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Ocho años después, procesaron a directivos de la Universidad de San Martín por desviar fondos que le dio Julio De Vido

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Ocho años después de abierta la causa, la jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a a funcionarios de la Universidad de San Martin (UNSAM) por supuesta malversación de fondos con contrataciones irregulares y emisión facturas “truchas”. Además, ordenó profundizar la llamada Ruta del Dinero de esos fondos públicos provenientes del ex ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido.

Fue después de detectar que muchas de las facturas emitidas por la universidad pública para un convenio sobre seguridad de represas hidráulicas se usaron para pagar otros gastos y ni siquiera estaban registradas ante la ex AFIP o habían sido emitidas en una imprenta ubicada a metros de la casa de estudios.

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Se trata de una causa en donde ya tiene procesamiento confirmado el ex rector de esa casa de estudios, Carlos Ruta, quien –en otra causa- fue enviado a juicio oral junto al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por sobreprecios en la compra equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales también a través de la USAN.

Además, en marzo del año pasado arrancó el juicio oral y público contra la actriz Andrea del Boca, De Vido, el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular K del INCAA, Liliana Mazureentre otros, por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.

Durante su gestión, De Vido hizo varios convenios con universidades públicas que le permitieron evitar los controles de la ley de administración pública y hacer compras o contrataciones directas como pasó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la construcción de la central eléctrica de Río Turbio.

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En este caso, la investigación se inició en noviembre de 2017 cuando el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción en donde se exponían diversas irregularidades administrativas y financieras que se derivó en una denuncia penal por posible maniobra de desvío de los fondos públicos. Capuchetti juró como jueza en 2019 y la causa tuvo varios vaivenes.

El ORSEP, un organismo destinado a asegurar el adecuado funcionamiento de los emprendimientos de represas hidroeléctrica, firmó un convenio en 2012 con la UNSAM para recibir asesoramiento técnico en materia hidráulica.

Sin embargo, una auditoría interna detectó diversas inconsistencias en los informes de avance de prestaciones y manejo de fondos. Según la acusación, hubo un perjuicio económico a los recursos del Estado Nacional, estimado en cuanto menos en $8.898.167 (de esa época), adjudicados por partida presupuestaria al Organismo Regulador de Seguridad de Presas durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

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A fines del 2023, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a Ruta, ex rector de la UNSAM, Daniel Edgardo Di Gregorio, ex vicerrector de la UNSAM, y a los funcionarios Román Martín González, Jonathan Bortnik, Francisco Héctor Fernández, Juan Esteban Videla, Christian Daniel Fernández, María Andrea Luján Fernández, Ana María Fernández, Hernán Eduardo Vilar y Fiorella Raffo.

Con relación al origen de esos fondos, ese dinero era asignado al ORSEP por el entonces Ministerio de Planificación; lo que permite inferir que efectivamente era de patrimonio estatal nacional.

Pero las defensas apelaron y en febrero pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento solo de Ruta y Di Gregorio (aunque los consideró partícipes necesarios y no coautores) y dictó la falta de mérito del resto por entender aún no se había acreditado un poder de decisión en el marco de las funciones asignadas en los convenios, así como tampoco si sus competencias abarcaban o no el control de las prestaciones que debían ser abonadas con los fondos investigados.

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Ahora, la jueza Capuchetti sumó más pruebas y volvió a procesarlos. “El nuevo material de prueba detallado, en complemento con el que ya fue oportunamente valorado, reúne a mi criterio las condiciones necesarias para tener por acreditado, la responsabilidad penal de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla en orden a la comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, afirmó.

Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.

En ese contexto, la jueza afirmó que “ya se ha logrado recopilar información relevante sobre las distintas personas físicas y jurídicas que participaron en el cobro”, pero indicó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y delegó en la fiscalía la misión de profundizar sobre la ruta del dinero.

