Irán ahorcó este lunes a un hombre acusado de espiar para Israel, en lo que representa un nuevo episodio de la mayor ola de ejecuciones dictada por el régimen de los ayatollahs en las últimas décadas.

Según información publicada por la agencia Mizan, portavoz del poder judicial, el ajusticiado, identificado como Bahman Choobiasl, fue condenado por mantener una cooperación extensa con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

El caso de Choobiasl no había trascendido previamente en medios iraníes ni entre organizaciones que monitorean la pena de muerte en esa nación. El hombre fue acusado de reunirse con funcionarios del Mossad y de participar en “proyectos de telecomunicaciones sensibles” para una empresa no identificada. De acuerdo con la versión oficial, Choobiasl informaba al Mossad sobre “las vías de importación de dispositivos electrónicos” en Irán y facilitaba información sobre instituciones gubernamentales y centros de datos del Estado.

La ejecución de este lunes ocurrió días después de que Irán prometiera adoptar medidas firmes contra sus enemigos en respuesta a la reimposición de sanciones adoptadas por las Naciones Unidas a raíz del programa nuclear iraní.

Las autoridades describieron al ajusticiado como “uno de los espías más importantes de Israel en Irán”. Las investigaciones del régimen persa sostienen que Choobiasl mantuvo reuniones y contactos con agentes del Mossad en varios países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria. Según el relato recogido por los medios de propaganda, habría transitado por entrenamientos para “mejorar sus capacidades personales y provisionales” a solicitud de la inteligencia israelí.

En 2025, Teherán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte, particularmente contra personas condenadas por espionaje. Según estimaciones de organizaciones como Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, y el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, la cifra de ejecuciones en Irán ya supera las 1.000 en lo que va del año, aunque advierten que los números reales podrían ser mayores, ya que no todas las sentencias mortales son informadas públicamente.

El endurecimiento de la política represiva se produjo en un contexto de máxima tensión luego del conflicto abierto entre Irán e Israel en junio, cuando ambos países se enfrentaron en ataques aéreos que provocaron la muerte de alrededor de 1.100 personas, incluidos altos mandos militares iraníes. En ese escenario, Irán ha incrementado la frecuencia de sentencias por espionaje.

Incluida la ejecución de Choobiasl, ya son por lo menos nueve las personas ajusticiadas por cargos similares desde el inicio de la escalada. El mes pasado, Irán también ejecutó a Babak Shahbazi, acusado de espiar para Israel, aunque grupos de derechos humanos afirman que la confesión fue obtenida bajo tortura y que Shahbazi habría escrito una carta previa al presidente de Ucrania, ofreciéndose a combatir del lado de Kiev.

La ola de ejecuciones coincide además con un aumento en los conflictos internos en Irán. Durante los últimos años, se registraron protestas masivas en rechazo a la situación económica, la restricción de libertades civiles y la falta de avances en derechos de las mujeres bajo el régimen teocrático. Tras estas manifestaciones y la crisis regional con Israel, el régimen iraní ha empleado la pena máxima como herramienta para disuadir acciones de disidencia y espionaje.

La ejecución de Bahman Choobiasl amplía una tendencia que, según grupos internacionales, retrotrae al país al escenario de represión más severo desde el final de la guerra Irán-Irak en 1988, cuando miles de personas fueron ajusticiadas en un corto periodo. El régimen iraní asegura que el proceso legal está siendo cumplido de acuerdo con la ley nacional, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre falta de transparencia, posibles confesiones bajo coerción y la utilización de las ejecuciones como instrumento político.

En los últimos meses, los condenados por espionaje han sido señalados por las autoridades como “enemigos del Estado” e imputados de mantener vínculos con agencias extranjeras. En múltiples casos recientes, Irán acusa a los sentenciados de colaborar activamente con la inteligencia israelí y de asistir en la penetración de redes de información gubernamental.

(Con información de Europa Press y AFP)

Un manifestante murió y 17 militares fueron secuestrados en una jornada marcada por violentos enfrentamientos entre los manifestantes que rechazaban el aumento del precio de los combustibles y las autoridades de Ecuador.

La provincia andina de Imbabura, en el norte de ese país, se mantiene como el epicentro de las protestas, donde el lunes un millar de manifestantes atacó, en Otavalo, un destacamento policial, dañó sus instalaciones, e incendió diez vehículos policiales y particulares.

Varias personas fueron detenidas tras ese ataque, entre ellas doce indígenas que son procesados por terrorismo, al igual que dos venezolanos, que el Gobierno presume pertenecen a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, al que el Gobierno cataloga como «terrorista».

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor organización indígena de Ecuador que el lunes llamó a un paro nacional indefinido, denunció este domingo que el comunero indígena Efraín Fuerez, de 46 años, fue «acribillado con tres disparos» de las Fuerzas Armadas y murió en la mañana en el hospital de Cotacachi, en la provincia de Imbarura, a poco más de 100 km de Quito. La Policía y las FFAA no se han pronunciado sobre la acusación.

Un video compartido por la Conaie en X muestra cómo un grupo de militares ataca a patadas a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo.

«Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad», agregó el movimiento indígena junto a las imágenes sobre el «padre de dos hijos y pilar de su familia».

Horas después, en la misma ciudad, las Fuerzas Armadas del Ecuador acusaron a manifestantes de herir a doce soldados y retener a otros 17.

«Custodiaban un convoy de alimentos» y «fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi», dijo el organismo militar en X.

Junto al mensaje, compartieron imágenes de uniformados ensangrentados y el video de uno de ellos agredido entre gritos y forcejeando con decenas de personas, algunas con palos. «¡No me peguen!», se escucha decir al soldado.

