POLITICA
Nueva jugada de la oposición dialoguista para meterle presión al Gobierno por el financiamiento universitario

Los legisladores dialoguistas reanudan en la Cámara de Diputados, como en el 2024, la discusión por los fondos universitarios. El año pasado, la ley que aprobó el Parlamento fue vetada por el presidente Javier Milei, y su decisión fue blindada en la Cámara baja, que no alcanzó los dos tercios necesarios para derogarlo y el veto quedó firme.
Los diputados nacionales Danya Tavela y Maximiliano Ferraro presentaron un proyecto de ley que garantiza la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público. La iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. Proponen recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
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El proyecto establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios basándose en la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
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“Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, expresó la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre).
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que “destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa”.
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Otro de los puntos clave de la iniciativa es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, agregó Tavela.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
El rol de la Auditoría
La Auditoría General de la Nación (AGN), deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema. Esto le dará un rol protagónico a una institución que hoy está funcionando con el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. El resto del directorio, los tres representantes de Diputados, y los tres por la Cámara de Senadores, vencieron sus mandatos y el Congreso no definió sus remplazos.
La propuesta vetada por el Ejecutivo
La norma que finalmente sancionó el Senado, el pasado 13 de setiembre, estableció actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos otorgados durante 2024.
Además, estableció una recomposición salarial para los trabajadores de las universidades a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo debía actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
Finalmente, el 3 de octubre el jefe de Estado vetó la norma sancionada por el Congreso. El veto fue puesto a consideración de las Cámaras. A los pocos días, el pasado 9 de octubre, con 165 votos afirmativos, 85 negativos y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados mantuvo el veto y cayó la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.
Consulta popular
Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro, presentó un proyecto convocando una Consulta Popular Vinculante y obligatoria a la ciudadanía para garantizar los fondos de financiamientos para las universidades nacionales.
En sus argumentos el diputado Carro señaló que, “resulta evidente que el ajuste presupuestario operado en el último año y medio pretende socavar de a poco la autonomía universitaria, ya que, sin los recursos necesarios, las casas de estudio pierden la capacidad de proyectar y decidir sobre su funcionamiento”.
En próximos días comenzará nuevamente este debate que cruzará la campaña electoral 2025.
Diputados, universidades públicas, FINANCIAMIENTO
POLITICA
Giro de timón: un gobernador vedado por Milei va a adherir al RIGI y anunciará un proyecto propio con alivios fiscales

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los principales atractivos que el Gobierno impulsa a los fines de promover nuevos proyectos que puedan dinamizar la economía. La semana pasada, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 105/26 a través del cual se dispuso la prórroga del plazo para que las provincias puedan acogerse a este esquema hasta el 8 de julio de 2027.
Este esquema busca atraer inversiones de gran escala -siempre y cuando superen los USD 200 millones- en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura, turismo y tecnología, entre otros, a cambio de previsibilidad en términos fiscales, aduaneros y cambiarios por parte de las autoridades por el período de 30 años.
Hasta el momento han sido aprobados 10 proyectos por USD 25.479 millones, según datos del Ministerio de Economía. El conteo que tienen las autoridades es que han aplicado 17 provincias, las cuales son gobernadas por mandatarios de diferentes signos políticos. Pero mañana habrá novedades de otro distrito con el que la gestión nacional de Milei mantiene profundas diferencias.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, va a anunciar en su discurso de la apertura del 43° período legislativo de sesiones ordinarias, que presentará un proyecto de ley propio con beneficios fiscales de la provincia y, además, la adhesión al RIGI libertario. “Consultamos con cámaras empresariales y nos piden que apliquemos”, confirmó una fuente inobjetable del distrito fueguino.

