En la interna libertaria, el purismo gana terreno como estrategia de campaña. Se impone por encima de cualquier tentación acuerdista, con la firma de Karina Milei, la secretaria General de la presidencia, que ordena el tablero desde las sombras y teje con los Menem: Eduardo “Lule” como operador político, y Martín en Diputados. Pero la apuesta identitaria tiene su costo. La decisión de cerrarse sobre el núcleo duro choca con la necesidad del Gobierno de no perder a sus amigos en el Congreso, quienes le reclaman compromisos rotos y promesas sin cumplir.

Las advertencias no tardaron en llegar. El Gobierno enfrentará esta semana una doble amenaza: el martes, la interpelación a cuatro ministros por el caso $LIBRA; al día siguiente, la comisión investigadora sobre el escándalo cripto definirá su plan de trabajo, pensada para mantener esa espina clavada durante toda la campaña electoral.

En la Casa Rosada confían en que sus aliados evitarán que la comisión avance y ayudarán a diluir el interrogatorio. Pero el malestar ya brotó. Crece el hartazgo frente a un Gobierno que pide, pero no paga. “No pueden llamarnos cinco minutos antes de una sesión para pedirnos cosas”, lanzó uno de los “87 héroes” que blindaron los vetos a la reforma previsional y al presupuesto universitario. Fue uno de los planteos que los radicales “peluca” le transmitieron a Patricia Bullrich hace quince días.

En Misiones, al diputado Martín Arjol le cerraron las puertas, pese a un acuerdo previo con Lule Menem. Allí, los libertarios jugarán su propio juego, en sintonía con el oficialismo local de Carlos Rovira. Sus compañeros de la flamante “Liga del Interior” -escindidos del bloque de Rodrigo de Loredo– prevén un trato similar. Comparten la agenda libertaria y quieren ser competitivos en sus territorios bajo esa bandera, pero el destrato de los operadores políticos del Gobierno terminó de agotarles la paciencia.

Le advirtieron a Bullrich que su agenda no pasa por cuidar a la hermana presidencial, sino por el equilibrio fiscal, la baja del gasto y la reducción de impuestos. La ministra los escuchó en silencio.

Bullrich tampoco salió indemne del avance de Karina Milei. En la pelea porteña, apostó por ubicar a dos dirigentes en la lista violeta, pero sólo consiguió uno, Juan Pablo Arenaza, aunque relegado al quinto lugar. Quedó afuera Fernando Soto, uno de sus hombres en Seguridad. En el Gobierno también ignoraron su intento de tender puentes con el gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir. Optó entonces por una retirada táctica. Observa en silencio y espera que las urnas le den la razón.

Aunque la Casa Rosada apuesta por un congelamiento, el Congreso podría enviar esta semana una señal de alerta. En la comisión investigadora del caso $LIBRA, el equilibrio de fuerzas empezó a inclinarse en favor de la oposición. Entre los 28 integrantes, hay dos “pelucas” –Pablo Cervi y Francisco Monti– y dos radicales cercanos a Alfredo Cornejo que ya marcaron diferencias.

“Queremos que se constituya y se investigue, pero no vamos a apoyar ni que se planche ni payasadas de la oposición”, avisó el mendocino Lisandro Nieri a . Su compañera cordobesa, Soledad Carrizo, fue igual de salomónica: en una entrevista radial sostuvo que “no hay motivo para obstaculizar el avance” de la comisión, aunque aclaró que no convalidará “un circo”.

Con que uno solo de estos cuatro legisladores desencantados habilite el inicio de la pesquisa, el caso $LIBRA quedará instalado en la agenda del Congreso. La oposición podrá citar a funcionarios como testigos y exigir documentación. Un escenario incómodo para Javier Milei y su círculo más cercano, justo cuando la campaña comienza a calentar motores.

En el tablero de los gobernadores, Alfredo Cornejo todavía apuesta a un acuerdo electoral que le evite enfrentar en Mendoza a Luis Petri, el ministro de Defensa. Por eso eligió manifestar su descontento de manera velada y dejó en manos de sus voceros la tarea de aclarar que el vínculo entre el gobernador y Milei sigue vivo, pese a los rumores que señalan que el Presidente no le atiende el teléfono desde hace un mes. “Tenemos nuestras diferencias, pero hay diálogo”, dictaminó un colaborador del mendocino.

Martín Llaryora, en cambio, optó por la contundencia. El gobernador de Córdoba pasó de asistir al Gobierno en varias jugadas parlamentarias a marcarle la cancha al Presidente: habilitó el quorum para la comisión investigadora del caso $LIBRA y presentó una demanda ante la Corte Suprema para reclamar fondos previsionales adeudados. En una situación similar está el santafesino Maximiliano Pullaro, otro apoyo circunstancial del oficialismo cuando las papas queman.

Raúl Jalil, de Catamarca, también endureció su postura. Es un aliado clave para sostener el engranaje parlamentario de los libertarios, pero apoyó la creación de la comisión investigadora para mostrar los dientes. “El Gobierno no cumple”, argumentan cerca del mandatario. Entre las promesas postergadas figura la cesión a la provincia del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que le gira el 60% de sus dividendos.

En el Pro, las incógnitas se multiplican. Mientras la dirigencia se reparte entre quienes quieren sellar un acuerdo con los libertarios y aquellos que prefieren reforzar la identidad amarilla, la campaña en la Ciudad amenaza con fracturar el bloque que conduce Cristian Ritondo. La elección del 18 de mayo será decisiva. Pero si los cruces entre Mauricio Macri y los Milei se espiralizan, es probable que los alfiles parlamentarios del expresidente apunten allí donde más duele: el criptogate.