POLITICA
Confirmaron procesamientos a exfuncionarios, empresarios y dos firmas constructoras en una causa por sobornos en obras viales
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once personas y dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (que hizo un voto propio).
Un dato central de este expediente es que se procesó a dos sociedades anónimas (y no solo a sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.
Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez “evaluar nuevamente” los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos “echaron luz sobre los interrogantes planteados”, volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.
Esta vez, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados (incluidas las empresas) a un paso del juicio oral.
Los camaristas Irurzun y Farah dijeron: “La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que -sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos)”.
En cuanto a las empresas, Farah e Irurzun sostuvieron que los beneficios de los presuntos delitos no fueron sólo para los empresarios, sino también para las compañías. Afirmaron: “Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal”.
Los camaristas destacaron “la organización defectuosa” de las empresas, por ejemplo, en cuanto a “la ineficacia de sus programas de integridad”.
La historia del caso
La causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.
En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien –de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.
El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: “Cañada Jeanmarie-Arroyito” y en la misma ruta, en el tramo siguiente: “Arroyito-Río Primero”. El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.
Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con “retornos” a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión –una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado.
“Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “Así como te puse, te saco”.
La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas “personas interpuestas” de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.
Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.
El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. “Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado”, afirmó el juez.
Según Casanello, “detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja” y “lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales”.
El juez destacó además que ”la mecánica de los hechos de corrupción” investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que “tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)”. Esto, a su juicio, revela “posibles problemas estructurales y fallas en la prevención” de los delitos en la órbita de Vialidad.
Más de un mes después del cierre de la empresa de neumáticos Fate, que dejó sin trabajo a 920 personas, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros legisladores del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja recibieron en el Congreso a la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), el gremio alineado con el Partido Obrero que representa a los trabajadores de la fábrica.
“Fueron despedidos injustamente”, consideró Máximo Kirchner al brindarles su apoyo, en un comunicado que tuvo también un párrafo crítico dedicado al presidente Javier Milei.
La reunión entre Máximo Kirchner y los dirigentes del Sutna (encabezados por su titular, Alejandro Crespo) derivó en una foto con declaración de apoyo del también jefe de la agrupación La Cámpora. “Todo mi apoyo a las y los trabajadores de Fate, quienes fueron despedidos de la empresa de manera injusta”, sostuvo el hijo de Cristina Kirchner en una publicación en su cuenta de la red social Instagram.
“Acompañamos el justo reclamo de los laburantes, por eso junto a los diputados [Mario] ‘Paco’ Manrique, Matías Molle y Paula Penacca nos reunimos con el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, y representantes sindicales de la seccional San Fernando, Miguel Ángel Ricciardulli, Leonardo Albertoli, Leonardo Fernández y Jonathan Nieva. La producción nacional es una condición necesaria para el desarrollo de la Argentina”, señaló el diputado.
En su mensaje de apoyo a los trabajadores de la fábrica de neumáticos propiedad de Javier Madanes Quintanilla, Máximo Kirchner sumó un dardo para Milei. “Los trabajadores y trabajadoras no son un obstáculo, no ponen palos en la rueda. Ellos y ellas son garantes del crecimiento de la industria, fabrican neumáticos para poner en movimiento la economía de sus familias y comunidades. El modelo de país que propone Milei solo asegura desocupación y salarios de miseria”, señaló el legislador.
El gremio liderado por Crespo (un dirigente del Partido Obrero que está al frente del sindicato desde 2016), en tanto, activó varias reuniones con dirigentes del peronismo en busca de apoyo. La semana pasada, los referentes del sindicato tuvieron una reunión con senadores bonaerenses del bloque peronista (el gremio impulsa un proyecto de ley de “Ocupación Temporal” en la Legislatura provincial), y también dialogaron con Pablo Moyano, número dos del sindicato de camioneros.
Para este miércoles por la tarde, el Sutna tiene prevista una manifestación en La Plata, frente a la gobernación bonaerense, para pedirle una reunión al gobernador Axel Kicillof. Más temprano, tuvieron una audiencia virtual con la empresa y el el Ministerio de Trabajo provincial, en la que la firma sostuvo que está imposibilitada de reabrir porque no cuenta con personal especializado y destacó que actualmente tiene 256 trabajadores, porque el resto acordó sus desvinculaciones. En La Plata, los recibió esta mañana el arzobispo Gustavo Carrara.
El Sutna consiguió ayer un fallo favorable de la justicia laboral. En una conferencia de prensa frente a la fábrica, ubicada en la localidad de Victoria, en el partido de San Fernando, Crespo informó que la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo en el que obliga a la empresa a abonar los salarios de los trabajadores hasta el mes de junio.
al presidente,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de Máximo Kirchner (@maximockirchner),Máximo Kirchner,Empleos,Cámara de Diputados,Conforme a,,»Riesgo real e inmediato». La Iglesia le reclama a Lugones una respuesta “concreta y urgente” a la crisis del sector de la discapacidad,,Vacantes, causas y denuncias. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desembarcó en Comodoro Py,,»Creciente abandono». Intendentes de todo el país enfrentan a Caputo y piden el reparto del impuesto a los combustibles,Máximo Kirchner,,“Es una ironía del destino”. Máximo Kirchner salió al cruce de Milei y Macri tras el fallo por YPF a favor de la Argentina,,PJ bonaerense. Los partidarios de Kicillof se quedaron con la mayoría, pero La Cámpora ganó en distritos clave,,Interna peronista. El PJ va a elecciones en 17 municipios: miden su poder Cristina Kirchner, Kicillof y algunos intendentes
POLITICA
Manuel Adorni recibió el respaldo de Javier Milei en una cumbre en Olivos y ya organiza reuniones con ministros
En medio del avance de investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei lo recibió en la Quinta de Olivos para una reunión de trabajo en la que repasaron la agenda legislativa y delinearon la segunda etapa de gestión, con proyecciones hacia 2026 y 2027.
