POLITICA
El Gobierno analiza dar de baja más de 220 mil pensiones por discapacidad laboral por irregularidades detectadas en una auditoría
A los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no los sorprende nada. Los resultados de las auditorías que realizan sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No contributivas que tienen un Certificado Único por Discapacidad (CUD) detectaron situaciones entre “disparatadas” y “escandalosas”.
Un porcentaje de esos beneficios -sobre todo en los beneficios otorgados por Discapacidad Laboral-, que podría ascender y hasta superar el 50%, habrían sido otorgadas como una política de “subsidios discrecionales” en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta.
Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales. Una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”, una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo, presos que se presentaron a la evaluación, y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales.
Las auditorias en marcha
El 12 de febrero pasado el gobierno de La Libertad Avanza, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando la cartera a cargo de Mario Lugones se enviaron las 300.000 primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. Al mes de abril el número trepó a 470.000 intimaciones de las cuales se entregaron 248.877.
De las 221.189 que no se entregaron fue porque:
-El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven
– El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.
– 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.
– 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.
– 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
– 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento. Una alta fuente de la ANDIS le dijo a este medio que: “Hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos”. Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.
Según las cifras que la cartera de Lugones hizo pública las auditorías sobre este tipo de pensiones es un “proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo con el decreto 842/2024″.
Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la ANDIS se mantienen, el gobierno de Javier Milei “espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025″. Esto es más de 700 millones de dólares.
Recurso de amparo
Las auditorias en marcha generan controversia. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), patrocinada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra la ANDIS para que se suspendan de manera urgente las auditorías presenciales de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.
La presentación solicita que se ordene al Estado dictar un acto administrativo que regule con claridad y participación social el procedimiento de control, incluyendo la presencia de representantes de personas con discapacidad en la elaboración de los protocolos.
También solicitan que se suspendan de inmediato los operativos presenciales en todo el país, hasta que se cumplan tres condiciones: la aprobación de un protocolo conforme a los estándares internacionales, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos.
La demanda detalla una serie de episodios ocurridos en marzo y abril de 2025 en distintas provincias que, según el escrito, constituyen tratos inhumanos hacia personas con discapacidad. En Quilmes, se documentaron largas filas bajo el sol sin agua ni sombra, lo que provocó descompensaciones. “En Morón, los convocados esperaron hasta diez horas para ser atendidos durante una ola de calor”. En Villa Ocampo, las auditorías colapsaron el sistema público de salud y obligaron a los beneficiarios a trasladarse a Reconquista. En el departamento 9 de Julio (Santa Fe), algunos debieron recorrer hasta 400 kilómetros para asistir a las citaciones.
Aumento desproporcionado en pensiones
Desde la Casa Rosada sospechan que en las últimas dos décadas los gobiernos, en especial kirchneristas, utilizaron el otorgamiento de este tipo de beneficios para realizar política. “Las estadísticas no mienten -sostiene Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice y agrega: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023″.
El Decreto 842/2024, firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la Argentina. La norma redefine los requisitos para acceder al beneficio, exige una incapacidad total y permanente del 76% o más, y crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El decreto también impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes) y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Y se autoriza a que pueda intercambiar información en tiempo real con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP. La ANDIS fue autorizada para “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”.
Estas medidas forman parte de un proceso de auditoría impulsado por el Gobierno para controlar el universo de más de 1,2 millones de pensiones vigentes, tras detectar múltiples irregularidades en la entrega del beneficio durante gestiones anteriores.
También se derogó el sistema anterior que permitía evaluaciones más flexibles y que, según el Gobierno, había facilitado la inclusión de beneficiarios que no cumplían con los requisitos médicos. La nueva legislación impone que: “Todos los beneficiarios deberán revalidar su condición mediante una declaración jurada actualizada y una nueva evaluación médica” y “se fija un plazo obligatorio para reinscribirse, tras el cual los beneficios podrán suspenderse o darse de baja”.
El decreto también especifica que no podrán acceder ni mantener la pensión aquellas personas que:
-Estén detenidas o prófugas de la justicia.
-Perciban otros ingresos regulares que superen el monto establecido como tope por la legislación.
-Sean beneficiarios de otras prestaciones previsionales o de planes sociales incompatibles.
El cambio de modalidad para otorgar las nuevas Pensiones No Contributivas y las auditorías fueron adoptados por la Casa Rosada tras conocerse los resultados de un relevamiento preliminar que arrojó cifras alarmantes: cerca del 80% de los beneficiarios relevados “no cumplen con las condiciones necesarias” para recibir la pensión otorgada por el Estado Nacional. Según datos oficiales a los que accedió Infobae, las irregularidades detectadas incluyen la asignación de pensiones a personas que no presentan las discapacidades declaradas, lo que genera “un gasto significativo e injustificado”, tal la definición de Spagnuolo.
