POLITICA
Tras el decreto de Milei, la Unidad de Información Financiera dejaría de ser querellante en casi 200 causas

A través del decreto 274/2025, el Gobierno formalizó su intención de que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de intervenir en causas judiciales como querellante, un rol que permite, entre otras acciones, contar con acceso al expediente, presentar pruebas y pedir que se ordenen medidas. El decreto echa por tierra otro, de 2008, que habilitaba al organismo antilavado a ejercer ese papel. Ahora, la UIF podría dar un paso al costado en casi 200 expedientes, algunos de los cuales son de alto impacto político y atraviesan instancias decisivas, como la causa por los Cuadernos de las coimas.
El decreto busca quebrar el hábito cada vez más arraigado en el organismo a involucrase activamente en causas judiciales, una tendencia que permaneció invariable incluso durante los cambios de Gobierno, pese a los cambios radicales de postura en determinadas causas, como Hotesur-Los Sauces, donde, luego de impulsar durante años el caso, el organismo pidió por el sobreseimiento de Cristina Kirchner.
Entre el año 2000, cuando fue creada, y 2011, la UIF casi no incursionó en el terreno judicial, pero 2012 representó hizo un giro: en aquel año participó en 26 procesos judiciales y dio inicio a un larga y sostenida tendencia que alcanzó en 2024 la participación en más de 260 causas judiciales. En la mayoría de ellas (198) actuó como querellante, según se desprende de informes oficiales. Son las causas que podrían perder impulso.
La expansión de la UIF en el terreno judicial se explica, esencialmente, porque en la última década y media inició en cada uno de esos años, entre 9 y 35 nuevas querellas. En la mayoría de los casos, se investigan delitos asociados a la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.
El Gobierno dejó trascender su deseo de que la UIF frenara esta inercia, en medio de las negociaciones con el kirchnerismo para hacer llegar a la Corte Suprema a sus entonces candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, lo que abrió lugar a las especulaciones.
El proceso derivó, primero, en la salida del vice del organismo, Manuel Tessio, luego de que la UIF se involucrara en la causa contra el jefe político de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su viaje a bordo de “El Bandido”, el yate con el que paseó por el Mediterráneo junto a Sofía Clerici.
El segundo capítulo se dio con la salida del extitular del organismo, Ignacio Yacobucci, en enero de este año, tras una corta y virulenta campaña de desgaste. Fue remplazado por el fiscal Paul Starc, cuya designación se oficializó la semana pasada. La continuidad entre una y otra gestión se dio a través de Santiago Martín González Rodríguez -un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo-, que reemplazó a Tessio.
Ninguna causa depende exclusivamente del impulso de la UIF, según un relevamiento interno que el organismo realizó el año pasado, pero con su corrimiento muchos expedientes podrían debilitarse.
Una de las causas más sensibles de las que participa es el caso conocido como los Cuadernos de las coimas, que nació por una investigación del diario y tiene a la expresidenta Cristina Kirchner y otras 70 personas, muchas de ellas empresarios de primera línea, implicadas en un esquema de pagos de sobornos vinculados a los contratos de obra pública. El juicio tiene fecha de inicio para noviembre.
En el proceso, la UIF podría contribuir con informes y colaborar en la construcción de la prueba. Una de sus últimas actuaciones en este expediente fue recusar a los tres jueces de la Cámara de Casación que fallaron en favor del empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, al entender que sus pagos no fueron sobornos sino aportes de campaña no registrados, un fallo que fue luego revertido.
Otras es Hotesur-Los Sauces, donde pese a pedir por el sobreseimiento de Cristina Kirchner, el organismo permanece dentro de la causa, según confiaron fuentes del organismo. Allí se juzgara si los pagos que el empresario Lázaro Báez hizo a la familia Kirchner a través del alquiler de sus hoteles fueron en devolución a los beneficios recibidos en la obra pública de Santa Cruz, ya condenados en la causa Vialidad.
La UIF forma y formó parte de otras causas de alto impacto. Con Mariano Ezeyza como director de litigios, se presentó como querellante en la causa que tiene procesados a más de una docena y media de dirigentes sociales, entre ellos el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por desvíos de recursos y extorsiones varías, y pidió que se los juzgue por el delito de lavado de activos.
Tuvo un rol central en la causa Ciccone, en la que fue el expresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión; en Odebrecht, donde se investigan sobornos millonarios a funcionarios por parte de la empresa brasileña; o en la propia causa por Hotesur-Los Sauces, donde la UIF interviene desde que los expedientes tramitaban por separado, pero tuvo un giro abrupto durante el gobierno de Alberto Fernández y, con Juan Carlos Otero como titular, pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner.
El Gobierno esgrime que la decisión es en respuesta a los requisitos que impone el GAFI, una organización internacional que evalúa y clasifica a los países según estándares propios y condiciona así el acceso al crédito, entre otras cuestiones. Como complemento, sostiene que la mayoría de los organismos antilavado no cuenta con la facultad de querellar.
