POLITICA
Las retenciones al campo vuelven a tensionar la agenda de gobernadores con Javier Milei
CÓRDOBA.- En la agenda de los gobernadores con Nación en los últimos días dos temas encendieron alertas: la administración central necesita un ajuste fiscal más pronunciado para alcanzar el superávit primario de 1,6% del PBI y regresó el debate por las retenciones (DEX) al campo no solo porque Javier Milei advirtió que subirán después de la baja temporal, sino que los presionó para que liquiden. La baja de impuestos provinciales y los cambios en la coparticipación que figuran en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son enunciados generales y sin plazos perentorios.
Las retenciones ya tensionaron el vínculo entre los mandatarios de la Región Centro –Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio- cuando el ministro Luis Caputo intentó subirlas en la primera edición de la Ley Bases. El round fue para los gobernadores que se pusieron del lado del campo, no solo clave en la estructura productiva de sus provincias sino electorado compartido con el libertario. Desde entonces, siguen insistiendo en la necesidad de bajar progresivamente esa carga.
El apriete que el Presidente hizo para que se apuren las liquidaciones -aun cuando ya vendieron 34% más que en el mismo período del 2024- provocó la reacción de las entidades rurales que, entre varias respuestas, le plantearon que el sector invierte cada año más que los US$20.000 millones del crédito del FMI.
En ese contexto, el tema llegó al Congreso, donde la oposición buscará conseguir antes del 30 de junio una ley para impedir la suba de los DEX en julio. Los autores del proyecto son los cordobeses schiarettistas Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes obviamente tienen el aval de Llaryora. No hay certezas de que la iniciativa prospere, pero pone en un aprieto a aliados de los libertarios del PRO y la UCR.
El triunfo de Pullaro en las elecciones de convencionales constituyentes oxigenó el ánimo de los mandatarios “dialoguistas” con la Rosada pero que muestran matices. “Maxi no va siempre al pie; fija límites”, definió uno de ellos como para adelantar por dónde podría ir la conducta de un grupo. Dar, pero también defender más los propios intereses.
Los recortes hechos por los gobernadores determinaron que, en su conjunto, las provincias pasaran de un déficit fiscal de 0,3% del PBI en 2023 a un superávit fiscal de 0,1% del PBI en 2024, según datos del Iaraf que conduce Nadín Argañaraz.
Los márgenes de ajuste, sostienen los mandatarios, se achicaron y la urgencia es retomar la obra pública. Ven alejarse las promesas de algunos aportes nacionales con la nueva meta fiscal y, además, crece la presión de los sectores productivos que reclaman desde mantenimiento de infraestructura a la ejecución de la que impacta en la competitividad.
La foto de las cuentas provinciales revela que el año pasado en el conjunto de 22 provincias -La Pampa y Santiago del Estero no integran el análisis por no haber completado las presentaciones de ejecuciones- los ingresos corrientes cayeron 11,3% real interanual y los de capital, 77%. Así, los totales bajaron 12,7%.
El gasto público total descendió 14,8% real interanual (corrientes 12,8% y 33% los de capital). De las 22 jurisdicciones analizadas por el Iaraf, solo tres registraron déficit primario: Buenos Aires, Catamarca y Chaco, aunque en el resultado fiscal global, el número de distrito con déficit se eleva a seis ya que se agregan Tierra del Fuego, Río Negro y Entre Ríos.
El canje de algunos apoyos en el Congreso por promesas nacionales de obras y/o licitaciones todavía no tiene todavía el efecto real previsto. Esta semana sí Economía en lanzar la licitación pública para finalizar el Segundo Acueducto del Interior en Chaco, que se venía negociando hace un año; los sobres se abrirán el 10 de junio.
Si bien en el acuerdo del Gobierno con el FMI aparecen la necesidad de eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos (II.BB) provinciales y modificar el régimen de coparticipación, están enunciados pero en el cronograma de presentaciones que debe realizar Economía asumen un carácter más general, sin compromisos concretos.
En materia de reforma impositiva el cronograma prevé que en diciembre el Gobierno “desarrolle y comparta con el personal del FMI” una “propuesta” para mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario.
Puede que sigan los contactos entre Economía y provincias, pero no se esperan reformas significativas. La mayor expectativa es que, al menos, se alivianen el Sircreb y los otros regímenes de pago adelantado que hay en la actualidad.
En la apertura de sesiones del Congreso, Milei anunció que “el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual. Luego, las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias, que dinamizará así sus economías”.
Los libertarios interpretan que es la clave para cambiar la coparticipación y que podría hacerse en el Congreso, sin que las legislaturas provinciales lo refrenden. Ese punto de partida ya genera una división de aguas, porque quiebra el esquema dispuesto por la Constitución para la reforma de la ley.
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial
Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.
Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.
El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.
Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.
Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.
De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.
Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.
En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.
Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.
Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.
Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.
El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.
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POLITICA
Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de “intentos desesperados” por hacer caer la causa judicial
La exprimera dama Fabiola Yáñez acusó a su ex espareja Alberto Fernández ante la Justicia de actuar con una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo ponen de cara a un juicio oral, en el proceso en el cual está acusado de pegarle a su exmujer, y señaló que el expresidente hace “intentos desesperados” por hacer caer la causa.
Yañez hizo estas manifestaciones en un escrito que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, para rechazar un pedido de nulidad presentado por el exmandatario.
Alberto Fernández argumentó que toda la causa debe ser declarada nula porque la Cámara Federal de Casación apartó del expediente al juez Julián Ercolini, a quien el expresidente recusó por supuesta enemistad. Dijo que al tratarse de una resolución de un juez parcial, debe anularse todo el expediente.
