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Un video revela cómo la Policía Federal dejó escapar a Brenda Uliarte tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner

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Un video al que Clarín accedió en exclusiva revela cómo el 3 de septiembre de 2022 efectivos de la Policía Federal dejaron escapar a Brenda Uliarte de una casa donde estaba escondida en Barracas, dos días después de que su novio Fernando Sabag Montiel intentara asesinar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El video tomado por una cámara de seguridad de la CABA muestra cuando ese noche, a las 21, Brenda -acompañada de un hombre- sale de un edificio ubicado en la avenida Montes de Oca 1209 frente a dos agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal que sorpresivamente no la detienen, pese a que la jueza María Eugenia Capuchetti había librado por la mañana su orden de arresto. Los agentes montaban guardia en el lugar desde hacía varias horas.

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Sin embargo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) geolocalizó el celular de Uliarte que se movía desde Barracas y se dirigía al Luna Park con supuesto destino Retiro.

Brenda Uliarte escoltada por la PSA en la estación Palermo, el 4 de septiembre de 2022.

Ante la inacción de la Policía Federal del gobierno de Alberto Fernández, la jueza, un secretario y su custodio fueron a la estación de Retiro y no la encontraron.

Luego recordaron que la imputada vivía en la localidad bonaerense de San Miguel, se dirigieron a la estación Palermo del ferrocarril San Martín donde la jueza ordenó detener el tren y un oficial de la Federal -incorporado al grupo- la identificó y la detuvo. Había pasado casi una hora y media desde que había salido desde el domicilio de Barracas donde los “copitos” preparaban su producto de azúcar y hacían fiestas.

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Las imágenes abrieron una serie de preguntas. La más importante: ¿Los policías actuaron con negligencia, Uliarte era “un buche” protegido por la Federal o tenían una supuesta señal reservada de no deterla?

El video ya está incorporado a la causa residual del intento de asesinato de Cristina Kirchner mientras continúa el juicio oral contra Sabag, Uliarte y Nicolás Carrizo, el jefe de la “banda de los copitos” como se llamaba al grupo que vendía copos de azucar.

La semana pasada la jueza Capuchetti resumió la conducción de la investigación que había delegado en el fiscal Carlos Rívolo y, en un giro, comenzó a investigar estas y otras irregularidades de la Federal. Rívolo apeló y ahora debe decidir la Cámara Federal porteña quién queda con las riendas del caso.

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Un nuevo video ubica a Sabag Montiel y a su novia en el domicilio de Cristina Kirchner minutos antes del ataque. Foto captura de video.Un nuevo video ubica a Sabag Montiel y a su novia en el domicilio de Cristina Kirchner minutos antes del ataque. Foto captura de video.

El video se suma al hecho de que del primer análisis que hizo una oficial de la Policía Federal de los videos (el 3 de septiembre) de lo sucedido en la esquina de Juncal y Uruguay declaró por escrito que no encontró a Uliarte en las secuencias anteriores al fallido disparo de la Bersa 380. Recién se la identificó cuando los videos fueron analizados en el juzgado de Capuchetti ubicado en Comodoro Py. Al día siguiente, la Federal incorporó un informe diciendo que sí se la había identificado y que la joven “utilizó su teléfono en varias oportunidades, enetre las 21.26 y 21.27” de la noche del ataque.

Las sospechas del escape de la principal acusada como autora ideológica del fallido ataque se suman a que la Policía Federal hizo un sumario a los dos policías que no la detuvieron se negaron a declarar y solo recibieron una sanción de “cuatro días de arresto”, contaron fuentes policiales a Clarín.

Al escape de Uliarte del departamento de Barracas, se suma el hecho de que un vecino de ese edificio, Diego Fernández González, llamó esa misma noche del 4 de septiembre, a las 23.45 al teléfono 911 de la Policía Federal, para avisar que había visto a la banda de los copitos. El viernes 2, Carrizo y Uliarte -vestida con una tapado marrón y una gorra negra en la cabeza- habían dado un reportarje a Telefé para negar vínculos con el ataque y allí los reconoció.

Sabag Montiel y Brenda Uliarte mientras se dirigían al domicilio de Cristina Kirchner para cometer el ataque.Sabag Montiel y Brenda Uliarte mientras se dirigían al domicilio de Cristina Kirchner para cometer el ataque.

Al rato llegaron agentes de civil a su domicilio en Barracas y le recomendaron a Fernández Gonzalez que se quedara tranquilo y que no se metiera “en estas cosas”.

En la causa, la Policía Federal había identificado en videos de cámaras de seguridad a Sabag cuando el 4 de septiembre por la mañana viajó a Quilmes a intentar hacerse un tatuaje y a comer en un local de comidas rápidas, junto a Uliarte. Ya tenía en sus brazos tres símbolos que llevan los neonazis: El Sol Negro, la Cruz de Hierro y el Martillo de Thor.