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El fallo destacó que entre 2012 y 2015 las máximas autoridades de ese entonces del ORSEP y la UNSAM firmaron un convenio marco y dos actas específicas en el que definieron y acordaron desarrollar diferentes tareas que estaban plasmadas en sus correspondientes anexos.

“Las anomalías acaecidas no solo habrían tenido lugar desde el momento de la confección de esos instrumentos, sino también se habrían extendido hasta la finalización de los procedimientos administrativos iniciados en consecuencia, en lo que concierne a la definición de las prestaciones y al pago efectuado. Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados”.

Ninguno de los documentos cuestionados, a pesar de que el estatuto de la UNSAM así lo estipulaba, contó con la aprobación previa del Consejo Superior para su suscripción. Pero además “las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos”.

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Es más: más allá de que los profesionales no desarrollaron las tareas acordadas en los anexos, la UNSAM recibió en función de estos convenios entre el 2013 al 2016 de parte del ORSEP cuanto menos la suma de $8.898.167.

“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas y pagos por aquella”, señaló

A modo de ejemplo: dos aportaron facturas como psicólogo, uno como arquitecto y otro como profesor educación física. Uno de los involucrados señaló que su labor consistía en la digitalización de fotocopias; otro que tenía que separar la documentación digilitazada y otro que tenía que transcribir reuniones del consejo, viajes y charlas en escuelas públicas. Había facturas por consultorías y por venta de alimentos. Un detalle: entre las facturas incorporadas en las rendiciones de cuenta aportadas por la UNSAM, había algunas que no tenían el código de autorización de impresión (CAI) y otras que, incluso, habían sido emitidas en una imprenta cercana a la sede de la universidad.

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Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo revalida su alianza con Javier Milei ante un peronismo dividido

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“La gente está apática. Le hablás de política y te miran como si fueras un testigo de Jehová”, describió uno de los candidatos que competirá en la elección de este domingo en Mendoza. Sólo seis departamentos renovarán sus Concejos Deliberantes en un contexto complejo para el peronismo, que competirá dividido, pero con expectativas en el oficialismo provincial, donde el gobernador Alfredo Cornejo tendrá la posibilidad de revalidar su alianza con La Libertad Avanza. En paralelo, hay controversia por el avance de la autonomía municipal en San Rafael: allí se elegirán convencionales para redactar la Carta Orgánica, aunque un fallo de la Corte estableció que su implementación podrá concretarse recién dentro de los próximos dos años. “No tiene sentido”, protestan algunos dirigentes.

Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael son los departamentos que tendrán elecciones este domingo. En el entorno de Cornejo adelantaron a Infobae que existe “una alta expectativa” en Luján de Cuyo, luego de que el intendente del PRO, Esteban Allasino, anunciara su incorporación a la coalición Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza. Se trata de la alianza que impulsó el gobernador en 2025, que le garantizó un triunfo provincial y consolidó su vínculo con la Casa Rosada.

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Alfredo Cornejo sumó al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, referente del PRO

En la Gobernación buscan bajarle el tono a las repercusiones que puedan tener los resultados. “Son elecciones municipales”, repiten y evitan cualquier intento de nacionalización. También remarcan que el desdoblamiento decidido por los intendentes responde a “la clásica estrategia” para hacer valer las estructuras oficialistas. No es un dato menor que se espera una baja participación en medio de un clima de apatía política.

En San Rafael anticipan una competencia ajustada frente al histórico peronismo de los hermanos Félix. En el oficialismo provincial aseguran que el escenario en Maipú también aparece favorable. Aunque la elección no define cargos ejecutivos ni provinciales, el resultado será leído en clave 2027. Mendoza es la única provincia que no permite la reelección del gobernador y Cornejo muestra intención de participar en las discusiones estratégicas de la UCR a nivel nacional.

De hecho, Cornejo tiene una pata puesta en el armado de Córdoba donde, además de su aliada Soledad Carrizo, apoya a Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador dentro de una alianza con La Libertad Avanza. Tal es la influencia del radical mendocino en el armado nacional que el propio De Loredo lo postuló como posible candidato a vicepresidente de Milei. “Sería un extraordinario candidato Alfredo Cornejo por lo que representa el modelo de Mendoza”, dijo el cordobés en diálogo con Infobae en Vivo.

