POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire
Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
POLITICA
Bullrich se reunió con los senadores de LLA y Victoria Villarruel: reiteró que la reforma laboral será prioritaria
La saliente ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, comandó esta tarde las dos últimas reuniones del oficialismo, a horas de que jura la nueva integración. Una fue en el anexo de la Cámara alta y la siguiente en el Palacio, sólo para cumplir con la presentación formal ante Victoria Villarruel: durante ambos encuentros, la funcionaria reiteró que la reforma laboral será prioridad aquí para las sesiones extraordinarias que el Gobierno activaría desde el 10 de diciembre próximo, aunque desde un par de bancadas -incluso, propios- ya reconocen que será casi imposible una aprobación en las próximas semanas, con una mejor posibilidad de trámite durante el primer trimestre de 2026.
En realidad, el raid de una hiperactiva Bullrich no dejó muchas novedades. Algunos senadores oficialistas sí aprovecharon, cuándo no, para reclamar por mejores lugares en comisiones. Por ejemplo, el riojano y actual presidente de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto, deslizó que pretende la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos judiciales, diplomáticos y militares, entre otras cosas. Esto chocaría con la versión que desde dos despachos de La Libertad Avanza comentaron a Infobae: quienes sean titulares en la actualidad continuarían en las mismas, aunque estas decisiones parecen cambiar según el día.
El único convite importante fue el primero, donde Bullrich insistió con la iniciativa laboral que termina de pulir la Casa Rosada. Lo que ya advierten varios legisladores es que, de mínima, la oposición reclamará la presencia de gremios, empresarios y otros expositores. Al tener el derecho de hacerlo, será clave la muñeca que pueda tener el oficialismo para frenar jornadas interminables de disertaciones. Ni hablar de un dictamen o su votación en el recinto. “Aún funcionando a la perfección, veo muy difícil sacarlo en tres semanas acá. Me sorprendería demasiado. Ahora, si el texto llega bien explicado y con acuerdo entre cúpulas es otra cosa. No percibo eso, en absoluto”, reconoció un senador libertario a este medio.
Tras la cumbre realizada en las oficinas que la legisladora oficialista Ivanna Arrascaeta (San Luis) tiene en el anexo de la Cámara alta, Bullrich cruzó al Palacio y a su lado se vio a la vigente diputada y senadora electa Lorena Villaverde (Río Negro), a quien el kirchnerismo quiere correr de la jura debido a su historial judicial. Se la vio tranquila junto al resto de sus colegas, a horas de conocer su destino como parlamentaria. No obstante, su resolución no será mañana, sino que su diploma volverá a comisión, como se acordó esta noche en Labor Parlamentaria. Después de los encuentros de esta tarde, a la ministra de seguridad se la vio ingresar a la bancada del centenario partido, que lidera el correntino Eduardo Vischi.
La Libertad Avanza también habría definido un reordenamiento interno de su espacio. En principio, la idea es que haya tres áreas dentro del bloque: administrativa, parlamentaria y de coordinación. Las primeras dos irán para el equipo de Bullrich -uno sería el abogado santiagueño Cristian Larsen-, mientras que la tercera quedaría en manos del puntano Rodolfo Negri, el vigente prosecretario de la bancada.
Durante la jornada de hoy el interbloque del Frente de Todos, que lidera José Mayans (Formosa), intentó amortiguar el golpe que significó no haber sesionado esta semana para asestarle un puñado de derrotas agónicas al Ejecutivo, al filo del término del período ordinario. Por ejemplo, con la modificación del sistema que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sólo unos pocos sueñan con que “algo pase mañana”, antes o después de la jura de los nuevos senadores. Otros, en tanto, creen que podría haber algo más, pero no estaría relacionado con ese tema.
El Gobierno quiere declarar imprescriptibles los casos de corrupción y para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que enviará el Congreso en sesiones extraordinarias, dijeron a fuentes oficiales.
El texto del proyecto del nuevo Código Penal fue una tarea titánica que realizó una comisión de juristas y magistrados, coordinada por el juez Mariano Borinsky.
Trabajaron además en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio y por estas horas está en los despachos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En esta última escala es donde se incorporó esta novedad que integrará el proyecto oficial que el Gobierno piensa enviar al Congreso, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad a .
“Está a estudio”, dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.
Los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, a contar desde el día en que se cometió el hecho ilegal. Hay algunos delitos imprescriptibles, como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia. La prescripción se relaciona con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable.