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Pero también Uliarte cambió varias veces de aspecto en esos días, en particular el color de su pelo.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, de camino a Recoleta donde intentaría matar a Cristina.Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, de camino a Recoleta donde intentaría matar a Cristina.

En sus mensajes de esos días, la joven dijo que “estaba orgullosa” de lo que hizo Sabag y escribió a su amiga Agustina Días que tenía “algo de money y contactos” para “rajarse a vivir afuera”.

Y en el juicio oral sus defensores, entre ellos Carlos Telleldín (el ex reducidor de autos robados acusado de entregar la Trafic usada como cochebomba en el atentado a la AMIA) intentaron cinco veces que se declare inimputable a Uliarte.

A las sospechas sobre cómo la policía la dejó salir del departamento de Barracas, se suma el hecho de que un perito de la Federal “bloqueó” el celular de Sabag sin poder abrirlo para extrarle mensajes y luego especialistas de las Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo dejaron en “estado de fábrica”, es decir lo borraron. Por esta extraña situación, se abrió una causa aparte.

Y se enumeran que a Sabag lo detuvieron militantes de La Cámpora que constituyen un segundo anillo de seguridad alrededor de Cristina en sus actos públicos. El día del ataque el jefe de la custodia de la ex vice, comisario Diego Carbone, estaba de franco. Y Carrizo fue arrestado cuando se presentó en forma espontánea en la ventanilla del juzgado de Capuchetti, pasando los controles de seguridad de Comodoro Py. Todo sin contar, que los abogados de la presidenta del PJ intentaron varias veces apartar de la causa a la jueza Capuchetti.

El juicio oral y la causa residual ya tiene, por otra parte, varios testigos amenazados o que contaron que los custodios de Cristina le ordenaron borrar los videos del ataque en la misma esquina de Juncal y Uruguay.

En los tribunales de Comodoro Py también llama la atención las hipótesis de conspiraciones políticas sin fundamento que, hasta ahora, lanzó la defensa de la ex presidenta: el diputado del PRO Gerardo Milman, la conexión Panamá o el grupo de ultraderecha “Revolución Federal”, sin pedir -hasta ahora- investigar estas irregularidades de la Federal y la PSA, que estaban en ese momento bajo las órdenes de Aníbal Fernández.

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Desde la misma forma, la idea inicial de meter en la causa a la SIDE K, pese a que unos meses antes la interventora del organismo, Cristina Caamaño, le prohibido en una resolución colaborar con la Justicia, aunque el ex número dos de ese organismo y actual ministro de Seguridad bonaerese, Juan Martín Mena apareció la noche del ataque en la entrega del celular de Sabag.

Atentado a Cristina Kirchner,Policía Federal,Fernando Andrés Sabag Montiel,Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

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Cuadernos | Yerba, trajes y ropa de natación: las explicaciones de dos exfuncionarios kirchneristas para negar que los bolsos transportaran coimas

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Los exfuncionarios Oscar Thomas y Walter Fagyas ampliaron hoy la corta lista de imputados que declararon y también contestaron preguntas de las partes en el juicio oral por los Cuadernos de las coimas, que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py.

Ambos, acusados de cohecho, rechazaron los cargos y ofrecieron sus versiones sobre los bolsos y paquetes que, según el chofer Oscar Centeno, trasladaban durante sus viajes en auto con Roberto Baratta o Nelson Lazarte, señalados como recaudadores en la maniobra de pago de sobornos.

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Thomas y Fagyas dijeron que llevaban yerba de la provincia de Misiones, trajes, ropa de natación o papeles de trabajo, y negaron haber trasladado dinero o haber formado parte de un circuito de recaudación ilegal.

Según la fiscalía, Thomas integraba el “primer círculo” de recaudación. Entre bolsos, cajas y paquetes recibidos o entregados, habría intervenido en el circuito al menos en 17 oportunidades, en contacto con Baratta o Lazarte. Algunas de esas entregas se habrían realizado en Juncal 1740, el departamento que alquilaba en Recoleta.

“Niego las 17 veces que se me nombró en los Cuadernos. Rotundamente. No recibí dinero de nadie, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie”, afirmó Thomas, que fue director de la Entidad Binacional Yacyretá entre 2003 y 2015, que es todo el periodo bajo estudio.

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Antes de que comenzara el juicio, Thomas había sostenido como parte de su defensa que el organismo publicaba libros sobre la historia de Yacyretá, los cuales solían entregarse en bolsas a visitantes o enviarse a distintos organismos. No volvió sobre ese argumento hoy en su indagatoria, pero ofreció uno similar.

“Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso”, explicó Thomas, que se alejaba del micrófono mientras hablaba. “Le pido que acerque la voz al micrófono”, le indicó el juez Enrique Méndez Signori.

La querella de la UIF, representada por Mariano Galpern, le preguntó a Thomas por Lazarte, otro presunto recaudador en la maniobra: “¿A él también le llevaba yerba?”, consultó Galpern. “No”, respondió el exfuncionario. “No tenía trato con él”. Thomas hizo una defensa técnica de su gestión, al igual que Fagyas, que declaró a continuación.

