INTERNACIONAL
La dictadura cubana amenazó a una activista humanitaria: “Hay un calabozo con 30 hombres para violarla”
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer denunció este jueves que la dictadura de su país continúa intimidando y arrestando a colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con el objetivo de sabotear la labor humanitaria que llevan adelante a diario.
En menos de un mes, el régimen de Miguel Díaz-Canel detuvo a 350 personas, según un informe dado a conocer este miércoles por tres organizaciones de derechos humanos de la isla.
En diálogo con Infobae, Ferrer indicó que, solo en las últimas 24 horas, se confirmaron ocho detenciones más. “Los de la policía política detuvieron ayer a cinco colaboradores, dos hombres y tres mujeres. Les impusieron una multa de 24.000 pesos a dos mujeres y a un hombre; y una de 36.000 a un hombre”, indicó; al tiempo que acotó que este jueves se registraron otros tres arrestos.
“De los de ayer, a uno le quitaron el móvil y lo golpearon. Mientras que a una colaboradora la obligaron a hacer un video en el que diga que no venía más nunca aquí (a la sede de UNPACU) porque la amenazaron que, si no hacía el video, la iban a meter en un calabozo con 30 hombres para que la violaran. La tiranía está excediéndose diariamente, superándose a sí misma en materia de infamia, represión y vileza», relató el ex preso político a este medio.
Respecto de los arrestos de este jueves, el líder opositor detalló que a las tres detenidas “las mantuvieron más de media hora en un local ubicado a dos cuadras de UNPACU. Uno de nuestros colaboradores estuvo observando todo lo que pasaba porque estamos alerta ante cualquier acción represiva, ante cualquier intento de sabotear nuestro trabajo. A las tres jóvenes las acabo de despedir recién porque me negaron que habían sido detenidas y que habían estado conversando con los de la policía política durante más de media hora. Las acabo de despedir porque los colaboradores que sucumben a las amenazas son los que terminan haciendo cosas muy peligrosas acá adentro de nuestro hogar”, describió.
Y agregó: “El régimen les está exigiendo, amenazando y presionando a los que colaboran con nosotros para que echen sustancias nocivas en los alimentos, para que tapen los baños, para que nos echen insectos dentro del hogar, es decir, para crearnos todo tipo de problemas. Por eso las acabo de despedir de acá“.
Por último, Ferrer dijo que este jueves por la mañana estaban viendo qué iba a ocurrir con los que llevan leña para la alimentación porque el régimen quizás les impida acceder al hogar.
La ONG Prisoners Defenders, la UNPACU y el Consorcio Justicia denunciaron este miércoles que la dictadura cubana arrestó a 350 personas en menos de un mes con el objetivo de sabotear la labor humanitaria de Ferrer.
“En una violación flagrante de la libertad, derechos de reunión y asociación pacífica con fines humanitarios, el régimen de Cuba ha realizado más de 350 detenciones (335 de personas vulnerables, 11 de colaboradores y cinco de activistas) tan solo en las últimas cuatro semanas, para impedir la labor humanitaria de José Daniel Ferrer y su mujer, la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, que realizan con su comedor y centro médico social en Santiago de Cuba», indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto remitido a Infobae.
Y siguieron: “Para ello, la seguridad del Estado está atacando con una indiscriminada y cruel represión a los más vulnerables, las personas que acuden a recibir ayuda. En tan solo tres meses, y desde el primer día que José Daniel Ferrer salió de prisión, el 16 de enero de 2025, la UNPACU ha distribuido 30.503 servicios de ayuda humanitaria (entre desayunos, comidas, cenas y atención médica), alcanzando un ritmo creciente de casi 1.300 personas diarias, hasta que la inhumana represión del régimen sobre los beneficiarios hiciera disminuir el ritmo de afluencia de personas vulnerables hasta los 500 al día en los últimos días».
Prisoners Defenders y la UNPACU registraron acciones represivas “todos los días de este período junto a un cerco policial de decenas de agentes, cuyo objetivo han sido, fundamentalmente, las personas vulnerables que acuden a recibir ayuda humanitaria».
