POLITICA
Los jueces pidieron más recursos a Horacio Rosatti para aplicar el sistema acusatorio

El presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se reunió con todos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal y escuchó fuertes preocupaciones por la falta de recursos para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que dispone la puesta en marcha del sistema acusatorio.
Rosatti visitó luego la Cámara en lo Penal Económico, diezmada por las vacantes, donde le pidieron directamente suspender en ese fuero la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, porque “dos camaristas no pueden hacer el trabajo de seis” con las vacantes sin cubrir.
Ante los jueces de Casación, el titular de la Corte volvió a ratificar la importancia de los plenarios del tribunal penal, repasó los temas de agenda y abordó cuestiones de infraestructura del edificio de Comodoro Py 2022. Y escuchó quejas y preocupaciones de los magistrados frente a la versión de la fusión del fuero federal con el criminal de instrucción ordinario, lo que fue desmentido por el Gobierno.
Conversaron sobre el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acerca de poner en marcha a partir del próximo 11 de agosto, el sistema acusatorio en Comodoro Py 2002, que le da más facultades a los fiscales y reduce las atribuciones de los jueces. En Casación fue bien recibido, con reclamos, pero en Penal Económico le dijeron que en estas condiciones no pueden empezar, revelaron fuentes judiciales a .
La Corte avanzó con la idea de “instalarse” en Comodoro Py para asegurarse que avancen las obras y terminar el relevamiento fino de recursos humanos, determinar cuantos son los que innecesariamente siguen haciendo trabajo remoto, la cantidad de causas, su antigüedad y nivel de resolución.
“Es una tomografía computada del fuero” dicen en el Palacio de Justicia. En la charla hablaron de la necesidad de seguir dictando plenarios para unificar jurisprudencia se habló de reafirmar la importancia de la Justicia federal, y su rechazó a que sea integrada por magistrados de la justicia nacional, una preocupación que permea a la Casación.
Rosatti fue recibido en la sala de acuerdos del primer piso del edificio por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone; el vicepresidente primero Diego Barroetaveña y el vicepresidente segundo Guillermo Yacobucci, junto con los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. El tribunal tiene tres vacantes que no se cubrieron aún.
Al término de la reunión con la Cámara de Casación, Rosatti cruzó la calle caminando y fue al edificio de la avenida Inmigrantes al 1900, sede de la Cámara Federal en lo Penal Económico porteña, para reunirse con sus integrantes y conocer el escenario del fuero.
Se trata de un tribunal en el que debería haber seis jueces, pero hay solo dos: Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Los otros cuatro lugares están vacantes. Eran tan pocos que llamaron luego a los jueces de primera instancia y de tribunal oral, donde también hay tres vacantes, para que Rosatti los saludara.
Los camaristas en lo penal económico le transmitieron la preocupación por las vacantes. “Las audiencias son orales y presenciales, no es posible empezar, sin integrar la Cámara, no pueden dos jueces hacer el trabajo de seis”, dijo un funcionario judicial, que asistió al encuentro.
Maxime cuando hay tres vacantes cuyos pliegos están en manos el Poder Ejecutivo desde 2021. “Le dijimos que es necesario postergar la puesta en marcha del nuevo sistema. No estamos en condiciones de afrontar esos cambios, y si fracasa el Código no queremos ser los responsables”, dijo un funcionario judicial.
Además de los problemas de las salas de audiencias, preocupan las dificultades para la capacitación y la situación del personal. “Si no hay recursos materiales y humanos pueden fracasar”, advirtieron en el edificio de la avenida de los Inmigrantes.
Mientras se llevaba adelante la reunión con los jueces de Casación, un equipo del Consejo de la Magistratura recorrió las instalaciones del edificio de Retiro para considerar si existen obras urgentes para acondicionar las salas de audiencia y espacios de trabajo por la implementación del código acusatorio.
De esa recorrida participaron el administrador del Consejo Alexis Varady, los arquitectos Juan Ignacio Campi, director general de Infraestructura Judicial; Silvina Montoya, a cargo del departamento de Coordinación Técnica;, el director general de Tecnología, Hernán Rondinella, y el secretario letrado de la Presidencia del Consejo, Matías Posdeley.
