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Círculo rojo: negociaciones en el Congreso, apostillas de campaña y licitaciones en la mira

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“Todo el mundo sabía que había alguien a quien interpelar y no era Guillermo Francos. Pero negociaron que sea él”, asegura un experimentado legislador, de esos que conocen al dedillo el reglamento. Este martes, el jefe de Gabinete se presentará otra vez en Diputados para ser interpelado por $Libra, el caso de la fallida criptomoneda que es investigado por la Justicia y que en la oposición quieren mantener latente no solo por la seriedad del evento si no porque saben que afectó durante el verano la imagen del presidente Javier Milei y de su entorno.

Francos no fue el único citado para la sesión prevista para el martes a las 2 de la tarde. También fueron convocados los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis “Toto” Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, pero hasta este domingo en el Congreso el único confirmado era el jefe de ministros, a pesar de la obligatoriedad de la cita. Dice el artículo 71 de la Constitución nacional: “Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que estime convenientes”.

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La citación de los cuatro funcionarios se terminó por resolver hace casi dos semanas en una sesión caliente que fue la comidilla de los días siguientes hasta ahora por las negociaciones que tuvieron lugar en el despacho de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja, acompañado en esas horas por su primo Eduardo “Lule” Menem. Por allí desfilaron, mientras sesionaban en el recinto, algunos de los jefes y negociadores de los bloques opositores, incluido el kirchnerismo, que envió para esa cita a referentes de La Cámpora. Los Menem recibieron a sus interlocutores con un solo objetivo: evitar que en las citaciones se incluya a Karina Milei y a Manuel Adorni, el candidato del Gobierno en la Capital Federal. Pero en particular a la hermanísima presidencial. Incluso se exceptuó de la cita de este martes al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a quien alguno de los legisladores mencionó al pasar como posible interpelado en el caso de la criptomoneda fallida.

“No sé qué pasó, pero no me como que el kirchnerismo haya aceptado excluir a Karina a cambio de nada…”, razonó en estas horas un veterano diputado del PRO.

Lo cierto es que fue tal la dedicación de los primos Menem para correr a la secretaria General de la Presidencia de la citación que se olvidaron de “Toto” Caputo, un ministro que ya demostró tenerle pánico al Congreso. “Nadie nos pidió por Caputo, se dieron cuenta después de que había quedado entre los citados”, resaltó entre risas un jefe de bloque que sabe, de todos modos, que el ministro de Economía no estará este martes en Diputados. Es que, a pesar de la obligatoriedad de la interpelación, prevista por la Constitución, no hay sanción alguna por faltar a la cita.

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Juan Manuel Olmos (Maximiliano Luna)

¿AGN en marcha? No todas las negociaciones llegaron a buen puerto en estos meses en el Congreso. El caso más emblemático tal vez sea el de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que auxilia al Parlamento en el control del Ejecutivo y que acaba de quedar virtualmente paralizado, con un solo miembro, su presidente, el peronista multifacético Juan Manuel Olmos. Es atípico, nunca pasó que la auditoría quedara en esa condición: hasta ahora, en el Senado y en Diputados se habían puesto siempre de acuerdo para renovar o reemplazar a los auditores que terminaban sus mandatos. Pero la llegada de Milei al poder y la atomización del sistema político hizo que pasara lo que nunca había pasado.

El año pasado, en Diputados ya no hubo acuerdo para reemplazar a los auditores por esa cámara. Jorge Triaca, por el PRO, y Mario Negri, por el radicalismo, esperaron entonces durante largos meses que los bloques negociaran sus incorporaciones, pero no hubo consenso entre los bloques y el Gobierno intentó que Santiago Viola, un abogado con contactos fluidos en Comodoro Py, cercano a Karina Milei, integrara la terna de candidatos. Sin reemplazo de los tres auditores por diputados, en las últimas semanas venció el plazo de los miembros por el Senado, y en la Cámara alta tampoco tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo. El radicalismo, por ejemplo, se dividió en dos, entre Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff, que quiere quedarse con el sillón que dejó vacante Alejandro Nieva.

