ECONOMIA
Buscan que Jetsmart y Flybondi gocen de un beneficio impositivo clave

Con la venia de La Libertad Avanza, que abrió la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para dar el debate, se habilitó el tratamiento de un proyecto de ley que busca favorecer a las empresas aéreas low cost con un beneficio sobre el IVA del que hoy solamente goza Aerolíneas Argentinas.
Se trata de una modificación a un artículo de la Ley de Presupuesto 2018, aprobada durante la gestión de Cambiemos, a fin de que todas las empresas del mercado aerocomercial puedan utilizar su saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado para pagar otros tributos.
El proyecto, motorizado por la mendocina radical Mariana Juri, se basa entre sus argumentos en contribuir a la competitividad dentro del sector, promover la ampliación de más destinos a nivel nacional y garantizar la igualdad ante la ley.
Durante la reunión informativa que se realizó en el Senado, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche, informó que próximamente convocarán a funcionarios del Poder Ejecutivo para que brinden su opinión, aunque Juri reveló que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se interesó en el proyecto y prometió estudiarlo.
Aerolíneas Argentinas y low cost: buscan desconcentrar la oferta para lograr vuelos más baratos
En la jornada realizada en el Salón Illia, Juri apuntó que en el país «tenemos más del 90% de los destinos y las salidas, tanto de los vuelos nacionales e internacionales, pero sobre todo los nacionales, que empiezan y terminan en Buenos Aires. Eso no es bueno».
La mendocina observó como algo no positivo «tener tan concentrada en la aerolínea de bandera la operación comercial». «Yo agradezco que exista Aerolíneas y la gestión de Fabián Lombardo, que hace un tiempo la está llevando con mucha eficiencia, abriendo rutas, haciéndola más rentable, pero necesitamos que más líneas aéreas vuelen, no alcanza solamente con Aerolíneas volando en un país como el nuestro», enfatizó.
Al destacar las medidas sobre el sector tomadas por el Gobierno nacional, la radical celebró que «en tan solo un año el segmento de las low cost pasó de representar un tercio del mercado de cabotaje a casi la mitad. Esto muestra una política activa en ese sentido y también el interés de las líneas aéreas de bajo costo de ampliar las rutas. Pero nos falta un montón».
En ese sentido, mencionó que en Catamarca, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja y Chaco hay «una sola aerolínea compitiendo» —la empresa estatal— y «las tarifas son sensiblemente más altas» con un 30% más de precio respecto de tickets hacia otras ciudades.
Jetsmart y Flybondi: el costo fiscal que prevén si se aplican beneficios sobre el IVA
De cara a lo que será el próximo encuentro, los senadores coincidieron en solicitarle a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe sobre el impacto fiscal que tal medida generaría. No obstante, desde la oposición hubo reparos a la intención de modificar la llamada «ley de leyes» cuando justamente hace dos años la gestión libertaria se maneja con la prórroga del Presupuesto 2023 y sin establecer un esquema de prioridades y planificación.
Al participar de la reunión informativa, Gonzalo Pérez Corral, Gerente General de JetSmart en Argentina, detalló que implementar esta modificación tendría un costo fiscal «de menos de 15 mil millones de pesos», lo que representa alrededor de «un 10% del total de los aportes al Estado» que las empresas hacen anualmente en materia de impuestos y tasas.
«El proyecto busca resolver la imposibilidad de utilizar el saldo de crédito fiscal de IVA que se genera día a día, y donde hoy solo un operador, gracias a una vieja ley, puede acceder para cancelar otras obligaciones fiscales, constituyendo lo que nosotros creemos una desigualdad y discriminación hacia el resto de las compañías», defendió.
