POLITICA
Cumbre de Pro: se refuerza la idea de pactar con Milei en la provincia, pero el macrismo presiona para incluir a la UCR
La novela de tira y afloja en torno a la posible alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires sumó hoy un nuevo episodio. Es que los jefes bonaerenses del partido que conduce Mauricio Macri se reunieron este mediodía para discutir las chances de que amarillos y violetas lleguen a un entendimiento para enfrentar al kirchnerismo en los comicios provinciales del 7 de septiembre.
Hubo coincidencias respecto de la necesidad de agotar las instancias de negociación con los armadores libertarios para confluir en las elecciones bonaerenses, pero volvieron a florecer las diferencias internas sobre la eventual implementación. Hoy se sumó una novedad: el macrismo reflotó la idea de incluir en las conversaciones con LLA a los radicales que responden a Maximiliano Abad u otros espacios que fueron socios de Pro en el extinto Juntos por el Cambio.
En rigor la grieta que existe en Pro es entre aquellos que estarían dispuestos a avalar un acuerdo institucional con LLA y quieren discutir los términos de una eventual coalición electoral, y los que abogan por converger a toda costa. Es decir, que tolerarían una pseudo-fusión ante la pretoriana cerrazón de LLA o explorar un esquema similar al que apeló Macri en 2013 para acompañar a Sergio Massa en Buenos Aires.
Dado que la inminente suspensión de las PASO en la provincia -se votaría mañana en la Cámara de Diputados bonaerenses-, los altos mandos de Pro en Buenos Aires tienen un margen de tiempo más amplio para delinear su estrategia. En caso de que no hubiera fumata blanca en el peronismo para sacar las primarias, los macristas y libertarios debían definir si convergían o no en Buenos Aires el 14 de mayo, cuatro días antes de que Pro y LLA midan fuerzas en la Capital. La elección en la ciudad se volvió una parada clave para los hermanos Milei y los primos Macri, que podría condicionar la negociación en Buenos Aires. “Si quedamos tercero en la ciudad, Pro está liquidado y habrá una diáspora”, afirma uno de los neutrales.
En ese contexto, los popes de Pro en Buenos Aires concordaron hoy una suerte de hoja de ruta para conversar los términos de un posible pacto con LLA en el territorio donde gobierna Axel Kicillof. La discusión giró alrededor de la chance de que confluyan en la elección bonaerense. Y acordaron que harán un repaso del escenario en cada uno de los 135 municipios para evaluar en qué lugares están más o menos necesitados o tienen más chances concretas de acordar con LLA.
Luego de que Kicillof desdoblara los comicios bonaerenses, los intendentes están interesados en resolver la oferta electoral en sus distritos. Está claro que el eventual fraccionamiento de la derecha o la ruptura del esquema del extinto Juntos por el Cambio -varios cogobiernan o tienen acuerdos con los radicales- podría poner en jaque su gobernabilidad o complicar su margen de maniobra en los Concejos Deliberantes.
Después de escuchar los planteos, Cristian Ritondo, jefe de Pro en Buenos Aires, propuso organizar un encuentro con los cientos de concejales del partido. ¿Una forma de exhibir musculatura política ante LLA? Al separar los comicios, entienden en Pro, Kicillof le dio más poder de fuego a los intendentes. Por lo tanto, macristas y radicales presumen que podrán negociar ahora con los libertarios -cuentan con Diego Valenzuela (Tres de Febrero)- en una posición de mayor fortaleza. Los denominados “Sin Tierra” de Pro –dirigentes que ya tienen estructura en distritos clave del mapa bonaerense- también se sienten más fortificados para dar pelea.
A la cumbre en la sede partidaria ubicada en Balcarce 412 asistieron Ritondo, Diego Santilli, la carta más competitiva del macrismo en el terruño bonaerense, los treces intendentes amarillos -como Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Ramón Lanús (San Isidro)- y autoridades parlamentarias de la fuerza. Néstor Grindetti, en tanto, se conectó de manera virtual ya que se encontraba en Paraguay, adonde viajó para presenciar un encuentro del Club Atlético Independiente por la Copa Sudamericana.
Apenas comenzó el encuentro en el búnker de Pro, Montenegro, uno de los promotores del acuerdo con LLA y uno de los dirigentes amarillos que tiene una relación fluida con la Casa Rosada, dejó en claro que apuesta por llegar a un entendimiento con Milei. Ante el resto de los popes, dijo que la división de Pro y LLA solo sería funcional al kirchnerismo. Santilli y su mano derecha, Agustín Forchieri, acreditaron esa tesis. “Hay que hacer todo lo posible para ganarle al kirchnerismo. Si no dividimos, nos van a matar”, afirmaron.