Desde ese momento se empezó a especular entonces con una negociación global entre el Senado y Diputados, y no ambas cámaras por separado, una idea que siempre gira en el sistema político. Sin acuerdo a la vista, Olmos tomó entonces la decisión de recurrir a un consejo consultivo de ex auditores que fue creado hace algunos años y que empezaría a funcionar próximamente para que la auditoría siga adelante con sus funciones, al menos en aquellas que deben ser avaladas en sesión por el colegio de auditores. El presidente del organismo le pidió al peronista Javier Fernández, con más de dos décadas en ese lugar -una verdadera política de Estado-, que coordine el consejo hasta que en el Congreso acuerden la incorporación de los seis miembros restantes.

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Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Campaña (y licitaciones) al rojo vivo. Así como el Congreso es un reflejo de la dispersión del sistema político, la campaña electoral exhibe la durísima disputa entre los diferentes sectores, incluso en peleas internas entre referentes que en otro contexto deberían estar sentados en el mismo lado de la mesa, como Axel Kicillof y Cristina Kirchner, o Mauricio Macri y Milei.

En el caso de la ciudad, la guerra entre el PRO y La Libertad Avanza es feroz. También puertas adentro del partido que administra la capital desde el 2007, en la pelea entre la cúpula macrista y Horacio Rodríguez Larreta. Se dirime en todas las canchas, desde la ubicación de los candidatos en la pantalla de la máquina proveedora del voto electrónico, del grupo MSA, hasta en la negociación por el debate en la señal TN, una puesta en escena desde hace años en la televisión que corre en paralelo al debate obligatorio que tendrá lugar en el canal oficial de la ciudad, en el que deberían estar los 17 primeros candidatos a legisladores de la capital.

La semana pasada se convocó a la primera reunión en el canal del barrio porteño de Constitución. Hasta allí llegaron referentes de los equipos de los principales postulantes: Leandro Santoro, Silvia Lospennato, Horacio Rodríguez Larreta -¿será cierto que hay muchísimo interés en su candidatura de parte de un operador de medios que detesta al ex presidente y promueve dirigentes de centro?-, Paula Oliveto, Ramiro Marra y Lucille Levy. Pero Adorni no envió a ningún representante y ya hizo saber de que no tiene ninguna intención en participar del debate que está programado para el miércoles 7 de mayo -el 30 de abril está previsto el sorteo con la disposición de los lugares, las preguntas y las repreguntas entre los candidatos-.

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Anoticiados de la ausencia del candidato de La Libertad Avanza, en el campamento peronista pusieron objeciones, y empezaron a analizar, con cierta lógica, sobre la conveniencia de participar o no del convite. Pidieron, por lo pronto, incluir a la izquierda, que tiene representación en la legislatura porteña y en el Congreso nacional. “Nosotros creemos que, en estas condiciones, está difícil que el debate se lleve adelante”, opinaron desde el equipo de otro de los candidatos. En simultáneo, en el búnker del PRO de la calle Balcarce, a metros de la Casa Rosada, ya empezaron a mover las clavijas para entrenar a Lospennato.

La lista de candidatos del PRO a legisladores es variopinta, y en ella tallaron diversos dirigentes, desde los Macri y Cristian Ritondo, que impuso a la joven Rocío Figueroa, hasta Daniel Angelici, que se ha transformado en uno de los aliados principales del jefe de Gobierno porteño desde el desembarco del alcalde con gestiones en temas clave como la aprobación del presupuesto o la conformación de espacios para este calendario electoral.

“El Tano” incluyó en la lista porteña del PRO a Lautaro García Batallán, un ex sushi, en el octavo lugar, y a Lucía Braccia, muy cercana, en el noveno. Que estos dirigentes lleguen a la Legislatura dependerá de la performance en las elecciones del 18 de mayo. Para que ambos entren, el oficialismo local deberían obtener algo más de 25 puntos, un objetivo ambicioso, según las encuestas que se consumen en la capital. “¿Pero quién te dijo que de los primeros candidatos de la lista van a asumir todos?”, reflexionó en las últimas horas un dirigente local del PRO.

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Mauricio y Jorge Macri en la presentación de los candidatos a legisladores del PRO

Los jefes de la campaña ya dijeron que no habrá candidatos testimoniales, pero en la sede de Uspallata se mencionan en particular a dos postulantes, muy conocidos, que, dependiendo del resultado, podrían dar un paso al costado para dejarles el lugar a los dirigentes referenciados en Angelici, un experto en el arte de las negociaciones políticas.