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El peronismo, en cambio, atraviesa una fuerte interna entre el sector referenciado en La Cámpora y los alineados con los intendentes del PJ. Como consecuencia, en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo irán en listas separadas, lo que podría favorecer a los armados opositores. “Se la pasan diciendo que los votos son de ellos”, dijo desafiante a este medio un dirigente cercano a Anabel Fernández Sagasti, molesto por la postura de los jefes comunales.

La autonomía de San Rafael

Los hermanos Omar y Emir Félix gobiernan San Rafael hace más de 20 años

Además de concejales, este domingo San Rafael elegirá convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una Carta Orgánica municipal. El movimiento autonomista responde a reclamos históricos vinculados a las diferencias entre el norte y el sur de la provincia. También aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas —como la remoción de un árbol en malas condiciones— hasta obras menores requieren trámites en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo.

A la resistencia opositora se sumó una denuncia del legislador José Luis Ramón, quien presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en ese departamento por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.

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La decisión del máximo tribunal generó confusión y extendió el proceso: la elección de convencionales se realizará y los elegidos redactarán la nueva Carta Orgánica, pero el texto recién entrará en vigencia si es aprobado en un referéndum que se realizará dentro de dos años. “Es un papelón”, sostienen quienes se oponen a la autonomía municipal.

“Los Félix acuerdan con Ramón una nueva elección y más gasto político para los sanrafaelinos, por la farsa de la autonomía municipal”, denunció Leonardo Yapur, concejal de la UCR. También señaló que se trató de una estrategia del intendente para ubicar a su hermano como cabeza de lista y conformar una nómina más competitiva.

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El Gobierno llamó a la mesa política para avanzar con proyectos de ley claves en el Congreso

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Tras la aprobación de la reforma laboral por la Cámara de Diputados, el Gobierno convocó a su mesa política para avanzar con ese y otros proyectos que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación.

La reunión del ala política del Ejecutivo Nacional será este lunes a las 14:30 horas y los proyectos cuyo estado de situación de abordarán son, además de la reforma laboral, cuya ratificación por el Senado sería este viernes, la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

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Reforma laboral: qué pasará con el salario si un trabajador se enferma tras la caída del artículo 44

Con la sanción de la reforma laboral y la media sanción de la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea así como de la Ley Penal Juvenil, el oficialismo busca acelerar con la media sanción del proyecto de reforma sobre la Ley de Glaciares, que permitiría la ampliación de la frontera extractiva de minerales e hidrocarburos.

Formarán parte de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo y los legisladores Patricia Bullrich y Martín Menem.

Uno por uno, cómo votó cada diputado la reforma laboral

Martes: primera reunión de gabinete con Javier Milei

El martes 24 de febrero tendrá lugar la primera reunión de gabinete del año con la presencia del presidente Javier Milei. El objetivo de esta actividad es fijar los objetivos para la gestión en 2026 y las prioridades en la agenda legislativa de cara a las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo con el tradicional discurso presidencial que las da por inauguradas.

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Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas

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Más allá de que el de esta semana fue el cuarto paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los 26 meses que lleva Javier Milei en la Casa Rosada, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el oficialismo, los datos oficiales muestran que el nivel de conflictividad laboral bajó en la gestión de La Libertad Avanza respecto de gobiernos anteriores.

Los tres paros anteriores convocados por la central obrera fueron el 10 de abril de 2025 y, en el primer año del mandato libertario, el 21 de enero de 2024 – a sólo 42 días de asumir el nuevo Presidente-, y el 9 de mayo de ese año.

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Del análisis de los datos publicados por la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales, que depende de Secretaria de Trabajo de la Nación, surge que hubo 465 paros en todo el país a lo largo de todo 2025,

Involucraron a 1.072.000 trabajadores que participaron de las medidas, y generaron 4.493.000 jornadas individuales no trabajadas a lo largo del año.