Pero Yañez, en un escrito, dijo que debe avanzar el juicio y denunció que su exmarido tergiversa el fallo de Casación, que no anula todo lo que se hizo hasta ahora en el proceso judicial.
Declaró que Fernández tiene una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo acercan al juicio oral y que todos estos recursos son “intentos desesperados” de eludir las acusaciones y un “empeño en hacer caer el caso”.
En un escrito, patrocinada por sus abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, calificó el pedido de nulidad como un “burdo intento de eludir la Justicia” para no responder por los actos de violencia de género denunciados.
Las letradas de Yáñez sostienen que la resolución de la Cámara de Casación es clara, al señalar que “se aparta al juez pero los actos cumplidos por aquél son válidos”. Además, argumentan que la defensa del expresidente consintió esta decisión al no interponer un recurso extraordinario federal en tiempo y forma, lo que implica una aceptación de que lo actuado hasta ahora es legal.
En el escrito se advierte que la pretensión de Fernández de anular el proceso, que ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio, y volverlo a “foja cero” constituye una revictimización.
Para Yañez los múltiples planteos de nulidad son “intentos desesperados” y un “abuso de las normas procesales” para derribar una causa.
Fabiola le respondió al expresidente cuando dijo que fue “inducida” o “manipulada” para instar la acción penal en su contra. Afirmó que ello constituye otro acto de violencia contra la mujer atribuible al imputado, pues implica subestimar su capacidad.
El fiscal del caso, Ramiro González, también se opuso a anular la causa y ahora es el juez Daniel Rafecas el que debe resolver.
Mientras tanto, tramita en la Corte Suprema un recurso de Yañez para evitar que el juez Julián Ercolini sea apartado definitivamente del expediente.
Hernán Cappiello,Alberto Fernández,Violencia de género,Conforme a,Violencia de géneroEntrá a la guía de servicio y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema.IR A LA GUÍA,Alberto Fernández,,Caso Seguros. Procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández,,Todos los indicios conducen a Massa,,»Pavorni». El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la pandemia
POLITICA
La mamá de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de la edad de imputabilidad: «Esta ley va a ser un legado»
Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, asistió este jueves al debate por la baja de la edad de imputabilidad junto con otros familiares víctimas de menores.
En esta sesión, se definirá en la Cámara de Diputados la media sanción para el proyecto que cambiaría la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
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Este jueves, frente al Congreso, Romina se manifestó sobre este debate. “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”, denunció.
Además, lamentó que, de aprobarse el proyecto, no se hará justicia por su hijo “porque esta ley no es retroactiva”. “Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando. Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, agregó.
Su hijo, Jeremías, fue encontrado muerto en un descampado en Santa Fe el 22 de diciembre de 2025, días después de haber sido reportado como desaparecido.
Ese lunes, la Policía encontró el cuerpo dentro del predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos. Las autoridades aseguraron que el adolescente tenía más de 20 puñaladas y las heridas eran compatibles con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.
Tras varios días de investigación, los investigadores descubrieron que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, ambos, inimputables de acuerdo con el régimen penal juvenil actual.
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La novia de Jeremías, identificada como M.A., también quedó señalada como principal sospechosa luego de que los investigadores descubrieran la grabación de una cámara de seguridad donde se observa a la adolescente junto a la víctima. Luego, se reveló que la joven lo engañó para citarlo en el galpón donde fue torturado y asesinado.
Días después, un video y un audio del asesinato terminaron de vincularla con el caso y fue imputada como coautora del crimen el 29 de diciembre. Desde entonces, está detenida en un centro cerrado para menores. Su madre también fue imputada como partícipe secundaria por ayudarla a escapar tras el crimen.
Las Madres del dolor también presenciaron el debate
La Asociación Madres del dolor, una organización de madres y que perdieron a sus hijos en hechos de inseguridad, violencia o incidentes viales, también se presentó asistió al Congreso este jueves.
Entre ellos, se presentó Sandra Pérez, mamá de Zaira Rodríguez, una joven piloto de karting asesinada en un intento de robo en Villa Ballester, en 2018.
También fueron parte de la audiencia Martín y Mariela Sperani, padres de Joaquín, el adolescente asesinado por su amigo de 14 años en 2023. Mariela aseguró en diálogo con TN que, para todos los familiares de las víctimas, “es un momento importante”. Y remarcó: “Para nosotros, es importante porque significaría evitar que haya casos que quedaron en impunidad, como el caso de mi hijo y de todas estas víctimas que no tuvimos Justicia ni acompañamiento del Estado”.
Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, atropellado en la Avenida del Libertador cuando tenía 14 años, remarcó que la sociedad “debe hacerse cargo”. Perrone, referente de la Asociación, recordó que se presentaron en la Cámara de Diputados “por los jóvenes que están en el crimen. Ellos también necesitan que se baje la edad de imputabilidad porque no pueden seguir en la calle cometiendo esos crímenes. El día de mañana, ellos terminan siendo asesinos o alguien termina con la vida de ellos”.
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Por su parte, Isabel Yaconis, mamá de Lucila Yaconis, quien fue asfixiada en Núñez en 2003, reclamó que el “Estado estuvo ausente porque el crimen es cometido por menores desde hace tiempo” y que la verdadera solución son “los institutos de minoridad, pero no sirven porque no están organizados y el menor sale con resentimiento”.
Régimen Penal Juvenil: mayoría oficialista y dictámenes alternativos
El proyecto que se debate fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años. También determina que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas para infracciones de menor entidad.
El debate retoma una discusión iniciada en 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto que proponía bajar la edad a 13 años. Ese texto perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, aunque parte de su contenido fue retomado en el nuevo dictamen.
Baja de la edad de imputabilidad, Jeremías, Monzón, Diputados
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