Un repaso detallado sobre los nombres suplentes que acompañan a Adorni expone que muchos de ellos viven de la teta del estado hace años o construyeron su carrera a la sombra de la política tradicional. Los postulantes vinculados al sector privado son casi una excepción y la mayor parte de ellos son, apenas, meros empleados. El caso de la empresa offshore radicada en un exclusivo barrio de Florida.

El repaso uno por uno

El primer candidato suplente porteño es Tomás José Kohen, uno de los pocos trabajadores autónomos de la lista, dueño de un comercio de indumentaria llamado Casa Rubén. Luego le sigue María Cecilia Bertoni, la protesorera de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires a la que este medio no logró encontrarle relación laboral activa.

José Alberto Arena, tercer candidato suplente de Adorni, engrosa la nómina de trabajadores estatales: desde enero de 2022, trabaja en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cuarta candidata, Verónica Elizabeth Genovese, también trabaja en la Legislatura Porteña desde diciembre de 2023. Anteriormente, fue personal auxiliar en la municipalidad de Lanús, con un salario inicial de apenas 5 mil pesos. Su principal antecedente laboral fue ser cajera en Garbarino durante cinco años.

Tobías Julián Márquez Villanúa es el quinto postulante: en sus redes se presenta como comerciante, abogado de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de Economía y referente de la Comuna 10 de La Libertad Avanza. Elena Gabriela Zanitti, la siguiente en la nómina, es otro caso de contratación estatal: igual que varios de sus compañeros, desde enero de 2024, trabaja en la Legislatura de la Ciudad.

Karina Milei junto a Paola Andrea Álvarez Acuña, exempleada del supermercado Día.

Uno de los pocos postulantes abocado a la actividad privada es el joven Dante Bruno Lamberti, quien según su cuenta en LinkedIn Corporation trabaja como freelancer en QSocialNow. A él le sigue Paola Andrea Álvarez Acuña, una exempleada del supermercado Día (2018-2021) que desde octubre de 2024 figura en la Legislatura Porteña cobrando un sueldo de aproximadamente 1.250.000 pesos mensuales.

El noveno aspirante es Fernando Juan Lunghi, quien no es nada nuevo en la política. Ya en 2015 fue candidato del Pro en la Comuna 14. Trabaja en la Legislatura de la Ciudad desde diciembre de 2023, percibiendo un sueldo de 2.500.000 pesos. Previamente, se desempeñó en la subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

La décima y la offshore

El caso más polémico lo protagoniza la quinta candidata, Moira Patricia Coupe, quien integra los equipos técnicos de Patricia Bullrich desde 2020. La postulante trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace más de una década y percibe otro ingreso del estado como docente de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE). Pero eso no es todo.

Según registros oficiales del Estado de Florida, Moira Coupe posee una empresa offshore desde 2013 denominada Carol Company LLC en Miami, junto a Marcelo Julián Hernández, otrora compañero de trabajo en el Consejo de la Magistratura y actual funcionario del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger.

La empresa, registrada en el exclusivo 4000 de Hollywood Boulevard (Suite 140-N), fue disuelta administrativamente en 2020 por incumplimiento de las obligaciones anuales.

Tres semanas después de creada la comisión de la Cámara de Diputados que debería investigar el “caso $LIBRA”, la iniciativa todavía sigue en el aire. Cuenta ya con 28 integrantes, pero resta designar a las autoridades y, en particular, definir quién la presidirá. Y quien más suena para asumir ese rol por La Libertad Avanza (LLA) es una legisladora que afrontó una causa penal por “estafa y otras defraudaciones”, proceso que logró cerrar en la Justicia neuquina con una “probation”.

El hallazgo trascendió en momentos en que la Casa Rosada afronta esta semana un doble desafío vinculado a la presunta estafa con un memecoin que promocionó el presidente Javier Milei. Hoy, los diputados interpelarán al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y mañana la comisión investigadora intentará definir su plan de trabajo. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no asistirá a pesar de haber sido también convocado, según informó Francos.

En ese sentido, la eventual titular de la comisión ya quedó en la mira. Se trata de la diputada nacional Nadia Judith Márquez (LLA), que afrontó una causa penal por emitir títulos truchos en dos instituciones terciarias de la provincia de Neuquén, entre 1999 y 2004: cursos de periodismo en el Instituto Cristiano Internacional y en una supuesta universidad que carecía de las acreditaciones oficiales requeridas.

La investigación judicial se inició cuando algunos de los estudiantes afectados detectaron la invalidez de sus títulos y acudieron a los tribunales, donde la pesquisa quedó en manos del juez Alfredo Elosú Larumbe y del fiscal Horacio Maitini. Debido a las pruebas acumuladas durante la instrucción, Márquez y otros acusados debieron declarar, pero luego fueron sobreseídos, aunque el Tribunal Superior de Justicia revocó ese fallo en 2011.

Ya en 2013, la otrora concejal por el sobichismo, luego legisladora provincial y actual diputada nacional debió afrontar un juicio oral, pero accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Con esa “probation” alejó el riesgo de una condena penal, para lo cual debió cumplir con una serie de condiciones y obligaciones –como la entrega mensual de litros de leche a ASER, una organización no gubernamental que lucha contra las adicciones-, compromiso que se extendió hasta 2016.

Con la “probation”, Márquez evitó una condena penal en los tribunales neuquinos, aunque la Ley de Ficha Limpia que aprobó la Legislatura provincial durante las últimas semanas la dejaría fuera de la vida política en el futuro. ¿Por qué? Porque modificó el Código Electoral y estableció que no podrán ser candidatos o candidatas “las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal”.

Interpelación

Mientras se define si Márquez asume al frente de la comisión investigadora del “caso $LIBRA”, el pleno del recinto mantendrá un ida y vuelta con Francos, en tanto que se especula con que faltarán los otros citados: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

Según se acordó ayer, Francos dispondrá de hasta 90 minutos para exponer, los cinco bloques que impulsaron la interpelación contarán con un tiempo similar y por último se habilitarán un ida y vuelta abierta a todos los espacios, en una sesión que se estima que durará más de 10 horas.

Durante la sesión, además, uno o más bloques parlamentarios podrían presentar una moción para reducir de 28 a 24 el número de integrantes de la comisión investigadora, en un intento por anular la resolución que firmó el presidente de la Cámara, Martín Menem, y forzar así un desequilibrio dentro de la comisión entre los bloques oficialistas y opositores, entre los que impera una palpable desconfianza recíproca.