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La Corte dejó firmes condenas a la mano derecha de Milagro Sala, un ex intendente de Salta y un ex diputado radical de Entre Ríos

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En sendos fallos, la Corte confirmó este jueves condenas para la mano derecha de la líder social K Milagro Sala, un ex intendente de Salta, y una docente de Chubut por cortar rutas a la vez que reabrió la investigación contra un diputada radical de Entre Ríos en la causa conocida como “Contratos Truchos».

Por un lado, el máximo tribunal desestimó el último recurso y dejó firme la condena a dos integrantes de Organización Tupac Amaru, que lideraba Milagro Sala, por el delito de robo en poblado y en banda. Se trata de Mirta Rosa Guerrero, conocida como Shakira, y de Patricia Evangelina Jaldin, quienes recibieron penas de tres años y tres meses de prisión efectiva por el robo al equipo de Jorge Lanata en 2012, cuando se dirigieron a Jujuy para realizar una investigación sobre la Tupac Amaru.

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Un hombre se presentó como encargado de seguridad, les pidió que se retiraran y les advirtió que debían gestionar un permiso ante Milagro Sala para poder filmar. Como los periodistas seguían con su labor, Guerrero y Jaldín intentaron impedir esa tarea por la fuerza. Los hombres de prensa se subieron entonces a su vehículo, ocasión en la que las mujeres junto a ocho personas le quitaron la cámara de filmación. Luego se las devolvieron, pero sin la unidad de almacenamiento que contenía material filmado.

El caso llegó a juicio en 2017. La fiscalía pidió cuatro años y medio de cárcel y las defensas reclamaron la absolución. El Tribunal en lo Criminal N° 3 de la provincia de Jujuy, integrado por los jueces Alejandra Tolaba, Mario Puig y Antonio Llermanos, condenó a las dos mujeres a la pena de tres años y tres meses de prisión –de cumplimiento efectivo- como autoras del delito de robo en poblado y en banda.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión fue confirmada por la Cámara de Casación Penal provincial y la Sala Penal del Superior Tribunal de la provincia. La defensa intentó que el caso fuera revisado por la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible” por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La presentación fue desestimada y la condena quedó firme.

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Tanto “Shakira” Guerrero como Jaldin enfrentaron más acusaciones penales en el marco de otros procesos que se habrían cometido cuando integraron la agrupación de Milagro Sala. Junto a otras dos personas, Shakira quedó registrada en las cámaras de seguridad del Banco Nación desde donde la cooperativa Pibes Villeros retiró $14 millones en San Salvador de Jujuy, el día antes de la asunción de Mauricio Macri. Fue condenada a seis años de prisión por “asociación ilícita y fraude a la administración pública”. En 2018 y después de pasar dos años y medio en la cárcel, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria después de una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que denunció que fue víctima de maltratos en el Penal de Alto Comedero.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se siga investigando a un ex diputado radical Ricardo Troncoso, imputado de peculado en una causa por contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. Lo hizo al hacer lugar al pedido de la Procuración General de Entre Ríos y revocar una sentencia que había dictado el sobreseimiento.

El principal argumento de la justicia entrerriana para dar por cerrada la causa era que la Fiscalía no había pedido prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal local.

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La Corte hizo lugar al recurso y revocó el sobreseimiento. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se remitieron a sus votos en la causa «Price», en donde se establece que las provincias no tienen facultades para dar por cerradas investigaciones en términos que no están contemplados en el Código Penal. El presidente de la Corte Horacio Rosatti, por su parte, señaló que las cuestiones eran análogas a las tratadas y resueltas en su voto del fallo «Seccional Cuarta». Los tres coincidieron, sobre esos lineamientos, en hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

La causa investiga la presunta sustracción de fondos públicos por parte de Ricardo Troncoso en su carácter de diputado provincial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde el diciembre de 2015 hasta el 20 septiembre de 2018. La denuncia fue motorizada por Carlos Cozzi, exempleado del diputado, que aseguró en un programa de televisión que el legislador se quedaba con el 70% de su salario.

La maniobra se habría llevado adelante mediante la suscripción de contratos de obra con Carlos Gabriel Cozzi, María Isabel Ruíz, Carlos Goyeneche, Silvano Acosta, Alexis Bolsan, Maira Perlo, Orlando Zalazar y Pablo José Zalasar. Pero, en realidad, la prestación nunca existió y así se confeccionaron cheques por pago, en algunos de los cuales se falsificaba la firma para endosarlos a fin de poder ser cobrados por Ruiz o Cozzi. Según la fiscalía, de esta manera Troncoso retenía para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los contratos en concepto de honorarios o hacía que las personas contratadas le prestaran servicios personales.

