A medio siglo del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina, la memoria social sobre aquel período sigue siendo intensa y mayoritariamente condenatoria. Además, persiste un respaldo significativo a las políticas de justicia por los crímenes cometidos bajo el régimen. Un estudio nacional elaborado por el observatorio Pulsar.UBA de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que accedió Infobae, revela que la mayoría de los argentinos mantiene una valoración negativa del gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983, y que aproximadamente siete de cada diez personas apoyan la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la investigación, titulada Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después, que combinó una encuesta nacional de 1.136 casos y ocho grupos focales en distintas regiones del país, el 71% de los argentinos tiene una visión negativa de la dictadura: el 45% la define como “muy mala” y el 26% como “mala”. Solo una minoría mantiene una evaluación positiva o neutral del período. El estudio también indica que alrededor del 70% de la población respalda que continúen los juicios por crímenes de lesa humanidad, según el relevamiento realizado por Pulsar.UBA y el CELS.

El rechazo social se expresa en la percepción de las causas del golpe: el 63% de los encuestados sostiene que no existieron motivos que justificaran la intervención militar de 1976. En la identificación de responsabilidades, el 39% señala directamente al gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como los principales responsables del quiebre institucional.

El informe sintetiza este punto como uno de los consensos centrales: “La evaluación negativa de la dictadura es ampliamente mayoritaria”, afirman los investigadores.

Interpretaciones históricas y transmisión de la memoria

Aunque predomina el rechazo, la interpretación histórica del período no resulta completamente uniforme. Ante la consulta sobre cómo describir el accionar del gobierno militar entre 1976 y 1983, el 61% considera que fue una dictadura que implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% sostiene que se trató de una lucha contra el terrorismo en la que hubo “excesos”.

Este resultado muestra que, pese al consenso condenatorio, una parte de la sociedad aún interpreta el período como un enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones armadas de los años setenta. Los investigadores afirman que esta diferencia evidencia cómo el sentido histórico de aquel período sigue siendo objeto de debate en la Argentina.

En los grupos focales surgen explicaciones diversas. Un participante de entre 20 y 29 años del área Metropolitana expresó que “no fue una guerra en realidad”, ya que fueron secuestradas personas que no podían ofrecer resistencia, agregando: “Una guerra es cuando ambas partes se pueden defender”. Otro participante describió la época desde otra perspectiva: “Era otra vida… de los niños yendo a la escuela y ver gente armada, de ir a meterse en las casas rápido por miedo”.

Las frases recogidas en la investigación cualitativa ponen en evidencia que la memoria social sobre el período está atravesada por recuerdos familiares, relatos transmitidos y representaciones culturales presentes en la sociedad.

El estudio también explora los elementos más inmediatos que surgen al pensar en la dictadura. Ante una pregunta abierta sobre qué es lo primero que viene a la mente al recordar el período 1976-1983, las respuestas se concentran en términos como desaparecidos, represión, violencia y tortura.

En el informe se informa que “los desaparecidos, la represión y la violencia institucional están en el centro de la memoria” sobre la dictadura. Este resultado indica que el terrorismo de Estado permanece como el eje central de la memoria colectiva sobre el régimen militar.

El nivel de conocimiento declarado sobre el período se mantiene elevado: siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. Ese conocimiento, sin embargo, ya no se origina principalmente en experiencias directas.

Uno de los hallazgos del estudio es que la educación aparece como el principal canal de transmisión de la memoria histórica. La escuela y la universidad son identificadas como las fuentes principales de información sobre la dictadura, seguidas por las conversaciones con familiares o amigos.

Este dato expresa una transformación generacional: a medida que avanzan las décadas, la memoria sobre la dictadura se transmite cada vez más por la educación formal, los contenidos culturales y relatos familiares. La experiencia directa con la represión es cada vez más limitada.

Según el estudio de Pulsar.UBA y el CELS, solo tres de cada diez encuestados dicen tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante la dictadura. La existencia de ese vínculo personal tiene un impacto relevante en la percepción del período.