Más allá de la campaña, en la ciudad la gestión sigue su curso. En las últimas semanas hubo mucho ruido -ya se comentó en esta sección-, por la licitación de espacios verdes que se judicializó y que involucró a muchísimos popes del círculo rojo empresario de la casa matriz, viejos conocidos de las gestión macrista desde el desembarco del jefe del PRO allá por el 2007. Ahora hay además muchísimo interés en la puesta a punto del autódromo porteño, a cargo de la empresa AUSA, y del control de los negocios en torno al circuito de carreras del sur de la ciudad que, según trascendió, ya tiene asignado a un empresario y operador que tiene desde hace meses cada vez más injerencia en la administración de Jorge Macri. El objetivo es el regreso de la Fórmula 1 dentro de algunos años, un negocio millonario.

Pero la licitación de espacios verdes que se comentó muchísimo puertas adentro fue el aperitivo de otras dos negociaciones enormes que se vienen próximamente en el ámbito de la ciudad, y que involucra a actores muy poderosos de la industria de la salud. Se trata del mantenimiento de los hospitales y de los medicamentos. Ya hay pujas subterráneas. Según se comenta, el ex presidente Macri sigue con especial atención el proceso.

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POLITICA

El Gobierno extenderá las extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumará al temario una nueva ley de Financiamiento Universitario

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Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.

Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.

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La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.

“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.

Protesta en las inmediaciones del Congreso por salarios universitarios (Emiliano Lasalvia / AFP)

La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumntó un funcionario en tema.

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Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.

Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.

Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.

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El presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.

El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.

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Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años – Clone

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En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. El bloque de Unión por la Patria, los diputados peronistas que responden al gobernador Raúl Jalil, la cordobesa Natalia De la Sota y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

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Tras la aprobación en general se registró un áspero debate por los capítulos de la ley en particular, dado que bloques aliados del oficialismo, con diputados como Miguel Pichetto, manifestaron sus dudas respecto del financiamiento de la iniciativa. Incluso, plantearon que podrían cambiar su voto de afirmativo a abstención.

El tablero de la votación en generalCaptura

Pero el oficialismo rechazó la posibilidad de cambiar el texto. Lo hizo a través de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto. “No se puede volver marcha atrás por una cuestión de pesos”, sostuvo la legisladora afín a Patricia Bullrich. La votación en particular volvió a ser favorable al oficialismo.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

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El debate sobre el régimen penal juvenil fue seguido de cerca por Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Este episodio motivó la decisión del Poder Ejecutivo de incluir el tratamiento de esta iniciativa -demorado hace casi un año- en el temario de sesiones extraordinarias.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID−, como así también de bloques provinciales como Innovación Federal; los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo; Independencia (que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo) y el bloque Por Santa Cruz.

La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA Córdoba) tuvo una participación protagónica en la sesiónPilar Camacho

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, un grupo de diputados del Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− votó a favor de fijar en 14 años el piso de imputabilidad. En ese sentido votaron Ramiro Gutiérrez, Guillermo Michel, Sebastián Galmarini y Emir Félix.

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Gutiérrez, en su discurso, insistió en que la baja en la edad de imputabilidad debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Su planteo no fue atendido por el oficialismo.

Detalles del proyecto

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

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Los festejos del oficialismo y de los familiares de víctimas tras la votaciónPilar Camacho

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

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“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

Máximo Kirchner en el recintoPilar Camacho

Los bloques aliados al oficialismo aplaudieron la iniciativa. “Celebro que el Gobierno haya puesto este tema sobre el tapete -enfatizó Cristian Ritondo (Pro)-. Bloquear este debate y no responsabilizar a un menor que tiene conciencia que comete un delito no es un acto de humanidad sino un acto de abandono, el más cruel que puede cometer el Estado, el de abandonar un chico 14 o 15 años que comienza la vida en la delincuencia».

“Me alegra que la política salga de su confort poniendo los pies sobre la tierra legislando sobre la cruda realidad que vive la sociedad, desarmando décadas de doctrina garantista”, acotó Pamela Verasay (UCR).

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Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, expuso los motivos del rechazo de un sector de su bancada. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”.

También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.