Para Pérez Corral, esta medida «constituye una desventaja competitiva». «Necesitamos terminar con los privilegios para un solo operador y buscar la igualdad para poder competir, sumar inversiones y mayor competividad», insistió.
En ese sentido, el representante de JetSmart Argentina explicó que «los pasajes que uno compra como consumidor final tienen un IVA del 10,5%, cuando en realidad también el IVA crédito actual, que son las compras que realizan las aerolíneas aéreas, es del 21%. Hay ahí un desfasaje de este 10,5%, y esto quiere decir que si los costos son menos de la mitad de los ingresos, nunca se va a poder acceder a ese crédito».
Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hoy la industria de la aviación aporta aproximadamente 9.006 millones de dólares al PBI argentino, representando aproximadamente un 1,4%. A su vez, el sector sustenta 147.200 empleos, incluyendo 24.900 directos.
Asimismo, se indica que entre 2011 y 2023, el promedio de la tarifa aérea real disminuyó en un 12%, a partir de la inclusión de nuevos operadores, «lo que muestra que la nueva competencia en el mercado genera que las tarifas puedan reducirse», destacó Pérez Corral.
La oposición criticó el proyecto
«Mientras recortan a las universidades, ¿vamos a darles beneficios a empresas privadas?», plantearon desde UP
El expresidente de Aerolíneas Argentinas, el senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde se mostró a favor del proyecto y abogó porque «ayude a desterrar algunos prejuicios y preconceptos», ya que «la conectividad aérea en un país como el nuestro es indispensable».
«Alentar el desarrollo es fundamental, y nosotros eso lo acompañamos siempre. Este privilegio fue otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero plantearlo en términos de privilegio me parece un error», aclaró.
A continuación, el porteño resaltó que «la igualdad de condiciones es entre los iguales, en igualdad de circunstancias y no es el caso de Aerolíneas con el resto de las privadas, porque Aerolíneas también tiene desventajas».
Además, el legislador se planteó dar el beneficio «a cambio de qué» con un Gobierno que aplica «políticas económicas de recorte y ajuste a todo el mundo». «Mientras le recortamos a las universidades, ¿vamos a darles beneficios a las empresas aéreas privadas? Que además les va bien», expresó.
Finalmente, Recalde sostuvo: «Es una promesa en el aire (que se abran nuevas rutas), es probable que las mayores ganancias se repartan en dividendos, se lleven afuera, y no veamos nada más que una retracción en los ingresos del Estado. Me parece que podría ser, pero en este contexto lo veo difícil de realizar».
El proyecto de autoría de Mariana Juri fue acompañado por sus pares de la UCR, Mercedes Valenzuela, Pablo Blanco, Carolina Losada, Víctor Zimmermann, Daniel Kroneberger y Flavio Fama.
El texto, que cuenta tan solo con dos artículos, propone en el primero de ellos la modificación del artículo 90 de la Ley 27.431, de modo de establecer que «las sociedades comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466 y las sociedades y empresas que presten en la Argentina el servicio de transporte aerocomercial de pasajeros, podrán utilizar el saldo a favor acumulado y/o por generarse a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y sus modificaciones, para el pago de las obligaciones impositivas cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentran a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)».
A su vez, dicha Agencia «dictará la normativa correspondiente para su aplicación, debiendo garantizar el mismo régimen y las mismas condiciones para todas las empresas que presten el servicio de transporte aéreo de pasajeros», reza la iniciativa.
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ECONOMIA
Tras el fin de las retenciones cero: cuánta soja, maíz y trigo de la campaña 2024/25 queda por vender

