POLITICA
Los videos de Kueider: una pericia contradijo la versión del exsenador y complicó más su situación judicial
Kueider aseguró que el dinero de los videos en su oficina de la gobernación entrerriana corresponde a “fondos reservados” de esa provincia. Pero una pericia judicial sobre los billetes complica su versión.
Una pericia multimedia hecha sobre los videos que muestran a Edgardo Kueider manipulando dinero dentro de su exoficina de la gobernación de Entre Ríos confirma que se trata de moneda extranjera y no de pesos, algo que complica la versión del exsenador.
Kueider asegura que ese dinero corresponde a “fondos reservados” estatales, pero los fondos reservados que manejan las provincias son en pesos, no en dólares.
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A pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el Laboratorio de Multimedia Forense de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal trabajó para establecer con certeza a qué moneda o divisa corresponde el efectivo que se ve en cajas, sobres y bolsas en aquellas secuencias captadas por las cámaras de seguridad de la oficina de Kueider.
Las filmaciones corresponden a 2018 y 2019, cuando era Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, y a su vez representante del gobernador en la distribuidora de energía Enersa.
La pericia se hizo aplicando distintas herramientas y técnicas para mejorar la nitidez, el contraste y la definición de las imágenes, y poder determinar con mayor precisión la naturaleza y características de los billetes que observan, para determinar de qué moneda o divisa se trata.
En concreto, los técnicos analizaron cinco videos, hicieron distintos “detenimientos” sobre ellos y concluyeron que se “identificaron características coincidentes entre los billetes observados en esos detenimientos y los billetes de dólares estadounidenses correspondientes a las siguientes emisiones: billete de 100 emisión 1996-2013; billete de 50 emisión 1997-2004; billete de 20 emisión 1998-2003; y billete de 10 emisión 2000-2006; billete de 5 emisión 2000-2008.
“No es plata negra, tampoco es ilícita”, aseguró Kueider en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Eso que se ve ahí son los gastos reservados (de la provincia de Entre Ríos), que por ley yo administraba. Cada 15 días, esa persona que entra con esa caja de resma de hojas con dinero, es un funcionario del área contable de la provincia, que en virtud del circuito administrativo correspondiente, retiraba los fondos y los traía. Procedimiento habitual en cualquier manejo de fondos reservados de cualquier Estado y organismo. Con la diferencia de que acá hay un video que muestra quiénes intervenían y dónde se guardaba la plata”.
“Son fondos totalmente lícitos, no existen fondos negros, son del Estado, destinados para lo que la ley indique, para gastos específicos. Se derivan a la Policía, a la Justicia, un montón de cuestiones que por su carácter reservado no me voy a explayar”, agregó Kueider.
Pero los fondos estatales, como los reservados, son en moneda nacional, no en dólares. Y para la jueza Sandra Arroyo Salgado la pericia sobre los billetes de los videos otorga “mayor fuerza convictiva” a esta investigación, donde Kueider está sospechado de ser la principal fuente de dinero de origen ilícito de una banda organizada para luego colocarlo en el circuito legal con apariencia lícita, mediante distintas fachadas, como empresas.
El fiscal ya había puesto el acento en la naturalidad con que Kueider y sus colaboradores disponían de grandes sumas de efectivo en oficinas estatales: “Impresionan como conductas subrepticias, por fuera del normal mecanismo de una burocracia estatal. Exceden, por lejos, lo que podría interpretarse como operaciones de caja chica o viáticos; los desembolsos no se respaldan con documentos específicos (facturas, recibos, remitos), propios de operaciones legales, rubricados por los participantes en que consten la entrega y su finalidad; y el ámbito de estas operaciones no resulta en absoluto habitual, como lo sería, por ejemplo, una tesorería”, analizó Domínguez.
Esta trama de presunto enriquecimiento ilícito está relacionada con otra, que también investiga Domínguez en San Isidro: la megacausa por las coimas que pagó en nuestro país la multinacional de seguridad Securitas. Una de las hipótesis, de hecho, es que el dinero de los videos provendría de coimas a la empresa de energía Enersa -donde Kueider era el representante del gobernador Gustavo Bordet- y no de fondos reservados. El período en que Securitas admitió haber pagado sobornos se ubica entre 2014 y 2019, y coincide con el tiempo en que Kueider fue funcionario y estuvo en Enersa.
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La causa Securitas empezó con una autodenuncia. La empresa, tras una investigación interna, detectó que sus representantes habían pagado coimas para obtener o mantener contratos en Argentina y evadir impuestos. Algunos de los blancos de esas coimas fueron dependencias de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Entre Ríos, organismos como el Renaper, AYSA o el SENASA. Hay más de 60 imputados y hay procesamientos que están firmes.
Tras admitir los sobornos, Securitas firmó un acuerdo de colaboración con el fiscal Domínguez, homologado por la jueza Arroyo Salgado, y se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo con los sobornos y cancelar una deuda tributaria de $1.500 millones.
Además, tuvo que comprar 900 kilos de carne durante seis meses que fueron para dos comedores parroquiales a los que concurren chicos en riesgo social, uno de San Isidro y otro de Entre Ríos. Fue el primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal empresaria, aprobada en 2018.
Edgardo Kueider, corrucpción
Edgardo Kueider deberá comparecer el próximo miércoles 30 y jueves 31 ante el juez Humberto Otazú. Ambas audiencias están previstas para las 8 de la mañana. También tendrá que presentarse su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel.
El magistrado, a cargo del Juzgado de Delitos Económicos, tendrá bajo su responsabilidad realizar la audiencia preliminar en el proceso penal que ambos enfrentan. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa, ya que, al haber sido descubiertos, no lograron concretar el ilícito. Las penas previstas en la legislación paraguaya para este tipo de delitos van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión.
El caso
En la madrugada del 4 de diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya en la cabecera del Puente de la Amistad. Intentaban ingresar desde Brasil con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes que no habían declarado. Estaban, según el acta de inspección, en una mochila hallada en la parte de atrás de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban ambos y que figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” González.
En la investigación por enriquecimiento ilícito que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado instruye en la Argentina, “Gonzalito” sería uno de los testaferros de Kueider. Era empleado del Senado y fue afectado al despacho del ex representante de Entre Ríos en la Cámara alta. Además, figura como socio en Betail, una de las empresas que, según la investigación judicial, habría sido usada de pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial del acusado.
Tras la requisa realizada en las primeras horas del miércoles 4 de diciembre, al ex senador se le devolvieron USD 9.900, ya que ese es el tope de dinero que podía entrar sin una declaración. Horas después, tras exponer en sede judicial, fueron imputados por la Fiscalía. Quedaron en arresto domiciliario.
El proceso
Las audiencias tendrán como fin determinar si el caso se eleva o no a juicio oral y público.
Esta instancia debería haberse completado entre el 24 y el 26 de junio pasado. Pero la defensa de Kueider pidió acceso a la totalidad de la prueba reunida en el expediente. El juez Otazú concedió el pedido. Y ordenó realizar la copia de un pendrive que la Fiscalía había presentado en la causa.
En esta instancia, la acusación contra el ex legislador argentino corre por cuenta del fiscal Ysrael Villalba. La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas.
Desde la primera instancia, los fiscales Édgar Benítez; Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia señalaron que las acciones de los acusados estuvieron dirigidas a “ocultar las sumas de dinero en el sentido de no ingresar por las vías legales un instrumento que, por su valor, debe ser declarado”. Para la legislación del vecino país, el efectivo se considera una mercadería.
Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía. La primera explicación sobre el origen de los fondos dada ante la Justicia paraguaya corrió por cuenta de Guinsel. La exsecretaria sostuvo que era plata destinada a la compra de cosméticos. Y que se la había entregado un representante de la empresa Golsur a quien no identificó.
La investigación detectó que el titular de la firma sería José Fernando Cousirat, un joven paraguayo de 33 años. Cousirat tiene el registro único de contribuyente (RUC) (el equivalente en el vecino país al CUIT argentino) inactivo.
Además, este hombre figura como representante de otra sociedad paraguaya: Exclusiva Py Eas. Esta firma es una de las dos que comercializaba departamentos del complejo Innova. Allí, Guinsel habría comprado en efectivo varias unidades. Por otro lado, Golsur había otorgado un poder de representación a favor de la exsecretaria de Kueider.
