Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.

Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la Oficina Anticorrupción (OA). En su última presentación, correspondiente a 2024, el actual jefe de Gabinete reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (100%, donación familiar). Anotó también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

Pero no está claro si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada. En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.

consultó a Adorni en la mañana del jueves. Cinco horas después, el funcionario derivó la respuesta a su abogado, que tomó nota de una serie de preguntas respecto de la propiedad en Exaltación de la Cruz. Pasadas las 19, contestó: “La información solicitada está siendo investigada en la justicia y a su disposición. No hay declaraciones en el término de tus preguntas”.

El cuestionario buscaba dilucidar si la propiedad está declarada ante la OA o la ARCA (en caso afirmativo si podía compartir alguno de esos documentos), los motivos por los cuales Adorni no figura como cotitular, con qué tipo de ingresos se había hecho la operación (gananciales o propios) y si existía alguna documentación respaldatoria para justificar el origen de los fondos; por ejemplo, escritura pública o instrumento privado ante escribano público de, por ejemplo, un adelanto de herencia.

La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde hace dos semanas cuando se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York. A esa polémica se sumó la noticia de que el jefe de Gabinete viajó en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval. Lo acompañó un periodista, Marcelo Grandio, que tiene programas en la Televisión Pública (área que reporta al propio Adorni). El juez federal Ariel Lijo investiga este episodio, en busca de determinar si pudiera encuadrarse en un delito de dádivas o enriquecimiento ilícito.

La diputada Pagano -exmiembro del bloque de La Libertad Avanza (LLA)– radicó otra denuncia que se investiga por separado.

Allí reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.

En ese expediente, indicó la legisladora, incorporó este jueves la mención a la casa en Exaltación de la Cruz.

Según la presentación judicial, las expensas del lote 380 del Country Indio Cua empezaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”. Añadió que después de comprar la propiedad la familia del funcionario hizo una obra de gran magnitud.

El country cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de fútbol. Pagano especuló que, según inmobiliarias, “el valor promedio de venta de casas allí asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Para la exlibertaria eso implica una “discordancia en la declaración jurada patrimonial” de Adorni.

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber “si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción” en relación a la casa señalada.

obtuvo esa documentación, en la que se constata la operación de compra a nombre de Angeletti, firmada por la escribana Adriana Nechevenko de Schuster. La esposa de Adorni posee, además, una propiedad inscripta a su nombre en el partido de Morón.

Fuentes consultadas por en Exaltación de la Cruz indicaron que han visto de manera cotidiana a Adorni en la zona y que la familia de Angeletti es habitué del club Indio Cua desde hace años. La camioneta Jeep que el funcionario tiene declarada a su nombre suele estar en el lote 380, como muestran imágenes que acompañan esta nota.

El Gobierno evitó hacer comentarios. Desde temprano, cuando ya circulaba en las redes la acusación de Pagano, Milei le había dado un respaldo formal a Adorni y lo ratificó como jefe de Gabinete, en rechazo a un artículo periodístico que especulaba con un recambio inminente.

La única voz oficialista que se refirió a lo publicado por Pagano fue la diputada Lilia Lemoine: “Es una casa reformada… en un country de clase media. No es una mansión en la isla”. Esta última mención es un señalamiento a Pagano, que vive con su pareja -el abogado Franco Bindi- en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta.

Unos 78,3 kilómetros a través de la Autopista del Oeste separan al domicilio porteño de Adorni, en Parque Chacabuco, del barrio privado Indio Cua. Son 61 hectáreas, cuyas viviendas giran alrededor de una cancha de golf.

Su entrada, al costado de la ruta 6 y custodiada por seguridad privada, apunta hacia dos predios que contienen una pista hípica, un supermercado y una pileta comunitaria. Más adelante se encuentra la zona de práctica de golf. A su lado comienza un zigzag de callecitas sobre las que se encuentran los lotes de las casas.

Se observa una pegada a la otra. Los lotes no son grandes. Quienes buscan comprar una propiedad allí suelen escuchar la oferta de adquirir uno con dimensiones más amplias o dos chicos.

Dado que se trata de un country de 1971, las construcciones allí pueden llegar a acumular hasta unos 55 años. Por este motivo, los proyectos de reformas para casas ya instaladas se reiteran. Incluso, los trabajos que implican iniciar desde cero un nuevo hogar.

Los precios de venta oscilan entre US$90.000 y US$200.000, según el lote y sus prestaciones. No todos tienen pileta. El gran atractivo del lugar es la vista a la cancha de golf de 18 hoyos. El paisaje exige unas expensas cuyo costo puede variar entre los $600.000 y los 800.000 pesos.

Con la colaboración de Ignacio Grimaldi

La transferencia de competencias de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires no fue azarosa: es el resultado de un camino en el que venimos trabajando desde hace dos años. El 10 de diciembre de 2023 asumí al frente del primer Ministerio de Justicia de la historia de la Ciudad, que creó Jorge Macri con el objetivo de conseguir los traspasos de competencias pendientes para la consolidación de la autonomía porteña.

Desde ese momento iniciamos las conversaciones institucionales con el gobierno nacional y solicitamos el traspaso de las competencias judiciales pendientes, tal como establece nuestra Constitución. Decidimos empezar por lo laboral porque es un fuero que impacta en la producción y el empleo.

Soy abogado laboralista, me dediqué a esto toda mi vida: la Justicia del trabajo es donde se concentra todo el conflicto social y económico. Cada fallo provoca una serie de reacciones en el mercado y en el mundo jurídico, y eso impacta directamente en la matriz productiva de nuestra Ciudad.