Las organizaciones detallaron que, en la semana del 17 al 21 de marzo, fueron detenidas por la seguridad del Estado más de 30 personas vulnerables, entre las que acudían en búsqueda de comida y atención médica.
“La represión se concreta en casi todos los casos con la detención, su traslado a las instalaciones de la seguridad del Estado cerca de la sede de la UNPACU o la Segunda Unidad de la Policía en Santiago de Cuba (“El Palacete”) y la advertencia de amenazas de llevarlos a prisión a cada uno de ellos si siguen acudiendo al comedor social de la UNPACU en busca de ayuda humanitaria», describieron.
Luego subrayaron que el pasado 21 de marzo, la seguridad del Estado realizó lo que se llama en Cuba un “Acto de reafirmación revolucionaria” (actos también llamados “de repudio”) frente a la sede de la UNPACU. “Los individuos participantes, miembros y allegados del partido comunista en el poder, al pasar por delante de dicha sede, vertieron gestos indecentes contra la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo”, denunciaron.
Del 22 al 28 de marzo, las detenciones y acosos sobre las personas vulnerables que acuden al comedor social continuó sin descanso sumando en dichos días 105 detenciones arbitrarias de corta duración contra personas vulnerables, con una media de 15 detenciones y actos represivos cada día sobre este colectivo vulnerable.
El 31 de marzo, los principales jefes de la policía política de la provincia, un teniente coronel que se hace llamar “Lázaro” y un mayor nombrado Julio Fonseca, estuvieron dirigiendo un operativo represivo en el que detenían e interrogaban a las personas que salían con alimentos del comedor social de la UNPACU.
En tanto, el 1 de abril se realizó un cerco policial alrededor de la sede con 32 agentes, autos patrulla, policías de tránsito en motocicleta y hasta un vehículo jaula de la policía con capacidad para realizar detenciones masivas. Ese día se detuvo a más de 40 personas vulnerables, arrojando al suelo los alimentos que llevaban y conduciéndolos a un local en el que la seguridad del Estado está operando la represión.
En dicho operativo, detuvieron al colaborador voluntario Daniel Ferrer Jiménez, padre del preso político Enrique Ferrer Hechavarría, por tercera ocasión en 40 días. Estuvo detenido cuatro horas.
También fue arrestado el mismo 1 de abril el colaborador voluntario Jorge Luis Colá Montané, de 60 años, a quien la policía política le robó 200 pesos cubanos que eran de su propiedad, con la excusa de que se los habría dado la UNPACU, algo falso, según las ONG. “Esta persona vulnerable recibe comida en el comedor social y, en agradecimiento, colabora con el transporte de insumos para este. Igualmente, fueron detenidos el mismo día los hermanos Agustín Estrada Rodríguez y Víctor Manuel Estrada Rodríguez, colaboradores voluntarios que ayudan con el transporte de la leña que se necesita para cocinar los alimentos», agregaron.
El informe enviado a este medio por las organizaciones enfatizó en que el 2 de abril el cerco policial se recrudeció. “Además de detener a decenas de personas vulnerables, beneficiarios de la ayuda humanitaria, la policía política a cargo del represor Mario Raciel Soularis Garcés, detuvo a Roilán Zárraga Ferrer, activista de la UNPACU dos veces preso político por esta misma labor humanitaria. También por el mismo motivo fue multado con 24 mil pesos. Fue detenido cuando trataba de comprar carbón para el comedor social y fue amenazado con ir a prisión», detallaron.
Las fuerzas represivas también arrestaron a la colaboradora Marilyn Thalía Álvarez Pérez, tirando al suelo los alimentos que llevaba para sus dos hijos. Con violencia, la metieron en un patrullero y la condujeron hasta la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, conocida por “El Palacete”. Marilyn Thalía, según su propio testimonio, fue llevada a una sala con otros 30 detenidos presuntamente por delitos comunes. Posteriormente, fue amenazada con ir a prisión y con acabar con la vida de su marido, el prisionero político Anibal Ribiaux Figueredo, si ella no trabaja como informante para la policía política en el comedor social de la UNPACU.
