Tal como se dio durante el kirchnerismo, el Gobierno vuelve a meter presión sobre la Justicia al advertir que por la no retención del Impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial, el fisco dejará de recaudar $ 766.864,9 millones durante 2025. El dato podría reavivar un debate que el peronismo quiso instalar en 2022, pero fracasó al no reunir los apoyos en el Congreso.

Durante el año pasado, la AFIP, hoy convertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se perdió de sumar $ 490.870,9 millones por la exención a los judiciales, según datos del Ministerio de Economía, que comanda Luis «Toto» Caputo. El costo fiscal de este beneficio viene en un ascenso galopante porque en 2023, la cifra fue de $ 285.728 millones mientras que el año anterior, es decir 2022, había alcanzado los $ 123.033 millones.

Lo que resulta apabullante es la comparación entre lo que deja de percibir el Estado y lo que ingresa del impuesto a las Ganancias desde el Poder Judicial. Para este año, el Gobierno prevé una recaudación de $ 10.367 millones por este tributo entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales mientras que durante 2024, la cifra se ubicó en $ 9.082 millones, según los números que fueron publicados en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó recientemente en la Cámara de Diputados.

Un dato a tener en cuenta es que este gravamen se aplica para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que ingresaron a partir de 2017, mientras que aquellos que fueron designados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 continúan exentos de pagar este gravamen, según el protocolo acordado por el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, según se informó en el Congreso, aquellos judiciales que quedaron alcanzados por el impuesto a las Ganancias pagan por el salario básico y no por la antigüedad y otros items que se incluye en el recibo, lo que también marca una diferencia respecto del resto de los contribuyentes que tributan por sus sueldos.

Sin embargo, las tensiones entre el poder político y el judicial siempre estuvieron presentes. Durante el último gobierno K, el entonces ministro Sergio Massa quiso eliminar la exención para que todos los empleados judiciales paguen el tributo y lo incluyó en una separata del proyecto de Presupuesto 2023, el último aprobado por el parlamento, a partir de una propuesta elaborada por el ahora ex diputado Marcelo Casaretto (Entre Ríos).

De esta manera, el tigrense buscaba engrosar la recaudación en $ 237.000 millones. La medida avanzó en el tratamiento en comisión, tuvo despacho de mayoría, pero cuando se trató en el recinto en la votación en particular fue rechazada al contabilizar 134 votos en contra y 116 a favor. En aquel proyecto de Presupuesto, el peronismo quiso que el impuesto también alcance a los jubilados del Poder Judicial, pero tampoco pasó la votación en particular de la Cámara Baja.

Ahora, desde el gobierno de Javier Milei, se informó que el haber promedio del haber de un jubilado o pensionado del Poder Judicial y del Ministerio Público está $ 5.974.500. Mientras que el haber máximo -ese régimen no tiene tope- que el Estado está pagando en la actualidad es $ 17.715.371. Todos estos datos fueron dados por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y corresponden a febrero de 2025 sobre una base de 6.007 beneficios previsionales, entre jubilados y pensionados del Poder Judicial.

Pero según recordaron protagonistas del momento en que se hizo el último intento en el Congreso para que los jueces paguen Ganancias, en 2022, los representantes de la Asociación de Magistrados pidieron una audiencia en Diputados al ver que avanzaba la reforma para ofrecer alternativas a lo que se estaba discutiendo en la comisión de Presupuesto. Fueron recibidos justo dos días antes de que el tema se tratara en el recinto.

Paralelamente, los representantes de los jueces también llegaron a pedir una entrevista con Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta y titular del Senado, quien los citó para el día después del tratamiento de la ley en la Cámara Baja. Cuentan que como la votación terminó rechazando la propuesta de Casaretto, los representantes de los jueces no asistieron al encuentro con la ex presidenta.

El último choque entre la política y la justicia por Ganancias se dio a partir de la aprobación del paquete fiscal, el año pasado y que restituyó la cuarta categoría. Justamente, la Federación Judicial Argentina (FJA) presentó una medida cautelar para suspender la aplicación de la Ley 27.743, que restableció el gravamen, al advertir que la normativa es inconstitucional.

Por su parte, la Corte Suprema ya dijo que la Constitución protege la irredimibilidad del salario de los magistrados, y advierte que el pago de Ganancias es una disminución de los sueldos.

En la actualidad no hay propuestas para que los jueces paguen Ganancias que estén dentro de la agenda legislativa.