Es innegable que la incertidumbre judicial es un ítem determinante en la hoja de costos de cualquier Pyme porteña. Un juicio laboral imprevisible no solo afecta al trabajador, que tarda años en recibir una compensación licuada, sino que congela la capacidad de contratación de esa empresa. Es necesario eliminar ese riesgo sistémico para promover el empleo en la Ciudad.

En 2024, mientras se mantenían los canales de diálogo con el gobierno nacional, la Ciudad comenzó a preparar el terreno: impulsamos un proyecto para poner en funcionamiento el Fuero Laboral local junto a su propio Código de Procedimiento. Conformamos una mesa de trabajo conjunta en la que utilizamos de punto de partida un proyecto que yo había escrito durante mi labor como senador bonaerense, que posteriormente se convirtió en la ley que fundamentó el nuevo Código Procesal Laboral de la Provincia.

Después de meses de arduo trabajo y debates muy fructíferos, confeccionamos un Código Procesal ágil y moderno para la Justicia del Trabajo y lo presentamos en la Legislatura porteña. Con esa aprobación legislativa pusimos en funcionamiento el fuero. En febrero de 2025 el Consejo de la Magistratura abrió concursos para cubrir los nuevos cargos de 10 juzgados y dos salas, y la recepción que tuvimos fue inaudita. En total se inscribieron 1.251 personas para los 6 concursos.

Esto nos demostró que eran cada vez más las personas que querían formar parte de esta nueva Justicia en la Ciudad. A ese puntapié inicial se le sumó el impulso que recibimos a través del fallo “Levinas”, en el que la Corte Suprema de Justicia volvió a ratificar su criterio de fallos anteriores (“Corrales”, “Bazán”, “Nisman”), al convalidar nuestro rumbo instituyendo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como la autoridad máxima a la que deben acudir las cámaras ordinarias antes de llegar a la Corte.

A su vez, la Corte encomendó a los legisladores cumplir con la transferencia de competencias judiciales pendientes. Con ese envión, en el verano de 2025 instamos al gobierno nacional a crear una Comisión de trabajo conjunto para evaluar las condiciones que tenía que tener el traspaso de las competencias judiciales. Estuvimos todo un año escuchando a las distintas cámaras ordinarias -laboral, civil, comercial, penal- y Asociaciones de Magistrados, tanto de Ciudad como de Nación, para ver cuál era la mejor forma de llevar adelante estas transferencias. Y, mientras todo esto ocurría, el gobierno nacional decidió avanzar en un proyecto de Modernización Laboral.

La oportunidad para concretar el traspaso de las competencias laborales era histórica, porque la reforma nacional necesitaba una Justicia local moderna para funcionar plenamente. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones -Ciudad y Nación- trabajamos durante semanas en la redacción de un convenio para transferir las competencias sobre los conflictos laborales individuales, que finalmente firmamos el Jefe de Gabinete nacional y quien suscribe.

Ese convenio se envió al Congreso nacional incorporado al texto de la Reforma Laboral y quedó homologado por la aprobación de ambas cámaras. Es decir que, en solo dos años, creamos el Fuero, diseñamos el Código y ahora conseguimos la aprobación del Congreso nacional para avanzar con la transferencia definitiva.

Lo que resta ahora es que la Legislatura porteña apruebe el traspaso y que acordemos con Nación la manera de instrumentar esa transferencia. Hecho eso, tenemos 180 días para poner en funcionamiento la Justicia laboral de la Ciudad. Esta Justicia laboral propia va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy. Venimos preparando un modelo que, acorde a nuestras convicciones, entiende a la Justicia como un servicio al ciudadano. En ese sentido, va a estar enfocada en las personas y en la concreción de resultados.

En lo que respecta a la estructura, la Justicia laboral porteña va a tener una nueva organización, con oficinas de gestión comunes y equipos especializados, para sistematizar el trabajo, reducir tiempos y mejorar la calidad de las decisiones. En cuanto a lo instrumental, van a contar con la última tecnología en materia de conectividad, herramientas digitales e infraestructura edilicia, para agilizar todos los procesos internos. Los expedientes van a ser electrónicos, para que las partes puedan hacer fácilmente un seguimiento; y vamos a implementar IA y audiencias virtuales.

Para todo esto, además, vamos a prestar soporte y capacitación. Y en cuanto a lo cultural, que para nosotros es lo más importante, van a ser jueces mayoritariamente nuevos, interpretando una norma de fondo también nueva. Esos magistrados van a tener contacto directo con las personas involucradas en los procesos judiciales. Con todo esto, estimamos que un juicio que antes duraba entre 5 y 8 años, ahora durará apenas 1 o 2. Y esta reducción de tiempo impacta directamente en empleadores y empleados: los que contratan van a tener una mayor previsibilidad y los que son contratados van a poder resolver sus conflictos de forma ágil y cercana.

Con un Fuero Laboral moderno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vuelve cada vez más confiable para invertir. Queremos que las empresas elijan radicarse acá no solo por la infraestructura y el talento de nuestro capital humano, sino porque saben que, ante un conflicto, hay un juez porteño, formado con tecnología de punta, que resuelve en tiempo acorde a la necesidad de la gente. De esto hablamos cuando hablamos de autonomía: tener la decisión política de construir una infraestructura jurídica que impulse el desarrollo productivo de la Ciudad.

*El autor es ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires