El Gobierno y dirigentes de la oposición polemizaron este martes por el decreto 274 del presidente Javier Milei que le quitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la facultad de querellar en causas por corrupción y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la materia.

La semana pasada, el Gobierno designó al fiscal federal de San Martín Paul Starc al frente de la UIF y luego salió el decreto de Milei que obliga al organismo antilavado a dejar de ser querellante en causas como la imputación contra la presidenta Cristina Kirchner en la causa residual de la Ruta del Dinero K y en la de lavado de dinero conocida como Yategate contra el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Para la oposición, incluso el FMI recomendó en su último informe fortalecer la UIF.

En un comunicado, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona negó que el decreto presidencial sea un retroceso en la lucha contra la corrupción y viole compromisos internacionales de la Argentina.

Recordó que en su informe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió a la Argentina sobre “la necesidad de que su UIF deje de intervenir en causas judiciales ya que interfiere con su verdadera función”.

En ese informe textualmente el GAFI manifestó que “le preocupa el uso selectivo de querellas, en algunos casos relacionados con la corrupción, especialmente luego de cambios de gobierno” (página 59). Tal rol había sido establecido mediante Decreto N°2226/2008 de la ex presidente Cristina Kirchner, a partir del cual Argentina “reunió en un solo organismo tal potestad de intervención, en contra de la tendencia mundial”, sostuvo el ministerio de Justicia.

El hecho de que la UIF “se presentara como querellante representaba una violación a la división de poderes, ya que significaba una intervención ilegítima del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. La facultad de querellar constituía una anomalía a la misión primaria de la UIF, que ahora seguirá proveyendo información a la justicia y cooperando con ella, pero no actuará indebidamente como parte del proceso”, agregó la cartera de Justicia.

“Lejos de abandonar su tarea de investigar delitos financieros, es preciso destacar que esta decisión de ninguna manera impide la colaboración de la UIF con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF). Los informes elaborados por UIF continuarán siendo un recurso usado en los procesos de investigación de los delitos antes mencionados, orientando sus prioridades y fomentando la elaboración y diseminación de informes de inteligencia financiera de mayor calidad”, sostuvo el ministerio de Justicia en cuya jurisdicción funciona la UIF.

Asimismo, “este decreto establece que la UIF podrá requerir, recibir e intercambiar información, en el marco de lo previsto en el inciso 14 del artículo 14 de la Ley 25.246, con otras entidades públicas que desarrollen actividades de inteligencia, información o prevención, resguardando el carácter secreto, a tenor de lo dispuesto en esta ley, cuando la UIF estime que aquella pueda permitir a las autoridades receptoras enfocarse en los casos o en la información que considere relevante”.

Por lo tanto, “el Decreto N°274/2025 consagra el espíritu original de esta ley, donde se establece la misión de la UIF como organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir los delitos de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, finalizó Cúneo Libarona.

En cambio, el ex titular de la UIF del gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, su número dos y candidata a diputada republicana, María Eugenia Talerico, y la diputada nacional de la Coalición Cívica, entre otros, salieron al cruce del ministerio de Justicia de Milei.

Las funciones que el estándar internacional del GAFI “define para las UIF son el piso mínimo al que se deben ajustar. Cualquier función adicional que se le agregue queda a discreción de cada país. Hay muchas UIF que tienen funciones adicionales (ej. la de regular, supervisar, coordinar inter-institucionalmente, representar al país internacionalmente, etc.)” dijo Talerico.

El GAFI hizo esa recomendación el año pasado, luego de rechazar la posibilidad de que la Argentina pasara a la lista negra de países no colaboradores en la lucha contra el lavado de dinero por la mala perfomance del gobierno de Alberto Fernández. Para la oposición, lo que hizo el GAFI es pedir que se pongan parámetros para que esa facultad no se use en forma discrecional para perseguir personas.

“La función de querellar es atípica, es correcto. Pero no por eso incompatible con el estándar ni inapropiada para la UIF en la realidad argentina. El concepto tiene su origen en una evolución del rol del Estado como parte agraviada, particularmente en los sistemas de tradición continental europea (España, Francia), donde la posibilidad de que otros entes públicos actúen como querellantes surgió como respuesta a limitaciones del Ministerio Público o para garantizar el interés estatal específico en casos complejos (corrupción, delitos económicos, etc.)”, subrayó la experta.

Si hay tanto interés en limitar las funciones de la UIF “por razones de eficiencia perfecto, pero entonces hagámoslo de aquí para adelante. No de esta manera y en la antesala de los principales juicios de corrupción y lavado de la historia argentina, donde la institución aportó prueba fundamental a la acusación”, agregó en alusión a la causa de los Cuadernos de las Coimas donde está procesada Cristina y medio centenar de empresarios.

“Hacerlo así debilita la acusación y favorece a las defensas. Este, me temo, sea el único propósito perseguido en esta ocasión”, agregó Talerico.

El GAFI “no pidió la eliminación de la facultad de querellar. Pidió que se considere la “oportunidad” de la UIF y otras agencias para actuar como querellante o, alternativamente, asegurar que hayan salvaguardas robustas para asegurar la imparcialidad en el ejercicio de esta potestad. El gobierno omite esta matiz para justificar el debilitamiento institucional en favor de corruptos que acaba de provocar”, subrayó.

Por su parte, Federici recordó que el GAFI “insertó esta recomendación porque en pleno proceso de evaluación el gobierno destituyó al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio (justamente por solicitar que la UIF sea tenida por querellante en la causa de lavado contra Insaurralde”), y lo reemplazó por el amigo de Santiago Caputo”, el asesor presidencial.

Después “hicieron lo mismo con Ignacio Yacobucci por impulsar las querellas contra Cristina Kirchner”, afirmó Federici. Starc reemplazó a Yacobucci.

Para el ex titular de la UFI ahora el organismo podría dejar de ser querellante en casi 200 causas judiciales por el decreto de Milei.

“Una UIF debilitada, despojada de la facultad de querellar, fue siempre el anhelo de los más corruptos de Argentina. No es casual que quienes impulsaron esta medida, hayan sido los mismos operadores, disfrazados de expertos, que militaron siempre impunidad”, agregó Federici.

Por su parte, la diputada de Carrió, Paula Oliveto, dio que “son días de revelación. Ahora, por orden de Milei, la UIF no puede querellar a ladrones, narcos y lavadores de dinero”. “Se caen muchas caretas: no les importa Ficha Limpia ni recuperar lo robado al Estado. Que este tiempo de reflexión nos sirva para renacer en la búsqueda de verdad y justicia”, agregó Oliveto, candidata a legisladora porteña de la Coalición Cívica.