En las entrevistas que el exlegislador ha concedido desde su arresto domiciliario en Asunción ha insistido en que ese dinero “no salió de Argentina”. Sin embargo, nunca especificó el origen. También descartó que se tratara del pago de coimas por haber votado la Ley Bases, como insinúa desde un principio el kirchnerismo.
POLITICA
Senado: crecen las dudas por una sesión solicitada dos veces con agenda incómoda para el Gobierno
A una semana para el fin del receso que suelen inventar Diputados y el Senado, en la Cámara alta crecen las dudas en cuanto a cómo manejar una sesión solicitada -ya dos veces- por supuestos aliados del Gobierno: algunos proyectos son incómodos para la Casa Rosada y una iniciativa que genera intensas discusiones dentro de las propias bancadas y tensiona aún más la delicada convivencia.
Los pedidos de sesión fueron realizados a mitad de junio y a inicios del corriente mes por la bancada amigable del Gobierno -al menos, hasta el último convite en el recinto- Provincias Unidas. A la cabeza del reclamo se encuentra la chubutense de extracción radical Edith Terenzi y su colega de interbloque y peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), entre otros.
El temario ya tiene un rechazo del Gobierno: según confiaron enlaces del Congreso y el Ejecutivo a Infobae, la orden es no aceptar ningún proyecto que esté relacionado con el área de salud. Mucho menos, si ello implica un “gasto” extra para el Estado.
Hay otra iniciativa de ley que convertiría al recinto en un maratónico hervidero: es la relacionada con el aumento de penas para las falsas denuncias, cuestión que en la última semana estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de ese estilo. “Puede convertirse en un desastre”, lanzó a este medio un experimentado senador el mes pasado, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar.
Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios a la ley de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.
Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.
“En principio, quiero aclarar que en este recinto se han pedido sesiones especiales. Lo he hecho en dos oportunidades en el último mes. Y pedí que se trataran todos los órdenes del día que estaban pendientes desde el año 2024, más allá del autor, del proyecto o del bloque político que sean. Entonces, primero quiero dejar aclarado que ha habido pedidos formales y me han acompañado varios senadores para dar el debate en sesiones especiales con temarios de órdenes del día ya aprobados por las comisiones”, señaló Terenzi durante el último encuentro del pleno de la Cámara alta.
La batería de proyectos fue dejado de lado por la sesión en la que la oposición más férrea -kirchnerismo- y los “dialoguistas” se unieron sin temor y le aplicaron duras derrotas al Ejecutivo libertario, que tiene sólo un par de días extra para analizar si veta o judicializa las leyes sancionadas que mejora las jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
Por ahora, el Senado pispea los próximos pasos de Diputados: allí se aguarda la votación del proyecto que blinda el presupuesto universitario y del que apunta a amortiguar la preocupante situación del hospital Garrahan. El primer punto tendría que ser analizado, una vez aterrizado en la Cámara alta, por la comisión de Educación. La misma es comandada por el camporista Eduardo De Pedro. El año pasado, el legislador bonaerense -y ex ministro del Interior de Alberto Fernández– abrió ese espacio recién a finales de agosto, tras casi medio año de siesta. En 2025 tardó sólo dos meses y medio: trabajó dos veces.
POLITICA
El Gobierno inició el proceso de privatización de Intercargo y determinó un plazo límite para su realización
El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Según la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que había declarado la empresa como “sujeta a privatización”.
La normativa instruye a la Secretaría de Transporte, en cuya órbita se encuentra Intercargo, a iniciar las acciones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.
Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Además, es la empresa que presta en exclusividad el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves —conocido como servicio de rampa— en aeropuertos del país. Para avanzar con la venta, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.
La propuesta de privatización, elaborada por la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la responsable de coordinar las acciones del proceso. Tendrá un plazo de ocho meses para completar la privatización. También deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.
A su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que supervise la transición hacia el nuevo operador, que ese proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. El decreto 198/2025 ya había dispuesto que uno de los objetivos principales de la privatización debía ser garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también dispone que todo el procedimiento se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR y asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.
“sujeta a privatización”,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Al rojo vivo. Elecciones 2025: el cierre de listas en Buenos Aires en cada sección electoral,,Valores más altos en GBA. Indec publicó la inflación de junio: 1,6% y el Gobierno lo celebró en redes sociales
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