El cambiante escenario político previo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires habilita el análisis de alternativas como que los intendentes bonaerenses se presenten a candidaturas testimoniales en sus municipios. También, que se implemente un sistema de listas colectoras para contener a los múltiples aspirantes a los cargos legislativos en juego. Y, por último, se especula sobre los beneficios que las boletas en blanco y negro depararían para algunos sectores en detrimento de otros.

La alternativa de intendentes –en su mayoría del peronismo y alineados con el gobernador Axel Kicillof en la interna contra Cristina Kirchner– al frente de las boletas de concejales es concreta. “Puede ser. El que lo planteó primero fue [el intendente de Berazategui, Juan José] Mussi. Todo parte de que el gobierno nacional cambia el sistema electoral y luego se desdobla. Nunca tuvimos una elección en la que no tuvimos una lista provincial que empuje”, afirma un jefe comunal que apoya al gobernador.

“Al día de hoy, presentamos lista del Movimiento Derecho al Futuro [el espacio que lanzó Kicillof] en las ocho secciones electorales, pidiéndoles a todos los intendentes que encabecen la lista de concejales”, subraya un dirigente muy activo en el armado territorial de Kicillof. El gobernador y Cristina Kirchner iniciaron la semana pasada una negociación para la unidad, con llamados y una reunión cara a cara incluida que derivó en la intención de confeccionar una mesa con delegados de ambos lados para establecer “las condiciones para la unidad”. En esas conversaciones, Kicillof quiere que quede especificado que habrá “un apoyo a la gestión de gobierno [provincial]”, y que en la Legislatura tendrá respaldo y no se presentarán proyectos sin su aval.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, es uno de los que ya admitió que podría ser candidato testimonial en la nómina de ediles. “A veces, es atractivo que los intendentes vayan de candidatos en la intermedia. Se instalan, la gente los conoce”, dice un referente del Frente Renovador. A diferencia de la elección nacional, en la provincial no se votará con boleta única de papel, sino con la tradicional boleta partidaria y en todas las fuerzas intentarán tener caras conocidas al frente de cada nómina.

Para un legislador de Pro, fuerza que aceita una confluencia bonaerense con La Libertad Avanza, los intendentes no irán como postulantes testimoniales a concejales, pero sí serán candidatos a diputados y senadores provinciales. “Por primera vez, la Cámara de Diputados y la de Senadores de la provincia son importantes, por Cristina [que adelantó que será candidata a diputada provincial]. Todo el mundo va a querer estar ahí, peleándose con ella. Creo que va a haber ocho cabezas de lista fuertes [en cada sección]”, sostiene la fuente macrista consultada.

Un diputado del peronismo no duda en señalar que, a las candidaturas testimoniales, se podrían agregar las listas colectoras y las boletas en blanco y negro. Esta última posibilidad se observa en el justicialismo como una ventaja por sobre La Libertad Avanza, muy identificada con el color violeta. “Las colectoras y las boletas en blanco y negro creo que van a salir”, afirma el legislador. “Al votar las colectoras, más de un intendente se va a replantear poner en juego su imagen [en una candidatura testimonial]. Si pierde, ¿Cómo queda?”, se pregunta la misma fuente.

Pero el optimismo por las colectoras no es unánime. Un legislador de Juntos por el Cambio y un intendente peronista coinciden en que no se pondrán en práctica. Para rehabilitarlas, Kicillof debería derogar un decreto de la exgobernadora María Eugenia Vidal que las prohíbe, informan a desde el peronismo y el macrismo.

“Hoy, no puede haber colectoras. Si el peronismo necesita colectoras, Kicillof va a bajar el decreto; si hay acuerdo entre Cristina y Kicillof, no lo va a bajar. Depende de ellos. Al radicalismo y a Pro le convendrían las colectoras porque tienen más territorialidad que La Libertad Avanza. Pero si el apoderado de la boleta no te firma, no tenés posibilidad de colectora”, resume un hombre de Pro.

El próximo lunes, la Junta Electoral bonaerense se reunirá y analizará la posibilidad de que se implementen boletas en blanco y negro en las elecciones del 7 de septiembre. En la política provincial se especula con un pronunciamiento a favor por un tema de reducción de costos, que perjudicaría a La Libertad Avanza. “Hay algunos dirigentes propios que se preguntan por qué en blanco y negro, si nosotros siempre fuimos azul, pero ellos con el violeta arrancan arriba”, dicen en el peronismo.

