Un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.

Desde el banco público le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo en el que solicita conocer la operatoria sobre gestión de créditos otorgados a funcionarios políticos y la responsabilidad de sus directores.

El legislador en su presentación solicitó “conocer los mecanismos de rendición de cuentas que utiliza el Poder Ejecutivo para evaluar el desempeño de los directores que designó, mediante decreto».

“En particular detalle si existen indicadores o evaluaciones específicas vinculadas a la gestión de la cartera crediticia y al cumplimiento de criterios de transparencia e igualdad en el acceso al crédito”, planteó Paulón.

El diputado también presentó un pedido de Información Pública al Banco Central de la República Argentina, vinculado al marco regulatorio y a las funciones de supervisión relativas al otorgamiento de créditos por parte de entidades financieras públicas, en particular del acceso al crédito por parte de funcionarios públicos.

Paulón aclaró que la solicitud “se funda en el interés público comprometido en garantizar la transparencia en la asignación de recursos financieros de carácter público, así como en la necesidad de prevenir y controlar eventuales situaciones de conflicto de interés, trato preferencial o uso indebido de información privilegiada en relación con personas que ejercen funciones públicas”.

La defensa de uno de los diputados que obtuvo un crédito hipotecario

Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y rechazaron las denuncias por presuntas irregularidades.

Uno de los diputados nacionales que recibió un crédito hipotecario es el tucumano de La Libertad Avanza Mariano Campero, quien realizó un descargo en sus redes sociales. “Nunca me beneficié con un crédito millonario del Banco Nación. Eso es malicioso”, comenzó.

Campero dijo que “no se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique».

“Tanto el número de crédito, como el banco que lo ha otorgado y la certificación o documentación respaldatoria son públicos. Cualquiera puede verificarlo”, agregó.

El legislador aseguró que “un préstamo hipotecario no es un privilegio político” y dijo que se trata de “una deuda que permite tener una casa al mismo precio de un alquiler”.

“Pero se paga a 20 o 30 años y con muchísimo esfuerzo. Confundir un crédito hipotecario con un beneficio es intentar desinformar o no conocer cómo funciona el sistema financiero”, remarcó Campero.

En medio de las denuncias, el diputado dijo que no recibió “ningún beneficio político” y aseguró que asumió “una deuda para darle una casa” a su familia.

En ese sentido, agregó: “Poseo un crédito hipotecario en UVAs (unidades de valor adquisitivo) que al momento de su obtención —mayo de 2025— era de $275 millones. Con ese dinero, compré nuestra primera vivienda familiar, en la ciudad de Yerba Buena».

“Antes, alquilábamos junto a mi mujer y mis tres hijos. Hoy, debido a que las UVAs actualizan conforme la inflación, esa deuda asciende a $322 millones”, explicó.

Cuál es la normativa del Banco Nación

El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas del sector en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través del Banco Nación.

La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.

En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.

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La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.

La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.

El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.

La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.

El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.

Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.

El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.

La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.

En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.

El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.

Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.

La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.

En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.

En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.

El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.

En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.

El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.

La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.

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