Lanús, un equilibrista en la interna de Pro que preserva sus lazos con Milei, Macri y Patricia Bullrich, ratificó su deseo de que amarillos y violetas aúnen fuerzas en los próximos comicios.
El jefe municipal de San Isidro, quien desbancó del poder a la familia Posse en 2023, considera que existen más coincidencias que divergencias entre el modelo que promueve Milei y la agenda programática de Pro. “Los que piensan más o menos igual debemos ir juntos en las elecciones de este año: los que creemos que el rumbo económico es el indicado y que bajar la inflación no es mandar a La Cámpora a controlar góndolas, sino dejar de emitir y bajar el gasto público; los que creemos que hay que ser implacables contra el delito y el narcotráfico”, señalaron cerca de Lanús.
Quienes al responden al titular de Pro y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, como Soledad Martínez, vicepresidenta del partido a nivel nacional e intendenta de Vicente López o Pablo Petrecca (Junín), fueron menos entusiastas. Más allá de que consideran que Pro y LLA podrían compartir la boleta en la provincia, los emisarios del núcleo duro del macrismo hicieron hincapié en que no era necesario apresurar los tiempos para cerrar un trato con los libertarios.
A su vez, reiteraron que Pro no puede aceptar una fusión con los libertarios -creen que deben preservar la identidad y se niegan a pintarse de violeta- y propusieron ampliar el alcance de las conversaciones. Para decirlo de otro modo: advirtieron que Pro no debe cerrarle la puerta a mantener el pacto con el sector de la UCR que responde a Abad y cuidar los vínculos con Joaquín de la Torre, referente en San Miguel, o los hermanos Passaglia, en San Nicolás. De hecho, apenas concluyó la reunión en la sede partidaria, Ritondo dijo que acordaron “profundizar el diálogo para ganarle al populismo”, pero también tratar de “incluir” en un eventual frente electoral con LLA “a todas las fuerzas políticas que pregonen el cambio” e intendentes radicales que tienen diálogo y afinidad con Pro.
Unas horas después, Macri viajó a Balcarce para reunirse con el intendente local, Esteban Reino. Se trata de una dirigente de la UCR, cercano a Abad. Allí, el titular de Pro dijo que su vocación es colaborar con partidos con los que comparte valores, como LLA o el radicalismo. “Todavía no hemos escuchado un mensaje claro de vocación de hacer una alianza de partidos en la cual después pongamos voluntad política y definamos para qué proyecto y en defensa de qué valores”, apuntó.
La frase respecto del posible entendimiento con la UCR descolocó a los acuerdistas. En la previa de la cumbre se ilusionaban con mostrar volumen político y un alto nivel de apoyo a la idea de converger con LLA. “El 95% de los presentes a favor de alcanzar un acuerdo con LLA de cara a septiembre”, señalaron cerca de Santilli.
Mañana, Macri visitará a Montenegro en General Pueyrredón, con quien tiene una larga historia de desencuentros.
POLITICA
Manuel Adorni inicia su estrategia judicial: ya contrató a un estudio de abogados para defenderse en Comodoro Py
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.
La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.
La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.
Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.
“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.
Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.
Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.
Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegado la causa.
La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko.
Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación, el cual se encuadra como una de las 12 medidas de prueba ordenadas para esclarecer el origen de los fondos con el que se financiaron tanto la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, como de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El derrotero mediático del ministro coordinador comenzó el domingo 8 de marzo cuando se conoció que Adorni estaba en Nueva York junto a su esposa en el marco del viaje oficial que había hecho por la realización del Argentina Week. Días después, versiones periodísticas dieron cuenta de un viaje por vacaciones que había hecho a Uruguay en un avión privado, lo cual fue el disparador de las revisiones sobre su estado patrimonial. En las semanas posteriores se conocieron los nuevos domicilios de la familia Adorni que fueron adquiridos con posterioridad a la publicación de su única declaración jurada desde que es funcionario, conocida en 2024.
En ese transcurso, Adorni mantuvo algunas entrevistas televisivas que a los ojos de mismos funcionarios del Gobierno no fueron satisfactorias para terminar de saldar estos asuntos ante la opinión pública. En paralelo, la Justicia avanzó con celeridad y las revelaciones periodísticas generaron material con mayor rapidez que la estrategia comunicacional del Gobierno. Fue por ese motivo que el jefe de Gabinete tuvo que desistir de hacer una conferencia de prensa el miércoles de esta semana.