Ese 2 de abril, las fuerzas represivas también detuvieron a Adisnubia Rondón Román, colaboradora voluntaria del comedor social, y a su hijo menor -de 17 años-, Alexander Fonseca Rondón, al que amenazaron con llevarlo a prisión “con el delito que les dé la gana” si Adisnubia sigue colaborando voluntariamente con el comedor social. También ella fue amenazada con ir a prisión por la misma causa.
El reporte indicó que, durante el mismo día, las fuerzas de la seguridad del Estado detuvieron y realizaron actos represivos a otras más de 50 personas vulnerables en un local que la policía política ha instalado a dos calles de la UNPACU.
Desde el 1 al 4 de abril las detenciones y actos represivos sobre personas vulnerables beneficiarias del comedor social de la UNPACU oscilaron entre las 40 y las 50 personas al día, por lo que en dicha semana fueron detenidas más de 200 personas vulnerables con el objetivo de sabotear la labor humanitaria de la UNPACU.
Las fuerzas represivas también detuvieron a multitud de personas vulnerables, como el caso de José Hechavarria Illa y un compañero suyo el 5 de abril, como él mismo denunció. Ambas son personas que tienen una extrema vulnerabilidad y son beneficiarios del comedor social y colaboran voluntariamente llevando leña.
Fue detenida igualmente el 8 de abril la prima política de la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, Margiolis Ramírez del Pino, y llevada a la Segunda Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, tal y como ella ha denunciado, donde la policía política le robó su teléfono móvil y, además, fue amenazada por estar acogida en la sede de la UNPACU debido a su situación de vulnerabilidad por tener afectaciones cognitivas.
Por su parte, la hija menor de Yesmi Barbán Despaigne, Yeisimí Zapata Barbán, de 10 años, denunció ella misma el 9 de abril que fue amenazada por la subdirectora con suspenderle las asignaturas en la escuela Santiago Calleja de Santiago de Cuba por ir a beneficiarse de los servicios médicos del comedor social de la UNPACU, y le dijo a la niña de 10 años que a su madre la iban a meter presa.
“A pesar de todo lo narrado, las personas siguen atravesando el cerco policial para poder alimentarse, y 2.428 personas vulnerables distintas lograron tener acceso desayuno, almuerzo y/o cena en la sede de la UNPACU desde el 17 de marzo al 11 de abril; y otras 727 personas recibieron atención médica por dolencias diversas», explicaron las ONG.
Y concluyeron: “La comunidad internacional debe reaccionar ante esta situación de represión inhumana, ante este bloqueo genocida y criminal de la policía política contra las personas vulnerables en Cuba y debe exigir al régimen un cambio radical en esta materia, pues la hambruna y la necesidad en Cuba son exacerbadas y el Estado está completamente desbordado en sus capacidades para atender a la población”.
INTERNACIONAL
Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30
El gobierno de Brasil otorgó este miércoles los derechos de exploración de cinco bloques petroleros situados en aguas profundas del Atlántico, apenas dos días después de que la estatal Petrobras obtuviera licencia ambiental para iniciar perforaciones exploratorias marítimas cerca de la desembocadura del río Amazonas. La decisión reafirma el compromiso brasileño con la producción petrolera, una postura que genera controversia a menos de un mes de la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém.
Las subastas, organizadas por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), se llevaron a cabo en Río de Janeiro y sumaron un total de 103,7 millones de reales (alrededor de 19,2 millones de dólares). De los siete bloques ofertados, cinco fueron adjudicados a grandes consorcios internacionales y nacionales, entre ellos la multinacional noruega Equinor y la china Cnooc. Estas áreas se localizan en el denominado presal, una reserva petrolera ubicada bajo una gruesa capa de sal en aguas ultraprofundas, donde se estima la existencia de yacimientos de alto potencial económico.
De las siete zonas ofrecidas en la subasta, las áreas de Jaspe, Citrino e Itaimbezinho fueron obtenidas respectivamente por un consorcio integrado por Petrobras (60%) y Equinor (40%), por Petrobras de forma individual, y por Equinor también de manera individual. Todas ellas se encuentran en la cuenca de Campos, frente al litoral del estado de Río de Janeiro.