Luego de la quita de derechos de exportación transitoria al campo, aún queda un gran volumen de productos agropecuarios por exportar. En números, la proyección supera los USD 4.900 millones. Mientras tanto, los productores piden que el beneficio se extienda, dado que muchos quedaron afuera.
El Gobierno dispuso retenciones en 0% para los principales granos y subproductos durante un período transitorio: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las ventas al exterior alcanzaran los USD 7.000 millones, según ocurriera primero. La meta de ventas se alcanzó en solo dos días hábiles.
El decreto incluyó productos de los complejos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, no solo en grano sino también sus derivados industriales, como harina y pellets de soja y girasol, aceites, biodiesel, harina de trigo y malta, entre otros.

El caso del complejo sojero resulta relevante porque es la primera vez desde marzo de 2002 que los subproductos de la soja, principal rubro exportador del país, quedan exentos de retenciones. Para cereales y el complejo girasol, ya existió un período sin derechos de exportación entre diciembre de 2015 y agosto de 2018.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) enfocó su análisis en los complejos de soja, trigo y maíz, responsables del 87% de las exportaciones totales de los complejos oleaginoso y cerealero, considerando los principales indicadores de la campaña vigente. También se registraron operaciones para la campaña 2025/26.
Partiendo de la estimación de exportaciones para la campaña 2024/25 de los principales productos de los tres complejos (trigo, maíz, soja y sus derivados), se tiene que el volumen total proyectado a despachar al exterior suma 93,4 millones de toneladas.
Pero de esa cifra 76,8 millones de toneladas ya se vendieron, y registraron su respectiva Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) al 25 de septiembre.

“Si se valúa la mercadería que resta vender al exterior de la campaña 2024/25 al precio FOB de exportación vigente el miércoles 24 de septiembre, se estima que el valor total del trigo, el maíz, y el poroto, la harina y el aceite de soja que resta vender al exterior para cumplir con la proyección exportadora estimada para la campaña alcanza a USD 4.933 millones”, señaló la BCR en su informe.
En detalle, los productos del complejo soja aportarían USD 3.150 millones, equivalentes al 65% del total, seguidos por el maíz, con ventas externas pendientes por USD 1.790 millones, lo que representa el 26%. En el caso del trigo, las ventas declaradas ya cubren el volumen estimado para exportar en el ciclo en curso.
Respecto de la comercialización interna, la producción total de trigo, maíz y soja en la campaña 2024/25 fue de 119,6 millones de toneladas, de las cuales cerca de 12 millones se destinan al consumo interno.
De este modo, el volumen potencial de ventas internas registrado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) suma 107,6 millones de toneladas.
“Del total estimado a absorber en la campaña 2024/25, al 25 de septiembre ya se comercializaron 83,7 Mt, de las cuales 75,1 millones de toneladas ya tienen precio en firme. Si al volumen de granos que resta comprar a la industria y a la exportación le sumamos el volumen de mercadería comprada que a la fecha no se le ha puesto un precio en firme, promediando septiembre el stock de trigo, soja y maíz que o bien no había sido vendido o bien aún permanecía con precio pendiente de fijación ascendía a 35,1 millones de toneladas”, precisó la BCR.
El valor de este stock, calculado según el precio de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario del 25 de septiembre, asciende en teoría a USD 8.927 millones.

El hecho que las retenciones 0 hayan estado vigentes por solo 72 horas, ya que grandes cerealeras exportaron abultados volúmenes que permitieron llegar rápidamente al tope de USD 7.000 millones, suscitó críticas entre los jugadores más pequeños.
El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo: “Muchos productores quedaron afuera. Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor”. “Realmente el ánimo nos duró poquito”, expresó.
Desde Coninagro manifestaron: “Si bien la iniciativa fue recibida con expectativas, en la práctica dejó en el productor una sensación amarga”.
“Celebramos el camino iniciado por el gobierno en la eliminación gradual y permanente de la alícuota, y en la convicción de que se plantee la necesidad de revisar este tributo distorsivo. Valoramos el gesto de avanzar en esa dirección. Sin embargo, entendemos que la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume”, explicaron.
“Por el contrario, los indicios apuntan a que fue una ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos. Creemos que la eliminación de retenciones debe transformarse en una política de Estado permanente, que brinde previsibilidad y horizonte a quienes generan la producción primaria”, añadieron.
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ECONOMIA
Cuáles son las 3 opciones que tiene el gobierno en el frente cambiario hasta las elecciones, según un informe privado