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Fagyas, que trabajó como asesor de energía bajo las órdenes directas de Roberto Baratta entre 2004 y 2013, sostuvo que el bolso mencionado en los cuadernos por Centeno no era más que un porta-traje y que en su mochila nunca llevó dinero, sino papeles de trabajo y su ropa de natación.

“Me cuesta mucho imaginarme cómo podía imaginar eso”, dijo, en referencia a los registros de Centeno.

Fagyas llevó al juicio un porta-traje

También declararon el exfuncionario Camilo Gómez, que negó los tres hechos que se le atribuyen, pero no respondió preguntas; Ezequiel García Ramón, exfuncionario de Energía; y Germán Nivello, vinculado a José López -el hombre de los bolsos en el convento-, entre otros.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria busca los contratos de Marcelo Grandio en la TV Pública tras la polémica por los viajes de Manuel Adorni

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Durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegó a los estudios de la TV Pública para llevarse los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la señal. Lo que busca determinar la Justicia es si hay alguna irregularidad en la contratación o presunta dádiva, considerando que Grandio fue quien pagó los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este.

Más temprano declaró ante Ariel Lijo, el juez que lleva la causa, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este.

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Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada, que dio detalles en la causa, en una presentación que comenzó a las 11.30 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Todo el proceso duró casi cuatro horas y, según trascendió, aseguró que todo el viaje fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete. Es por eso que ahora, las miradas se posaron en él y en su vínculo con Adorni que tiene bajo su órbita a la TV Pública.

Noticia que está siendo actualizada

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Manuel Adorni

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Dólar blue: allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul y se amplía el alcance de la maniobra

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Alejandro Omar Calian es conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina. “El Turco” es un empresario difícil de encasillar, que prefiere vivir en las sombras. Su nombre salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando acompañó a su amigo Rodrigo De Paul, a Lionel Messi y a otros jugadores en un viaje de promoción por la India. Esta vez, su protagonismo es más incómodo. Calián fue allanado el viernes pasado en una causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo o Francisco Hauque para la compra del dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.

El amigo de De Paul, así lo conocen todos en el mundo del fútbol, integra una lista de casi veinte personas y empresas allanadas por el juez Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Franco Picardi, pudo saber de fuentes con acceso a la causa. Calián no estaba en su domicilio cuando llegó la Policía Federal. Algo similar ocurrió con otra de las personas apuntadas, Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”.

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La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Piccirillo, Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas). Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había“gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

Banco Central de la República Argentina, fachada empleadosSoledad Aznarez

Calian tenía llegada a Piccirillo, aunque la relación terminó muy mal. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicó una fuente que conoce la maniobra. Apenas se enteró del allanamiento en su domicilio, el empresario le pidió a un abogado que se presente en Tribunales. No pudo acceder al expediente porque está bajo secreto de sumario.

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El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Alejandro calian y Rodrigo de PaulInstagram

El empresario arrastra una condena por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico 1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por ingresar al país de manera ilegal un total de 51 motos. Otra de las personas condenadas, José Luis Quijano, era defendido por Luis Charro, actual abogado del presidente de la AFA.

Por ese causa, Calian estuvo detenido varios meses.

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En diciembre del año pasado, Calian compartió un viaje a la India junto a De Paul, Messi y Luis Suárez. La gira de promoción arrancó con un escándalo en el estadio Salt Lake de Calcuta: los espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, lanzaron butacas al campo de juego y el jefe del espectáculo terminó detenido.

Después de ese viaje, Calian repartió su tiempo entre Buenos Aires y Miami, donde pasa varios meses del año. En cada una de sus gestiones, invoca el nombre de su amigo De Paul.

Lionel Messi camina por el Salt Lake Stadium de Calcuta; a su lado, Rodrigo De PaulDIBYANGSHU SARKAR – AFP

En los allanamientos del viernes pasado, los investigadores buscaban documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

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Detrás de Arg Exchange aparecen varios financistas. Piccirillo apareció en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario en ese momento era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles. La sociedad se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Eso significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

Fenus, muy conocida en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Esa casa de cambio pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8400 millones en el primer semestre de 2023.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

El expediente acumuló en los últimos meses decenas de informes del Banco Central y otras pruebas como entrecruzamiento de teléfonos, según pudo saber .

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Entre las personas investigadas se destaca la contadora Valeria Fabiana Fernández, homónima de una funcionaria del Banco Central allanada en diciembre. Su nombre ya había aparecido en la causa que investigan la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. “Fernández habría suscripto los estados contables de al menos diez casas de cambio individualizadas por la UIF, incluyendo a Mega Latina SA y Stema Cambios SA”, se puede leer en ese expediente.

Esa causa se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de reportes del BCRA. Se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.


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