En la cuenca de Santos, frente a las costas de San Pablo, la australiana Karoon se adjudicó el bloque de Esmeralda, mientras que un consorcio liderado por CNOOC (70%) y Sinopec (30%) obtuvo el área de Amatista. El resto de los bloques ofertados no atrajo el interés de las 15 empresas habilitadas para participar.
A diferencia de anteriores licitaciones, en esta ocasión no se otorgaron concesiones plenas, sino que las empresas ganadoras operarán en asociación con el Estado brasileño, que mantiene la propiedad de los derechos de exploración y producción. Para resultar seleccionadas, las compañías debieron ofrecer el mayor porcentaje de participación estatal en el excedente de producción de petróleo y gas.
La subasta formaba parte de una oferta inicial de 13 áreas, aunque las compañías solo mostraron interés por siete. De acuerdo con Artur Watt, director general de la ANP, “el mantenimiento de las actividades de exploración y producción es completamente compatible con la transición energética”. Watt defendió que este proceso debe acelerarse ajustando la demanda, sin restringir voluntariamente el suministro nacional, dado que “sería rápidamente cubierto por otros países en detrimento de los intereses nacionales”.
El lunes, Petrobras recibió la licencia ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) para perforar un pozo exploratorio en el bloque FZA-M-059, situado a 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, próximo a la frontera con Surinam. La estatal inició los trabajos el mismo día de la autorización, según informó en un comunicado. Este pozo no producirá petróleo durante la fase exploratoria y las tareas podrían extenderse hasta cinco meses.
El ministro de Energía, Alexandre Silveira, celebró la decisión y subrayó en sus redes sociales que “el Margen Ecuatorial representa el futuro de nuestra soberanía energética. Brasil no puede renunciar a conocer su potencial”. Silveira insistió en que la perforación se realizará bajo “los más altos estándares internacionales” y con “responsabilidad ambiental”.
No obstante, la explotación petrolera en la región ha suscitado críticas de organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas, dadas la vulnerabilidad y “extrema sensibilidad” del ecosistema amazónico. La polémica aumenta en vísperas de la COP30, donde uno de los ejes clave de debate será la reducción gradual del uso de combustibles fósiles.
La Margen Ecuatorial, que se extiende desde la frontera con Surinam hasta el noreste del país, es señalada por analistas geológicos y la industria como una de las zonas más prometedoras de Brasil por sus similitudes con los descubrimientos de hidrocarburos realizados en Guyana. Durante la última década, la región ha sido objeto de exploración por parte de importantes compañías internacionales, como Chevron, ExxonMobil, Petrobras y la Corporación Nacional de Petróleo de China.
El gobierno de Lula da Silva argumenta que el crecimiento del sector es clave para financiar la transición energética y el desarrollo económico. En junio, el Ejecutivo subastó otros 19 bloques en alta mar, algunos en cercanías del Amazonas, reafirmando su determinación de expandir la actividad petrolera en el país pese a las restricciones impuestas por las demandas ambientales.
La exploración en aguas profundas bajo la capa de sal, así como en la denominada Margen Ecuatorial, plantea desafíos técnicos y ambientales, en especial por las fuertes corrientes oceánicas y la proximidad a zonas de alta biodiversidad. Petrobras señaló que el pozo exploratorio en el bloque FZA-M-059 forma parte de su estrategia para incrementar reservas y conocer el potencial petrolero brasileño, aunque aún no está previsto su desarrollo comercial inmediato.
(Con información de AFP, AP y EFE)
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Mexican leaders want US help against cartels
Mexican Senator Lilly Téllez joins ‘Fox & Friends Weekend’ to discuss growing tensions between President Trump and Venezuelan leader Nicolás Maduro as the U.S. boosts its military presence in the region to target drug boats and cartels.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
FIRST ON FOX: President Donald Trump will host a roundtable at the White House Thursday afternoon with law enforcement and administration officials to discuss the successes of the Homeland Security Task Forces, which the president established on his first day in office to snuff out threats from criminal cartels in the U.S.