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Pero en medio del trámite la defensa de Troncoso planteó que la causa debía cerrarse porque se habían vencido los plazos previstos en el artículo 223 del código local para sustanciar la investigación. El 20 de mayo de 2022, la jueza de Garantías de Paraná dispuso el sobreseimiento para Troncoso y lo extendió a Blasón Lorenzatto.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso y validó el avance de la investigación penal contra Ernesto “Kila” Gonza, ex intendente de la localidad salteña de San Lorenzo acusado de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La defensa de Gonza cuestionaba la decisión de la Sala II del Tribunal de Impugnación de la provincia de Salta. Buscaba la nulidad absoluta del requerimiento de elevación a juicio, la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y la oposición el requerimiento fiscal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

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La acusación de la Fiscalía sostuvo que Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa El Montañez que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando, para la construcción de una alcantarilla sobre la calle Belgrano de San Lorenzo y casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar.

El expresidente del Concejo Deliberante, Juan Dávalos, fue uno de los denunciantes en varias causas contra Gonza. En el juicio oral que se hizo en 2022, Dávalos explicó que, en diciembre de 2011, en el último día de mandato de Gonza, se «liberaron cheques a una supuesta empresa El Montañez que hizo un puente (la alcantarilla), para vaciar la municipalidad». Afirmó que se presentaron a cobrar cheques endosados el hermano del ex intendente, Aldo Gonza, y el entonces secretario de obras públicas, Rodolfo Armando, y también las parejas de ambos.

Por otra parte, a Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso por cuestiones formales y dejó así firme la condena de tres meses de prisión en suspenso para una docente que había participado en las protestas en 2019 en la provincia de Chubut en reclamo del pago de salarios atrasados y protestas gremiales.

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Se trata de Estela del Valle Juárez, quien vive desde hace 30 años en la ciudad de chubutense Sarmiento y trabajaba en escuelas primarias como maestra de grado y en escuelas secundarias como profesora de lengua. En ese momento se desempeñaba como secretaria general de la regional Suroeste de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut). En 2019, el gobierno de Chubut desdobló el pago de los salarios a docentes y estatales, lo que derivó en movilizaciones, cortes de ruta y bloqueos a pozos petroleros.

Del Valle Juárez quedó acusada en una causa penal cuando se le atribuyó haber protagonizado el 24 de septiembre de 2019, junto a una veintena de personas, un corte total en la ruta 26, altura kilómetro 133, durante varias horas, impidiendo la normal y habitual circulación tanto de vehículos particulares como de medios de transporte de pasajeros y de carga. En ese momento reclamaban por el pago de salarios adeudados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares.

Fue procesada y enviada a juicio por el delito de “entorpecimiento del transporte”. Su defensa, junto a organizadores sociales y gremiales, lo consideraron una causa en donde se buscaba criminalizar la protesta social.

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Corte Suprema de Justicia,Milagro Sala,Corrupción K

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Licencias por enfermedad y billeteras virtuales: los puntos más conflictivos de la reforma laboral que complican la negociación del Gobierno

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La reforma laboral impulsada por el Gobierno entra en una etapa clave esta semana, cuando el oficialismo busque avanzar con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados tras la media sanción en el Senado. La iniciativa incluye cambios en distintos aspectos del régimen laboral y hay varios puntos conflictivos que podrían complicar su aprobación.

Para avanzar con el debate, se convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda. Durante la jornada expondrán especialistas, representantes de las centrales sindicales CGT y CTA, además de cámaras empresariales, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.

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Leé también: En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general contra la reforma laboral

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la modificación del sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia- por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.

Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante prácticas deportivas o actividades similares.

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En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos- el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.

Empresarios consideraron que las medidas atentan directamente contra la generación de empleo. (Foto: NA).

El nuevo esquema se aplicaría por períodos de tres o seis meses, según la antigüedad y la situación familiar del empleado (si tiene o no familia a cargo), y además incorpora mayores controles. Los trabajadores deberán presentar certificados médicos más detallados y los empleadores podrán solicitar revisiones médicas propias. En caso de discrepancias, podrían intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa, lo que amplía la participación del empleador en la determinación de la licencia.

Quienes respaldan la modificación sostienen que apunta a reducir el ausentismo injustificado y a aliviar los costos laborales para las empresas, que actualmente deben afrontar el pago completo del salario durante las licencias. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que el cambio podría implicar una pérdida de derechos para los trabajadores y generar conflictos en la interpretación de las causas de las enfermedades o accidentes.

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Otro de los puntos de fricción es la discusión sobre la posibilidad de cobrar los salarios a través de billeteras virtuales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado durante el tratamiento en la Cámara alta.

“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.

El planteo del PRO busca restablecer la opción de que los sueldos puedan acreditarse en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) regulados por el Banco Central. Esa alternativa había sido incluida en el dictamen original, pero fue retirada tras objeciones de las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA, que advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos y sistémicos.

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La discusión también expone diferencias dentro del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven posturas dispares sobre el alcance de la reforma. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan el reclamo para reabrir el debate sobre el cobro de salarios mediante plataformas digitales y suman otros planteos.

Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.