Recorrieron el lugar con el secretario de Casación, Juan Montesano Rebón, sacaron fotos y analizaron los problemas estructurales del edificio, de electricidad, humedad, agua, y el planteo de mudar algunos juzgados y archivos.
Los funcionarios inspeccionaron distintas salas de audiencias de Casación y de tribunales orales ubicadas en el subsuelo, el séptimo y octavo piso, así como las calderas y los alrededores del edificio.
El Consejo de la Magistratura viene realizando obras en distintos edificios judiciales, deteriorados, mientras se continúan tramitando los casos.
En los últimos días se concluyó la remodelación de la terraza con filtraciones del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, donde ya entró en vigor el nuevo sistema judicial.
Se reconstruyó la fachada de un edificio de la justicia comercial en Callao 635, que tenía revoques desprendidos y fisuras lo que generaba filtraciones. El monto de esa inversión fue de casi $126 millones y las obras se realzaron en 120 días hábiles.
POLITICA
El Gobierno publicó online los archivos desclasificados sobre operaciones nazis en Argentina
El Archivo General de la Nación (AGN) puso a disposición de toda la ciudadanía una serie de documentos desclasificados que incluyen información sobre las operaciones nazis en Argentina. También están disponibles los decretos presidenciales reservados.
En el archivo figuran los días en la argentina de los nazis Erich Priebke y Josef Mengele, los secretos de la presidencia de María Estela Martínez de Perón y la orden de liberación del expresidente Carlos Saúl Menem en la última dictadura.
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“Los documentos sobre actividades nazis en nuestro país consisten en alrededor de 1850 piezas documentales, corpus que el Estado argentino entregó en copias al Centro Simón Wiesenthal, que actualmente se encuentra investigando las vinculaciones del banco Credit Suisse el nazismo”, indicaron desde el Gobierno. Además, agregaron: “La entrega de la documentación fue solicitada luego de una reunión que las autoridades del Centro mantuvieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, en febrero de este año”.
Hasta esta iniciativa del Ejecutivo, la documentación relacionada con la actividad de los nazis en el país solo podía consultarse en una sala del Archivo General de la Nación especialmente habilitada. Ahora, cualquier persona podrá acceder a ella a través de internet y descargarla desde cualquier punto del mundo.
El detalle de la documentación
Sobre Mengele, aparece el prontuario de él que realizó la Policía Federal Argentina, fotografías e informes de inteligencia. Sobre Priebke, hay documentos como el decreto de extradición por su participación en el fusilamiento de 335 personas en Roma.
La AGN también puso a disposición del público los decretos presidenciales, secretos y reservados que ocurrieron entre 1957 y 2005. Son casi 1300 piezas que tratan distintas temáticas, como la compra y venta de armas, las modificaciones presupuestarias, la organización del servicio de inteligencia argentino y la lucha contra el comunismo en 1960 y 1970.
Asimismo, hay información sobre la compra de armas que realizó la gestión de María Estela Martínez de Perón. “Decreto para la compra de misiles EXOCET”, menciona la documentación sobre la adquisición con la firma de la expresidenta.
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Otro de los documentos que aparece es el 136/1980, titulado como “Liberación de detenidos durante la dictadura”, que contiene datos sobre la liberación de Menem. “La dictadura deja sin efecto el arresto de Carlos Saúl Menem, Jorge Alberto Vázquez y Orlando Benjamín Reynoso”, dice el documento de 1980, que lleva la firma de Albano Harguindegui, exministro del Interior de la última dictadura militar.
nazis, Gobierno
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PAMI: Extraña maniobra de Esteban Leguizamo benefició a clínica de exdirigente de Cambiemos

Una maniobra impulsada por el PAMI de Esteban Leguizamo permitió beneficiar a un exdirigente de Cambiemos y gremialista aliado al trasladar de urgencia a pacientes del Policlínico Guernica a una clínica vinculada a su entorno, dejando a miles de afiliados sin cobertura en Presidente Perón.