La reforma, en caso de ser aprobada, no regirá hacia atrás en el tiempo, sino que se podrá aplicar en los nuevos casos de corrupción denunciados y cometidos desde que el nuevo Código Penal esté en vigor. Es decir, en denuncias posteriores a la aprobación del nuevo Código y por hechos posteriores a su sanción en el Congreso.
El proyecto de Código Penal agrava las penas para los hechos de corrupción hasta 15 años en los casos de enriquecimiento ilícito y 10 años en casos de coimas. Hoy las penas máximas son de seis años.
Hubo un debate doctrinario acerca de si los delitos de corrupción son imprescriptibles. En octubre de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. En la causa se había presentado la diputada Elisa Carrió como amicus curiae en favor de la imprescriptibilidad.
En 2018, los jueces de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. En disidencia, Borinsky votó a favor de la prescripción.
Este fallo fue recurrido ante la Corte que, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, lo revocaron, en coincidencia con el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal. Ordenaron dictar un nuevo fallo.
La Corte no descartó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sino que cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para arribar a esa conclusión, pues entendió que los dos votos por hechos ocurridos entre 1993 y 1995 no eran convergentes. Es decir, no conformaban una mayoría, debido a sus matices.
La idea del Gobierno, en caso de que el presidente Javier Milei lo apruebe, es enviar el proyecto de ley al Congreso en sesiones extraordinarias, en diciembre, y que sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores.
Es el mismo mecanismo que se usó con la probación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN), impulsado por una comisión presidida por Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. Esa comisión funcionó en 2012 y el Código se aprobó en 2014.
Con este mecanismo, el Gobierno quiere ahorrar tiempo, pues podría salir un dictamen conjunto de integrantes de ambas cámaras, que facilitaría la discusión parlamentaria, pues evitaría el reenvío del proyecto de una cámara a otra en caso de haber modificaciones.
El ministro del Interior, Diego Santilli -dijeron a fuentes de esa cartera-, incluyó el tema del nuevo Código Penal en su gira con los gobernadores, con quienes se reunió para buscar consensos en la aprobación de la ley de presupuesto y la reforma laboral, los dos prioridades del Gobierno.
“Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal. Ahora, va a haber debate con el kirchnerismo, que se va a oponer a las reformas sobre legítima defensa, el rol de la policía y el agravante para la tenencia de armas de guerra o de uso civil”, dijo a una fuente del Ministerio de Justicia.
Con las armas, la tenencia simple sin autorización se castiga con hasta cuatro años de cárcel y la portación se convierte en no excarcelable.
Borinsky presentó este viernes el contenido del proyecto de nuevo Código Penal en Posadas, Misiones, junto al nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que regirá desde marzo en esa provincia.
El contenido del nuevo Código Penal fue presentado en la cárcel de Ezeiza, el 2 de octubre pasado, por el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich ante un centenar de jueces y fiscales. La puesta en escena, en medio de la campaña electoral, incluía a los pabellones de los presos que se veían detrás del escenario.
El proyecto plantea cuatro aspectos: el agravamiento de las penas en general, la imprescriptibilidad, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir la liberación anticipada del condenado.
Por ejemplo, se elevan los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. El homicidio simple pasa de los actuales ocho a 25 años de prisión a 10 a 30 años. Y el agravado con prisión perpetua se aplica ahora si la víctimas del homicidio son el presidente, el jefe de gabinete, ministros, policías, maestros, niños o mayores de 65 años. Lo mismo si ocurre en una cancha de fútbol, en una escuela o en la cárcel.
Se fortalece la protección a las víctimas, con mayor participación en el proceso penal. Se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en casos donde uno de los padres es acusado de delitos sexuales de modo de impedirle ver a sus hijos.
Los delitos de pornografía infantil se agravan hasta los nueve años por la posesión y hasta 12 años a los que la tengan en su poder para distribuirla. Lo mismo pasa con la trata de personas: la pena se aumenta a 10 años y a 15 si es agravada.
Se incorporan nuevas conductas, como el “stealthing”, que consiste en sacarse subrepticiamente el preservativo en una relación sexual. Y se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia. También se agravan las penas por grooming y se tipifica la pornovenganza.
Se reforma la figura del robo, en especial incorporando la modalidad de “motochorros” o “viudas negras”, con penas no excarcelables de hasta 10 años de prisión cuando el delito se comete con violencia sobre las personas.
También se incorpora como delito la estafa piramidal y crece el castigo para el delito de usurpación a 10 años.
