POLITICA
Polémica y denuncias por el contrato de tobilleras electrónicas que se encamina a ganar Montoto, por un precio más alto de lo esperado
Empresas internacionales están dispuestas a acudir a la Justicia por el contrato que está por ganar una firma del empresario Mario Montoto por el servicio de tobilleras electrónicas para presos con prisión domiciliaria, ofensores y víctimas de violencia de género. El contrato abastecería tanto al ministerio de Seguridad como al de Justicia.
En el primer caso, todavía no está disponible para el público la oferta económica que hizo Surely SA, la única confirmada en competencia. En el segundo, la licitación ya se encuentra disponible para adjudicar, por un monto superior a lo que fuentes oficiales transmitieron que se paga actualmente y que se iba a cerrar.
Mientras que las fuentes consultadas reconocieron a un presupuesto estimado de US$15 por día y por tobillera, la propuesta de Surely SA fue por US$20,25, lo que hace ascender al monto a US$110.970.000.
El valor es llamativo frente a los precios internacionales, que fueron consultados con múltiples fuentes del sector. Varios coincidieron en que Colombia o Portugal, por caso, piden servicios similares o incluso más que la Argentina, pero tienen menor precio, cerca de US$5 en el primer caso y €7 en el segundo.
Los cuestionamientos también apuntan a la tecnología de Surely, que es similar a la que ofertaban hace 20 años. Por ejemplo, la tobillera no tiene incorporado un GPS, sino que la tobillera le transmite por radiofrecuencia a un dispositivo símil teléfono, que es el que transmite, a su vez, a la plataforma de monitoreo.
Mientras que avanzan los contratos, por lo menos una empresa de las que hizo consultas para participar, de origen brasileño, planea hacer una denuncia penal y presentó un reclamo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Se trata de Synergye, que elaboró un documento en el que asegura que existe una “grave situación de irregularidad”.
“Los pliegos de estas dos licitaciones están dirigidos a la empresa que actualmente presta el servicio en el país, Surelly S.A., que pertenece a Mario Montoto, lo que impide la competencia, lo que podemos demostrar”, afirmaron desde la compañía brasileña.
“El precio que el Gobierno paga actualmente a Surelly es el más alto del mundo; ni siquiera en Estados Unidos o Europa se paga tanto por este servicio. Actualmente, el precio promedio en el mercado es de 4 dólares por día de monitoreo, pero en Argentina este precio alcanza los 17,5 dólares. Esto sucede porque en todo el país existe una única empresa que presta este servicio desde el año 2002″, dijeron desde Synergye.
En comunicación con , Daniela Silva, representante de la compañía, cruzó la justificación del Gobierno, transmitida a este medio, sobre que las empresas competidoras hicieron consultas pero no confirmaron sus ofertas por falta de vocación para invertir. En la denuncia en Defensa a la Competencia, añadieron: “Las empresas del sector tampoco pudieron impugnar los pliegos, ya que se impusieron garantías de alto valor para cuestionar las irregularidades. Los pliegos del Ministerio de Justicia establecieron una garantía de US$3.501.720 (tres millones quinientos un mil setecientos veinte dólares estadounidenses) y el Ministerio de Seguridad una garantía correspondiente al 3% del valor de la propuesta adjudicada”. La empresa brasileña presta servicios en Chile, Uruguay, Portugal y Paraguay, entre otros.
Por otro lado, Monica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, presentó un reclamo. Detalló las licitaciones que ganó Montoto en distintas provincias desde 2015, incluidas las de Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. “Se advierte que la empresa Surely S.A. ha resultado recurrentemente adjudicataria en numerosas licitaciones para la provisión de dispositivos de vigilancia electrónica (tobilleras con GPS, botones antipánico, entre otros), presentándose como único oferente. Esta situación genera sospechas fundadas sobre la posible existencia de barreras de entrada, restricciones a la competencia o prácticas exclusorias, que podrían configurar una conducta anticompetitiva», denunció.
Solicitó que, con carácter urgente, se ordene “el cese o la abstención de la conducta restrictiva de la competencia por parte de la empresa Surely S.A., con el fin de evitar que se produzca un daño, o bien para disminuir su magnitud, continuación o agravamiento y se requiera al juez competente la adopción de las medidas cautelares que estime pertinentes, en los términos del artículo 30 inciso f), las cuales deberán ser resueltas en el plazo de un (1) día”.