Entre algunos ejemplos de esas irregularidades los informes reflejan que:
-212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
-331 prófugos de la justicia también estaban recibiendo estas pensiones. (ver nota aparte).
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La industria del neumático en la era Milei
El bono sobre las ganancias que negoció el SUTNA
Neumáticos,Sindicatos,Despidos,Últimas Noticias
La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro nacional por 24 horas este jueves 19 de febrero contra la reforma laboral. La central obrera también se refirió al cierre de Fate y se solidarizó con los trabajadores.
En conferencia de prensa en la sede de Azopardo, uno de los jefes del triunvirato, Jorge Sola afirmó: “Vamos a hacer un paro de 24 horas”. Desde la CGT sostienen que la huelga «será contundente» y la Argentina “va a estar paralizada de una punta a la otra”.
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«Esta CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley. Nos oponemos porque es inconstitucional. No hay una sola modernización“, sostuvo Sola.
“Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. Hoy la empresa Fate ha cerrado y ha dejado a casi 1000 trabajadores sin empleo, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años”, relató el secretario general de la CGT.
Leé también: La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados
Este miércoles, la fábrica de neumáticos Fate anunció sucierre definitivo y despedirá a 920 empleados. La firma, con más de 8 décadas de trayectoria, venía de años en crisis por la caída en el consumo, conflictos gremiales y la apertura importadora.
Y sumó: “Eso no es casualidad, es parte del fracaso de este programa económico que tiene este Gobierno”.
El duro mensaje de la CGT al Gobierno: “Si no somos escuchados, se profundizará el reclamo social”
En otro tramo, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo le envió un mensaje a los diputados. “Queremos hacerle un llamado de atención a los diputados, como lo hicimos con los gobernadores, senadores. Tengan muy claro que lo que representan dentro de la cámara son los intereses del pueblo argentino. Tienen que dejar de priorizar la rosca política y tienen que priorizar la dignidad del pueblo argentino», sostuvo.
Por último, Octavio Argüello advirtió: “Si no somos escuchados, lo único que hará es que se profundice más el reclamo social. Nosotros, como CGT, vamos a encabezar todos los reclamos de los trabajadores».
El transporte adhiere al paro general de la CGT
La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que adhiere al paro y anticipó que no habrá servicios este 19 de febrero en contra de la reforma laboral.
“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, expresó en un comunicado.
“En defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalló.
La medida se suma a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) —el sindicato de los choferes de colectivos—, los gremios ferroviarios y los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, una jornada sin colectivos, trenes, vuelos, taxis ni transporte marítimo y fluvial.
En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos -integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA- también adherirá al paro, aunque se movilizarán al Congreso. “No sirve hacer un paro dominguero”, aseguró el titular de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Córdoba, Rubén Urbano.
CGT, paro nacional, reforma laboral
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Paro de la CGT: colectivos, subtes, trenes y vuelos, uno por uno los servicios afectados por la huelga general del 19 de febrero
La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó un paro general para reclamar en contra de la reforma laboral. Aunque no se confirmó la fecha precisa, se llevará a cabo el mismo día que se tratará el proyecto de ley oficialista en la Cámara de Diputados, pero no habrá movilización.
Esta será la cuarta huelga general que se realiza durante la gestión de Javier Milei. Se espera una amplia adhesión de la mayoría de los sindicatos a la medida de fuerza que impulsa la central obrera. Esto significa que durante este jueves muchos de los servicios esenciales se verán afectados.
Los gremios que adhieren al paro general de la CGT este jueves 19 de febrero
A continuación, estos son los gremios que confirmaron su adhesión a la huelga general de la CGT durante el día en que es el tratamiento de la reforma laboral en Diputados:
- Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte): expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.
- CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte): señaló a que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato de transporte que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.
- La Fraternidad: Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT”, señaló en diálogo radial.
- La Unión Ferroviaria: liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga.
- UTA (Unión de Transporte Argentino): el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos indicó a este medio que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. De todos modos, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.
- Metrodelegados: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.
- APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, el gremio se reunirá hoy para ultimar detalles sobre cómo se llevará a cabo.
- La Asociación Bancaria: no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking.
- Sindicato de Empleados de Comercio: se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.
- Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos: el gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.
- Camioneros: el gremio que lidera Hugo Moyano participa de la huelga, por lo que no habrá recolección de residuos, correo postal ni transporte de cargas.
- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.
- Personal de salud: el extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó a la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.
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