El informe describe “la experiencia personal funciona como un ancla moral”. Entre quienes tienen familiares o conocidos víctimas de la represión, las evaluaciones negativas del régimen militar se refuerzan y el reconocimiento del carácter sistemático del terrorismo de Estado resulta más claro.

La investigación también analiza la percepción de distintos actores vinculados al período. La imagen de estos colectivos está marcada por la experiencia personal con la dictadura. Aquellos con familiares o conocidos desaparecidos o perseguidos tienden a tener una visión más favorable de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Para quienes no cuentan con ese vínculo directo, la valoración de las Fuerzas Armadas es relativamente mejor. El informe resume esta dinámica: “La imagen de los colectivos asociados a la dictadura militar tiene su condicionamiento personal”.

Justicia, democracia y memoria en la Argentina actual

El respaldo social a los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante la dictadura se sostiene. Alrededor del 70% de los encuestados está de acuerdo en que el Estado argentino debe seguir juzgando a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos.

Este porcentaje expone que el proceso de justicia transicional iniciado en 1985 con el Juicio a las Juntas, y reanudado en 2006 tras la anulación de las leyes de impunidad, cuenta con apoyo social continuo. Los investigadores afirman: “La demanda por justicia está activa” en la sociedad argentina.

La encuesta también indagó sobre la estabilidad del sistema democrático. Una mayoría considera que el regreso de una dictadura militar es muy poco probable: el 83% cree que es poco o nada probable que vuelva a producirse un golpe de Estado en la Argentina.

En los grupos focales fue frecuente la impresión de que la sociedad argentina no toleraría una ruptura institucional. Así lo expresó un participante: “Yo creo que hoy en día la gente estaría reclamando en todos lados”.

El informe también indica una tensión: muchas personas confían en la reacción social ante un golpe, aunque no hayan participado nunca en marchas o acciones públicas vinculadas a los derechos humanos.

A cincuenta años del golpe de 1976, el estudio de Pulsar.UBA y el CELS muestra que la condena a la dictadura y el respaldo a los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen siendo puntos de acuerdo mayoritarios en la sociedad argentina. El informe revela que las interpretaciones sobre aquel período no son completamente uniformes y que la transmisión generacional de la memoria resulta clave para comprender cómo se recuerda hoy el terrorismo de Estado.

En ese marco, los investigadores concluyen: “La memoria es una experiencia social que organiza nuestro modo de comprender el presente, nuestras creencias y nuestros compromisos democráticos”.

Cinco décadas después del golpe, la manera en que se interpreta el pasado argentino forma parte central de su cultura política y de la democracia actual.

admiral,armed forces,black and white picture,commander in chief,horizontal,military ceremony,military salute,politics,politics-official tribune

El clima sindical empezó a recalentarse en distintas provincias mientras la discusión por la reforma laboral y los salarios vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero. En paralelo a la estrategia judicial que sostiene la Confederación General del Trabajo (CGT), los sectores más combativos del sindicalismo buscan ganar protagonismo en la calle y reactivar protestas que ya empiezan a multiplicarse.

El escenario combina conflictos sectoriales con una disputa política más amplia. A los reclamos docentes por recomposición salarial se suman protestas en la industria y en organismos estatales, mientras distintas organizaciones sindicales plantean que el ajuste económico y la reforma laboral profundizan el deterioro de los ingresos.

Leé también: Milei viaja a España esta noche para participar de un foro económico y reunirse con referentes liberales

En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -un espacio que reúne a gremios como ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos- comenzó a desplegar una estrategia de federalización de los conflictos con movilizaciones y plenarios en distintas provincias.

La dinámica vuelve a marcar una diferencia dentro del mapa sindical. Mientras la CGT prioriza el camino institucional y judicial contra la reforma laboral, los sindicatos combativos intentan construir una agenda propia de protestas con eje en la confrontación abierta con el modelo de país de Javier Milei.