El PRO anticipó que reclamará la inclusión del pago de salarios a través de billeteras virtuales. (Foto: Cámara de Diputados)
El PRO anticipó que reclamará la inclusión del pago de salarios a través de billeteras virtuales. (Foto: Cámara de Diputados)

El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.

Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.

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Reforma Penal Juvenil: cómo funciona el sistema escalonado de sanciones para menores

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En Infobae en vivo, la reforma penal juvenil fue abordada desde su eje más innovador: el sistema escalonado de sanciones, que busca transformar el modo en que la justicia responde a los delitos cometidos por adolescentes. “El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, describió Malena de los Ríos, y marcó así el corazón del cambio.

Durante el análisis con el equipo de Infobae al Regreso –Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz–, se detallaron los criterios y alcances del nuevo régimen. Aziz precisó: “Son pasibles de ser juzgados y penalizados los menores que cometen delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión”. De los Ríos amplió: “Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”.

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Cómo opera el sistema escalonado en la ley penal juvenil

El principal cambio de la reforma penal juvenil pasa por la gradualidad de las sanciones: la prisión queda reservada solo para los delitos graves, mientras que la mayoría de los casos accederán a penas alternativas. Aziz sintetizó: “Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”. De los Ríos explicó: “Solamente para delitos graves, por ejemplo, homicidio, va a ser la detención la alternativa”. El nuevo régimen marca que la última instancia sea la prisión y que, en la práctica, los jóvenes cumplan sanciones como servicios comunitarios o reparación del daño.

La especialista remarcó: “Prisión solo para delitos graves, pena máxima hasta 15 años. El proyecto del oficialismo buscaba que sean veinte. Hubo consenso para bajar de 20 a 15 y sin contacto con adultos en institutos especializados”. Además, advirtió: “Hoy preguntás, hay realmente escasez… no tienen las herramientas para brindar monitoreo electrónico, pero van a tener que buscar la manera para también financiar ese tipo de herramientas”.

La reforma de la ley penal juvenil incorpora nuevas figuras y responsabilidades estatales para asegurar la efectividad del sistema escalonado. De los Ríos puntualizó: “Lo del supervisor especializado es una figura nueva. No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”.

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Iglesias sumó: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”. De los Ríos explicó: “La ley actual hoy, en función de los niños, lo que pasa es directamente el juzgado, el juez decide inmediatamente: la opción es vayan directamente con los padres. Acá el supervisor lo que ayudaría es que el chico esté dentro de un entorno donde pueda cumplimentar con estas penas alternativas”.

Imputabilidad, garantías y el seguimiento internacional

El proyecto de reforma penal juvenil mantiene la imputabilidad desde los 14 años, pero suma garantías procesales y defensa para los adolescentes. Aziz recordó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso un ojo sobre la Argentina al decir: ‘Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa’”. Según de los Ríos, “respecto a la imputabilidad, es a partir si sale de los catorce. Después, en eso no va a haber cambio”.

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Aziz reforzó: “Abogado gratuito, asistencia social gratuita, acompañamiento a la familia gratuito. Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”.

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Diputados,Reforme Penal Juvenil

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Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”

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La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya −a la que Sergio Galleguillo, máximo referente del folklore provincial, había invitado públicamente a Javier Milei− generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada. El territorio riojano es el que ambicionan los libertarios con Martín Menem. Una concejal aliada de Patricia Bullrich calificó de “vergüenza” la foto con los peronistas locales.

Ya unos cinco días antes de la visita, desde la Gobernación riojana −enfrentada con Javier Milei desde antes que asumiera la presidencia− el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, confirmó que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.

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Buena parte de la oposición riojana interpretó que la visita de Villarruel fue utilizada por el peronismo local como cortafuego ante la posibilidad de que el Presidente decidiera venir a la fiesta chayera, repitiendo lo que hizo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La invitación de Galleguillo era la que abría la puerta. La Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales.

Luciana de León, aliada de Patricia Bullrich y concejal riojana.

Horas antes de la llegada de la Vicepresidenta, Quintela siguió criticando duramente la reforma laboral con media sanción del Senado y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.

La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”.

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El texto, publicado en las redes sociales de la concejal, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar las irregularidades que sufrimos todos los días”.

“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos y el acomodo pesa cada vez más”.

Cierra con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.

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El enfrentamiento de Quintela y Milei es histórico. Ya en los últimos tiempos el Presidente dejó de responderle al gobernador como sí lo hacía electo o apenas asumió, pero la tensión sigue.


visita,Gabriela Origlia,La Rioja,Ricardo Quintela,Martín Menem,Conforme a,La Rioja,,»Provincia montonera». Un cantante de folklore acusó a Victoria Villarruel de “negacionista” en su visita a La Rioja,,Tiene 22 años. Lo buscaban por un hackeo de $275 millones: lo atraparon en Palermo tras seguir el uso de la SUBE,,Temblor en Mendoza. Un sismo de 6,1 sacudió a Chile y varias provincias argentinas

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