientras la besaba por la fuerza. Luego le habría dicho: “Esto queda acá”.
Tras el escándalo, el refugio fueguino
Lejos de pagar consecuencias, García fue premiado. Tiempo después, consiguió un cargo político en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, gracias a su pertenencia a la agrupación Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), liderada por Gustavo López (exautoridad del Ente Nacional de Comunicaciones) y afín al gobernador fueguino Gustavo Melella. Junto a él, Ingrid Estefanía Flessa, su actual pareja y dirigente política, también fue designada en un cargo jerárquico en la provincia patagónica.
De un lado, CFK junto a Ingrid Flessa y Marcelo Garcia. Del otro, Ingrid Flessa junto a Andrea Vera..
Ambos fueron nombrados mediante el decreto 187/2020, sin que se conozcan las funciones reales que debían cumplir. Según fuentes locales, su desembarco en la administración fueguina tuvo una única finalidad: darles asilo político y cobertura salarial.
Doble sueldo y obediencia ciega
Según registros oficiales, hasta 2023 Ingrid Flessa percibía un salario del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego (gracias a su vínculo con Melella), mientras que actualmente cobra un contrato de la municipalidad de Moreno, donde se desempeña en calidad de concejal con un sueldo que ronda los 2 millones de pesos mensuales.
De pasado kirchnerista, Flessa integra el bloque de concejales de La Libertad Avanza en Moreno, donde habría sido colocada por pedido de Ramón Vera. Según fuentes del espacio, su rol político sería completamente subordinado: “Acata todo lo que le dice el ‘Nene’ Vera”, aseguran.
El nuevo rol: operador de aprietes y vínculos con las barras
Hoy, Marcelo García trabaja codo a codo con Ramón Vera en el armado de La Libertad Avanza en la primera sección electoral, donde su tarea principal sería la de garantizar el orden interno y “disciplinar” a los sectores disidentes. A tal fin, estaría actuando como intermediario con barras bravas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y Deportivo Merlo, en lo que ya se conoce dentro del espacio como la fuerza de choque del operador Sebastián Pareja.
“El que no es de Pareja, no es de nadie”, afirman fuentes internas del espacio libertario en relación a los métodos utilizados por este grupo, donde García es el encargado del trabajo menos querido. El acuerdo con Vera incluiría el mantenimiento del cargo político de su esposa a cambio de activar a los barras donde se lo ordene.
Un prontuario que crece, pero no incomoda
Vale destacar que García también integró el gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández: fue titular de la Unidad Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social, donde respondía directamente a la ministra Victoria Tolosa Paz. Su paso por esa cartera ocurrió mientras seguía enfrentando las causas judiciales que lo persiguen desde su gestión como concejal en Moreno.
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POLITICA
Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.
Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.
No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.
“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.
Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.
Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.
Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.
Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.
El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.
El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.
El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.
El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.
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El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.
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Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, AMIA
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Cuándo es el día del empleado público

El calendario de junio marca una jornada especial para los trabajadores estatales en la Argentina. Esta fecha implicó históricamente una pausa en las actividades cotidianas de la administración. Este año el panorama presenta una alteración significativa, producto de una decisión del Ejecutivo nacional.
El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio. La elección de la fecha rememora la aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que recomienda a los países miembros la negociación colectiva y el derecho de sindicalizarse para los trabajadores del sector público.
La Ley 26.876, sancionada por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013, estableció oficialmente esta efeméride. Hasta la reciente modificación, la ley disponía que esta fecha se considerara como un día de descanso para los empleados de la administración pública nacional.
Este año la jornada no implicará un cese de actividades para los empleados públicos nacionales. El Gobierno nacional anunció este miércoles, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la eliminación del asueto correspondiente a esta fecha. La comunicación se produjo a solo dos días de la conmemoración, prevista para este viernes.
La medida se formalizará mediante un decreto que derogará la normativa vigente que establecía este día como no laborable. Adorni justificó la decisión en la conferencia de prensa habitual: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.
Como consecuencia directa del anuncio oficial, todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional permanecerán abiertas y operativas el próximo viernes 27 de junio. Esto incluye ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados y autónomos.
Entidades como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la Corte Suprema de Justicia, defensorías, comisiones, agencias e institutos que dependen del Estado nacional mantendrán su funcionamiento habitual.
La decisión gubernamental generó una rápida respuesta desde el sector sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más críticos con la administración actual, calificaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó en redes sociales: “EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!! El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.
Durante la misma conferencia de prensa del miércoles, Adorni realizó otros anuncios que reflejan la línea de gestión. Criticó la administración anterior de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Malena Galmarini en AYSA. Señaló que la obra del Sistema Riachuelo, que según Massa finalizaría un gobierno peronista, la concluyó la actual administración.
El portavoz también informó sobre cambios en los subsidios para clubes de barrio y de pueblo. Indicó que se realizará una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios. El objetivo es evitar que se destinen a “clubes de élite” que, según el Gobierno, no los necesitan.
Consultado sobre el reciente aumento del desempleo, Adorni lo calificó como una “suba marginal”. Atribuyó este incremento a una mayor cantidad de personas que buscan trabajo, lo que eleva la tasa de participación en el mercado laboral a niveles récord, cercanos al 48%. “Cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleo no se ve reflejada en el índice de desocupados”, explicó.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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