La CGT mantiene la ofensiva judicial contra la reforma laboral

Mientras los sindicatos combativos buscan ganar las calles, la CGT mantiene su estrategia legal para cuestionar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, aunque esta semana recibió un primer revés en los tribunales.

La Justicia rechazó un planteo de la central obrera contra algunos artículos de la norma vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo desestimó el pedido cautelar que buscaba frenar la aplicación de esos puntos mientras se resolvía el fondo del litigio.

Aunque el expediente seguirá su trámite, el rechazo de la cautelar marcó el primer obstáculo judicial para la estrategia de la conducción cegetista.

El FreSU impulsa protestas y busca federalizar el conflicto sindical

En paralelo, los sindicatos que integran el FreSU comenzaron a intensificar su actividad territorial con movilizaciones y actos en distintas provincias.

Una de las acciones más recientes se realizó en Tierra del Fuego, donde dirigentes de ATE, la UOM y la Federación Aceitera encabezaron una movilización al puerto de Ushuaia para reclamar el fin de su intervención por parte del Gobierno nacional.

“El poder político no tiene que mirar para otro lado o serán cómplices frente a esta intromisión extranjera. Vamos a profundizar la lucha en defensa de todos los puestos de empleo y para que la bandera que vuelva a flamear en el puerto sea la Argentina”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, uno de los dirigentes más combativos en estos últimos meses.

La movilización formó parte de una agenda más amplia del frente sindical, que también participó en Río Grande de un conflicto laboral por la quiebra de la empresa Aires del Sur, donde 140 trabajadores reclaman la continuidad operativa de la planta y el pago de salarios adeudados.

En ese contexto, Aguiar lanzó una de las definiciones más duras: “No hay que cumplir con la reforma laboral. Tenemos que convocar a la desobediencia en los sectores de trabajo”.

Conflictos docentes y reclamos salariales en varias provincias

El malestar sindical también se refleja en el frente educativo, donde los gremios docentes comenzaron a advertir sobre posibles nuevas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo salarial. Los docentes universitarios evalúan no comenzar las clases, en espejo con lo que sucedió en el nivel primario y secundario, después de que en 17 provincias los gremios lanzaron una huelga y volvieron al aula un día después de la fecha pautada.

Este jueves, los sindicatos docentes rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de elevar el salario mínimo docente a $650.000 y reclamaron una oferta superadora en la próxima reunión paritaria.

“No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”, afirmó Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, al cuestionar la propuesta oficial.

El conflicto se suma a reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores recursos para infraestructura y comedores escolares. Las protestas se replican en varias provincias, entre ellas Jujuy y Catamarca.

Un frente sindical que sale a disputar la agenda gremial

En ese marco, el FreSU intenta consolidarse como un espacio de coordinación de conflictos laborales a nivel nacional.

La estrategia incluye movilizaciones en provincias, plenarios sindicales y la elaboración de indicadores económicos propios que, según adelantaron, buscarán contrastar con los datos oficiales del Indec para fortalecer los reclamos salariales. Este viernes presentan su propio índice de inflación. También acompañaron a los trabajadores despedidos de Fate.

Leé también: Manuel Adorni habló sobre la polémica del viaje con su esposa a Nueva York: “Somos humanos y cometemos errores”

“El 2026 será el año más conflictivo de la era Milei”, advirtió Aguiar durante una de las actividades del frente sindical.

Por ahora, el mapa gremial muestra dos dinámicas que conviven, pero avanzan por carriles distintos: la conducción de la CGT mantiene la batalla judicial contra la reforma laboral, mientras los sindicatos combativos -sin romper con la central obrera- empiezan a reorganizar protestas en distintos puntos del país y buscan recuperar la calle como principal herramienta de presión.

CGT, sindicalismo, Gremios, FRESU

La Justicia Federal de Entre Ríos aplicó la nueva ley de Inocencia Fiscal y absolvió a un empresario agropecuario que era acusado de evasión agravada. La jueza subrogante Noemí Berros hizo lugar a la solicitud de sobreseimiento presentada por la abogada del implicado, quien recordó que la nueva legislación está vigente desde el 2 de enero de este año.