En el entorno presidencial coincidieron con Adorni en que debía mejorar su estrategia judicial y mediática para no perjudicar su perspectiva de defensa en tribunales y, al mismo tiempo, la imagen del Gobierno.
Ledesma es socio del estudio de su padre Guillermo Ledesma desde 2003, según informa él mismo en su perfil de LinkedIn. También fue director de Investigación y consultor en el marco del convenio realizado entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Como uno de los siguientes pasos de la investigación, fuentes judiciales indican que Pollicita está buscando pruebas de un viaje que el jefe de Gabinete habría hecho al Caribe, presuntamente a Aruba, a finales de 2024. Los movimientos migratorios de Adorni durante este período, según la documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, registra un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador en fechas coincidentes con las supuestas vacaciones.
Dado que el fiscal está en la primera etapa de recolección de la evidencia documental, en la defensa de Adorni trabajarían para lo que pueda llegar a ser el primer llamado a indagatoria. El cual no tiene fecha prevista. Asimismo, Adorni tiene que prepararse para comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril con 4.800 preguntas por responder.
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POLITICA
La fiscalía pidió indagar a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por manipular el reparto de causas
CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, promovieron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidente y vicepresidente del tribunal, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
En su imputación incluyeron también a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de esa misma cámara.
Según el dictamen de los fiscales, a mediados del 2023 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B), “habrían acordado manipular la integración del Tribunal” con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
La presentación de los fiscales describe que el 24 de julio de 2023, la Cámara recibió la causa “Padilla”, proveniente del juzgado federal de Río Cuarto. Los dos jueces “naturales” de la Sala A, Montesi y Eduardo Ávalos, votaron sucesivamente en el caso y Ávalos derivó el expediente a la Secretaría Penal de la Cámara, a cargo de Olmedo, para “dar lugar al tercer voto”. Correspondía entonces completar la sala con la jueza que subrogaba ese mes, Liliana Navarro, a quien debían remitirle las actuaciones para su análisis, pero eso no se hizo.
El expediente regresó a Montesi (la que había vitado primero), quien “lo habría retenido sin justificación, hasta que el turno de subrogar” fuera de Sánchez Torres.
El 5 de diciembre del 2023, la camarista “resolvió integrar la Sala con el vocal Sánchez Torres, derivándole las actuaciones -sin haber hecho modificaciones en su voto- logrando con dicha maniobra consumar el fin perseguido de infringir la normativa aplicable”, dijeron los fiscales. Y afirmaron: “Esta integración ilegítima habría tenido como objetivo garantizar una resolución en mayoría, la cual tuvo como resultado el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla 18 de diciembre del 2023”.
El otro eje de la acusación es por la causa “Humanes”. Allí, según el escrito, Sánchez Torres “habría decidido integrar la Sala con la jueza Montesi en contra del artículo 5 de la ley 27.439”, que establece cómo deben ser reemplazados los jueces. La secretaria Celina Laje Anaya se negó a instrumentar esa acción por considerarla “ilegal”, consignan los fiscales, que dicen que el juez, “por decreto, habría resuelto la integración ilegítima”.
El 16 de abril de 2024, la camarista Navarro cuestionó formalmente esa integración: señaló la “evidente contradicción” con la normativa vigente y pidió que se dejara sin efecto. Recién después de esa advertencia se reconfiguró la conformación del tribunal y, finalmente, el 24 de julio de 2024, se dictó una resolución con una composición distinta.
Para los fiscales Turano (que firma el dictamen como fiscal de la Procuración General de la Nación) y Hairabedian (fiscal federal general), estos episodios son parte de una conducta deliberada.
El dictamen es explícito al afirmar que existió “una maniobra coordinada” que evidenciaba el acuerdo de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso “en contra de lo que correspondía”. En esa línea, sostienen que la reiteración de episodios “descarta la hipótesis de error” y refuerza la idea de una actuación consciente.
Según la acusación, ellos, con sus maniobras, atentaron “contra reglas directamente vinculadas con la garantía del juez natural y la imparcialidad del tribunal”, al “sustraer el caso del juez que debía intervenir y colocar uno de manera amañada”.
En la acusación aparece como segundo hecho que, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando” sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.
La acusación sostiene que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala. La mujer, finalmente, abandonó su puesto.
En septiembre pasado Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.
En el tercer hecho de la acusación, los fiscales promovieron una investigación contra el secretario de superintendencia, Gustavo Eduardo Flores, por falso testimonio. Entienden que le habría mentido a la fiscalía, bajo juramento, para encubrir las presuntas presiones que Sánchez Torres ejerció sobre Laje.
