Un video al que Clarín accedió en exclusiva revela cómo el 3 de septiembre de 2022 efectivos de la Policía Federal dejaron escapar a Brenda Uliarte de una casa donde estaba escondida en Barracas, dos días después de que su novio Fernando Sabag Montiel intentara asesinar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El video tomado por una cámara de seguridad de la CABA muestra cuando ese noche, a las 21, Brenda -acompañada de un hombre- sale de un edificio ubicado en la avenida Montes de Oca 1209 frente a dos agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal que sorpresivamente no la detienen, pese a que la jueza María Eugenia Capuchetti había librado por la mañana su orden de arresto. Los agentes montaban guardia en el lugar desde hacía varias horas.

Sin embargo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) geolocalizó el celular de Uliarte que se movía desde Barracas y se dirigía al Luna Park con supuesto destino Retiro.

Ante la inacción de la Policía Federal del gobierno de Alberto Fernández, la jueza, un secretario y su custodio fueron a la estación de Retiro y no la encontraron.

Luego recordaron que la imputada vivía en la localidad bonaerense de San Miguel, se dirigieron a la estación Palermo del ferrocarril San Martín donde la jueza ordenó detener el tren y un oficial de la Federal -incorporado al grupo- la identificó y la detuvo. Había pasado casi una hora y media desde que había salido desde el domicilio de Barracas donde los “copitos” preparaban su producto de azúcar y hacían fiestas.

Las imágenes abrieron una serie de preguntas. La más importante: ¿Los policías actuaron con negligencia, Uliarte era “un buche” protegido por la Federal o tenían una supuesta señal reservada de no deterla?

El video ya está incorporado a la causa residual del intento de asesinato de Cristina Kirchner mientras continúa el juicio oral contra Sabag, Uliarte y Nicolás Carrizo, el jefe de la “banda de los copitos” como se llamaba al grupo que vendía copos de azucar.

La semana pasada la jueza Capuchetti resumió la conducción de la investigación que había delegado en el fiscal Carlos Rívolo y, en un giro, comenzó a investigar estas y otras irregularidades de la Federal. Rívolo apeló y ahora debe decidir la Cámara Federal porteña quién queda con las riendas del caso.

El video se suma al hecho de que del primer análisis que hizo una oficial de la Policía Federal de los videos (el 3 de septiembre) de lo sucedido en la esquina de Juncal y Uruguay declaró por escrito que no encontró a Uliarte en las secuencias anteriores al fallido disparo de la Bersa 380. Recién se la identificó cuando los videos fueron analizados en el juzgado de Capuchetti ubicado en Comodoro Py. Al día siguiente, la Federal incorporó un informe diciendo que sí se la había identificado y que la joven “utilizó su teléfono en varias oportunidades, enetre las 21.26 y 21.27” de la noche del ataque.

Las sospechas del escape de la principal acusada como autora ideológica del fallido ataque se suman a que la Policía Federal hizo un sumario a los dos policías que no la detuvieron se negaron a declarar y solo recibieron una sanción de “cuatro días de arresto”, contaron fuentes policiales a Clarín.

Al escape de Uliarte del departamento de Barracas, se suma el hecho de que un vecino de ese edificio, Diego Fernández González, llamó esa misma noche del 4 de septiembre, a las 23.45 al teléfono 911 de la Policía Federal, para avisar que había visto a la banda de los copitos. El viernes 2, Carrizo y Uliarte -vestida con una tapado marrón y una gorra negra en la cabeza- habían dado un reportarje a Telefé para negar vínculos con el ataque y allí los reconoció.

Al rato llegaron agentes de civil a su domicilio en Barracas y le recomendaron a Fernández Gonzalez que se quedara tranquilo y que no se metiera “en estas cosas”.

En la causa, la Policía Federal había identificado en videos de cámaras de seguridad a Sabag cuando el 4 de septiembre por la mañana viajó a Quilmes a intentar hacerse un tatuaje y a comer en un local de comidas rápidas, junto a Uliarte. Ya tenía en sus brazos tres símbolos que llevan los neonazis: El Sol Negro, la Cruz de Hierro y el Martillo de Thor.

Pero también Uliarte cambió varias veces de aspecto en esos días, en particular el color de su pelo.

En sus mensajes de esos días, la joven dijo que “estaba orgullosa” de lo que hizo Sabag y escribió a su amiga Agustina Días que tenía “algo de money y contactos” para “rajarse a vivir afuera”.

Y en el juicio oral sus defensores, entre ellos Carlos Telleldín (el ex reducidor de autos robados acusado de entregar la Trafic usada como cochebomba en el atentado a la AMIA) intentaron cinco veces que se declare inimputable a Uliarte.

A las sospechas sobre cómo la policía la dejó salir del departamento de Barracas, se suma el hecho de que un perito de la Federal “bloqueó” el celular de Sabag sin poder abrirlo para extrarle mensajes y luego especialistas de las Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo dejaron en “estado de fábrica”, es decir lo borraron. Por esta extraña situación, se abrió una causa aparte.

Y se enumeran que a Sabag lo detuvieron militantes de La Cámpora que constituyen un segundo anillo de seguridad alrededor de Cristina en sus actos públicos. El día del ataque el jefe de la custodia de la ex vice, comisario Diego Carbone, estaba de franco. Y Carrizo fue arrestado cuando se presentó en forma espontánea en la ventanilla del juzgado de Capuchetti, pasando los controles de seguridad de Comodoro Py. Todo sin contar, que los abogados de la presidenta del PJ intentaron varias veces apartar de la causa a la jueza Capuchetti.

El juicio oral y la causa residual ya tiene, por otra parte, varios testigos amenazados o que contaron que los custodios de Cristina le ordenaron borrar los videos del ataque en la misma esquina de Juncal y Uruguay.

En los tribunales de Comodoro Py también llama la atención las hipótesis de conspiraciones políticas sin fundamento que, hasta ahora, lanzó la defensa de la ex presidenta: el diputado del PRO Gerardo Milman, la conexión Panamá o el grupo de ultraderecha “Revolución Federal”, sin pedir -hasta ahora- investigar estas irregularidades de la Federal y la PSA, que estaban en ese momento bajo las órdenes de Aníbal Fernández.

Desde la misma forma, la idea inicial de meter en la causa a la SIDE K, pese a que unos meses antes la interventora del organismo, Cristina Caamaño, le prohibido en una resolución colaborar con la Justicia, aunque el ex número dos de ese organismo y actual ministro de Seguridad bonaerese, Juan Martín Mena apareció la noche del ataque en la entrega del celular de Sabag.