Los anuncios del apoyo financiero de EEUU y la fugaz quita de retenciones que generó un ingreso de USD 7.000 millones dieron un respiro a las presiones cambiarias vistas durante la semana previa. Sin embargo, de cara a los comiciones de octubre, se espera una mayor demanda y menos oferta de dólares. El equipo económico tendría 3 opciones para administrar el escenario.
El alivio de los últimos días permitió que el Tesoro acumulara más de USD 1.700 millones en cuatro jornadas, impulsado por la suspensión temporal de retenciones al sector agropecuario. De este modo, el Banco Central habría recuperado los USD 1.100 millones que vendió en días anteriores para estabilizar el tipo de cambio, destacó GMA Capital.
La posibilidad de poder sostener ese nivel de compra de divisas en las próximas semanas está en duda. Desde LCG señalaron que hasta las elecciones habrá escasez de dólares, “dado que desde el próximo lunes/martes se pinchará la oferta y probablemente se incremente la demanda”.

Este último punto dependerá en gran medida del nivel de tipo de cambio y de las tasas en pesos, además del nivel de incertidumbre.
“Creemos que un dólar por debajo de $1.400 estimulará la demanda, porque estará la percepción de que está barato, en tanto seguirá lejos de un nivel que ya tocó: el del techo de la banda. Si a eso sumamos la clásica cobertura pre-electoral, no hay dudas que habrá presión alcista”, consideró la consultora.
A su vez, destacó en su análisis que “hubo un tirón de orejas por la estrategia cambiaria anterior”, considerando que exfuncionarios del FMI, como Alejandro Werner y Gita Gopinath, “que suelen ser fuentes confiables de qué piensa realmente el organismo”, sugirieron un régimen cambiario más flexible que permita acumular de reservas.
Así, según LCG, se abren para el gobierno tres opciones hasta las elecciones:
1) Defender una paridad por debajo de $ 1.400 hasta las elecciones, eventualmente usando reservas para esa defensa, con el posible objeto de mostrar que está todo controlado;
2) Llevar deliberadamente lo antes posible el dólar cerca del techo de la banda para intentar una defensa en ese nivel, con tasas, futuros y reservas;
3) Dejar que el mercado ponga el nivel sin intervención alguna, salvo cuando toque el techo de la banda.
“La primera sería una muy mala señal. La segunda parece ser la mejor opción porque muestra una estrategia planificada. Tal vez, el BCRA quiera dejar correr los días con un dólar más bajo hasta el cierre de septiembre, para mejorar la rentabilidad de su posición vendida en futuros, pero ya comenzado octubre debería apuntar a eso”, sostuvo el informe.

“La tercera es muy parecida a la segunda si uno prevé que la demanda de dólares aumentará y la oferta dará un paso atrás, pero la dinámica será sin compras de dólares por parte del BCRA o el Tesoro”, añadió.
Tampoco se descarta una cuarta opción, que es la de romper el régimen de bandas, pero eso “lo vemos más factible para después de las elecciones, con el timing adecuado en función del resultado electoral. Ciertamente, es nuestro régimen ideal para este contexto, con intervenciones ‘sucias0 para acotar la volatilidad. Eliminar las bandas con semejante soporte del Tesoro de EEUU no sería un salto al vacío ni mucho menos”, indicó LCG.
“Si durante octubre la estabilidad cambiaria se interrumpe o el ajuste del tipo de cambio ocurre en forma abrupta con una alta demanda de cobertura, podría activarse el respaldo prometido por Estados Unidos a través de alguna de las alternativas discutidas. De no presentarse este escenario, ese apoyo quedaría pendiente hasta después de las elecciones”, añadió.