“No depende de nosotros. Es probable que sea así. Van a vender un tema de costos, a nosotros nos viene joya”, se entusiasma un dirigente kicillofista con las papeletas en blanco y negro. En Pro, subrayan que sería “una chicana contra La Libertad Avanza de parte del PJ” y que, “para bajar costos, hubieran aprobado la boleta única de papel”.

El Gobierno mantiene en un limbo un proyecto de decreto que empuja el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, para anular la quita alrededor de un 40 por ciento del salario de los militares que son enviados a misiones fuera del país.

Ese recorte salarial significativo se remonta al año 2007 a través del decreto 1140, en la gestión de Nilda Garré como ministra de Defensa, y desde entonces es denunciado como una norma “discriminatoria” por los uniformados. Porque ese decreto expresamente dejó afuera a los integrantes de fuerzas de seguridad que son destacados en el exterior.

De hecho, el proyecto que hizo Petri apunta a reivindicar las funciones que cumplen los militares fuera del país, al considerarlas “complementarias” a las del personal diplomático.

“Razones de equidad imponen ponderar el servicio que presta el personal militar en el exterior» sostiene el proyecto que redactó Defensa. «Sin soslayar el principio de austeridad republicana, los emolumentos a ser abonados al personal deben ser suficientes para la atención de gastos relacionados con alimentación, salud, vestimenta y vivienda acorde a un modo de vida digno y a la investidura de un representante en el extranjero que permita exteriorizar los atributos del país”, justifica en otro párrafo la necesidad de terminar con aquel recorte del kirchnerismo.

El ministro Petri viene de sostener la semana pasada ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que los gobiernos kirchneristas “perseguían” a los militares. Para los uniformados, ese decreto que con el argumento de eliminar “privilegios” les poda el 40% del salario en el exterior, es un ejemplo de lo que denunció el ministro (porque les afecta a ellos, no al personal diplomático ni al de las fuerzas de seguridad).

Pero, pese a la difusión que tuvo el proyecto de Petri y la supuesta intención del actual gobierno de revalorizar el rol de los militares, el Ministerio de Economía no le estaría dando luz verde a Defensa para revertir la situación salarial del personal militar “desplegado en comisiones al exterior, comisiones transitorias menores, mayores, permanentes y/o bajo el Régimen de las Naciones Unidas”, según especifica el borrador que hizo Defensa.

A este malestar castrense se suma la quita que se les aplica a los militares en el exterior del 35% por el Impuesto a las Ganancias. Fuentes del Edificio Libertador dijeron a Clarín que además de recursos administrativos contra esta poda, ya hubo también amparos judiciales.

Este recorte se disparó cuando el Gobierno reglamentó los cambios hechos a Ganancias y dejó afuera la excepción que beneficiaba a los diplomáticos con designación en el exterior. A los diplomáticos se les descuenta Ganancias del tramo del «sueldo país», pero no del adicional por costo de vida en el exterior.

En octubre del año pasado, la Asociación Profesional del Servicio Exterior (APSEN) que hace las veces de gremio diplomático, logró una medida cautelar que sigue vigente, contra este descuento que había implantado el gobierno mileísta.

Pero algunos militares -que carecen de representación “gremial”- hicieron amparos en forma individual, un gallinero revuelto que no sería del agrado de los jefes de las fuerzas.

Fuentes del Edificio Libertador y del Edificio Libertad -sede la Armada- contaron a Clarín que dos integrantes de una Misión Naval en Bolivia estuvieron a punto de ser repatriados por el jefe de la Armada, almirante Carlos María Allievi, por haber ido a la Justicia por la cuestión de Ganancias. No debió llegar al punto porque toda esa Misión terminó siendo levantada antes de tiempo por orden del Ministerio, por razones no especificadas.

Voceros de la Armada consultados por este diario declinaron responder sobre los amparos de personal de la fuerza, aduciendo que no se trata de cuestiones “públicas” sino de temas inherentes al personal.

El decreto 1140/2007 implica un recorte de un 40% y Ganancias otro 35%. En algunos destinos -sobre todo EE.UU. y Europa- con costos altos de alquileres y otros gastos, la situación de los militares en esas misiones es “complicada” para llevar adelante esa representación “con dignidad”, dicen las fuentes consultadas.