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El pasado miércoles, el Policlínico Guernica SA fue escenario de un extraño operativo relámpago: el PAMI que conduce Esteban Leguizamo decidió rescindir de manera sorpresiva el contrato con el centro de salud y trasladó de urgencia a más de treinta pacientes, incluidos algunos en terapia intensiva, hacia otros nosocomios, principalmente en Adrogué. La decisión afectó a más de 8 mil afiliados de Presidente Perón que quedaron de un día para el otro sin cobertura médica en el distrito.
Detrás de esta maniobra se encuentra el actual titular de la Gerencia Económica Financiera del PAMI, Mauro Arranz, exconcejal de Juntos por el Cambio en la municipalidad de Presidente Perón y candidato a intendente en 2023 por la nómina de Horacio Rodríguez Larreta. Arranz, hoy tercero en la línea de mando de la gestión de Esteban Leguizamo, es también hermano de Gabriela Arranz, quien anteriormente se desempeñó como jefa de la agencia de PAMI de Guernica, a pesar de estar imputada en una causa por estafa contra el mismo policlínico.
Un gremialista Pro, el principal beneficiado
El nuevo dueño de la clínica Espora de Adrogué, a donde llevaron a la mayoría de los internados, es Alejandro Poli, excandidato a Intendente de Cambiemos en la localidad de Quilmes. Poli pertenece Partido FE, vinculado al fallecido Gerónimo «Momo» Venegas. actualmente, Poli es secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante (SURyA) y conforma, junto con Mauro Arranz, un extraño entramado donde los negocios se funden con las amistades políticas.
Hermana, exfuncionaria e imputada
Gabriela Arranz estuvo al frente del PAMI local entre 2019 y 2020, bajo la gestión de Cambiemos. Durante su paso por la sede de Guernica, fue imputada por su presunta participación en maniobras de derivación irregular de pacientes, que habrían beneficiado a la clínica Clínica Avellaneda Medical Center en perjuicio del Policlínico Guernica, con un daño económico denunciado de 5,8 millones de pesos (equivalentes a unos 129 mil dólares de la época).
Según la investigación de la UFI especializada en delitos del PAMI, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, se falsificaron formularios para desviar afiliados y luego se cobraban esas prestaciones a expensas del policlínico. Los imputados incluyen empleados administrativos de PAMI, médicos auditores y los responsables de la clínica favorecida.
María Eugenia Vidal junto a Mauro Arranz y Guido Giana.
Gabriela Arranz, por su parte, sostiene su inocencia: asegura que su imputación responde a una «persecución política» y que espera ser sobreseída, aunque admite que una de las órdenes de derivación bajo su firma fue anulada «el mismo día».
Denuncias cruzadas y sospechas de vaciamiento
El traslado masivo de los pacientes y la rescisión del contrato generaron fuertes críticas desde el Policlínico Guernica. La directora médica, Griselda Ruiz, calificó de «mentira» las supuestas irregularidades sanitarias señaladas por el PAMI y denunció una maniobra para forzar el cierre de la clínica: «Quieren que cerremos la clínica para después comprarla por dos mangos», disparó.
Desde el organismo nacional argumentaron su decisión en «faltas graves» detectadas en auditorías, como falta de médicos especialistas, de equipamiento de terapia intensiva, de adaptación edilicia para discapacitados y hasta deficiencias en la documentación del personal. Sin embargo, la dirección del Policlínico asegura que esas observaciones fueron corregidas en una segunda auditoría realizada en febrero de este año, donde habrían recibido felicitaciones.
Política, negocios y desamparo
El escándalo pone nuevamente el foco en el manejo político de la obra social de los jubilados. El avance de La Libertad Avanza en la estructura del PAMI trajo consigo a viejas figuras comprometidas judicialmente, como Gabriela Arranz, y operaciones que perjudican tanto a prestadores de salud como a miles de afiliados.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
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Crecieron las agresiones al periodismo en el último año, según un informe de Fopea

Con un detallado informe, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió en su presentación anual sobre un fuerte crecimiento en las agresiones a la prensa durante 2024 en todo el país. La entidad, que ya exhortó en reiteradas oportunidades al presidente Javier Milei a sostener “una relación institucional madura con la prensa, respetando el disenso y la crítica”, registró 179 agresiones durante el año último. Representa un 53% más que en 2023 y el doble de lo que fue 2022.
