Tras un debate de alto voltaje político en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados se anotaron un importante triunfo anoche al torcerle el brazo a la oposición y obtener el tercio de los votos necesarios para blindar el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que establece una suba en los ingresos jubilatorios.

El Gobierno acusó a la oposición de intentar quebrar el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la administración económica.

La sesión, de todas formas, comenzó con una derrota para el oficialismo. Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza (LLA), la oposición logró insistir con dos tercios en la ley de emergencia en el área de discapacidad que había vetado el Presidente.

Ahora esa pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara de Diputados.

El debate en el Congreso impactó en los mercados financieros, que cerraron apenas después del voto a favor de la ley de discapacidad. El dólar minorista frenó su baja y cerró a $1315, mientras que los bonos de la deuda pública emitidos en dólares cayeron hasta 2,6%.

El presidente Javier Milei salvó anoche, a último momento, el veto a la ley que disponía aumentos en los haberes jubilatorios, en una sesión caliente de la Cámara de Diputados en la que la oposición había conseguido, en la votación anterior, voltear el veto a la norma que declaró la emergencia en discapacidad.

La votación sobre el veto a la ley de jubilaciones finalizó con 160 diputados a favor de liquidar la medida presidencial, 83 en contra y 6 abstenciones. Pero como hacían falta dos tercios, faltaron dos voluntades para alcanzar lo exigido por la Constitución para insistir con una ley aprobada por el Congreso.

El oficialismo frenó así el impulso opositor, que más temprano había conseguido, con una mayoría aplastante de 172 votos, voltear el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados habían sumado, en ese caso, solo 73 votos a favor del instrumento presidencial. Esa votación fue celebrada en las inmediaciones del Congreso por familias, organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas al tratamiento de personas con discapacidad.

Pero el clima marcadamente opositor tuvo un freno cuando llegó la hora de votar el veto a las jubilaciones. La ley establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones. También disponía una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima, a $110.000 mensuales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra iba a elevarse a 0,78 punto del PBI.

La votación final se anticipaba por demás ajustada. A tal punto que, al final del debate, los diputados Rodrigo de Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) propusieron como alternativa la insistencia parcial de algunos de los artículos para lograr las adhesiones de los legisladores dudosos. Sin embargo, el resto de los bloques opositores rechazaron la moción.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó una advertencia hacia quienes estaban pensando cambiar su voto. Pero no tuvo efecto alguno: cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira y habían apoyado inicialmente a la oposición contra el veto a la ley de discapacidad se abstuvieron al final en la votación de las jubilaciones.

Los opositores se habían ilusionado con la posibilidad de un triunfo luego de que lograra habilitar, con dos tercios de los votos, el tratamiento del tema en el recinto. Esa mayoría la lograron por la deserción de cinco diputados oficialistas que pegaron el faltazo: Alberto Arancibia, Carlos D’Alessandro, Florencia Klipauka, Alida Ferreyra y Gerardo González.

Marcela Pagano, en tanto, votó contra el Gobierno. Tres de ellos –D’Alessandro, Pagano y González– anunciaron que romperán con el bloque oficialista para conformar, junto a Lourdes Arrieta, una bancada propia que se llamará “Coherencia”.

Pero el oficialismo se aseguró el apoyo de Ricardo López Murphy (Republicanos). “No lo voy a acompañar porque esta ley no resuelve el problema (de los jubilados), está mal diseñada”, enfatizó López Murphy en el recinto.

Por su parte, el diputado Miguel Pichetto cuestionó al Gobierno por su política de imponer decretos y vetos presidenciales. “¿Quién va a venir a invertir en un país con un gobierno que solo piensa en gobernar por medio del veto y del DNU y pierde en institucionalidad? Nadie”, advirtió el jefe del bloque de Encuentro Federal.

A su vez, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, consideró: “Primó la cordura y logramos defender el equilibrio fiscal. La mejor forma de ayudar a quienes más necesitan es manteniendo la baja de la inflación y la estabilidad económica”.

Más temprano, los 172 que votaron a favor de la emergencia en discapacidad se conformaron a partir de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo en el cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones, de las legisladoras de Pro María Eugenia Vidal y Gabriela Besana.

También Oscar Zago y Eduardo Falcone, ambos del MID, apoyaron la caída de veto, así como cinco diputados de Pro –Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Karina Bachey– y diez de la UCR: Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Martín Tetaz y Natalia Sarapura.

Se trata, en su mayoría, de dirigentes que –pese a que lo intentaron– no conciliaron un acuerdo electoral con los libertarios.

La decena de ausentes –que facilitaron a la oposición la obtención de los dos tercios– la integraron tres libertarios: Gerardo González (Formosa), Florencia Klipauka (Misiones) y Alberto Arancibia (San Juan), que no pudieron meter la cuchara en el armado de las listas en sus provincias. Se les sumaron Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas –ambas de Pro–, tres legisladores de UP, Atilio Benedetti (UCR) y Manuel Aguirre (Democracia).

La ley que quedó a salvo del veto fue sancionada en julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Una polémica estalló en el Congreso tras las declaraciones de la senadora Carmen Álvarez Rivero. La legisladora del Pro por Córdoba cuestionó el sistema de atención del Hospital Garrahan durante una reunión de comisiones que debatía la emergencia sanitaria pediátrica.

Durante su intervención en el Salón Illia del Senado, la legisladora cordobesa expuso su postura sobre la atención sanitaria en el país. En ese marco, realizó la afirmación que provocó el rechazo generalizado. Álvarez Rivero dijo textualmente: “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

La senadora fundamentó su posición en la idea de que la salud es una competencia provincial. Cuestionó la centralidad del Garrahan y la financiación federal. “La frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, expresó.

Advirtió también sobre el impacto económico que la atención de pacientes de otras jurisdicciones genera en su provincia. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, detalló.

Luego solicitó una compensación financiera. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, manifestó.

Las afirmaciones de Álvarez Rivero recibieron una respuesta inmediata de legisladores de diferentes bloques políticos. La primera en contestar fue la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente Nacional y Popular. “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”, replicó.

Guadalupe Tagliaferri, senadora del Pro por la Capital, también intervino. Recordó el marco legal vigente que protege el derecho a la salud. “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado”, sostuvo. Tagliaferri también citó la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que posee rango constitucional en la Argentina. Explicó que uno de sus principios es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud.

El senador Martín Lousteau, de la UCR, fue el más duro en su crítica. Calificó los dichos de su par como una expresión de una mentalidad injusta. “Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona. Me parece de un nivel de violencia inusitado”, opinó Lousteau.

Frente al repudio que generaron sus palabras, la senadora cordobesa intentó aclarar su postura. Afirmó que sus dichos fueron malinterpretados. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró.

Luego, reiteró su argumento principal sobre la distribución de recursos y la competencia provincial. “No podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”, completó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.