Luego que el Gobierno porteño anunciara que dejará de financiar el sistema de transporte gratuito a los cartoneros que trabajan en las cooperativas ligadas a Juan Grabois, desde el espacio del dirigente social apuntaron contra la medida. “Es parte de un ataque a un sistema que ha demostrado ser ambientalmente sostenible”, señalaron.

A través de un comunicado, espacios vinculados a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que se referencia en Grabois, expresaron su preocupación por la reciente suspensión del financiamiento al transporte que era destinado a un grupo de cartoneros que viajan desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires.

“Este conflicto trasciende la cuestión logística y pone en riesgo un sistema de reciclado que es un modelo de gestión integral e inclusiva de residuos a nivel nacional y con reconocimiento internacional”, plantean.

Bajo esa línea, desde las cooperativas reparan en la importancia del reciclado cartonero en la Ciudad. “Este modelo integra la recolección diferenciada puerta a puerta como eje central, realizada por los propios cartoneros que ya conocían los circuitos y generaban vínculos con vecinos y comerciantes. Desde hace 18 años, el traslado de los recuperadores urbanos está garantizado como parte del sistema de reciclado con inclusión”, destacan.

Asimismo, se ahonda en el impacto masivo que tiene el accionar de los cartoneros en el reciclaje y el ambiente. “Solo en CABA, el sistema recupera más de 400 toneladas de materiales reciclables por día. Los cartoneros le ahorran millones al Estado por todas estas toneladas de material recuperado”, se argumenta.

Y bajo esa misma línea agregan: “Los recuperadores urbanos, en su conjunto, recolectan hasta 10.000 toneladas de residuos sólidos urbanos reciclables por día. Este trabajo fundamental reduce enormemente el impacto ambiental, generando un ahorro de 9,5 millones de CO₂ equivalente y evitando otros 232,5 millones de CO₂ equivalente al prevenir la quema en basurales, lo que los convierte en actores clave en la mitigación del cambio climático”.

Según se advierte en el comunicado, la medida llevada adelante por la administración de Jorge Macri, impactaría en el bolsillo de los trabajadores, quienes tendrían que “destinar aproximadamente un 20% de sus salarios” para poder llegar a sus lugares de trabajo. “Esto es especialmente crítico dado que el sistema ya busca un ingreso básico garantizado y un complemento salarial en un sector caracterizado por la precariedad laboral”, alertan.

“La suspensión de la logística para los cartoneros que trabajan en CABA no es un mero ajuste de transporte, es parte de un ataque a un sistema que ha demostrado ser ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente inclusivo, forjado por años de lucha y organización, y que es visto como un modelo ejemplar para una gestión de residuos más justa y eficiente”, concluyen.

Según informaron desde la administración porteña, el sistema de reciclado está integrado por más de 6000 cartoneros organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada.

Alrededor de la mitad de estos trabajadores, contaban con el sistema de traslado diario financiado por el gobierno porteño, que fue recientemente suspendido. “Afecta a 3500 recuperadores, lo cual representa el 60% del sistema, ya que hablamos de 6500 trabajadores”, precisaron desde la CTEP.

La iniciativa llevada adelante por el gobierno de Jorge Macri afecta a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. La primera nuclea a más de 2500 recolectores, nucleados bajo el espacio referenciado por Grabois, mientras que las tres restantes están dentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).

De acuerdo a la explicación de la Ciudad, la medida busca generar condiciones de igualdad entre las cooperativas.

“Estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas. El esfuerzo del Estado —que es el de todos los vecinos— debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

En un nuevo capítulo del enfrentamiento con Axel Kicillof por la purga de 24 altos mandos de la policía bonaerense por sus vínculos con el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Maximiliano Bondarenko, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó hoy una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.

Fue después de que se filtraran presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados por el gobierno provincial de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del candidato libertario.

La presentación fue realizada ante la fiscalía general de La Plata. Según fuentes oficiales, la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de las conversaciones entre el postulante a diputado bonaerense de La Libertad Avanza en la tercera sección y los efectivos que fueron apartados si ninguno de los involucrados puso su teléfono a disposición o mediara una orden judicial.

“Esto puede ser un caso de espionaje interno. ¿Cómo accedieron a esos chats privados de WhatsApp? ¿Los estaban espiando?”, afirman en el Ejecutivo nacional.

La denuncia fue firmada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional. Soto, abogado penalista, es uno de los colaboradores de Bullrich que se habían reunido con Bondarenko para asesorarlo sobre proyectos de ley vinculados al combate contra el delito.

La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko.

En su presentación, la cartera de Bullrich remarca que “la División Asuntos Internos informó que recibió ‘pruebas que incluían conversaciones de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense”.

Ayer, la administración de Kicillof denunció ante la Justicia un complot policial protagonizado por un grupo de policías bonaerenses que dijo que trabajaban para la campaña electoral del excomisario Bondarenko. En concreto, reclamaron investigar si los 24 uniformados conspiraron con Bondarenko para colaborar con su campaña y desestabilizar la gestión de Kicillof.

El aspirante de LLA rechazó las acusaciones de Kicillof. Dijo que tenía una relación de amistad con los policías acusados, con quienes compartió un “asado de camaradería” en Florencio Varela una semana antes de que fuera ungido como candidato.

En el escrito que presentó ante la Justicia, el Ministerio de Seguridad de la Nación subrayó que Bondarenko prestó servicio durante 25 años en la policía, con un “intachable legajo de conducta”. Y argumenta que “por su labor profesional”, Bondarenko “ha formado vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”. “Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida -como es natural- se reúnen asiduamente”, explican. Y niegan que hayan los acusados hayan participado activamente en política o en “supuestos hechos de sublevación”.

En ese contexto, el Gobierno plantea que los 24 altos mandos de la policía bonaerense fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.

Ayer, Bullrich acusó al gobernador de iniciar una “cacería de brujas”. “Kicillof odia a la policía”, remarcó.

Según indicó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la decisión se tomó después de una rápida investigación interna que partió de una “muy detallada” denuncia anónima. Alonso sostuvo que la evidencia recolectada en la pesquisa demostraba que los efectivos involucrados tenían lazos con Bondarenko y pretendían intervenir la Policía bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” y quedarse con puestos claves. “Estos policías se reunían periódicamente con el candidato [Bondarenko]. La terminal política es el candidato”, señaló el ministro, que desligó el corrimiento de los policías de la decisión de LLA de llevar a Bondarenko como candidato en la tercera.

El funcionario agregó que la militancia partidaria por parte de un efectivo, como la que habrían tenido los desplazados, estaba prohibida por la ley orgánica de la fuerza.

La Dirección de Asuntos Internos de la policía bonaerense realizó el martes un allanamiento en las oficinas de los efectivos que estarían involucrados, entre ellos, directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores.

Según el ministro Alonso, los involucrados “proyectaban una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional”, con medidas de tipo “intervencionista” que incluían el retiro obligatorio de una serie de jefes para que ellos quedaran al mando de sus áreas.