El 45,25% de esos casos registrados fueron de discurso estigmatizante. Es decir, atentando contra la reputación de los periodistas. El 65,43% de esos ataques los hizo el presidente de la Nación, según el informe de Fopea. Además, el 80% de los casos provienen de violencia de origen estatal y de origen paraestatal. Esto es un incremento considerable en relación a 2023, cuando esa ecuación representaba la mitad de los casos.
Los otros ataques detectados o denunciados fueron: ataques a la integridad (agresión física o amenaza al periodista y su familia); ataques contra los bienes (vandalismo a una propiedad del periodista o del medio y ataque contra las herramientas de trabajo); censura; uso abusivo de la publicidad oficial (retiro de la pauta por razones informativas o ideológicas); restricciones al acceso a la información pública; otros abusos del poder estatal (uso de fuerza de seguridad o de inteligencia para intimidar), y acciones judiciales, civiles o penales.
El monitoreo de libertad de expresión es un equipo de periodistas socios de Fopea que trabaja para detectar las limitaciones en el ejercicio del periodismo, sean directas y evidentes (agresiones físicas, amenazas) o sutiles, ya que entiende que esos ataques vulneran la profesión en su rol de pieza central de la vida en democracia.
Del mismo modo, es desde donde FOPEA denuncia públicamente esas agresiones y elabora con ellas un estado de situación a partir del que se pueden evidenciar y comparar datos a lo largo de los años. Se creó en 2006 con un armado federal y desde 2008 viene produciendo el registro de casos de ataque a la libertad de expresión, un material sin precedentes en el país. En 2024, se dio el pico, con 179 casos. El informe se titula “El asedio al periodismo debilita la democracia”.
En el ranking de agresores, se ubica Milei a la cabeza con 56 intervenciones. En segundo lugar, con 25, “allegados a personas con poder”, mientras que el tercer puesto es del “personal policial”, con 16 casos.
Más de la mitad de los 179 casos estuvo atravesado por “la grieta”. Esto significa que el atacante achaca maliciosamente una sospecha o acusación contra lo que considera que es la línea editorial o política del medio o periodista. El 44% de los casos implicó violencia digital, con su consiguiente efecto multiplicador. Se utilizaron además comentarios machistas y misóginos. Seis de esos 7 casos fueron hechos por el Presidente de la Nación.
La agresiones más comunes que utiliza Milei para atacar a los periodistas son las siguientes: “ensobrados”, “pauteros”, “imbéciles”, “violento”, “burra” y “periodismo en llamas”. Luego, le siguen otros como “esbirros”, “corruptos” o “soretes”. Surge así de un relevamiento que realizó la consultora Methodo, especializada en big data, para el informe de Fopea en el período entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.
En las últimas dos semanas, el Presidente hizo blanco de sus ataques en periodistas de . A través de redes sociales o en entrevistas periodísticas, atacó a Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y Florencia Donovan.
Uno de los casos que exhibe Fopea como “discurso estigmatizante, además de los ataques de Milei, es el rol de su vocero, Manuel Adorni. El organismo instó al funcionario a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas y evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor. El pedido fue tras un cruce con el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada.
En el informe hay un panorama completo provincia por provincia, y cuenta con un texto de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo título es “los insultos no son libertad de expresión”. El abogado distingue un acontecimiento fuera de lo común: “En los últimos tiempos, somos testigos de un nuevo fenómeno: la cotidianeidad de insultos, epítetos humillantes y agravios por parte del Presidente de la Nación destinados principalmente a periodistas, además de personalidades públicas o dirigentes políticos”.
En su informe, Fopea volvió a la carga para rechazar los cambios que Milei introdujo en la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que implican “un grave retroceso democrático”, ya que al limitar los datos que deben ser proporcionados “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.