La conducción del bloque peronista, Germán Martínez y Cecilia MoreauPilar Camacho

Desde el bloque libertario, el diputado Álvaro Martínez respondió las críticas del kirchnerismo. “El sistema actual rige desde 1980, desde la dictadura. Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley y establecer un régimen penal juvenil. No tuvieron el coraje. Hoy estamos dando un paso donde la ley se cumple. Cuando hay justicia, el que las hace las paga”, enfatizó.

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Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa a la de su bancada, planteó que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años debería instrumentarse con una modificación del artículo 34 del Código Penal. “Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada”, advirtió.

La bancada de Provincias Unidas también mostró fisuras. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.

“Hay sloganes que el oficialismo usa, como cuando dice ‘delito de adulto, pena de adulto’, que no tienen nada que ver con este proyecto -advirtió la jefa de la bancada, Gisela Scaglia-. Esta ley es mucho más contemplativa de lo que algunos expresan”.

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“Este proyecto le transfiere a las provincias la totalidad de la responsabilidad de llevar adelante este nuevo régimen penal juvenil; estamos de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, pero no puede ser que todo el costo lo paguen los gobernadores”.

El acuerdo UE-Mercosur

Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.

Damián Arabia, diputado de LLA y titular de la Comisión del Mercosur en la Cámara baja

Según pudo saber , la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.

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La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.


su nueva fortaleza parlamentaria,Jeremías Monzón,February 12, 2026,Delfina Celichini,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,,Con apoyo de aliados. El Gobierno consiguió la aprobación del proyecto de reforma laboral, con concesiones a los gremios,,Artículo por artículo. Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto de Milei que aprobó el Senado,,Encuestas. La baja de la edad de imputabilidad logra un apoyo contundente de la opinión pública,Cámara de Diputados,,»Van a terminar yéndose en helicóptero». Grabois apuntó muy duro contra el Gobierno por la reforma laboral,,Primer paso. La Cámara de Diputados ratificó el tratado Unión Europea-Mercosur,,»Seguís sacando 3 votos». Bregman y Reichardt se cruzaron en redes sociales tras la media sanción a la reforma penal juvenil

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Gobernadores peronistas le reclamaron a Milei que los convoque para analizar el impacto de la reforma laboral

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Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego pidieron formalmente este jueves al Gobierno nacional que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. Las seis jurisdicciones reclaman una sesión presencial y exclusiva para analizar el alcance del proyecto.

El planteo fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a través de una nota firmada por las máximas autoridades laborales de esas provincias. En el documento, sostuvieron que la discusión no puede limitarse al Congreso y que debe incorporar la posición de cada distrito.

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Leé también: Cómo es la reforma laboral y cuáles son los cambios que propone

El pedido se produjo en medio del debate parlamentario y luego de que los senadores del bloque peronista votaran en contra de la iniciativa. Los ministros y secretarios provinciales advirtieron que la ley tendría impacto no solo en materia laboral, sino también fiscal y en el esquema de inspección que depende de las jurisdicciones.

Entre los firmantes figura el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, junto a autoridades laborales de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.

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Un reclamo por el rol de las provincias

En el comunicado titulado “El peso de un reclamo federal”, las seis provincias señalaron que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, porque enfrentan de manera cotidiana la conflictividad laboral en sus territorios.

Para aprobar la reforma laboral, el Gobierno negoció con gobernadores aliados cambios en el proyecto (Foto: Senado).

Además, recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que —indicaron— debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses laborales, fiscales y de inspección de cada jurisdicción.

“El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostuvieron en la nota presentada ante la Secretaría de Trabajo.

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El trasfondo político de la media sanción

El escrito presentado a Cordero lo firmaron Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, pero mientras que los senadores que responden a Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella votaron en contra de la reforma laboral, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al exgobernador de Misiones Carlos Rovira -jefe político del gobernador Hugo Pasalacqua-, fueron dos votos clave para la media sanción de la iniciativa libertaria.

Leé también: Las empresas de Estados Unidos en la Argentina apoyaron la media sanción de la reforma laboral: “Modernizar no es quitar derechos”

Con el pedido de convocatoria al CFT, los mandatarios intentan trasladar la discusión al plano federal y sumar presión institucional antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.

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Las autoridades provinciales consideraron “absolutamente necesario” activar ese espacio de debate ante la magnitud de la reforma y remarcaron que la realidad de cada región debe ser escuchada antes de una eventual sanción definitiva.

reforma laboral, Gobernadores, Julio Cordero

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