La primera iniciativa tendría como novedad que promovería la baja del impuesto a los Ingresos Brutos (una medida que el Gobierno nacional busca que las administraciones provinciales realicen), aunque todavía no se dieron a conocer los detalles de bajo qué parámetros de inversión.
“No es que vamos a adherir al RIGI, sino que vamos a acompañar lo que ya tiene la Legislatura en estado parlamentario”, afirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo provincial.
El proyecto de adhesión al esquema de inversiones había sido presentado una vez aprobada la Ley Bases pero perdió estado parlamentario. Quien lo volvió a impulsar por estos días es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, Natalia Graciania Flores y desde hace días que en ese sector viene especulándose con la posibilidad de conseguir la venia del oficialismo provincial para movilizar el proyecto.
“El dato relevante es que Melella viene teniendo unas semanas complejas. Está cambiando a los titulares de sus ministerios, tiene internas con intendentes y precisa movilizar inversiones para mejorar la dinámica provincial”, se limitaron a comentar fuentes libertarias a Infobae, que vieron con buenos ojos la concesión del gobernador. “Esto parte por una crisis económica. Pidió adelantos de Coparticipación en diciembre y en febrero solicitó 20.000 millones de pesos”, afirmó un integrante de La Libertad Avanza en ese distrito.
Por caso, Melella oficializará recambios en tres de sus ministerios el próximo lunes. Gabriela Castillo asumirá como nueva Ministra de Energía. Martín Moreyra quedará al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; a la vez que colocó a Lucía Rossi como Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia.
Melella es uno de los cuatro gobernadores -los otros tres son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja)- que fueron vedados de cualquier tipo de interlocución política con el Gobierno cuando la Casa Rosada armó una reunión con las provincias después de las elecciones legislativas de octubre. Fuentes inobjetables de La Libertad Avanza ya avisan con tiempo que van a competir con fuerza el año próximo con la intención de quedarse con la gobernación. “Es una de las provincias patagónicas donde vamos a presentar nuestro candidato y creemos que tenemos intenciones de ganar”, afirman.

Uno de los potenciales candidatos es el senador nacional Agustín Coto, que encabezó la alianza que sacó el 39,6% de los votos. El oficialismo provincial fue encolumnado bajo la denominación de Fuerza Patria y obtuvo el 30,6%.
La disputa que el Gobierno quiere tener en Tierra del Fuego se visualizó en una medida reciente tomada desde Nación. A través de la Resolución 4/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables dispuso la suspensión de la habilitación e intervención del Puerto de Ushuaia bajo el argumento de que habían encontrado presuntas irregularidades financieras y desvíos de fondos que iban para financiar las arcas de la administración provincial.
En el Gobierno habían comentado a Infobae que la decisión se tomó “como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación de las empresas navieras que allí operan”. “Se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, afirmaron.
Ante esto, el Gobernador de Tierra del Fuego inició una acción judicial con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución. “La Provincia es la directamente afectada por el accionar irregular e ilegítimo de la Nación, ello en tanto ha sido desplazada de la gestión de un bien de su titularidad, integrante de su dominio público”, indica la demanda, que además marca que “el accionar ilegítimo por parte de la ANPYN invade competencias constitucionales propias, compromete su responsabilidad institucional, administrativa, financiera y fiscal”.
Tierra del Fuego es, ante todo, una de las provincias más importantes para la Argentina en términos políticos por su cercanía con el continente antártico y las Islas Malvinas. Meses atrás, en el Ministerio de Defensa de la Nación han marcado la importancia tanto del Puerto de Ushuaia como el Puerto de Río Grande en el comercio marítimo, así como lugar de carga de diversos buques extranjeros.
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POLITICA
Ruta del dinero AFA: antes que Javier Faroni, tres empresas fantasma de un amigo de Pablo Toviggino recibieron más de US$ 50 millones

