Con solo tres ruedas operativas en la plaza local por las festividades de Año Nuevo, la semana financiera dejó algunos indicadores para ser tenidos en cuenta.

En el debut del nuevo esquema de bandas cambiarias en base a inflación el viernes pasado, el dólar operó en sus precios más altos en dos meses. En cuanto a la Bolsa, los bonos estuvieron demandados y llevaron al riesgo país a un piso desde 2018, mientras que las acciones se mostraron más sometidas a la volatilidad internacional, con leve tendencia bajista.

El dólar mayorista avanzó desde el viernes anterior 22,50 pesos o 1,5%, a $1.475 para la venta, un máximo desde el 3 de noviembre. El BCRA precisó que el techo de las bandas cambiarias se situó en los $1.529,03, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 54,03 pesos o 3,7% de ese límite.

El dólar al público ganó 20 pesos o 1,4%, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre, en la previa de las elecciones legislativas. El blue, a $1.530 para la venta, se posicionó el mismo nivel de la semana pasada.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron en USD 511 millones, a USD 43.099 millones, principalmente por un descenso de la cotización del oro, que marcó un precio récord la semana anterior.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un marginal 0,4% en pesos, a 3.126.292 puntos, mientras que medido en dólares restó 0,3%, según la paridad del “contado con liquidación” implícito en los ADR argentinos negociados en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,7%, que permitió un descenso de 27 unidades para el riesgo país de JP Morgan, en los 553 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 27 de julio de 2018.

“Los activos domésticos inician el 2026 con un tono expectante, mientras los operadores se encuentran atentos a la nueva etapa en las bandas cambiarias y a las compras del BCRA/Tesoro en busca avanzar en la estrategia de acumulación de reservas”, estimó el economista Gustavo Ber.

“Adicionalmente, ante la expectativa de que los fondos del 9-E se complementarían con un repo con bancos internacionales, las miradas se dirigen ahora al potencial efecto reinversión que podría activarse. Ello se debe a que una reducción adicional del riesgo país podría abrir espacio para avanzar con decisión en una estrategia de refinanciación, estimando que la ‘última milla’ sería de unos 100 puntos básicos antes de empezar a tener un acceso más fluido a los mercados de deuda”, consideró el titular del Estudio Ber.

“Hacia adelante, el mercado pone el foco en el segundo trimestre. Abril y mayo aparecen como meses clave por el ingreso de dólares de la cosecha gruesa, a los que se sumará el aporte del complejo energético, con Vaca Muerta como protagonista. Si la demanda de dinero acompaña, el escenario base es el de un tipo de cambio relativamente estable”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“No obstante, la calma no está garantizada. Factores políticos locales, un shock externo (como un revés para Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos) o un freno a las reformas del oficialismo podrían reintroducir episodios de volatilidad en un esquema que recién comienza a ponerse a prueba», acotó Morales.

El pago de intereses y capital de títulos Bonares y Globales el viernes 9 por unos USD 4.200 millones o, mejor dicho, la modalidad a la que apelará el Ministerio de Economía para honrar dicho vencimiento, es observada con atención por los inversores, pues podría consistir en un indicador que brinde nuevo impulso a los aletargados negocios con activos, con el aporte de liquidez, y habilite un mayor descenso del riesgo país.

“El Tesoro canjeó con el BCRA BONCERES por Soberanos en USD, y volvió a alimentar los rumores constructivos sobre un posible repo con bancos privados. El objetivo del canje sería recomponer el stock de bonos hard dollar, para utilizarlos como garantía en la operación de repo, y afrontar los vencimientos de la semana que viene”, indicaron desde PPI.

“Al 26 de diciembre, el Tesoro mantenía USD 2.200 millones en depósitos en el BCRA, y se espera que ingreses USD 700 millones adicionales por la concesión de las represas del Comahue. Esto implica una necesidad de financiamiento residual de aproximadamente USD 1.300 millones para cubrir el pago de enero de USD 4.200 millones”, consignó Max Capital.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio «Chiqui» Tapia y otros directivos que ocuparon cargos clave entre 2020 y 2023. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado formalmente a la entidad, pero ya genera impacto institucional por la magnitud de las operaciones bajo análisis.