A su vez, la representación de Geostatis, de origen suizo, que presta servicios en 14 países (entre ellos Arabia Saudita) le dijo a este medio: “Nunca sacaron los requisitos que estaban orientados a ellos, ni siquiera que no se corte con tijera la tobillera. La de Montoto era la única empresa que cumplía con los requisitos que se estaban pidiendo. Uno de los puntos determinantes en la elección era el monitoreo en la Argentina. La única que lo tiene, en los últimos 20 años, es Surely. Aunque le ganes en todo el resto, los puntos que sumabas por la experiencia ya te sacaban de competencia”.
POLITICA
El fiscal pide investigar a Chiqui Tapia y Faroni como parte de una red que habría desviado millones de la AFA
La fiscalía le pidió al juez federal, Marcelo Aguinsky, investigar la existencia de una red internacional de intermediarios que operó entre 2021 y 2025 que habría canalizado más de US$300 millones de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario argentino.
Los involucrados son el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la administradora de TourProdEnter LLC, Érica Gillette, vinculada al empresario, Javier Faroni, al jefe del área comercial y marketing de la AFA, Leandro Petersen, al controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik, al operador financiero ligado a la AFA, socio de Odeoma Gestión, Marcelo Fabián Ramón Saracco, y al socio español de Odeoma Gestión SL, Melchor Amoedo Merlín.
Leé también: La Justicia citó a declarar a Javier Faroni, el empresario investigado por presuntos desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.
Según la investigación hubo desvíos de fondos a empresas offshore y actividades privadas, entre ellos un giro de TourProdEnter por US$11.587 a Carbello SRL, dedicada a compra de caballos de salto, y giros de Faroni a Horses Services (transporte de caballos) y Equestrian (compra y venta de caballos).
La fiscalía pidió determinar la relación de las personas denunciadas con las sociedades nacionales e internacionales involucradas y habló de un “denominador común”, mientras que el juez considera que núcleo de la investigación es la AFA.
Los detalles de la ampliación de la denuncia por irregularidades con fondos de la AFA que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia
Como anticipó TN la Coalición Cívica, que había hecho denuncias sobre la mansión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para pedir la ampliación de la investigación sobre “una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”.
Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió. Los dirigentes piden investigar los posibles delitos de lavado y administración fraudulenta.
Según la denuncia “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal”.
De acuerdo a la presentación de la CC “este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios”.
AFA, Claudio Tapia, Javier Faroni
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el último recurso de la defensa y clausuró la posibilidad de modificar las condiciones de detención de Cristina Kirchner durante el receso de enero. Los jueces ratificaron que el planteo sobre la modalidad de arresto en el domicilio de Constitución carece de la urgencia necesaria para justificar la habilitación de la feria judicial.
La Sala de Feria de la Casación fundamentó su negativa en el incumplimiento de los requisitos exigidos para un tratamiento excepcional en enero. Los magistrados evaluaron que la defensa no aportó elementos objetivos que demostraran la urgencia del caso.
El voto de la mayoría, conformado por Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, resultó breve y contundente. El texto de la resolución sostiene: “Por no tratarse de un tema de feria conforme la Acordada Nº 07/09 (punto 6) de esta Cámara Federal de Casación Penal, en tanto la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento, devuélvanse las presentes actuaciones vía pase digital a la Secretaría General de esta Cámara para ser remitidas a la Sala que corresponda una vez finalizada la Feria Judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío”.
Cristina Kirchner intentó un recurso de reposición para que el mismo tribunal revisara su fallo anterior. Ledesma y Yacobucci rechazaron la presentación in limine, sin dar lugar a trámite alguno.
La solicitud de la exmandataria apuntó a flexibilizar las reglas de su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Fuentes judiciales indicaron que la defensa pidió el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo.
El reclamo incluyó la solicitud de que ciertos visitantes frecuentes, como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, ingresen sin necesidad de autorización judicial previa para cada encuentro. La defensa exigió también la eliminación de los cupos de visitas y el número de personas permitidas en cada reunión. Otro punto del pedido refirió al levantamiento de la restricción horaria impuesta para su permanencia en la terraza del inmueble.
