El triple femicidio de Florencio Varela, detrás del cual se encuentra una banda narco del conurbano compuesta por individuos de nacionalidad extranjera, puso de relieve la cuestión de la participación de los extranjeros en hechos delictivos o en bandas de crimen organizado. Un asunto que, como otros, se encuentra atrapado en los vaivenes de la alternancia política y el antagonismo entre las principales posturas.

Decreto contra el ingreso de extranjeros con antecedentes

En 2017, el expresidente Mauricio Macri había decretado que los extranjeros con antecedentes penales no podían ingresar al país. La norma se implementaba con un mecanismo rápido de extradición de delincuentes y permitió la expulsión de más de 3 mil inmigrantes con antecedentes criminales.

La iniciativa se dispuso con el fundamento de que “cada Estado tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, y en un marco de incremento de inmigrantes en la población carcelaria, que en 2016 ya era del 21,3%.

La derogación y puerta de entrada a la delincuencia extranjera

Sin embargo, esta disposición se disolvió por voluntad del Gobierno de Alberto Fernández, en 2021. La nueva reforma sobre la Ley de Migraciones borró entonces el decreto bajo la excusa de que se modificaron aspectos “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

La norma instituida por Macri se restituyó al menos en espíritu durante el Gobierno de Javier Milei, pero durante la ventana que significó el mandato de Alberto Fernández, el ingreso y la participación de extranjeros en hechos u organizaciones delictivas se elevó, lo que habilitó un empeoramiento de la inseguridad en el país y el AMBA.

Un caso cuantitativo lo constituye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde, solo en 2023, tuvieron lugar más de 4 mil delitos cometidos por extranjeros. Mientras que el ejemplo cualitativo, por desgracia, lo constituye el triple femicidio de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez a manos de la banda narco compuesta por extranjeros, y otros tantos crímenes.

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“Las y los abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección”, dice el comunicado que firman Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora y Ángeles Reig.

Todo el proceso conducido por la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a elegir al sucesor o sucesora de Marisa Graham, duró más de dos meses.

Desde el comienzo hubo señalamientos a la falta de transparencia de los procedimientos en las distintas etapas del concurso: examen escrito, evaluación de antecedentes, presentación del plan de trabajo y entrevista con los integrantes de la bicameral.

“Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso -dicen las firmantes del pronunciamiento, todas ellas candidatas que aprobaron el examen escrito-, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas”.

Aseguran haber trabajado de forma “seria y comprometida”, haber presentado planes de trabajo y aprobado exámenes, además de presentarse a una audiencia en la bicameral.

Pero consideran que el resultado del concurso no estuvo a la altura y lo califican en términos muy duros: “No solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación”.

Las principales quejas, tanto de candidatos como de integrantes de la Bicameral, se dirigieron a la no publicación de los exámenes (a posteriori de la corrección), a la publicación tardía y parcial de los currículums de los concursantes y a la no presentación en tiempo y forma de los criterios con los cuales se evaluarían las diferentes etapas del concurso; estos lineamientos se presentaron y votaron solo 5 días antes de anunciar el nombre de la persona elegida para el cargo.

Lo más grave fue que, una semana y media antes del anuncio del nombre, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que éste ya estaba definido, y no como resultado del concurso sino fruto de un acuerdo político previo. Ante las protestas de sus colegas, dijo el nombre: María Paz Bertero. Hubo gritos de indignación y uno de los miembros de la bicameral incluso le dijo: “Te vas a tener que hacer cargo de lo que decís”.

Unos diez días después, se anunciaba el nombre de la candidata elegida: efectivamente, era María Paz Bertero, y de los dos adjuntos, terna que fue votada por 7 de los 10 integrantes de la Bicameral, incluido el que desafió a Mayoraz.

Esos nombres serán llevados al recinto esta semana para que la Cámara los apruebe.

Es difícil para el conjunto de los concursantes evitar la sensación de haber participado de un simulacro de concurso, en el que el resultado estaba escrito de antemano, lo que explicaría la reticencia a mostrar los exámenes y a definir los criterios de puntuación de cada etapa en forma anticipada.

