POLITICA
Contactos secretos de la CGT con la nueva UIA y alianza con las pymes para presionar al Gobierno

La CGT quedó en una encerrona después del tercer paro general. Ahora predominante en la cúpula cegetista, el ala dura no tiene una estrategia para salir de la confrontación permanente y sentarse a negociar con el Gobierno. Y el sector dialoguista quedó en minoría, condicionado por una actitud ultraopositora de sus pares que les termina dando motivos a los libertarios que quieren avanzar contra el poder sindical.
Hoy, las posibilidades de que Gobierno y CGT abran una instancia de diálogo son demasiado difusas. Para la Casa Rosada, tener en la vereda de enfrente a dirigentes sindicales enceguecidos con las protestas es una herramienta que puede aportarle votos en estas elecciones tan decisivas. ¿Por qué convocarlos a negociar, entonces?
Ante esa percepción, la dirigencia gremial empezó a buscar caminos aunque sea indirectos para llegar a forzar una negociación con la administración de Javier Milei. Uno de esos senderos tiene que ver con los empresarios. A falta de diálogo tripartito, en la CGT intentan explorar la vía del diálogo bipartito en busca de consensos y, a la vez, de mayor fuerza para presionar al oficialismo.

Los moderados de la CGT mantienen una fluida relación con la Unión Industrial Argentina (UIA) que preside Daniel Funes de Rioja y el resto del Grupo de los Seis, aunque en las últimas semanas se registró un mayor acercamiento entre Gerardo Martínez (UOCRA), el principal exponente dialoguista de la central obrera, y Martín Rappallini, actual titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi, que el martes próximo asumirá al frente de la UIA.
Es una señal de esta época compleja en donde tanto en el empresariado como en el sindicalismo se acumulan quejas contra los efectos perjudiciales del trazado económico libertario en algunas áreas productivas de la Argentina.
Muchos imaginan que la nueva conducción de la UIA tendrá una impronta más dura ante el Gobierno: como lo anticipó la propia central fabril, en su próximo Comité Ejecutivo tendrán mayor presencia múltiples sectores de la industria como el alimenticio, metalmecánica, textil, química, medicamentos y automotriz, entre otros, además de la incorporación de la industria del software y la minería, y una fuerte representación de los sectores de la pequeña y mediana industria.

Y ese posible viraje de la UIA en su relación con la Casa Rosada es el que acerca a los industriales a la CGT, al menos a su ala dialoguista. En las charlas reservadas de empresarios y sindicalistas se maneja la idea de procurar acuerdos bilaterales sobre la modernización de las leyes laborales. “Sin perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores”, aclaran en las filas cegetistas para diferenciar lo que planean en los proyectos laborales del Gobierno, la UCR y el PRO.
¿Se trata de consensuar cambios entre empresarios y sindicalistas antes de esperar que la Casa Rosada los imponga, como ya es su marca registrada? En la CGT, donde sospechan que la nueva UIA abandonará algunas de las ideas más ortodoxas que enarbolaba, se podrán elaborar a dúo cambios en la legislación laboral, pero sin propuestas que debiliten al poder sindical como la eliminación de la cuota solidaria o la derogación de la reelección indefinida en los gremios.
Después de todo, la UIA ya había anticipado el año pasado una postura favorable al modelo sindical actual que tranquilizó a su dirigencia. Cuando se discutió el proyecto de Democracia Sindical en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, el representante de la central fabril explicitó su oposición a que se cambie la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, como propone el proyecto de la UCR y del PRO: “Algunos proyectos vemos que tratan de aspectos de la vida institucional de las entidades gremiales y en ese sentido sostenemos que somos respetuosos de la libertad y autonomía sindical».

En ese sentido, el miembro de la UIA resaltó: “El sector empresario no puede involucrarse en los aspectos institucionales de dichas entidades, así como tampoco las entidades gremiales tienen que involucrarse en la representación de los empleadores».
Por eso crece la idea de algunos sindicalistas de abrazarse al empresariado para presionar a Milei y lograr que se adopten medidas económicas, sociales y laborales consultando previamente a la UIA y a la CGT. Todos saben que el estilo presidencial no contempla esa alternativa, aunque suponen que si se muestran con propuestas consensuadas será difícil para el Gobierno eludir el debate y seguir desoyendo a dos sectores clave.
Este miércoles, como anticipó Infobae, se gestó una sugestiva señal tripartita en favor del diálogo social por parte del secretario de Trabajo Julio Cordero; Daniel Funes de Rioja y Gerardo Martínez durante un seminario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se trataron de “amigos”, intercambiaron elogios y ponderaron el mismo estilo dialoguista que practicaron en sus largas décadas de convivencia en las conferencias de las OIT en Ginebra, Suiza. Pero está claro que Cordero y Martínez están hoy en minoría dentro del Gobierno y la CGT.