Se establece una pena de 2 a 5 años de prisión para las agresiones cometidas en manifestaciones o concentraciones de personas. Si la agresión estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de 3 a 9 años.
Además, se consideran imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.
Con el nuevo Código Penal, por otro lado, se reducen la penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años, para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados.
El Código Penal vigente fue sancionado en 1921. En estos 105 años transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis dictaduras, se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron estableciendo modificaciones y parches.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno de Chubut busca instalar Data Centers de Inteligencia Artificial con energía renovable
La provincia de Chubut comienza a trabajar en la preparación del terreno para construir Data Centers de Inteligencia Artificial que ayuden a mejorar el tránsito de la información en todo el país y la conectividad de la Argentina con el mundo. El proyecto fue presentado por Ingenieros Argentino Asociados (IAA) al gobernador Nacho Torres, que respaldó la iniciativa.
Con el avance de la digitalización y el crecimiento de la demanda de procesamiento de datos, la provincia de la Patagonia se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor potencial para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de última generación. El respaldo oficial al plan impulsado por la IAA se basa en una evaluación exhaustiva tanto de las capacidades energéticas renovables, como de la posición estratégica de la región para el despliegue de conexiones internacionales.
El informe presentado analiza la viabilidad de instalar centros de datos alimentados completamente por energías limpias, un aspecto que responde a la tendencia global de digitalización sostenible. Los especialistas consideraron que la calidad y cantidad del recurso eólico y la disponibilidad de fuentes hídricas y solares son variables decisivas al proyectar infraestructuras dedicadas a la Inteligencia Artificial generativa y a la administración y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información.
Según los datos de la agrupación, la provincia cuenta con ventajas logísticas difíciles de igualar: dispone de dos puertos y tres aeropuertos en las cercanías de las ubicaciones propuestas para el desarrollo de parques eólicos, así como para los propios Data Centers. Esto permitiría una provisión constante de energía y facilitaría el traslado de equipos, materiales y personal técnico especializado.
Una de las características principales del plan es la propuesta de instalar Data Centers gemelos de categoría TIER IV, la más alta a nivel internacional en términos de exigencias técnicas y de seguridad. Estos centros serían conectados en paralelo y estarían localizados en distintos puntos dentro de Chubut, de modo de garantizar la máxima confiabilidad y continuidad operativa. El esquema busca crear un vínculo directo y robusto para el flujo de información, transformando la provincia en un nodo relevante dentro del entramado digital argentino.
Los especialistas prevén que parte clave de la infraestructura será la conexión mediante un cable subacuático entre Chubut y Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Este punto es la puerta de ingreso y egreso de la fibra óptica argentina hacia el océano Atlántico y la red global. El nuevo tendido de fibra, a desplegarse en la región, también cruzaría la cordillera para integrarse con Chile y acceder a la salida del cable submarino por el océano Pacífico hacia Asia, fortaleciendo el rol de Chubut como puerta tecnológica del país hacia dos continentes.
El análisis realizado plantea que la provincia tiene la capacidad de sostener proyectos de gran escala gracias a sus recursos naturales, con la energía eólica como pieza central. Se estima que en los sitios propuestos la generación puede alcanzar cientos de megavatios, suficiente para responder a los requerimientos técnicos de los Data Centers más exigentes del mercado. La ubicación geográfica suma un beneficio extra, al ofrecer condiciones climáticas ideales para el enfriamiento natural de los equipos, lo que reduciría el consumo energético destinado a refrigeración.
El reporte incorpora una visión de futuro donde Chubut no solo se limita a ser un polo energético, sino que también proyecta convertirse en un Hub digital estratégico en el cono sur. Se destaca el potencial para promover la radicación de empresas tecnológicas, el desarrollo de nuevos servicios y la creación de mano de obra especializada local. Este avance requerirá la articulación con universidades e institutos de la región, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y brindar oportunidades de capacitación en nuevas tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos y gestión de infraestructuras digitales.
El proceso de evaluación fue conducido por los ingenieros Miguel Pesado, Carlos Chhab y Eduardo Schmidberg, referentes en el diseño de redes de fibra óptica y Data Centers en Argentina. Su trabajo contó con la colaboración de funcionarios del gobierno provincial, entre los que se destaca Juan Pavón, actual ministro de Producción, y Ignacio Bellorini, titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut. Durante el desarrollo del proyecto se consultaron también actores del sector privado y asociaciones locales como la Federación Empresaria del Chubut y la Asociación Transición Energética Sostenible.
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