De acuerdo con fuentes con acceso al expediente, la investigación alcanza cinco universos de operaciones vinculadas al ingreso y la liquidación de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos. El monto total en revisión supera los u$s131.384.000 y 94.999.920 euros, lo que equivale a un volumen consolidado de más de u$s242 millones. El objetivo, sospecha el BCRA, era evitar el cepo cambiario que regía en ese momento.

La denuncia del Banco Central contra la AFA y «Chiqui» Tapia

El eje central del sumario apunta a una presunta maniobra de cambio de concepto en la declaración de los ingresos en moneda extranjera. Según las fuentes, la AFA habría modificado el código utilizado ante el sistema cambiario: pasó de declarar los fondos como «otros servicios personales, culturales y recreativos» (código S24) a registrarlos como «otras transferencias corrientes» (código 108).

Ese cambio no es menor. Siempre según la investigación, permitió evitar la obligación de liquidar los dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), al hacer figurar los ingresos como donaciones y no como pagos por servicios, una distinción clave dentro de la normativa cambiaria vigente durante los años de cepo más estricto.

Uno de los capítulos más relevantes del expediente es el contrato de sponsoreo con Adidas. El acuerdo con Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030, contempla un monto total de 260 millones de euros. En el sumario se analizan casi 95 millones de euros que, de acuerdo con el Banco Central, no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020.

Las fuentes detallan que durante 2018 y 2019 la AFA liquidó los fondos de Adidas de manera regular. Sin embargo, tras el endurecimiento del cepo cambiario, la entidad habría cambiado el rubro bajo el cual declaraba los ingresos, lo que le permitió conservar las divisas sin convertirlas a pesos y beneficiarse de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el financiero.

Contratos televisivos y movimientos vinculados con FIFA y Conmebol

El expediente también incluye contratos de derechos televisivos. En el caso de Fox, el monto bajo revisión supera los u$s45 millones, mientras que para Argentina Football Distribution LLC asciende a USD 78 millones. En ambos casos, el mecanismo observado sería el mismo: declaración de los fondos como transferencias corrientes o donaciones para esquivar la liquidación obligatoria.

A esto se suman los movimientos vinculados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, el Banco Central detectó u$s498.000 pendientes de liquidación por uso de un código incorrecto y otros USD 6.268.000 directamente pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de Conmebol, las cifras ascienden a USD 8.676.000 bajo la primera categoría y USD 5.942.000 bajo la segunda.

Según el expediente, entre los conceptos figuran subsidios, adelantos y aportes destinados a la Copa América, torneos femeninos y competencias de futsal, entre otros programas.

El sumario distingue de manera precisa entre «montos ingresados y no liquidados» y «montos directamente no ingresados al MULC», lo que permite reconstruir el recorrido de los fondos y las modalidades de la presunta infracción. La defensa de la AFA, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, se apoya en la figura jurídica de la donación, que en determinados supuestos exime de la obligación de liquidar divisas.

Como responsables, el expediente incluye a la AFA como persona jurídica, a su presidente Claudio Tapia y a los tesoreros que se desempeñaron durante el período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino. Para los investigadores, el esquema permitió preservar patrimonio en dólares y evitar pérdidas cambiarias significativas en un contexto de fuertes restricciones al acceso al mercado oficial.

El sumario es de carácter cambiario y, de avanzar, podría derivar en multas millonarias y sanciones administrativas, incluida la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Según las fuentes, el Banco Central otorgó varias prórrogas para la presentación de descargos, con una fecha límite fijada para el 1 de septiembre de 2025.

El alcance temporal del expediente llega hasta el Mundial de Qatar. Los movimientos posteriores no fueron incluidos porque, según la investigación, las transferencias se habrían canalizado directamente a cuentas en el exterior, una práctica que se generalizó en distintos sectores ante las restricciones cambiarias.

Se trata de la primera vez que el Banco Central activa un sumario formal contra la AFA por este tipo de maniobras, un dato que explica la relevancia institucional y política del caso en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar el control sobre el flujo de divisas y las operaciones en moneda extranjera.

El sistema previsional argentino, gestionado por ANSES, abarca un conjunto de prestaciones dirigidas a garantizar ingresos a jubilados, pensionados y sectores vulnerables. Entre los principales beneficios se encuentran la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y diversas asignaciones familiares y sociales. Estas herramientas cumplen un rol central en la protección económica de quienes no acceden a una cobertura previsional suficiente.

Desde 2024, los haberes se ajustan automáticamente cada mes según la inflación de dos meses antes, siguiendo lo dispuesto en el Decreto 274/2024. Este mecanismo reemplazó el esquema trimestral y permite que los montos de las prestaciones se actualicen en línea con el Índice de Precios al Consumidor, sumando eventualmente bonos extraordinarios para reforzar los ingresos. Bajo este esquema, el ajuste de la PUAM previsto para enero de 2026 será especialmente relevante para quienes dependen de esta prestación.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación básica implementada por la ANSES para personas mayores de 65 años que no reúnen los requisitos exigidos para acceder a una jubilación tradicional. Su creación respondió a la necesidad de brindar una cobertura previsional mínima a quienes, pese a alcanzar la edad estipulada, no lograron completar los aportes necesarios al sistema formal. El acceso a la PUAM exige cumplir con condiciones establecidas por la normativa vigente, principalmente la ausencia de otra cobertura previsional y la residencia en el país.

El monto mensual se actualiza de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ejemplo, el incremento de diciembre de 2025 se definió a partir del IPC de octubre, que marcó un 2,3%. Además, en determinados períodos, ANSES puede otorgar bonos extraordinarios que complementan el monto mensual, incrementando los ingresos de quienes dependen de esta prestación.

La PUAM cumple un papel relevante como herramienta de inclusión previsional, ya que garantiza un ingreso básico a adultos mayores que han atravesado trayectorias laborales informales o interrumpidas. De esta forma, la prestación contribuye a proteger la economía de este grupo etario frente a la falta de otras fuentes formales de sustento, asegurando un piso de seguridad social para quienes quedan fuera del régimen jubilatorio tradicional.

En enero de 2026, el monto se actualizará conforme al esquema de movilidad mensual vigente. Para este período, el aumento se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre de 2025, que determinó un incremento del 2,47% en las prestaciones administradas por ANSES.

Con este ajuste, la PUAM pasará a ubicarse en $279.443,60 mensuales. Esta cifra representa el haber básico que percibirán los beneficiarios bajo este régimen, sin considerar refuerzos adicionales. El proceso de actualización automática permite que el valor de la prestación se mantenga alineado con la evolución de los precios, brindando previsibilidad a quienes dependen de este ingreso.

Además del aumento por movilidad, existe la posibilidad de que ANSES otorgue un bono extraordinario de $70.000 en enero de 2026, aunque este refuerzo permanece sujeto a confirmación oficial. En caso de que se concrete el pago de este bono adicional, el monto total que percibirían los beneficiarios ascendería a $349.443,60 para ese mes. Este complemento cobra particular relevancia en el contexto de persistente inflación, ya que impacta directamente en el poder adquisitivo de quienes reciben la prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0 y 1: 17 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 18 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 19 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 22 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 23 de enero

Está destinada a las personas mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Este beneficio, gestionado por ANSES, está pensado para quienes, al arribar a la edad jubilatoria, no cuentan con los aportes suficientes en el sistema previsional formal, lo que los deja fuera del alcance de una jubilación tradicional.

Para poder acceder a la PUAM, los solicitantes deben cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente. Es requisito fundamental no percibir ninguna otra prestación previsional, contributiva o no contributiva, ni beneficios de regímenes provinciales, municipales o de cajas profesionales. Además, el solicitante debe residir legalmente en la Argentina y acreditar la residencia mínima exigida según la reglamentación.

Esta prestación se implementó como una herramienta de inclusión previsional, con el objetivo de garantizar una cobertura mínima a quienes han atravesado períodos de informalidad laboral o interrupciones prolongadas en sus trayectorias de empleo registrado. De este modo, la PUAM ofrece un ingreso básico que ayuda a proteger la economía de los adultos mayores sin cobertura formal, asegurando que puedan afrontar sus gastos esenciales en la etapa de retiro.