«The President’s Homeland Security Task Forces are a landmark achievement that highlight what the federal government can achieve with a leader like President Trump who is willing to slash red tape, increase coordination and put the safety of the American people first,» White House spokeswoman Abigail Jackson told Fox News Digital of the event.
«In a short period of time, the Trump Administration has removed lethal drugs, illegal weapons, dangerous foreign terrorists and cartel members from American communities,» she added. «The American people are safer today because of the HSTFs — and they’re just getting started.»
Trump established the creation of Homeland Security Task Forces Jan. 20 — his first day back in office — via executive order, «Protecting the American People from Invasion.» The executive order directed Attorney General Pam Bondi and Secretary of Homeland Security Kristi Noem to establish such task forces in each state as part of the administration’s efforts to thwart cartels and human trafficking networks operating on U.S. soil.
WAR DEPARTMENT LAUNCHES NEW COUNTER-NARCOTICS TASK FORCE UNDER TRUMP DIRECTIVE TO CRUSH CARTELS
President Donald Trump is slated to hold a roundtable with administration officials to discuss updates on the Homeland Security Task Forces. ( Anna Moneymaker/Getty Images)
The executive order specifically directed the task forces to «end the presence of criminal cartels, foreign gangs, and transnational criminal organizations throughout the United States, dismantle cross-border human smuggling and trafficking networks, end the scourge of human smuggling and trafficking, with a particular focus on such offenses involving children, and ensure the use of all available law enforcement tools to faithfully execute the immigration laws of the United States.»
On Thursday, administration officials will join Trump to provide updates on the task forces’ efforts.
The roundtable will be joined by Deputy Chief of Staff and Homeland Security Advisor Stephen Miller, Noem, Bondi, Deputy Attorney General Todd Blanche, Secretary of War Pete Hegseth, FBI Director Kash Patel and Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, Fox News Digital learned.
TRUMP SENDS MILITARY AFTER THE CARTELS AND IT’S LONG OVERDUE
A January executive order directed Attorney General Pam Bondi, here, and Secretary of Homeland Security Kristi Noem to establish such task forces in each state as part of the administration’s efforts to thwart cartels and human trafficking networks operating on U.S. soil. (Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images)
Fox News Digital learned that the task forces nationwide became fully operational at the end of August and have yielded thousands of arrests, and the removal of dangerous drugs and illegal firearms from U.S. streets.
BONDI SAYS HUMAN SMUGGLING IS ‘GETTING PEOPLE KILLED’ ACROSS US AS SHE ANNOUNCES CRACKDOWN
More than 3,000 foreign terrorists and cartel members were arrested as part of the task forces’ operations, including members of notoriously dangerous gangs such as the Sinaloa Cartel, MS-13 and Cartel Jalisco Nuevo Genaracion, Fox News Digital learned.
President Donald Trump will host a roundtable at the White House Oct. 23, 2025, with law enforcement and administration officials, like Homeland Security Secretary Kristi Noem. (Mark Schiefelbein/The Associated Press)
The task forces also have recovered two million fentanyl pills and seven tons of other deadly narcotics, seized $3 million in currency and removed more than 1,000 illegal guns from U.S. communities.
Trump campaigned, in part, on removing violent illegal immigrants and crime from U.S. communities, spotlighting the efforts in his address before Congress back in March 2025.
«The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture and exercise total control. They have total control over a whole nation. posing a grave threat to our national security,» Trump said at the time. «The cartels are waging war in America, and it’s time for America to wage war on the cartels.»
The roundtable comes as the U.S. military carries out strikes on suspected drug cartel vessels in the Caribbean and eastern Pacific. The strikes began in September and are part of Trump’s broader effort to dismantle transnational cartels by force.
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Trump held a similar roundtable at the White House earlier in October, inviting independent journalists who have experienced Antifa’s violence firsthand to speak about their experiences as the administration targets the left-wing group’s protests outside immigration facilities and recently designating it a «domestic terrorist organization.»
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Amiram Cooper. Foto: AP 
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