Texto completo del pronunciamiento

Concurso para la designación de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes – 2025

Las abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección.

Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas.

Durante meses trabajamos de manera seria y comprometida, presentamos planes, exámenes y audiencias. Lo hicimos con la convicción de que la infancia argentina merecía un concurso justo, y con la tranquilidad de haber sostenido durante décadas un trabajo muchas veces ad honorem en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El resultado no solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación.

La Comisión Bicameral debe saber que con este proceder no solo afectó la legitimidad de la Defensoría, sino que desalentó, lastimó y desvalorizó a quienes desde hace años ponemos el cuerpo y la palabra en defensa de la niñez en Argentina.

No aceptamos que se nos diga que “al inscribirnos” renunciamos a nuestro derecho a la transparencia. La transparencia no es un favor: es un deber del Estado. Y cuando se incumple, lo que se erosiona no es solo nuestra confianza, sino la de toda la sociedad.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes merece nacer con legitimidad y respeto. Lo ocurrido demuestra exactamente lo contrario.

Firman: Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora, Angeles Reig

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Argentina enfrenta serias dificultades para contar con información confiable sobre personas con discapacidad, una situación que limita la implementación de políticas públicas inclusivas y efectivas. El alerta se dio a conocer a través de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analiza la calidad de las estadísticas en la región y propone mejoras para la recolección de datos.

Según la especialista Sabrina Juran, asesora en población y desarrollo del Unfpa, “la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y la inclusión plena en la sociedad”. En este sentido, el informe subraya que la falta de información robusta dificulta comprender la magnitud real del fenómeno y las barreras que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.

Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la forma en que se realizó el Censo Nacional de Población 2022. A diferencia de censos anteriores, no se incluyó directamente la pregunta sobre discapacidad, sino que se utilizaron términos como “limitaciones” o “dificultades”. Esta decisión, según el informe, impide tener cifras exactas sobre cuántas personas en Argentina presentan algún tipo de discapacidad, dificultando la comparación con datos internacionales y locales anteriores.

En 2010, el censo había revelado que aproximadamente el 12,9% de la población argentina tenía algún tipo de discapacidad. Tomando esta referencia y los estándares internacionales, se estima que actualmente más de seis millones de argentinos podrían estar afectados por alguna condición de discapacidad, aunque la ausencia de datos recientes y confiables genera incertidumbre.

El informe también señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022 únicamente registró la cantidad de personas con discapacidad en los hogares, sin indagar en sus características, necesidades específicas o barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo y salud. La falta de armonización metodológica entre censos y encuestas limita la posibilidad de elaborar políticas públicas que respondan a la realidad de esta población.

Entre las recomendaciones del estudio se incluyen la adopción de las pautas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (GW), que sugieren la inclusión de preguntas con respuestas graduadas, permitiendo medir la intensidad de las limitaciones funcionales. Asimismo, se destaca la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y difusión de los cuestionarios, y de capacitar a los encuestadores para garantizar un proceso respetuoso y accesible para todos.

El documento resalta el ejemplo de Chile, que implementó las recomendaciones del GW en su Censo 2024 y en la Encuesta CASEN 2022, captando la diversidad de limitaciones en seis dominios: visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Este enfoque integral permitió no solo contar a las personas con discapacidad, sino también conocer las barreras sociales y culturales que enfrentan, sirviendo de referente para la región.

En Argentina, la situación actual ha generado tensión entre el Estado, prestadores y familias de personas con discapacidad. Diversas agrupaciones anunciaron nuevas movilizaciones frente al Congreso, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de fondos adecuados para garantizar derechos básicos y programas de inclusión.

El informe concluye que, mientras persista un enfoque parcial o basado únicamente en limitaciones individuales, la planificación de políticas seguirá siendo incompleta. La información estadística confiable no solo permite diseñar programas más eficientes, sino que también fortalece la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.

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