Los partidarios, en cambio, sostienen que la función de la UIF es vital para impulsar causas con fiscales poco comprometidos, y que esa competencia es “envidiada” por otros organismos pares. Hacen relucir los logros (decomisos, condenas y embargos) y argumentan que la visión del organismo es “integral” y es clave en causas que deben ser vistas a la luz de otras, como el caso de Hotesur-Los Sauces.
María Eugenia Talerico, vice del organismo durante el macrismo, cruzó al Gobierno tras conocerse la medida. “Quitarle a la UIF la facultad de querellar es desarmar uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado para llevar a los corruptos y lavadores de dinero ante la Justicia. Es garantizar impunidad. Y abrirle la puerta de la UIF a los servicios de inteligencia es una maniobra peligrosa: es permitir que el espionaje ilegal se infiltre en el corazón del sistema antilavado”, dijo a .
Bajo su gestión y la de Mariano Federici, la UIF impulsó acusaciones en 14 juicios orales y federalizó el accionar del organismo.
El diputado de la Coalición Cívica Maxi Ferraro también cruzó al gobierno en redes sociales y criticó la medida. “Nada más turbio que impedir que la UIF actúe y se constituya como querellante en causas de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado“, afirmó. ”La UIF fue una herramienta clave para impulsar investigaciones y evitar la impunidad en las causas más graves del país“, sostuvo el legislador cívico.
POLITICA
Santiago Caputo desafió a Karina Milei y dejó al descubierto la interna libertaria

El ángel caído. La lapicera de hierro de Karina Milei expulsó a las Fuerzas del Cielo de las listas libertarias para la elección bonaerense y Santiago Caputo desató tempestades dentro del Gobierno. La irreverencia desbocada en las redes sociales obligó a la hermana del Presidente a poner un freno desde X. Ahora interviene Javier Milei.
El Triángulo de Hierro hizo crack. Hay dos sin tres. “Que el armador choripanero quede como senador provincial y listo. Que cumpla su función en el marco legislativo y no rompa las bolas”, escribió @Mileiemperor, la nueva cuenta atribuida al asesor presidencial después del límite que buscó poner la secretaria general de la Presidencia.
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Caputo cambia de arroba, pero no de villano. El “cuervo” expiatorio es Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la sinuosa provincia de Buenos Aires, trotamundos de la política bonaerense y con intereses en el club del que es un hincha fervoroso. Como en la película El Secreto de sus ojos, no puede cambiar de pasión. Para Caputo, la creme de “la casta”.
La disputa entre celestiales y territoriales era un clásico. Pero el sábado la tribuna de Las Fuerzas del Cielo se vino abajo con el espectáculo “pide Dan, no le dan”. Daniel Parisini -El Gordo Dan– y Agustín Romo habían llevado a Olivos un listado con 20 candidatos a concejales, el sub 30 libertario que milita desde las redes sociales, para que Javier Milei intercediera ante Karina y los Menem, Lule y Martín. Es el precio de bloquearse en WhatsApp. Lule y Caputo cortaron todo diálogo.
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Apenas un celestial accedió a las listas, como diputado por la Tercera Sección electoral. Nahuel Sotelo fue el sábado a La Plata a firmar el acta con mala cara. Al final, el secretario de Culto puso la otra mejilla: de sonar como primer candidato quedó en un deslucido quinto puesto, debajo de la bullrichista Florencia Retamoso. Tanto abogó Santiago Caputo por un acuerdo con el PRO, que priorice la gobernabilidad desde el Congreso, que el segundo lugar fue para María Sotolano, que responde a Jorge Macri. Hay que consignarlo: que no cobren los propios es raro. Salvo que crean que las Fuerzas del Cielo estén pipón de pago. Algo de eso hay. “Se cerraron las listas, definió todo Karina, listo el pollo”, cortan en seco cerca de Pareja.
Parecía un renunciamiento, una ofrenda, del caputismo, pero, no. Desde el cierre de listas, la interna es despiadada. Descontrolado consumo problemático de las redes sociales. Guillermo Francos y Patricia Bullrich ensayaron gestos para un control de daños. El jefe de Gabinete suena como un facilitador, el palo en la boca del cocodrilo. Con un Presidente ensimismado en la economía, ya puede bautizarse Guillermo Flancos: los ataja a todos.
Cerca de Pareja juran que Caputo jamás pidió lugares en las listas. Ni a él ni a Karina Milei. Por momentos, la pelea parece una desmesura. Todo por 20 concejales. Tres empanadas. Pero hay más. Es por quién incide en el Presidente y Karina tiene las de ganar. La secretaria general representa el súmmum. No es la cabeza, es más: el cuello que mueve la cabeza del poder.
Milei odia a Adam Smith, pero aplicó una división del trabajo. Para Caputo, el Gobierno. Para Karina, el partido. Pero, el monotributista choca, como un flipper, en el triángulo del poder. Aspira a digitar candidatos, con el argumento de una gobernabilidad perdida de un Congreso a la deriva después del 10 de diciembre.