La decisión benefició a Ignacio Veronesi, un empresario rural responsable de la firma Aceitera Agroindustrial SA. La Fiscalía los había acusado a él y a su fallecido padre, Antonio Joaquín Veronesi, de evasión agravada. La operatoria fraudulenta se había realizado en liquidaciones de IVA y Ganancias. El monto ascendía a un total de $9.274.986.

A raíz de la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, vigente desde el 2 de enero, el piso para que pueda configurarse el delito que se le achacaba subió de $1,5 millones a $100 millones. Por esta razón, la defensa oficial, a cargo de Julieta Elizalde, solicitó el sobreseimiento. Apeló para eso al criterio de ley más benigna, establecido en el Código Penal. La Fiscal Josefina Minatta y la jueza federal subrogante Noemí Berros convalidaron la postura.

De qué se lo acusaba

Según el cargo que había formulado el Ministerio Público Fiscal, Veronesi y su padre habrían evadido el pago de IVA correspondiente a los períodos 11/2015 a 07/2017 por la suma de $7.725.115,01. La misma operación habría alcanzado a las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2016. En este caso, la cifra ascendía a $1.549.871,71. El total evadido se ubicaba en $9.274.986.

La causa se inició en 2020. Al tipo de cambio oficial de ese momento ($63 por dólar), el monto del desfalco al fisco rondaba los USD 145 mil. A valores de hoy ($1.415 por cada billete verde) el capital de la defraudación estaría en los $205 millones.

El expediente de la causa detalló que la maniobra urdida por Veronesi padre e hijo habría consistido en la omisión de declarar ventas de aceite de soja y la utilización de facturas apócrifas para justificar compras de soja en el circuito marginal.

El criterio de ley penal más benigna

El artículo 2° del Código Penal establece que “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

La defensora de Veronesi sostuvo sobre este principio el planteo de sobreseimiento. La nueva norma penal resulta más benigna para su cliente que la que estaba vigente al momento en que se habría producido el perjuicio al fisco. Requirió entonces que se aplique en forma retroactiva la ley de Inocencia Fiscal.

Para sostener su postura citó jurisprudencia y artículos de pactos internacionales. Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos.

El razonamiento de Elizalde fue que el monto de evasión total atribuido a Veronesi ($9.274.986,72) resultaba muy inferior al nuevo mínimo legal ($100 millones). Por eso, la conducta imputada ha dejado de ser penalmente relevante, pues no se encuentra configurada la condición objetiva de punibilidad del tipo penal.

Cómo fue la resolución

La jueza Berros recibió el planteo de la defensora de Veronesi. Y corrió traslado a la fiscal Minatta para que dictamine. Después de un repaso de fallos de la Corte Suprema de Justicia, la funcionaria judicial avaló el planteo defensivo.

“Las conductas reprochadas, calificadas como evasión tributaria por montos inferiores a los previstos en la legislación vigente, han dejado de constituir delito”, arguyó. Por ello, determinó “que asiste razón a la defensa” y corresponde ”dictar el sobreseimiento” del acusado.

Ante el planteo de la defensora y la fiscal, la conclusión de la magistrada caía de maduro. “Asiste razón a las partes, al concluir que la conducta atribuida al imputado ha perdido relevancia penal a la luz de la normativa vigente, por lo que corresponde sobreseer” a Veronesi, concluyó. Su resolución fue dictada el pasado miércoles 11 de marzo.

Sobre el acusado pesaba una condena previa en suspenso. Fue a raíz de un faltante de 419 vacunos que se le habían entregado en custodia. En mayo de 2024, la Justicia provincial lo sancionó con tres años de cumplimiento condicional por administración fraudulenta/infiel. Por lo tanto, de haber recibido una nueva condena, el acusado tenía muchas chances de ir a prisión.