Los fiscales que promueven la acción penal solicitan avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y establecer si las conductas descriptas constituyeron, efectivamente, un apartamiento deliberado de la ley.
Gabriela Origlia,Córdoba,Justicia Federal,Conforme a,Córdoba,,Riña y polémica. Se autoperciben mujeres, se pelearon en el pabellón de la cárcel e hirieron a una guardia,,Operativo. Detectan un camión que transportaba una millonaria carga de pescado sin las condiciones sanitarias adecuadas,,Calamuchita FotoDoc. Del bombardeo a Caracas, un batallón de guerrilleras kurdas y catástrofes ambientales
POLITICA
Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei
Una investigación periodística internacional encendió alertas sobre posibles maniobras de injerencia extranjera en la Argentina. A partir del análisis de 76 documentos filtrados, un consorcio de medios reveló que una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos habría impulsado una campaña de desinformación para desacreditar al gobierno de Javier Milei y condicionar el debate público.
El trabajo, que incluye a medios como The Continent y openDemocracy junto a otras organizaciones, sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habría desplegado una estrategia para influir en medios digitales argentinos mediante la publicación de contenidos críticos. Según los registros, el operativo habría contado con un presupuesto estimado en US$ 283 mil.
Los documentos atribuyen la maniobra a una estructura conocida como “La Compañía”, señalada como una entidad con vínculos con el servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y remanentes del grupo Wagner. Su objetivo, según la investigación, habría sido amplificar tensiones políticas locales, especialmente en un contexto de alta polarización.
De acuerdo con los archivos analizados, se habrían difundido al menos 250 artículos —entre noticias, columnas de opinión y análisis— en más de 20 medios argentinos. Parte de ese contenido incluía críticas a la situación económica, cuestionamientos al ajuste fiscal y referencias a la política exterior del Gobierno, particularmente su posicionamiento respecto a la guerra en Ucrania.
🚨 LOS PERIODISTAS FANTASMA FINANCIADOS POR SERVICIOS RUSOS PARA DIFAMAR AL GOBIERNO DE MILEI
🧵 ABRO HILO pic.twitter.com/EXX4DmcBtC
— Stanley del 56% (@stanleybostero) April 3, 2026
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la presunta utilización de identidades falsas y contenido fabricado. En varios casos, los artículos habrían sido publicados sin firma o con autores inexistentes, creados para dar apariencia de legitimidad. También se detectaron perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos.
La investigación no pudo comprobar de manera concluyente si los pagos consignados en los documentos se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Sin embargo, los registros mencionan tarifas que iban desde US$ 350 hasta más de US$ 3.000 por artículo, cifras que llamaron la atención de especialistas por su magnitud en relación al mercado local.
Estos son los medios q escribían en contra de Javier Milei pagados por los rusos, ademas unos ratas, se vendieron x 2 mangos. pic.twitter.com/OXlaTFaBhS
— MacuMazzuca (@MazzucaMacu) April 3, 2026
Consultados por el consorcio periodístico, varios medios y periodistas negaron haber recibido dinero de origen ruso. Algunos señalaron que los contenidos fueron provistos por terceros —descriptos como agencias o consultoras— y publicados sin un control editorial exhaustivo. Otros admitieron pagos, pero por montos significativamente menores a los que figuran en los documentos.
El investigador del CONICET Martín Becerra, en diálogo con Chequeado, advirtió que el contexto de precarización del sector mediático puede facilitar este tipo de operaciones. “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, explicó.
Además de la difusión de artículos, los documentos describen otras actividades atribuidas a la red, como la elaboración de perfiles de dirigentes políticos, análisis de escenarios y hasta planes para influir en procesos electorales. También se mencionan intentos de instalar noticias falsas destinadas a generar conflictos regionales, como supuestos episodios de tensión entre Argentina y Chile.
El Gobierno argentino ya había advertido en 2025 sobre la detección de una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación. En ese marco, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró haber recibido información sobre operaciones destinadas a influir en medios y periodistas.
Por su parte, dos ciudadanos rusos señalados en informes oficiales como presuntos responsables de estas actividades negaron cualquier vinculación con las maniobras. “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas”, afirmaron en una respuesta escrita.
El informe también plantea que este tipo de operaciones no necesariamente buscan favorecer a un actor político en particular, sino generar desconfianza generalizada. “Las campañas de desinformación consisten en crear caos y desorden, erosionando la credibilidad de instituciones, medios y dirigentes”, sostuvo Becerra.
La entrada Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei se publicó primero en Nexofin.
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