Después de que su reclamo para revertir la confirmación de la condena por corrupción en el caso Vialidad ingresó a la Corte Suprema, Cristina Kirchner volvió a pedir en el fuero Civil y Comercial que se dé por finalizada una demanda su contra por 22.300 millones de pesos, que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa la administración libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a Lázaro Báez y que pese a haberlas pagado no se concluyeron, lo que habría ocasionado el daño y perjuicios demandado.

La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, presentó un escrito al juzgado Civil y Comercial a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, para pedir la caducidad del proceso.

Es la segunda vez que Cristina Kirchner apela al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.

A la hora de argumentar el planteo, se señaló que el expediente iniciado por Vialidad bajo la administración macrista se encuentra sin avances desde el 19 de octubre de 2023.

Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite pedir la suspensión de los plazos procesales. Como contó Clarín, recientemente -tras la confirmación por parte de la Cámara de Casación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado- Vialidad Nacional incorporó al expediente dicha resolución.

El abogado defensor indicó que ese tipo de acciones no suspenden los plazos que corren en una acción de estas características.

“Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el día 28/03/2025, pues (reitero) del 17/03/23 al 20/09/2023 menos los doce días de la feria judicial de julio 2023, pasaron 173 días faltando 10 para la caducidad, cuyo cómputo reanudo el día siguiente (seamos de nuevo generosos con la DNV) de la notificación y cierre del incidente de caducidad en fecha 17/03/2025”, expresó el abogado de Cristina.

Bajo esta misma argumentación, criticó a la asesoría letrada de la Dirección Nacional de Vialidad libertaria: “Es insalvable la inacción de la DNV y su abandono del proceso (…) Nos encontramos que hoy están dados todos los supuestos de forma categórica y taxativa para que la caducidad opere”.

Hay que recordar que durante la gestión de Alberto Fernández no se instruyó a los abogados del Estado para que avancen en el reclamo contra quien ejercía la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini.

Cuando se planteó por primera vez el pedido de caducidad de la demanda civil, el juez Marcelo Bruno Dos Santos sostuvo que los cálculos de las defensas para plantear la inacción del expediente son incorrectos.

El. magistrado manifestó en que la caducidad por inacción se exterioriza “en la no ejecución de acto alguno, sea por las partes o por el órgano judicial y sus auxiliares, pero también se configura en la hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento”. Pero nada de eso ocurre en este expediente.

La idea de la caducidad, detalló el juez Dos Santos, radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales “cuando los interesados, presumiblemente, abandonan el ejercicio de sus pretensiones y su finalidad excede el mero beneficio de los litigantes ocasionalmente favorecidos por sus consecuencias y propende a la agilización de la administración de justicia”.

Frente a la nueva presentación de la ex vicepresidenta, el magistrado corrió vista a las parte para que opinen sobre este reiterado reclamo.

Cuando inició el juicio penal, la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.

Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.

Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.

El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública, “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.

Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El gobierno de Javier Milei está determinado a avanzar con este proceso: “es un reclamo del Estado que se continuará”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

En caso de que la Corte otorgue firmeza a la sentencia condenatoria de Vialidad, el gobierno libertario no dudará en reclamar una actualización del monto de la demanda civil, que hoy es de 22.300 millones de pesos.