Con el fin de desactivar las protestas, que arrancaron el pasado martes, Noboa declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco de ellas además hay toque de queda nocturno. Sin embargo, muchos lo desafiaron y salieron a bloquear las carreteras con barricadas e incluso troncos, además de enfrentar directamente a las autoridades.

La Conaie compartió en X videos de supuestos disparos de la policía contra la población civil y acusó al Ejecutivo de desatar «una cacería sangrienta contra el pueblo».

«Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas», dijo en un mensaje en la red social y llamó a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También denunciaron cortes de la señal celular y de internet para silenciar las denuncias de los movilizados del paro nacional.

⭕ #ALERTA | En el sector de El Cajas, la represión se intensifica.
La fuerza pública intenta acallar la resistencia apagando las luces, cortando la señal de internet y teléfono.

Quieren incomunicar y aislar a los pueblos.#ParoNacional2025 #EnUnidad #CONAIE #Ecuador pic.twitter.com/lxQBWGeLUO

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— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 29, 2025

Desde el inicio de las protestas, se registraron 48 heridos y 100 detenciones, según la organización Alianza por los DDHH Ecuador. También advirtió del «riesgo de graves violaciones a los DDHH (…) a manos de militares» por el despliegue de un centenar de soldados a la provincia de Imbabura.

Allí, la Fiscalía ecuatoriana dijo que abrirá una investigación para esclarecer la muerte de Fuerez.

El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por Noboa hace dos semanas, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La Conaie ya lideró violentas manifestaciones que derrocaron a tres presidentes, entre 1997 y 2005. La última protesta por el aumento del precio del combustible contra el exmandatario Lasso, en 2022, que se saldó con seis muertos y más de 600 heridos.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas sostienen que de acuerdo a estudios antropológicos suman un 25%.

Con información de agencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó que Ucrania realice ataques de largo alcance en territorio ruso, bajo la supervisión del Pentágono, según lo confirmó este domingo el enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, en una entrevista con Fox News.

“La respuesta es sí, usen la capacidad de golpear a fondo, no existen santuarios”, dijo Kellogg, al detallar la posición de Trump sobre las ofensivas ucranianas en suelo ruso.

El funcionario precisó que la autorización no es automática, sino que se otorga para cada operación de manera individual, y en cada ocasión la decisión final recae en Trump.

El pedido de armas de largo alcance forma parte de las gestiones recientes de Kiev. Durante un encuentro paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, solicitó personalmente a Trump misiles de crucero Tomahawk. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que la administración evalúa entregar estos misiles a Ucrania, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

“Esa es una de las razones por las que, esta última semana…el presidente Zelensky pidió a Trump que entregara misiles Tomahawk. La decisión todavía no ha sido tomada”, reiteró Kellogg.

Aunque Ucrania desarrolla sus propios misiles de largo alcance y drones, continúa dependiendo de armamento y apoyo tecnológico de sus aliados para ejecutar estas operaciones.

“Esto es un asunto global, y debemos reaccionar en consecuencia”, señaló Kellogg, al tiempo que resaltó la necesidad de actuar con cautela frente a las recientes provocaciones de Moscú en el espacio aéreo de la Unión Europea y la OTAN.

El pasado 10 de septiembre, drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco y fueron derribados por la defensa antiaérea de Varsovia, la primera intervención de este tipo en más de tres años desde el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania. Posteriormente, el 19 de septiembre, tres aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Estonia, aumentando la tensión regional.

Kellogg subrayó que la ofensiva rusa no ha logrado sus objetivos. “Rusia no está ganando esta guerra. Si lo estuvieran, estarían en Kiev, Odesa, habrían cruzado el Dniéper”, afirmó, citando cifras del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que reportan aproximadamente 1.109.590 bajas rusas desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022.

La postura de Trump marca un cambio respecto a meses anteriores, cuando criticó los ataques ucranianos en infraestructura rusa. En agosto, escribió al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que estaba “muy enojado” por los ataques con drones contra el oleoducto Druzhba. En semanas recientes, Trump ha intensificado sus críticas hacia Vladimir Putin: “Estoy muy insatisfecho con lo que Rusia está haciendo y con lo que hace el presidente Putin. No me ha gustado en absoluto. Está matando personas sin ninguna razón”, expresó.

Mientras la administración estadounidense evalúa suministrar misiles Tomahawk y mantiene la supervisión del Pentágono, Ucrania continúa planificando operaciones de largo alcance con coordinación directa de Washington.

Un ataque masivo de drones y misiles rusos contra Ucrania, prolongado durante 12 horas hasta la mañana del domingo, dejó al menos cuatro muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, informaron las autoridades ucranianas.

Polonia, país vecino, activó y desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo tras la ofensiva, en un contexto en el que la OTAN acusó a Moscú de estar detrás de varias violaciones del espacio aéreo de la alianza defensiva en días recientes. Los esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra siguen estancados y Rusia ha reafirmado su determinación de mantener la ofensiva iniciada en febrero de 2022.

“El objetivo de Moscú es continuar su campaña de muertes y solo merece la presión más fuerte de la comunidad internacional”, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelensky después del ataque. Tras el masivo bombardeo, Zelensky sostuvo conversaciones telefónicas con aliados, incluidos el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el presidente de Finlandia Alexander Stubb y el primer ministro noruego Jonas Gahr Store.

Rusia argumentó que solo atacó objetivos militares. Sin embargo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, entre los edificios alcanzados también había viviendas, un centro de cardiología y un jardín de infancia.

De acuerdo con el ejército ucraniano, el país fue blanco de 595 drones y 48 misiles, de los cuales la mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas. No obstante, 31 drones y cinco misiles impactaron en distintos puntos del país.

Zelensky señaló que instalaciones energéticas sufrieron daños y atribuyó a Rusia la intención de provocar fallos masivos en el suministro eléctrico.