Convocatoria de ATE al paro del 9 de diciembre de 2025 contra el poryecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno

En cuanto a la distribución por provincia, los mayores niveles de conflictividad estuvieron vinculados a aquellos conflictos que tienen alcance nacional y los que suceden en la provincia de Buenos Aires, con un promedio de 6 por mes. Y muy cerca de ese valor, Santa Cruz con 5 al mes.

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Del análisis de los datos oficiales, esos 465 paros que tuvieron lugar en 2025 fue la cantidad de conflictos con cese de tareas más baja desde 2006. Lo mismo sucedió con el número de huelguistas y las jornadas no trabajadas, que también estuvieron en sus mínimos históricos.

La comparación 2024 vs 2025

Como ocurrió a lo largo de las últimas dos décadas, el año pasado la mayor cantidad de conflictos con paro se dieron en el ámbito estatal, casi el 70%. Sin embargo, descendieron un 18% respecto de 2024, totalizando 311 casos, el menor nivel en las últimas dos décadas.

En línea con esa baja, la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas también disminuyó 15% y 20%, respectivamente. En el ámbito privado, también se registró el valor más bajo de la serie en conflictos con paro (157).

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En comparación con 2024, la cantidad de huelguistas y de días sin actividad por una medida de fuerza descendió significativamente (-74% y -60%, respectivamente).

Los años con más paros

Los mayores niveles de conflictividad en las últimas dos décadas se registraron entre 2012 y 2017, en el segundo mandato de Cristina Kirchner, y en la primera mitad del de Mauricio Macri.

El pico se dio en 2014, sobre el final del gobierno kirchnerista, con 1.336 reclamos laborales en todo el país que incluyeron cese de actividades, de los cuales 868 fueron en el ámbito estatal, y 482 en el ámbito privado.

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El 9 de abril de 2014, Cristina Kirchner enfrentó su segundo paro general

El segundo año de mayor conflictividad fue 2016 a mediados de la gestión de Cambiemos, con 1.321. Desde entonces, la cantidad de conflictos tanto en el ámbito estatal como privado, fue disminuyendo paulatinamente, hasta el valor más bajo del año pasado.

Qué sucedió en 2025

En 2025, en promedio, se produjeron 46 conflictos por mes con retención de tareas, en los 24 distritos, siendo marzo el mes con mayor cantidad de conflictos con paro, 61, y enero del año pasado el que registró menos (26).

En 2025, en promedio, se produjeron 46 conflictos por mes con retención de tareas en los 24 distritos

El 29% de esos conflictos laborales con paros en 2025 estuvieron vinculados al sector de la Administración Pública (un promedio mensual de 14 medidas de fuerza con suspensión de actividad) y la Enseñanza (20% con 10 paros en promedio por mes).

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Paro convocado por los gremios universitarios para el 12 de noviembre, ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de las universidades

Le siguen el área de la Salud (7 huelgas promedio por mes) y el de Transporte y Almacenamiento (6).

Más de la mitad de los conflictos de 2025 fueron por reclamos salariales y, aproximadamente el 20%, por pagos adeudados. En promedio, sólo 3 conflictos por mes estuvieron vinculados a despidos.

Más de la mitad de los conflictos de 2025 fueron por reclamos salariales y aproximadamente el 20% por pagos adeudados

Conflictos sin paro del 2025

En cuanto a los conflictos laborales sin cese de actividades, en 2025 se registraron en todo el país 1.043. El pico se dio en el mes de julio, con 150, y el menor número, en noviembre pasado con 66.

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En su mayoría, fueron concentraciones, que crecieron 14% con relación a 2024, y movilizaciones que se mantuvieron estables en número. Se redujeron los cortes (-2%), respecto del 2024, principalmente en el ámbito estatal.

Carga y chequeo: Desiré Santander

conflictos laborales

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