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La Cámara Federal convalidó hoy la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de reasumir la causa por el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, donde se investiga, entre otras cosas, si hubo autores intelectuales del ataque. La decisión había sido apelada por el fiscal Carlos Rívolo, que estuvo al frente de la investigación desde noviembre de 2022.

El tribunal rechazó un recurso del fiscal y ratificó que “el instituto de la delegación es eminentemente discrecional para el juez, pudiendo éste disponer de su utilización durante toda la instrucción”. “Se advierte que la pretensión del quejoso no ha de prosperar si se pondera que la decisión recurrida resulta ajena al control jurisdiccional de este órgano revisor por la vía del recurso que se pretende, en tanto el auto impugnado no es de aquellos declarados apelables”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Capuchetti había reasumido la investigación hace tres semanas. En esa resolución, adelantada por este medio, cuestionó el trabajo de la Fiscalía y dio indicios de que iba a apuntar al rol de la Policía Federal en las horas posteriores al atentado. Concretamente, dijo que la causa “no tuvo avances significativos” en los últimos meses y que era “necesario un nuevo enfoque”.

El fiscal fue en queja ante la Cámara, pero finalmente la Sala I, con la firma de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, rechazó ese recurso.

Rívolo estuvo a cargo del expediente desde noviembre de 2022, tres meses después del ataque. Entre otras cosas, todavía se investiga la posible participación del diputado Gerardo Milman. Esa pista surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró el 23 de septiembre le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. No es la única línea de investigación abierta.

De hecho, este jueves comenzarán a declarar los cuatro policías que investigaron las irregularidades detectadas en las horas posteriores al atentado. La principal apunta a la situación de Brenda Uliarte, ex novia de Fernando Sabag Montiel, quien se escapó de la Policía a pesar de que tenía una consiga policial.

Un video, que se agregó al expediente y fue revelado por Clarín, muestra que la joven salió de un edificio ubicado en Montes de Oca al 1200, donde se juntaba la banda de los “copitos”, y no fue detenida, pese a que ya había una orden de detención vigente. En la puerta del edificio había dos efectivos de inteligencia de la PFA.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la Ciudad el 4 de septiembre de 2022, cerca de las 21 horas. “En el lapso temporal entre que Uliarte salió del domicilio hasta que fue detenida por el secretario y la custodia del juzgado, la PFA no se comunicó con el tribunal”, dijo una fuente con acceso al expediente.

Uliarte fue detenida esa noche en la estación de tren de Palermo a partir de los datos que aportó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), que logró geolocalizar el celular de la joven. Para la Justicia, esa fue otra irregularidad grave. “La PFA no fue a la DAJUDECO, donde se estaba haciendo una escucha directa del teléfono”, explicó uno de los investigadores.

Para este jueves fue citada la comisario mayor Sandra Judith Carral Leiva. Y en los próximos días declararán Mirna Edith Speranza, Roberto Méndez, y Mónica Fabiana Carracedo.

Todos estuvieron a cargo del sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Cuando reasumió la investigación, la jueza ya había destacado la importancia de ese legajo. Dijo que “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, asistió este miércoles a una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema por la deuda de más de $1000 millones que la provincia le reclama a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por fondos no girados a la caja previsional cordobesa.

Se enmarca en una serie de reclamos ante el máximo tribunal iniciados por gobernadores cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la ANSES y el gobierno de Javier Milei -desde que asumió- dejó de enviarles los fondos que les correspondían por ley, bajo la premisa de auditar esos saldos pendientes. En total, son 13 las provincias afectadas por más de $2000 millones al final de 2024, una cifra a la que deben sumarse los primeros cuatro meses de 2025.

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“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con Córdoba y las demás jurisdicciones con cajas no transferidas, al suprimir, de manera unilateral e inconstitucional, las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la provincia para cubrir el déficit previsional de la caja a cero pesos”, dijo Llaryora al finalizar el encuentro ante la Corte Suprema.

El de este miércoles fue el inicio de las negociaciones, con una segunda audiencia pautada para dentro de dos semanas. El Gobierno Nacional analiza compensar con bienes o saldar en cuotas. Pero las alternativas todavía no están sobre la mesa y, además, deben ser acordadas entre ambas partes. “Queremos encontrar soluciones definitivas”, avisó el mandatario cordobés.

Es uno de los principales frentes de Milei con los gobernadores aliados y en un año electoral toma mayor dimensión, cuando la falta de recursos se hace más evidente. El esfuerzo de las provincias por cumplir con sus obligaciones, escasas de fondos, puede complicar el escenario electoral a quienes buscan plebiscitar su gestión. Las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias cayeron en el orden del 16% real en el primer trimestre del año, según datos que empiezan a manejar los mandatarios, a los que accedió TN.

Un fallo que podría sentar un precedente

El gobernador cordobés sumó un tercer reclamo ante la Corte Suprema. Los exmandatarios José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti ya habían realizado presentaciones similares durante sus mandatos, pero según Llaryora esta vez se agravó porque el gobierno de Milei frenó totalmente el giro de fondos.

“En este caso es más grave aún porque, además de reclamar por las dos demandas realizadas por el exgobernador Juan Schiaretti, de abril y mayo de 2023, hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia Nº280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que, por ley, debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, planteó.

Si bien Nación ya acordó con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio pagos mensuales por la deuda acumulada, la resolución que tome el reclamo de Córdoba podría sentar un precedente para otras jurisdicciones con denuncias similares, concretamente porque Llaryora le pidió a la Corte “que facilite las condiciones para alcanzar un acuerdo o disponga un fallo para que los cordobeses reciban los fondos que corresponden por ley a la provincia”.

Algo similar a lo que pasó con la queja presentada por la Ciudad de Buenos Aires por los fondos recortados por el expresidente Alberto Fernández, que obligó al Gobierno nacional a pagarlos y devolverle los puntos de coparticipación eliminados.

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La mayor deuda con sus cajas previsionales la reclaman las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Solo entre las dos primeras suman más de la mitad del total, que supera los $2000 millones entre las 13 provincias.

Qué reclama Llaryora

“Como gobernador, vengo a reclamar y a defender el derecho de los cordobeses, y especialmente de nuestros jubilados, en donde estamos hoy en una situación límite y única, porque la Nación nos está girando cero pesos a la caja de jubilaciones, y eso atenta justamente contra los derechos de los cordobeses, que estamos haciendo un tremendo esfuerzo para poder cumplir nuestras obligaciones con los jubilados”, dijo Llaryora al finalizar el encuentro.

Los números son alarmantes. Según cálculos del gobernador, el déficit de la caja previsional cordobesa superaría los $370.000 millones. “La República Argentina se basa claramente que cada uno cumpla con sus derechos y obligaciones, y así lo tienen que hacer los Estados”, dijo.

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Y agregó: “Esta falta constituye un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso, en ejercicio de tal premisa constitucional. En definitiva, el incumplimiento persistente del Estado nacional, de no asumir lo acordado que aquí se reclama, también implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”.

“Hoy el incumplimiento es manifiesto y nunca fue de esta manera. Esto es cero pesos para Córdoba. Nosotros queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, y a la República le va a ir bien cuando todos cumplamos las leyes”, afirmó Llaryora.

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