Según se informó, el encuentro incluyó una ratificación del respaldo político del mandatario al vocero y la planificación de una ronda de reuniones con ministros que comenzará después de Semana Santa.
La reunión se realizó luego de que Adorni suspendiera la conferencia de prensa que tenía prevista para este miércoles en la Casa Rosada. En ese contexto, el jefe de Gabinete mantuvo un encuentro mano a mano con Milei en la residencia presidencial, donde ambos retomaron las proyecciones de gestión y revisaron los proyectos y reformas en marcha.
De acuerdo con lo comunicado tras la reunión, el Presidente y su jefe de Gabinete trabajaron sobre la agenda legislativa y “la recta final de la segunda etapa de gobierno”. El objetivo, indicaron, es optimizar la gestión y avanzar con una planificación de metas operativas para el período 2026/2027. En esa línea, Adorni iniciará una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y la ejecución de cada cartera.
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Según se detalló, las primeras reuniones ya tienen fecha. El 6 de abril a las 14 se realizará el encuentro con el Ministerio de Seguridad; el 7 de abril, también a las 14, será el turno del Ministerio de Salud; y el 8 de abril a las 10 está prevista la reunión con el Ministerio de Defensa. En esos encuentros, el jefe de Gabinete buscará revisar el estado de los proyectos y avanzar en reformas tanto legislativas como internas de gestión.
Según pudo saber TN, durante la reunión Milei expresó su respaldo a Adorni y no se abordó una eventual renuncia del funcionario. En ese sentido, desde el Gobierno descartan los rumores que circularon en los últimos días y aseguran que el jefe de Gabinete “está 100% confirmado en el cargo”.
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El encuentro se dio en paralelo al avance de causas judiciales que analizan operaciones patrimoniales vinculadas a Adorni. En una de esas investigaciones, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la certificación de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito realizada por el funcionario. La citación está prevista para el miércoles 8 de abril en los tribunales de Comodoro Py.
La investigación judicial se centra en la compra del inmueble concretada el 18 de noviembre de 2025, declarada por un valor de 230 mil dólares y bajo análisis por la estructura financiera utilizada en la operación. Según consta en los registros, la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes también figuran como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares utilizado para completar la transacción.
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La fiscalía pidió distintas medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y verificar la información presentada ante organismos oficiales. Entre ellas, se solicitaron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien planteó presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según se consignó en el expediente, el fiscal consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” de Adorni.
Manuel Adorni, Javier Milei, La Libertad Avanza
POLITICA
Larroque le contestó a Jorge Macri tras el reclamo por los bonaerenses en situación de calle en la Ciudad
El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, le contestó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien le reclamó a la administración de Axel Kicillof más de $27.000 millones por asistir a bonaerenses en situación de calle en territorio porteño.
“¡Qué tipo con ‘coraje’ sos, Jorge Macri! Te cuento que en la Provincia duplicamos los Centros de Integración Social que operan en el área metropolitana y el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad», escribió el funcionario en su cuenta de X.
Y completó: “A pesar de los recursos que nos robó [el presidente Javier] Milei y la pavorosa caída de la recaudación que sufrimos por este modelo de ajuste y recesión, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses. Aunque quieras distraer, tu problema, como el de todos los argentinos, es Milei y la solución a esta tragedia es Kicillof”.
El mensaje del ministro llega luego de que el jefe porteño le reclamara a la gestión provincial la transferencia de $27.000 millones en compensación por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires.
“Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA”, reclamó en su cuenta de la red social X.
En el texto difundido por Macri, el Gobierno porteño se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense e hizo alusión a una “deuda histórica” en materia de asistencia social. Según detallaron las autoridades, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que “funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral”.
“De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia. La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450″, detallaron. De esta forma, consideraron que este monto se solventa con “recursos de la Ciudad provenientes del esfuerzo de los porteños”, lo que a su vez “genera un ahorro para la provincia de Buenos Aires”.
Según datos del último censo de la Ciudad —realizado en noviembre de 2025— la cifra de la población en situación de calle tuvo un aumento del 27,83% con respecto al relevamiento que se había hecho en noviembre de 2024, con 5176 personas. El primer relevamiento fue hecho en noviembre de 2017 y contabilizó a 1602 personas. Desde entonces, la tendencia siempre fue a la suba.
Un 68,8% del total —es decir, 3563 personas— están alojadas en los CIS de la Ciudad o paradores. De esta forma, no duermen en la calle. Las demás 1613 personas pasan el día y la noche en plazas, veredas y la vía pública en general.
“Abrimos más de 10 centros y todos se llenaron sistemáticamente: en mayor o menor tiempo se van llenando y mayoritariamente son de PBA. Nosotros vamos a seguir atendiendo a la gente en situación de emergencia, pero el gobierno bonaerense tiene que hacer algo“, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano porteño a .
En junio de 2025, el gobierno nacional implementó una serie de modificaciones para la asistencia de personas en situación de calle en todo el país. De esta forma, pasó la responsabilidad total de la gestión a cada provincia en particular y estableció que el Ejecutivo pasará solamente a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.
A través del Decreto 373/2025, la administración mileísta limitó su alcance e intervención en las políticas públicas destinadas a esta parte de la población e indicó que “actuará como órgano rector, a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia”.
“El Estado podrá contribuir a la atención de las necesidades de las personas en situación de calle mediante el otorgamiento de apoyo económico y técnico a los gobiernos locales que carezcan de los medios para garantizar efectivamente, por sí mismos, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle», expresó el documento publicado en el Boletín Oficial.
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