Odeoma Gestion SL
Stratega Group
Otro agente de cobro: Star Rights Limited
Q22 Services Limited
Lo único que une a Saracco con el fútbol es Toviggino
Socios.com
POLITICA
El canciller de Israel destacó su amistad con Milei y anticipó que espera una pronta visita del presidente argentino
“Yo digo que hay tres M, Maradona, Messi y Milei”. Con esa frase, que pronunció durante su discurso en un festival sobre cultura y gastronomía argentina que se realizó en Tel Aviv, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, describió el tono de su relación con el presidente libertario.
Para el funcionario del gobierno de Benjamín Netanyahu, la relación bilateral entre Israel y Argentina atravesó en 2025 “su mejor año en toda la historia”, y anticipó que en 2026 “será aún mejor”. Aseguró, además, que una próxima visita del presidente argentino genera gran expectativa: “Tiene que venir aquí para el Día de la Independencia, dentro de dos meses, y estamos muy entusiasmados. Su amistad viene del corazón, es auténtica, es fuerte”, indicó.
El embajador argentino, Axel Wahnish, también participó de encuentro. “Estamos viviendo un sueño enorme, y lo digo, lo digo cada vez que, que puedo decirlo, y hay que reconocerlo, que creo que es la primera vez que como argentinos podemos decir en Israel: ‘Soy argentino’, con la frente en alta y estar orgullosos”, aseguró.
Y completó: “Hoy me subo a un taxi, voy a la panadería, a cualquier lado: ‘¿De dónde sos?’; ‘Argentina’; ‘¡Uh, Milei!’; ‘Sí, Milei’. Yo vine muchas veces como turista y nunca me pasó de estar tan orgulloso de decir: ‘Soy argentino’. Uno siempre lleva la identidad y el orgullo argentino, pero cuando hay un gobierno que está alineado con los valores de la verdad y de la democracia, y que combate el terrorismo y el antisemitismo, y se pone del lado correcto de la historia, entonces el orgullo argentino y la identidad se eleva, y uno con mucha más alegría y fuerza dice: ‘Soy argentino’“.
Relaciones bilaterales
En el marco del fortalecimeinto de las relaciones bilaterales, ambos gobiernos firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento sobre turismo, lo que permitió ampliar los intercambios y promover el flujo de visitantes entre los dos países. El acuerdo se rubricó en el Palacio San Martín, con la firma del canciller Pablo Quirno y el ministro israelí Haim Katz, y contempla la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv que, se prevé, comience a funcionar este año.
En otro pasaje de su discurso, Sa’ar confirmó que Israel está trabajando para avanzar en esto: “Estamos trabajando muy duro para conseguir el vuelo directo entre Buenos Aires e Israel, si Dios quiere, pronto. Hoy (por ayer) hubo una reunión en el departamento de presupuestos para resolverlo”.
“Tendremos que dar algún tipo de subsidio a EL AL (la línea aérea israelí) para que esto se concrete, pero vamos a apartarnos de nuestra costumbre y de nuestra creencia para realmente fortalecer esta relación tan especial”, insistió.
En tanto, el propio Milei, en ocasión de una visita oficial en junio de 2025 y durante un discurso ante la Knesset, la cámara legislativa de Israel, confirmó que mudará la embajada argentina a Jerusalem, movimiento diplomátivo previsto para este año. En aquella oportunidad, además, suscribió un acuerdo de colaboración “en contra del terrorismo y antisemitismo”.
Meses más tarde, en noviembre del año pasado, Gideon Sa’ar visitó Buenos Aires. Entrevistado por Infobae, sostuvo que el traslado de la embajada argentina a Jerusalén “es más que una posibilidad; según la conversación que tuvimos (con Milei), ocurrirá tal vez en abril o mayo de 2026. Estamos muy entusiasmados”.
“Es un gran gesto político que surge de una convicción interna. Creo que el presidente Milei es un hombre de valores y convicciones. Y él conoce la verdad: Jerusalén fue siempre la capital del pueblo judío desde los días del rey David, hace más de 3.000 años. Es la capital eterna del pueblo judío. Y que nuestros enemigos intenten negar nuestra conexión histórica con Jerusalén es ridículo. Cualquiera que conozca la Biblia lo sabe”, planteó en aquel momento.
Y agregó: “Hasta ahora, siete países trasladaron sus embajadas a Jerusalén. Creo que Argentina será el octavo. Lo valoramos. Es importante para nosotros, pero mi sensación es que también es importante para el presidente”.
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