POLITICA
KAFD y Visión 2030: Arabia Saudita rediseña el futuro con sostenibilidad, capital e innovación

El King Abdullah Financial District (KAFD) de Riad encarna la Visión 2030: sostenibilidad, atracción de capital y liderazgo modernizador bajo S.A.R. Mohammed bin Salmán.
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Este medio tuvo la oportunidad de visitar el King Abdullah Financial District (KAFD) en febrero del presente año, y lo que encontró no fue solo un ambicioso complejo arquitectónico, sino un símbolo palpable de transformación económica. Lo que más impacta al llegar no es únicamente la magnitud del desarrollo, sino la armonía entre una visión futurista y la funcionalidad urbana, que resalta el liderazgo moderno de S.A.R. el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Ubicado en el norte de Riad, este megaproyecto se alza como la piedra angular de la estrategia de diversificación saudí. Con más de 1,6 millones de metros cuadrados y 95 edificios —61 de ellos rascacielos—, el KAFD es el mayor complejo urbano del mundo con certificación LEED Platino. Este distintivo ambiental refleja un enfoque claro hacia la sostenibilidad, presente en fachadas de bajo consumo energético, materiales inteligentes, vegetación adaptada al clima árido y un sistema de gestión de residuos altamente tecnificado. Todo esto en una región desértica, donde el urbanismo resiliente y ecoeficiente representa una verdadera revolución.
Visión 2030 y liderazgo de Mohammed bin Salman
La Visión 2030 es la hoja de ruta estratégica impulsada por S.A.R. el príncipe heredero, que busca transformar a Arabia Saudita en una economía diversificada, moderna y competitiva. Este ambicioso plan pretende reducir la dependencia del petróleo y desarrollar sectores como el turismo, el entretenimiento, la tecnología, las energías renovables y los servicios financieros. También se propone fomentar el empleo, ampliar el rol del sector privado y posicionar al país como un hub global.
Riad, capital de Arabia Saudita.
En ese contexto, el KAFD desempeña un papel protagónico como vitrina y motor de esa transformación. Al atraer capital extranjero, sedes regionales de multinacionales y profesionales altamente calificados, el distrito se convierte en una plataforma concreta para ejecutar los principios de la Visión 2030. Más allá de su arquitectura, el KAFD encarna un modelo urbano donde convergen innovación, sostenibilidad y apertura global.
A diferencia de otros centros financieros de la región, el KAFD combina ventajas clave: escala y conectividad, sostenibilidad certificada y amplio potencial de expansión. Con 5,5 kilómetros de pasarelas peatonales climatizadas y un monorraíl interno, conecta oficinas, residencias y comercios en un ecosistema urbano integrado. Su triple certificación LEED Platino —incluido el primer cuartel de bomberos LEED v4 del mundo— refuerza el compromiso ambiental del reino. Y con solo un 40 por ciento del área total actualmente desarrollada, el distrito proyecta sumar 1.000 apartamentos y nueve nuevos desarrollos en el corto plazo.
Multinacionales, incentivos y expansión corporativa
El KAFD representa una plataforma ideal para la banca, la gestión de activos y los servicios profesionales, gracias a su infraestructura avanzada y a un entorno regulatorio en proceso de armonización. El programa Regional Headquarters (RHQ), vigente desde enero de 2024, obliga a las multinacionales a establecer su sede regional en el reino para acceder a contratos públicos. La respuesta ha sido contundente: más de 120 empresas trasladaron su sede a Riad en el primer trimestre de 2024, un aumento del 447 por ciento interanual. Citigroup, Goldman Sachs, PepsiCo, Boeing, PwC y Unilever figuran entre ellas, atraídas por exenciones fiscales y acceso a licitaciones estratégicas.

Estación de Metro de Riad.
Estas compañías actúan como anclas de un ecosistema que incluye a Tadawul (la bolsa saudí), SNB Capital, SABIC y Saudi Aramco, cuyos departamentos de trading podrían ampliar su presencia en el distrito. La acumulación de actores estratégicos consolida al KAFD como centro de gravedad económico regional.
Una estrategia nacional de alto impacto
Uno de los objetivos centrales es convertir a Riad en una de las diez mayores economías urbanas del mundo y duplicar su población a 20 millones antes de 2030. Para lograrlo, el Public Investment Fund (PIF), accionista mayoritario del KAFD, impulsa infraestructuras clave, ofrece beneficios fiscales de largo plazo y promueve zonas económicas especiales dentro del distrito. Esta estrategia ha elevado la inversión extranjera directa no petrolera, que desde 2016 ha superado los 67 mil millones de dólares, y ha llevado al sistema bancario saudí a superar los 935 mil millones en activos. Además, ha elevado los estándares regulatorios, alineándolos con modelos de referencia como Dubái o Singapur.
Un modelo replicable para América Latina
La experiencia saudí ofrece lecciones replicables en América Latina. La coordinación público-privada, respaldada por infraestructura de alto nivel y una narrativa nacional coherente, genera confianza y atrae inversión. La concentración de bancos, fintechs, firmas legales y auditoras en un mismo distrito fomenta sinergias y reduce costos. Además, vincular incentivos tributarios con la generación de empleo local y la radicación efectiva de sedes puede frenar la fuga de valor económico. Finalmente, convertir un distrito en símbolo de modernidad, respaldado por certificaciones verdes, mejora la reputación internacional y fortalece la calificación soberana.

KAFD, el centro financiero de Arabia Saudita.
Ciudades como Monterrey, Medellín, Lima o Córdoba tienen el potencial de adaptar este modelo para canalizar inversiones vinculadas al near-shoring, la tecnología y la economía del conocimiento, siempre que garanticen seguridad jurídica y marcos regulatorios competitivos.
Sostenibilidad y ciudad inteligente
La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del KAFD. El uso de pavimentos reflectantes, sensores inteligentes de agua, transporte eléctrico y planificación urbana consciente contribuye a reducir la isla de calor y mejorar la resiliencia climática. El distrito es la primera “ciudad vertical” de Oriente Medio diseñada bajo el concepto de “10-minute city”, donde el 80 por ciento de las necesidades cotidianas se satisfacen caminando o en bicicleta.
En una región como América Latina, donde más del 80 por ciento de la población habita en zonas urbanas, adoptar principios de densidad vertical, movilidad eléctrica y certificación LEED podría ser determinante para elevar la competitividad y reducir el impacto ambiental.

El KAFD, la primera “ciudad vertical” de Oriente Medio
El Distrito Financiero de Riad no es simplemente un conjunto de edificios; es una declaración de intenciones de una nación en transformación. Bajo la dirección de S.A.R. Mohammed bin Salmán, el KAFD se ha consolidado como un polo de innovación regulatoria, atracción de talento global y modelo de sostenibilidad. Representa una nueva narrativa para el mundo árabe, en la que arquitectura, tecnología y gobernanza se combinan para plasmar una visión de desarrollo que trasciende el petróleo y se ancla en el conocimiento, la eficiencia y la modernidad.
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POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo

En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
POLITICA
Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado

El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
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Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo
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