No es casual que Milei haya dejado trascender que José Luis Espert-Diego Valenzuela es la fórmula libertaria para la Provincia en 2027. El candidato de Caputo para la Gobernación es Agustín Romo, el presidente del bloque diputados bonaerense, el siempre excluido de las fotos que arma Pareja.
La interna libertaria amenaza con estallar en la Primera sección. Es un problema para LLA porque el norte del conurbano es clave para vencer al peronismo, que es fuerte en la sureña Tercera. “Es un escándalo, que puede desembocar en una denuncia penal”, alertan los heridos que quedaron tirados en el cierre de listas. No son anécdotas. Ramón “El Nene” Vera fue corrido del armado, primero, y después rebotó con los suyos en la lista de senadores. Vera es diputado provincial y desprecia a Romo. Es mutuo.
Ya hay un plan para la Provincia. Además de la fórmula Espert-Valenzuela para 2027, el excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista por la Tercera sección, es un virtual ministro de Seguridad. Hace tiempo trabaja con Patricia Bullrich y Lalo Creus en una reforma para la Policía bonaerense.
La campaña arrancó con una rara sanción de Axel Kicillof, siempre inapetente de purgas. Esta vez desplazó a 24 polícias, acusados de gestar un complot para copar la Policía bonaerense, la fuerza que tendrá el control de las urnas en las elecciones del 7 de septiembre. Kicillof debe confiar a ciegas de Javier Alonso, el ministro de Seguridad, afín a La Cámpora.
Apagón y después
“Cuando el sistema era analógico, lo que hacíamos era mandar a uno de los nuestros sin nada a la Junta Electoral porque a la medianoche te cerraban la puerta y fuiste. Después se completaba. Ahora con la carga virtual pasan estas cosas, un corte de luz te puede ayudar”. Un experimento peronista resumía, en la tortuosa madrugada del cierre de listas, la inventiva del PJ para presentar candidatos cuando el dedo de Cristina Kirchner perdió poder, la espada de Axel Kicillof está desafilada y el ingenio de Sergio Massa no tiene límite.
Una semana después, el peronismo logró una foto de campaña conjunta: Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes. El reparto dejó al Gobernador con la marquesina y a La Cámpora, con los morlacos. Máximo Kirchner copó las listas con 15 candidatos. El Gobernador metió las cabezas de la Primera y la Tercera, con Gabriel Katopodis y Verónica Magario. El quiebre estuvo cerca.

TN fue testigo frente a la Gobernación de los sucesivos pasos desesperados del peronismo para esquivar una ruptura porque no había acuerdo en ninguna de las listas. A las 19 del sábado la negociación entre Kicillof y Máximo Kirchner estaba herida de muerte. Entonces, la orden de Carlos Bianco fue que el Movimiento Derecho al Futuro arme listas propias, como anticipó este medio.
“El operativo apagón” comenzó cuando faltaba una hora del cierre. Un corte de luz en la Legislatura, casualidad o no, disparó el montaje para estirar la negociación por fuera del plazo legal que vencía a la medianoche.
La Junta Electoral ya había dejado trascender que no avalaría una prórroga porque sí. El corte de luz sirvió como argumento a los apoderados del PJ. “Se cayó el sistema y perdimos toda la carga. Un desastre”, se lamentaba un apoderado. Y reconocía: “Muy complejo el cierre. Quizás el cierre más difícil de la historia de la provincia de Buenos Aires”.
A las 22:40 se cortó la luz, media hora después salió en una camioneta a las apuradas Bianco y cinco minutos más tarde ingresaron los intendentes Julio Alak y Alberto Descalzo. Nadie decía nada. Entre uno y otro, llegó una camioneta que traía refuerzo logístico: una antena de wifi para empezar a cargar las listas del MDF que usó el partido de Alberto Fernández, PARTE, por si la ruptura era un hecho.
En la puerta de la Gobernación empezaron a llegar dirigentes de Berazategui y La Matanza para firmar las actas. La angustia era por la prórroga que la Junta no había consentido. Entonces, en una camioneta, ingresó la secretaria General de la Gobernación Agustina Vila. Empezó a gestarse el plan B. Ante el silencio de la Junta, el PJ presentó un amparo. Había crisis de nervios y gritos por celular. “Si el juez acepta el amparo, va a haber conflicto de poderes y esto puede terminar en la Corte. Hay que impedirlo”, decía un peronista con más cierres que canas. El plan B fue descartado cuando un corte de luz certero afectó a la Junta Electoral a las 23.30 y les alargó la vida.
Tampoco funcionaba el grupo electrógeno de la Legislatura. “Estaban en revisión y mantenimiento. Esas reparaciones se hacen en los recesos que coincide con la feria judicial”, decían en el palacio legislativo. “Nadie puede cortar la luz en media ciudad. No existe eso”, decían en el Frente Renovador. Es verdad. Solo se cortó en la Legislatura y en la Junta electoral.
Elecciones 2025, cristina kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner
POLITICA
La coparticipación que va a las provincias está dos puntos por debajo del máximo histórico

CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
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POLITICA
Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.
“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.
El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.
Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.
El antecedente de 2002
El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.
Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.
El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.
El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.
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