La resolución original de la semana pasada contó con dos votos contra uno. La Sala de Feria se compuso en ese momento por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Los dos primeros se opusieron a habilitar la feria, mientras que Borinsky votó en disidencia a favor de tratar el planteo.
El juez Borinsky argumentó en soledad que el caso ameritaba la intervención del tribunal durante el receso. Su voto expresó: “Se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de CFCP, en cuanto dispone que ‘se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. En el fallo de este miércoles, que ratificó la negativa ante el recurso de reposición, solo firmaron Ledesma y Yacobucci.
Los recursos de la expresidenta se resolverán tras la finalización de la feria judicial en febrero y la Sala de Feria dejará de intervenir en el caso. El expediente pasará a la Sala IV, encargada habitual de los planteos de la exmandataria, e integrado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Fuentes judiciales recordaron que Barroetaveña y Hornos votaron en contra de solicitudes similares en instancias anteriores.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
El Gobierno redefine su agenda en el Congreso y analiza correr la reforma del Código Penal para priorizar la laboral
Con el calendario legislativo comenzando a tomar ritmo tras el receso de verano, el Gobierno nacional afina su estrategia parlamentaria y reordena prioridades.
En ese marco, dentro del oficialismo gana fuerza la idea de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal y enfocar todos los esfuerzos políticos en la sanción de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
Según admiten fuentes del entorno presidencial, la decisión aún no está cerrada y la última palabra la tendrá Javier Milei.
Sin embargo, en las filas libertarias consideran que avanzar en paralelo con dos iniciativas de gran volumen y alto impacto político podría diluir las chances de éxito. Por ese motivo, el análisis predominante apunta a enviar el nuevo código recién para el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
Reforma laboral: los gobernadores endurecen su postura y ponen condiciones para acompañar a Javier Milei
El razonamiento interno se apoya en antecedentes recientes. A fines del año pasado, el Ejecutivo resolvió postergar la discusión de la reforma laboral para concentrarse en cerrar acuerdos que permitieran la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Esa estrategia, sostienen en Balcarce 50 en diálogo con Infobae, resultó efectiva y ahora buscan replicarla en un contexto político todavía frágil en el Congreso.
La reforma laboral aparece como uno de los pilares centrales de la denominada “segunda etapa” del gobierno de Milei.
El proyecto apunta a modificar aspectos estructurales del régimen de trabajo, con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y flexibilizar ciertas regulaciones que, según el oficialismo, desalientan la contratación.
Para lograr su aprobación, el Ejecutivo necesita construir consensos con bloques dialoguistas y gobernadores, una tarea que demandará tiempo y dedicación exclusiva.
En ese escenario, el debate del Código Penal quedaría en pausa. Se trata de una iniciativa de enorme complejidad técnica y política, con más de 900 artículos, que propone un endurecimiento de penas para delitos considerados graves y una reorganización integral del sistema penal.
En el Gobierno reconocen que un proyecto de semejante magnitud requiere un tratamiento “más profundo y ordenado”, algo difícil de garantizar en un temario ya cargado durante las extraordinarias.
Reunion plenaria de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nacion. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
El texto del nuevo Código Penal fue elaborado por una mesa técnica integrada por funcionarios del área judicial y asesores presidenciales, con participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad.
Aunque su redacción se encuentra en una etapa avanzada, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso, lo que refuerza la hipótesis de que su discusión quedará para más adelante.
Mientras tanto, la mesa política del oficialismo retomará esta semana las reuniones formales tras el receso estival. Allí se terminarán de definir los detalles de la estrategia legislativa y el esquema de negociaciones con aliados clave.
El objetivo es claro: sumar voluntades suficientes para llevar la reforma laboral al recinto y convertirla en ley durante febrero.
De concretarse este plan, el decreto que oficialice la continuidad de las sesiones extraordinarias no incluiría el tratamiento del Código Penal dentro del temario.
“No se puede discutir todo al mismo tiempo”, repiten cerca del Presidente, convencidos de que la hoja de ruta legislativa debe adaptarse a las correlaciones de fuerza actuales en el Congreso.
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Reforma del Código Penal,Reforma Laboral,Senado,Sesiones extraordinarias
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