Al respecto, como informó Infobae, la Secretaría del Tesoro de EEUU analiza la posibilidad de transferir 5.000 millones de dólares al Banco Central, como primer tramo del swap acordado por un total de 20.000 millones de dólares. Pero aún no se definió si este desembolso se realizará antes de las elecciones del 26 de octubre. En paralelo, el Gobierno sondea a un banco clave de Wall Street como asesor financiero.
De momento, la medida más reciente para evitar presiones en el mercado de cambios fue la vuelta de la restricción cruzada que impone un plazo de 90 días en los que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Según fuentes oficiales, la decisión responde a evitar distorsiones. Particularmente se intenta desactivar el “rulo”, que permitía ganarse la brecha con los dólares financieros.
“Así, el Tesoro tendría menos competencia para comprar los dólares liquidados”, aseguró GMA.
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ECONOMIA
Ratificaron en su cargo a los miembros del directorio del BCRA y nombraron a un alto titular del BICE

Mediante la publicación del Decreto 691/2025 en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso la continuidad de la conducción del Banco Central de la República Argentina mediante la designación en comisión de cuatro directores clave.
Se estableció que Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento seguirán al frente de la entidad monetaria hasta el 23 de septiembre de 2031, a la espera del acuerdo definitivo del Senado de la Nación.
La medida responde a la caducidad de los mandatos previos de estos funcionarios, que habían sido designados en comisión a principios de 2024 por los decretos 69 y 114.
El vencimiento de esos nombramientos se produjo el 23 de septiembre de 2025, lo que obligó al Ejecutivo a renovar las designaciones para evitar vacancias en la conducción del Banco Central.

El decreto detalla que Pedro Juan Inchauspe, licenciado en Administración de Empresas, fue designado como director en comisión por un período de ley que finalizará el 23 de septiembre de 2031. Lo mismo se estableció para Nicolás Marcelo Ferro, licenciado en Economía; Sebastián Sánchez Sarmiento, también licenciado en Administración de Empresas; y la abogada Silvina Rivarola.
El decreto subraya que el Poder Ejecutivo Nacional solicitará el correspondiente Acuerdo al Honorable Senado de la Nación para formalizar las designaciones. Mientras tanto, los directores ejercerán sus funciones en comisión, una figura prevista para garantizar la continuidad institucional del Banco Central durante el proceso de aprobación legislativa.
La decisión se inscribe en un contexto de alta sensibilidad política y económica, donde la estabilidad de la conducción del Banco Central resulta estratégica para la gestión de la política monetaria y la confianza de los mercados.
Por otro lado, el Gobierno oficializó la designación de Evert Ignacio Van Tooren como Director Titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE), según lo establece el Decreto 688/2025 firmado por el Milei y Caputo.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, otorga a Van Tooren el cargo con carácter “ad honorem” a partir del 9 de septiembre de 2025, y su mandato se extenderá durante los ejercicios sociales 2025 y 2026.
Evert Van Tooren es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2024, se desempeña como Vicepresidente del Directorio de BICE Fideicomisos.
Cuenta con una amplia experiencia en el sector privado, donde ocupó diversos cargos directivos en Control Internacional S.A. Se especializa en gestión comercial y operaciones de comercio exterior.
Además, fue Director de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE); Subsecretario de la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat y Administrador General del Instituto de la Vivienda, ambos de la provincia de Buenos Aires.
El BICE es una entidad financiera de capital estatal que cumple un rol estratégico en el financiamiento de proyectos de inversión y exportación, especialmente para pequeñas y medianas empresas. La designación de un director titular en este organismo suele tener impacto en la orientación de las políticas crediticias y de apoyo al sector productivo, en un contexto donde el acceso al financiamiento resulta clave para la reactivación económica.

Hace dos meses, el BICE sufrió una fuerte salida, cuando Juan Manuel Troncoso, expresidente del banco, presentó su renuncia al poco tiempo de haber sido designado por Milei.
Troncoso, cuya carrera profesional incluye una vasta experiencia en el sector financiero, tanto en Argentina como en el extranjero, había asumido la presidencia del BICE con el objetivo declarado de sanear las cuentas de la institución y optimizar su funcionamiento. Sin embargo, la política gubernamental de sueldos congelados para los directivos de entidades estatales generó fricciones significativas que culminaron con su abrupta salida en mayo.
En julio, nombraron a Maximiliano Francisco Voss como su reemplazo en carácter “ad honorem”.
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