En la CGT, para colmo, se enteraron de que el Gobierno está elaborando otra reforma laboral, de la que no tienen detalles, pero que avanzaría sin procurar el acuerdo con empresarios ni mucho menos con los sindicalistas, sectores que Milei sigue equiparando con “la casta” que frena los cambios y no lo deja gobernar.
Por algo un moderado como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo apenas se hizo la huelga general del 10 de abril: “La CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas en este tema (laboral) y cuando en el Congreso tengamos el número suficiente, vamos a volver a plantear aquellas reformas que planteamos en el DNU 70 y que con una medida cautelar se paralizaron”.
Es justamente lo que temían los dirigentes dialoguistas como Gerardo Martínez, que no estuvieron de acuerdo con otro paro general por dos motivos: creen que cualquier protesta debe formar parte de una estrategia más global de la CGT para que tenga eficacia y están seguros de que el Gobierno tomará represalias contra el sindicalismo a través de leyes “hostiles” y de medidas duras como las auditorías e intervenciones de obras sociales, por ejemplo.

Mientras Rappallini y Martínez asfaltan el camino para una inminente reunión UIA-CGT luego del martes próximo, el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad), un dialoguista que se convirtió en combativo, ideó con su hermano Rodolfo Daer (Alimentación), secretario de Industria de la CGT, una reunión con representantes de las pymes.
Del encuentro, que se hizo este jueves en la sede de Azopardo 802, participaron representantes del sector de pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, textiles, plásticas y del calzado, entre otros, que son las más afectadas por las medidas económicas del Gobierno. Los empresarios relataron a los sindicalistas sus problemas para fabricar y vender sus productos y todos coincidieron en una consigna: “Sin industria no hay nación”.

Por las pymes participaron miembros de ADIMRA, la CGE, Cooperala, la Cámara del Calzado, la Cámara del Cuero, FIPPBA y APYMEP, mientras que por la CGT estuvieron, además de los hermanos Daer, los otros miembros del triunvirato, Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Abel Furlán (UOM), Hugo Benítez (textiles), Agustín Amicone (calzado), Cristian Jerónimo (vidrio), José Pasotti (caucho) y Roberto Villalba (madera), entre otros.
Finalmente se pasó a un cuarto intermedio para la primera quincena de mayo, pero quedaron en intercambiar borradores con la idea de elaborar un documento conjunto con reclamos a Milei. Aun sin tanta adhesión, incluso, uno de los sindicalistas sueña con una marcha callejera de pymes y dirigentes gremiales, como hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, para protestar contra una economía que, aseguran, “daña tanto a las pequeñas empresas como a los trabajadores”.
¿Se perfila una alianza empresarial-sindical para presionar a Milei? En otro signo que confirma su espíritu de división permanente, curiosamente, en la CGT hay quienes buscan a los grandes industriales y otros que se acercan a las pymes. Por ahora, cada uno hace su juego.
POLITICA
Patricia Bullrich: “La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”

“La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”. La advertencia de Patricia Bullrich coloca en primer plano la tensión por eventuales impugnaciones legales a la reforma laboral que avanza hacia una definición clave en el Senado argentino, donde está previsto que se decida sobre los cambios impulsados por la Cámara de Diputados.
El proceso ha sido calificado como “una construcción muy democrática de esta ley” y, según la senadora, el objetivo es que “la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita […] a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr […] conciliación, convivencia y buenas prácticas”.
De acuerdo con Bullrich, el cronograma parlamentario establece que la reforma será votada el viernes: “El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante”.
En cuanto a las expectativas de cumplir todos los plazos antes del 1 de marzo, día del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa por la apertura del período de sesiones ordinarias, la legisladora sostuvo una visión optimista: “Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido, de grupos […] reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que la, el país se reforme y aportar, porque ha tenido […] aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales”.
Bullrich habló antes de ingresar al Senado para participar de la reunión del plenario de Trabajo y Presupuesto, donde se deberá formalizar la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral votada ayer en la Cámara de Diputados.
El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.
El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.
También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.
Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.
La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.
El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.
En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.
POLITICA
Roberto Baradel se sumó al paro docente contra el Gobierno de Axel Kicillof

Este 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, aunque este podría posponerse un día debido a la huelga que preparan los sindicatos docentes a nivel provincial contra el Gobierno de Axel Kicillof.
A esta medida de fuerzo se sumó el gremio docente más grande, que es el Suteba, dirigido por el polémico Roberto Baradel. Lo que le da al paro una magnitud imprevista frente al Gobierno bonaerense.
Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense -FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba – confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impacta sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia.
El Gobierno de Axel Kicillof financió al Grupo Indalo con más de $7 mil millones en 2025
El conflicto se activo luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión, inicialmente de la FEB, terminó arrastrando al resto de las organizaciones.
Suteba es el más grande de estos sindicatos, y su decisión de sumarse al paro supone un quiebre en la alianza de este gremio y el Gobierno de Kicillof.
Además de criticar al Gobierno Nacional por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), se da frente a lo que los gremios consideran como ofertas salariales insuficientes por parte del Ejecutivo bonaerense. La propuesta oficial contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a 760 mil pesos y superaba los 1,5 millones de pesos para los de jornada completa.
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POLITICA
El Gobierno busca aplacar las internas por la reforma laboral con la sanción de la ley en el Senado

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.
Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.
Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.
En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.
Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.
Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”
Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.
Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.
“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.
En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.
Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.
“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.
Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.
En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.
De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.
Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
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